Opinión Jurídica : 103 - del 02/06/2021

02 de junio 2021

OJ-103-2021

 

Licenciada

Erika Ugalde Camacho

Jefa de Área

Comisiones Legislativas III

Asamblea Legislativa

 

Estimada señora:

 

Con aprobación del señor Procurador General de la República me refiero a su oficio CG-129-2020 del 23 de noviembre de 2020, mediante el cual solicita nuestro criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de ley denominado “Ley para la libertad religiosa y de culto”, el cual se tramita bajo el número de expediente 21.012 en la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.

Previamente debemos señalar que, de conformidad con las atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, este órgano asesor únicamente está facultado para ejercer su función consultiva rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública. Consecuentemente, la Asamblea Legislativa sólo está legitimada para consultar cuando lo haga en ejercicio de potestades administrativas, pero no cuando se trata del ejercicio de su función legislativa.

A pesar de lo anterior, en un afán de colaboración con la importante labor que desempeñan las señoras y señores diputados, hemos acostumbrado atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, advirtiendo que se trata de criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley o en relación con la función de control político.

Indicando lo anterior con relación al presente proyecto de ley, debemos señalar, además, que el plazo de ocho días concedido no vincula a esta Institución, por cuanto no nos encontramos ante ninguno de los supuestos del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma).

                                                                               I.            OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

Del artículo 1° del proyecto de Ley (texto dictaminado) se desprende que, su objetivo es garantizar y tutelar el ejercicio de los derechos a la libertad de creencias, religiosa y de culto bajo el amparo de lo establecido en los artículos 25, 26, 28, 29 y 75 de la Constitución Política, los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, debidamente ratificados por Costa Rica y la legislación vigente relacionada con dicha materia.

 

Asimismo, pretende establecer los parámetros básicos para el funcionamiento de las organizaciones religiosas, en atención al principio de autorregulación que está consagrado en los indicados instrumentos internacionales.

 

De la misma forma, las organizaciones religiosas gozarían de personalidad jurídica de derecho privado, una vez inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional (artículo 45 del texto dictaminado del proyecto).

 

Al respecto, señala la exposición de motivos:

“ (…)  No obstante, es de trascendencia mencionar que hasta la fecha, las organizaciones religiosas se han constituido mediante la Ley de Asociaciones, número 218, por lo que las iglesias corresponden con la figura legal de una asociación, que es religiosa por los fines que persigue.  Pese a lo anterior, dicha ley no responde a las necesidades y características de las organizaciones religiosas, toda vez que constituye una limitante al desenvolvimiento de las iglesias y los creyentes.

La actividad religiosa se enmarcó en el ámbito de esta ley, debido a su proliferación.  Con su promulgación en el año 1939, se prohibía aplicarla a las congregaciones religiosas y también autorizar asociaciones de carácter religioso. Posteriormente, en el año 1970, este aspecto se suprimió mediante una reforma a dicha ley.  A partir de este momento y por una circunstancia meramente coyuntural, se determinó enmarcar dentro de la ley de cita, a las organizaciones religiosas.

En razón de lo anterior, es necesario avocarse a la consecución de una solución legal que permita diferenciar este tipo de agrupación, de las asociaciones puras y simples y además, que desarrolle los derechos de los creyentes, derivados de la libertad religiosa y de culto, que provienen de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.  Esta circunstancia justifica la presentación del proyecto de ley.  Previo a ello, es importante elucidar algunos términos y conceptos afines al contenido de los derechos fundamentales que se pretenden desarrollar. (…)”.

Partiendo de ello, procederemos a analizar el fondo del texto dictaminado de fecha 17 de noviembre de 2020. 

                                                   II.ANTECEDENTES LEGISLATIVOS SOBRE ESTE PROYECTO DE LEY

Previo a referirnos sobre el fondo, resulta importante destacar que existe un antecedente legislativo con la misma intención que la que se plantea en el proyecto de ley que ahora se consulta y que pretendía la promulgación de la Ley para la Libertad Religiosa y de Culto.

 

Específicamente, nos referimos al proyecto de ley que fue tramitado bajo el número de expediente 19.099, el cual fue archivado el 22 de octubre del año 2018 en virtud del vencimiento del plazo cuatrienal, proyecto sobre el cual este órgano asesor se había pronunciado a través de la opinión jurídica OJ-014-2015 del 12 de febrero de 2015.

 

Cabe señalar que, dicha opinión jurídica se emitió con base en el texto original del proyecto de ley 19.099, sin embargo, posteriormente fue aprobado un texto sustitutivo.

 

En virtud de su archivo, el texto sustitutivo de dicho proyecto fue presentado nuevamente en la corriente legislativa, ahora bajo el número de expediente 21.012, cuyo objeto y exposición de motivos se mantienen incólumes con relación al proyecto archivado N° 19.099.

 

Así las cosas, respecto al texto base de este proyecto de ley 21.012, este órgano asesor se pronunció a través de la opinión jurídica OJ-159-2019 del 12 de diciembre de 2019.

 

Ahora bien, el 17 de noviembre de 2020, la Comisión Legislativa a cargo del estudio de este proyecto de ley emitió el dictamen afirmativo de mayoría, además, aprobó el texto dictaminado, el cual está siendo consultado en esta oportunidad.

                      III.SOBRE LA OPINIÓN JURÍDICA OJ-159-2019 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 Y LOS CAMBIOS APLICADOS AL TEXTO DICTAMINADO

Tal y como señalamos, a través de la opinión jurídica OJ-159-2019 del 12 de diciembre de 2019, nos referimos sobre el texto base del presente proyecto de ley. Dicha opinión jurídica abarcó tres aspectos puntuales, a saber: 1) Sobre el fundamento constitucional del proyecto; 2) análisis de la opinión jurídica OJ-014-2015 del 12 de febrero de 2015 (la cual se refirió al texto original del proyecto de ley 19.099); y 3) observaciones adicionales sobre el articulado del proyecto.

 

Conforme lo anterior, siendo que en esta ocasión nos consultan el texto que fue dictaminado por la Comisión que analiza el presente proyecto de ley, a continuación haremos referencia a cada uno de estos tres aspectos, en relación con los cambios aplicados a este nuevo texto.

 

1.      Sobre el fundamento constitucional del proyecto de ley

 

La primera observación emitida en la opinión jurídica en comentario, corresponde al análisis de constitucionalidad del presente proyecto de ley. Al respecto señalamos:

“La libertad de culto se encuentra garantizada en el artículo 75 de la Constitución Política, el cual señala:

“ARTÍCULO 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.”

Asimismo, conviene citar el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos que dispone:

“Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión

1.        Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.

Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

2.        Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

3.        La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.

4.        Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

 

Conforme lo anterior, la libertad de creencia es un género que comprende no sólo la libertad religiosa o de ejercer libremente su culto (asociarse), sino que comprende el derecho de desarrollar y cultivar las convicciones individuales sin ser perturbados por el Estado (ver resolución de la Sala Constitucional n.°200208557 de las 15:37 horas del 3 de setiembre de 2002).

Sobre esta libertad, conviene citar el voto N.° 2023-2010 de las 14:54 horas del 2 de febrero de 2010 de la Sala Constitucional, que dispuso:

“IV.- ESTADO CONFESIONAL Y LIBERTAD RELIGIOSA.  El artículo 75 de la Constitución Política establece lo siguiente:

“La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.”

A partir de este precepto constitucional es posible señalar que el Estado costarricense es de carácter confesional, en cuanto se declara que un credo religioso determinado es el del Estado y éste tiene el deber de contribuir a mantenerlo. Se le concede, en contra de las más modernas tendencias del Derecho constitucional comparado, un trato diferenciado a la Religión Católica, Apostólica y Romana. Este numeral constitucional impide concluir que el Estado costarricense, como la gran mayoría de los contemporáneos, tengan un carácter aconfesional o laico. El carácter confesional del Estado se agota en tener a la Religión Católica, Apostólica y Romana como la oficial y en el deber de aquél de contribuir a su mantenimiento, lo que no excluye que el Estado mantenga relaciones de colaboración positiva con otras confesiones o congregaciones religiosas. La cláusula del Estado confesional debe ser objeto de una interpretación y aplicación restrictiva, en cuanto, ineluctablemente, impacta la libertad religiosa en su más pura expresión. Empero, la propia norma constitucional, declara que el Estado no debe impedir el libre ejercicio de otros cultos o religiones que no se opongan a la moral o las buenas costumbres, con lo que, pese a la confesionalidad, se proclama la libertad religiosa y el deber estatal de colaborar positivamente con todas aquellas congregaciones, iglesias o confesiones que surjan en el contexto social y merezcan, por una serie de circunstancias objetivas, su aceptación y reconocimiento. Esta parte del artículo 75 constitucional debe ser concordado con el ordinal 28, párrafo 1°, en tanto garantiza la libertad de conciencia, pensamiento y opinión. A la luz del artículo 75 constitucional y, sobre todo, de su segunda parte, el libre ejercicio de la religión se transforma en un valor constitucional de gran relevancia. De otra parte, la libertad de culto indicada en el artículo 75 constitucional debe encontrarse, imperativamente, subordinada a la tolerancia que es consustancial al respeto de la dignidad humana (artículo 33 constitucional) que se erige en un valor supremo del sistema de los valores de los derechos fundamentales y humanos.  En suma, la Constitución de 1949, armoniza el Estado confesional con la libertad religiosa, entendida como un valor constitucional preciado y de primer orden.”

En consecuencia, el ejercicio de la libertad religiosa y de culto tiene su fundamento en la Constitución Política y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e implica no sólo el respeto a profesar una religión o creencia determinada, sino que, además, impone al Estado la obligación de colaborar positivamente con todas aquellas congregaciones, iglesias o confesiones que surjan.

Adicionalmente debemos señalar que, la libertad de culto, como cualquier otra libertad, no es irrestricta, sino que está sometida a los límites establecidos en la propia Constitución Política, como son la moral, las buenas costumbres y el orden público (Sentencia N° 0172-89 de las 9:45 horas del 15 de diciembre de 1989 y Voto Nº 14175-2010, de las 14:30 horas del 25 de agosto del 2010). (…)” (Opinión jurídica OJ-159-2019 del 12 de diciembre de 2019)

Conforme el anterior análisis, este órgano asesor concluyó que, el proyecto de ley que se plantea para garantizar el ejercicio de la libertad religiosa y de culto encuentra su fundamento en los principios y normas constitucionales y de Derecho Internacional citados. No obstante, advertimos que la oportunidad y conveniencia del articulado específico que se plantea, es un tema que debe ponderar el legislador, pues dicho análisis escapa del ámbito competencial de esta Procuraduría, sin perjuicio de las observaciones jurídicas puntuales que realizamos -en esa misma opinión jurídica- sobre el articulado.

 

Dicha observación sobre el fundamento constitucional del presente proyecto de ley se mantiene en la presente opinión, en tanto, el texto dictaminado mantiene el mismo objeto que es, garantizar y tutelar el ejercicio de los derechos a la libertad de creencias, religiosa y de culto bajo el amparo de lo establecido en la Constitución Política, los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, debidamente ratificados por Costa Rica y la legislación vigente relacionada con dicha materia.

 

2.              Análisis de la opinión jurídica OJ-014-2015 del 12 de febrero de 2015

 

Tal y como se acotó en el apartado de antecedentes legislativos, a través de la opinión jurídica OJ-014-2015 del 12 de febrero de 2015, este órgano asesor se había pronunciado sobre el texto original del proyecto de ley 19.099, sin embargo, posteriormente se aprobó un texto sustitutivo, el cual fue archivado por el vencimiento del plazo cuatrienal.

 

Posteriormente, ese texto sustitutivo fue presentado nuevamente en la corriente legislativa, ahora con el número 21.012 -el cual ahora se analiza-. Cabe señalar que, la mayoría de las observaciones que emitimos en la opinión jurídica OJ-014-2015 fueron tomadas en consideración en este nuevo texto, lo cual se hizo ver en la opinión jurídica OJ-159-2019 del 12 de diciembre de 2019.

 

A continuación, se detallan las observaciones puntuales emitidas respecto a las dos esferas de protección religiosa que el proyecto establece. La primera en una dimensión colectiva (libertad para asociarse y practicar la religión), y la segunda en un régimen de protección individual.

 

A. En cuanto a la protección jurídica de la libertad religiosa en su dimensión colectiva

 

a)   En primer lugar, se indicó que el proyecto de ley original (proyecto 19.099) no comprendía dentro de sus alcances a la Iglesia Católica Romana (artículo 1 del texto original), siendo que, la personería jurídica y la libertad de organización de la Conferencia Nacional Episcopal de Costa Rica se encuentra garantizada por la Ley N.° 6062 de 18 de julio de 1977. Además, se indicó que no existe una disposición de Ley que protegiera íntegramente la libertad religiosa colectiva de la Iglesia Católica.

 

Efectivamente, el artículo 1 del proyecto de ley original, establecía que: “Esta ley no será aplicable a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana”, sin embargo, ya en el proyecto de ley 21.012 (texto base) se eliminó esta indicación.

 

Adicionalmente, en el texto base del proyecto 21.012, Capítulo III “Registro de Organizaciones Religiosas”, se adicionó el artículo 44, el cual disponía:

 

“ARTÍCULO 44- Exclusión de la Iglesia Católica.  En lo relativo a la organización y funcionamiento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, esta queda excluida de lo establecido en la presente ley, en su título III, capítulos III, IV y V, y se regirá por lo señalado en la legislación vigente y su derecho de autorregulación.”

 

En ese sentido, la iniciativa 21.012 (texto base) excluyó a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, únicamente respecto a las regulaciones sobre: Registro De Organizaciones Religiosas (capítulo III), Funcionamiento administrativo (capítulo IV) y Locales y templos de culto (capítulo V); en todas las demás regulaciones contenidas en el proyecto si estaría contemplada la Iglesia Católica.

 

Ergo, en esa oportunidad consideramos que con ese cambio que se dio en el articulado, la libertad religiosa colectiva de la Iglesia Católica sí estaría comprendida en el proyecto de ley.

 

Ahora bien, una vez hecha la comparación entre el texto base y el dictaminado, podemos observar que, aún se mantiene la supresión de la frase “Esta ley no será aplicable a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana” en el artículo 1 del proyecto de ley.

 

Respecto al artículo 44 del texto base, éste fue eliminado en el texto dictaminado, sin embargo, dentro del Título IV “Formas especiales de organizaciones religiosas”, se incluyó un Capítulo I, denominado “De la Iglesia Católica, Apostólica y Romana”, el cual comprende los artículos del 58 al 67, los cuales disponen: 

 

“ARTÍCULO 58.- Autonomía. Se reconoce la autonomía e independencia del derecho interno de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana frente al derecho costarricense, se respeta y acepta que la Iglesia Católica se organice y rija internamente según las reglas de dicho ordenamiento jurídico propio, por su naturaleza constitucional. De este modo, el Estado acepta dotar de efectos civiles las instituciones de dicho ordenamiento.

 

ARTÍCULO 59.- Derecho interno de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Se entiende por derecho interno de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana el conjunto de disposiciones y normas que rigen la organización interna y las actividades de dicha Iglesia, que incluyen: el Código de Derecho Canónico, el Derecho Eclesiástico Universal y el Derecho Eclesiástico Particular. Todo ellos tendrán el valor y alcance que la propia Iglesia Católica les confiere y surtirán los efectos jurídicos para los sujetos y las relaciones por ellas reguladas.

 

ARTÍCULO 60.- Composición. Se consideran parte de la Iglesia Católica en Costa Rica las siguientes instituciones, personas jurídicas, asociaciones y grupos, lo cuales se dividen de la siguiente manera:

a)            Personas jurídicas Canónicas:  Las cuales están compuestas por:

1.                  Conferencia Episcopal Nacional

2.                  Diócesis o Iglesias particulares

3.                  Iglesia Catedral

4.                  Parroquias y Curias-Parroquias

5.                  Rectorías

6.                  Capellanías

7.                  Cualquier otra persona jurídica pública de la Iglesia conformada según el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica.

b)            Jerarquía de la Iglesia: La cual está compuesta por:

1.             Obispos (tanto diocesanos, auxiliares o coadjutores y eméritos),

2.             Presbíteros 

3.             Diáconos.

c)             Otros grupos o de Vida Consagrada: Integrados por:

1.         Institutos religiosos,

2.         Institutos seculares,

3.         Sociedades de Vida Apostólica                     

d)            Asociaciones de fieles:  Compuestos por:

1.         Asociaciones de fieles públicas

2.         Asociaciones de fieles privadas

 

ARTÍCULO 61.- Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica.  Se reconoce a la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica, así corno a cada una de las Diócesis, la facultad de dictar las directrices, políticas y reglamentos que regirán los órganos e instituciones que las integran respectivamente, así corno la definición de sus competencias y estructura funcional.

 

ARTÍCULO 62.- Organización. Para el cumplimiento de sus fines, la Iglesia Católica podrá adoptar la organización institucional prevista en su ordenamiento interno y utilizar las formas jurídicas autorizadas en la legislación común.

 

ARTÍCULO 63.- Personas jurídicas y asociaciones de la Iglesia Católica. Se reconoce como propias de la Iglesia Católica las personas jurídicas y asociaciones que, pese a no estar inscritas en el Registro de Asociaciones, hayan sido legítimamente erigidas en el fuero eclesiástico. Para ello el Obispo Diocesano que corresponda, emitirá la certificación correspondiente, que servirá de base para la inscripción de tales organizaciones, en el Registro se crea en esta Ley. Sin demerito de lo estipulado en la Ley No. 6062, Personería Jurídica Conferencia Episcopal y Diócesis Eclesiásticas, del 18 de julio de 1977 y sus reformas.

 

ARTÍCULO 64.- Constitución, modificación y extinción de personas jurídicas y asociaciones. En lo que respecta a la constitución, modificación y extinción de personas jurídicas, asociaciones, diócesis, parroquias y otras jurisdicciones eclesiásticas, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana podrá:

a)        Erigir, modificar o suprimir, a tenor del derecho canónico, las diócesis, las parroquias y otras jurisdicciones eclesiásticas.

b)        Reconocer la personalidad jurídica de las diócesis, a condición de que el acto constitutivo de su personalidad canónica sea notificado al organismo competente del Estado, de conformidad a lo dispuesto en esta norma y la Ley N^o. 6062, Personería Jurídica Conferencia Episcopal y Diócesis Eclesiásticas, del 18 de julio de 1977 y sus reformas.

c)        Realizar actos de modificación o extinción de las diócesis u otras jurisdicciones eclesiásticas, que hayan sido reconocidas de acuerdo al número anterior, serán notificados al organismo competente del Estado costarricense.

 

ARTÍCULO 65.- Tribunales Eclesiásticos. La República de Costa Rica reconoce a la Iglesia la potestad de erigir Tribunales Eclesiásticos, sean diocesanos o provinciales, de primera o segunda instancia, que juzguen, por derecho propio y exclusivo, las materias espirituales reguladas por el Código de Derecho Canónico, así como nombrar Jueces para dichos Tribunales, y ejecutar las sentencias emitidas por dichos Tribunales, y le garantiza a tales Tribunales y sus decisiones, plena autonomía con relación al derecho costarricense.

 

ARTÍCULO 66.- Del término “católico”. Se reconocen, de acuerdo con el derecho costarricense, las medidas necesarias de protección del término "católico" sólo para organizaciones o instituciones que cuenten con la aprobación de la jerarquía eclesiástica costarricense, según lo dispuesto en el artículo 60 de la ley.

 

ARTÍCULO 67.- Títulos académicos. El Estado reconocerá el valor académico y con todos los derechos de Ley, los títulos académicos en materias teológicas y de derecho canónico, obtenidos en Universidades Pontificias erigidas o reconocidas por la Santa Sede, cuya especialidad no existe o no es impartida por las universidades nacionales. Para este reconocimiento se redactará un reglamento y ente encargado será la Universidad designada por la Conferencia Episcopal de Costa Rica.”

 

A raíz de lo anterior, consideramos que con este cambio que se dio en el articulado, la libertad religiosa colectiva de la Iglesia Católica sí estaría comprendida en el proyecto de ley.

 

b)   La segunda observación que emitimos señala que, el proyecto de ley original imponía a las organizaciones religiosas una determinada estructura jerárquica, es decir, un determinado modelo de gobierno eclesiástico (artículo 47 del texto original del proyecto 19.099), lo cual podría conllevar a una intromisión en la autonomía que garantiza la libertad religiosa.

 

No obstante, el texto base del proyecto 21.012 pasó de un modelo de gobierno eclesiástico impuesto, a otorgarles el derecho de autorregulación según su doctrina de fe (artículo 53 del texto base). En ese sentido, consideramos que sí se garantiza el derecho de libertad religiosa en cuanto a la organización interna, lo cual resulta conforme la autonomía consagrada en el mismo proyecto de ley, texto que aún se mantiene en el texto dictaminado (ahora es el artículo 51).

 

c)    Como tercer punto expuesto, se señaló que el proyecto de ley garantiza la libertad de las organizaciones religiosas de federarse, no obstante, en su artículo 50.c del proyecto original 19.099 se establecía una severa limitación en el caso de las entidades de arraigo cristiano evangélico.

 

Cabe advertir que, dicha observación fue corregida en el texto base del proyecto 21.012, por cuanto, los cuatro incisos del artículo 50 fueron eliminados (se le dio una nueva numeración, artículo 56).

 

Ahora bien, en el texto dictaminado se suprimieron completamente los artículos 55 y 56, los cuales se referían a las causas y consecuencias de la extinción de las organizaciones religiosas. Señalaban estos numerales:

 

“ARTÍCULO 55-       Causales de extinción.  La organización se extingue:

a)         Si fuere disuelta por la autoridad judicial competente.

b)         Por privación de su capacidad jurídica como consecuencia de la declaratoria de insolvencia o concurso.

c)         Si abandona formalmente sus fines y naturaleza jurídica eminentemente religiosa.

 

ARTÍCULO 56-         Consecuencias de la extinción.

Al extinguirse la organización religiosa, los bienes de esta se traspasarán en la forma que indiquen los estatutos, de conformidad con el artículo 49 inciso h). 

En tal caso, o si así se hubiere estatuido, se pedirá al juez civil competente del domicilio de la organización, el nombramiento de uno a tres liquidadores que devengarán en conjunto un honorario que no exceda del 5% del producto neto de los bienes inventariados.”

 

Cabe advertir que, la única indicación que hace el texto dictaminado sobre la extinción de las organizaciones religiosas, se encuentra contemplado en el artículo 47, inciso h (antes artículo 49.g), el cual señala que los estatutos de toda organización religiosa deben contener la indicación de cómo y a quién se traspasarán sus bienes en caso de extinción. Es decir, esta disposición obliga a estas organizaciones a definir dentro de sus estatutos, la forma de distribución de los bienes en caso de extinción.

 

Conforme lo anterior, podemos concluir que la supresión del artículo 56 del texto base no implicaría una laguna legal en cuanto a la distribución de bienes después de la extinción de una organización religiosa, en tanto, el procedimiento que se debe llevar a cabo debe quedar debidamente especificado dentro de sus estatutos, conforme lo dispone el numeral 47, inciso h.

 

Contrario a lo anterior, con la eliminación del artículo 55 del texto base, se genera dudas respecto a cuáles son las causas que llevarían a la extinción de una organización religiosa, por lo que, este órgano técnico recomienda respetuosamente a las señoras y señores diputados analizar la supresión de este artículo, conforme la verdadera intención del Legislador, a fin de evitar dudas de interpretación de la eventual ley que se apruebe. 

 

d)   En cuarto lugar, el proyecto de ley original (proyecto 19.099) proponía el reconocimiento del matrimonio religioso de otras confesiones distintas a la Católica, no obstante, a nuestro criterio dicha regulación contenía vacíos de gran trascendencia.

 

En primer lugar, no establecía los requisitos formales que debe tener un ministro religioso para oficiar un matrimonio, en segundo término, tampoco contemplaba la existencia de un registro donde los ministros autorizados para oficiar matrimonios deban inscribirse y, en tercer lugar, no se indicaban cuáles serían los requisitos que deben satisfacer para oficiar un matrimonio religioso.

 

Dichos aspectos, relacionados con los ministros llamados a celebrar el matrimonio, se mantuvieron en el texto base y se mantienen en el texto dictaminado del proyecto de ley 21.012, es decir, ninguno de estos tres vacíos del proyecto de ley original fueron enmendados. 

 

En consecuencia, dichas observaciones se mantienen en la presente opinión jurídica, en tanto, el texto dictaminado mantiene los mismos vacíos que se observaron en el texto base. 

 

Por otra parte, debemos señalar que, en la opinión jurídica en análisis se emitió una observación adicional sobre los artículos 10 y 41, inciso h) del texto base del proyecto de ley 21.012, en los cuales se establecía que las organizaciones religiosas podrían inscribir a los ministros religiosos ante la “Dirección General de Culto”, sin embargo, esto no era obligatorio o requisito para el ejercicio de la labor ministerial.

 

Respecto a esta última observación, debemos aclarar que dicho artículo 10 (ahora es numerado como 9) fue modificado en el texto dictaminado, por lo que, la posibilidad de que las organizaciones religiosas puedan inscribir a los ministros ahora solamente está contemplado en el artículo 41, inciso h) y artículo 32, no así en el artículo 10 (ahora 9). Además, conviene señalar que, en el nuevo texto, la “Dirección General de Culto” pasó a llamarse “Dirección Adjunta de Culto”.

 

e)    En quinto lugar, el proyecto de ley original (proyecto 19.099) contemplaba que la inscripción de una organización religiosa dependería, en última instancia, de un acto de alto contenido discrecional por parte del Poder Ejecutivo (Dirección General de Asuntos Religiosas, dependiente del Ministerio de Justicia y Paz, artículo 36.K). Sin embargo, no se indicaban cuáles serían los supuestos para negar el visto bueno para su inscripción. Además, la eventual existencia de dicha potestad discrecional del Poder Ejecutivo, en principio, sería incompatible con la misma libertad religiosa.

 

En primer término, debemos advertir que el texto base del proyecto de ley 21.012, sustituyó el título de “Dirección General de Asuntos Religiosos” por “Dirección General de Culto”, quien estará adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y no al Ministerio de Justicia y Paz, tal y como se contempló inicialmente (proyecto 19.099). Por su parte, en el texto dictaminado en análisis, esta Dirección pasó a llamarse “Dirección Adjunta de Culto”, manteniéndose su adscripción al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 

 Tal y como se indicó en la opinión jurídica OJ-014-2015, en el texto original (proyecto 19.099) esa Dirección ejercía la función de rectoría en todos los asuntos relacionados con las organizaciones religiosas y con los creyentes en la práctica de su fe -artículo 35 original-, además como parte de sus funciones estaba la de “otorgar el visto bueno como condición para inscribir una organización religiosa” -artículo 36.K original-.

 

Sin embargo, en la opinión jurídica en análisis (OJ-159-2019) se advirtió que dicho articulado fue modificado en la redacción del texto base del proyecto 21.012, estableciéndose que la Dirección General de Culto sería la dependencia estatal que velará por la correcta aplicación de la ley, ya no como órgano rector en la materia –artículo 40-, además, también se eliminó la facultad de esa Dirección para otorgar el visto bueno como condición para inscribir una organización religiosa –artículo 41-, por lo que, ambas observaciones fueron corregidas en el texto base de este proyecto.

 

Cabe señalar que, en el texto dictaminado aún se mantienen ambas correcciones, por lo que, la inscripción de una organización religiosa ya no dependería, en última instancia, de un acto de alto contenido discrecional por parte del Poder Ejecutivo.

 

Finalmente, consideramos necesario señalar que el numeral 40 del proyecto fue modificado en el siguiente sentido:

 

texto base del proyecto 21.012

texto dictaminado del proyecto 21.012

ARTÍCULO 40-        Dirección General de Culto.    La Dirección General de Culto, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y con cargo a su presupuesto institucional, es la dependencia estatal que velará por la correcta aplicación de esta ley.   Esta entidad fungirá como el nexo entre el Estado y las organizaciones religiosas, con el fin velar por el ejercicio de los derechos propios de estas entidades y de los ciudadanos que, en el ejercicio de su fe, tienen relación con estas.

ARTÍCULO 40.-    Dirección Adjunta de Culto.   La Dirección Adjunta de Culto, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, es la dependencia estatal competente que deberá velar por las buenas relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y las demás organizaciones religiosas.

 

Conforme se aprecia, el artículo 40 señala que la Dirección Adjunta de Culto será la dependencia competente para velar por las buenas relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y las demás organizaciones religiosas, eliminándose la competencia de “velar por la correcta aplicación de esta ley”. Asimismo, se suprimió la competencia de fungir como el nexo entre el Estado y dichas organizaciones.

 

Dichos aspectos corresponden a una decisión discrecional del legislador al encontrarse dentro de su ámbito de libre configuración. 

 

f)     La sexta observación emitida en la opinión jurídica en análisis, se refirió a la propuesta de reformar el inciso b) el artículo 3° de la Ley de impuesto sobre la renta No. 7092, la cual consiste en sustituir el término “instituciones religiosas” por “organizaciones religiosas” (artículo 70 inciso d del texto dictaminado).

 

Al respecto, señalamos que esta modificación estaría ampliando dicho concepto a la luz de lo que establece el artículo 8 del proyecto de ley (ahora es el artículo 7 del texto dictaminado), lo cual se encuentra dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador, por lo que no existe objeción desde el punto de vista estrictamente jurídico.

 

g)    Como sétimo punto, se mencionó que el artículo 55 de la iniciativa original (proyecto 19.099) (artículo 58 del texto base del proyecto 21.012) (artículo 52 “Transformación de organizaciones religiosas” del texto dictaminado) permite que las organizaciones religiosas sean transformadas en entidades de distinta naturaleza; no obstante, se advirtió que esta transformación no implicaría que el patrimonio de la organización religiosa extinta se transfiera a la nueva entidad.

 

Lo anterior obedece a que, por disposición expresa del numeral 50 del texto original (artículo 56 del texto base del proyecto 21.012) dicha transformación implicaría de pleno derecho, que sus bienes sean transferidos a otra organización religiosa, verbigracia una federación o una organización semejante.

 

Respecto a esta observación, tal y como se expuso en el punto c) anterior, en el texto dictaminado se suprimió el artículo 56, el cual se refería a las “consecuencias de la extinción de las organizaciones religiosas”.

 

Conforme lo anterior, la única indicación que hace el texto dictaminado del proyecto sobre la “extinción de las organizaciones religiosas” se encuentra contemplado en el artículo 47, inciso h (antes artículo 49.g), el cual señala que los estatutos de toda organización religiosa deben contener la indicación de cómo y a quién se traspasarán sus bienes en caso de extinción, es decir, esta disposición obliga a estas organizaciones definir dentro de sus estatutos, la forma de distribución de los bienes en caso de extinción.

 

En consecuencia, debemos reiterar que la supresión del artículo 56 no implica una laguna legal en cuanto a la distribución de bienes después de la extinción de una organización religiosa, en tanto, el procedimiento que se debe llevar a cabo debe quedar debidamente especificado dentro de sus estatutos, conforme lo dispone el numeral 47, inciso h.

 

Por lo tanto, el actual artículo 52 “Transformación de organizaciones religiosas” permitiría que las denominadas organizaciones religiosas sean transformadas en entidades de distinta naturaleza; no obstante, esta transformación no implicará que el patrimonio de la organización religiosa extinta se transfiera a la nueva entidad, sino que, esto será conforme se estipuló en los estatutos.

 

B. En cuanto a la protección jurídica de la libertad religiosa individual

 

En primer término, acotamos que el proyecto de ley original (proyecto 19.099) contemplaba dos mecanismos legales para hacer efectivas la protección de la libertad religiosa y la prohibición de discriminación: la objeción de conciencia y un régimen de protección administrativa.

 

En cuanto a la objeción de conciencia, señalamos que esta estaba consagrada en el artículo 14 del proyecto original (proyecto 19.099), no obstante, su artículo 9 (lo correcto es el artículo 6) resultaba contrario a esta disposición, en tanto disponía que: “Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en la Constitución Política y las leyes”.

 

Sin embargo, dicho numeral 6 fue eliminado desde la redacción del texto base del proyecto de ley 21.012, por lo que, esta contradicción ya fue subsanada. Cabe señalar que actualmente, el derecho de objeción de conciencia está contemplado en el artículo 15 del texto dictaminado, el cual señala:

“ARTÍCULO 15.- Derecho de objeción de consciencia religiosa. El derecho a la objeción de consciencia religiosa es garantizado por el Estado como un derecho fundamental, coincidente con la doctrina de los Derechos Humanos.”

 

En relación con el régimen de protección administrativa, señalamos que, el proyecto de ley original (proyecto 19.099) adoptada este régimen para proteger a las personas frente a eventuales violaciones de las libertades religiosas.  Así, específicamente el artículo 16 de la iniciativa original establecía que las acciones u omisiones que impidieran el ejercicio de la libertad religiosa, serían sancionadas por el Ministerio de Justicia y Paz con una multa equivalente a tres veces el salario base manual de Auxiliar Administrativo.

 

Conforme lo anterior, concluimos que ese régimen sancionatorio administrativo carecía de un régimen de tutela que garantizara la restitución de la persona afectada en sus derechos y libertades religiosos y que le asegurara un libre y pacífico ejercicio de su religión. Además, no contemplaba un régimen que permitiera a la persona un recurso expedito para garantizar sus libertades religiosas.

Al respecto, cabe señalar que dicho régimen de protección administrativa fue suprimido en la redacción del texto base del proyecto de ley 21.012, en tanto, el artículo 16 mencionado se eliminó, es decir, ya en el texto base no se contemplaba ningún tipo de sanción administrativa para aquellas personas que impidiera el ejercicio de la libertad religiosa y de culto.

Por su parte, en el artículo 2 “Inviolabilidad de derechos” del texto base del proyecto de ley 21.012 se incorporó la aplicación de los artículos 338 y 339 de la Ley N°. 4573, Código Penal (delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes), cuando los funcionarios públicos que, en el ejercicio de la acción administrativa del Estado, violenten los derechos relacionados con la libertad religiosa y de culto.

Además, en esa misma versión del proyecto de ley, propiamente en el artículo 3 “Prohibición de discriminación por creencias religiosas” se adicionó que, la violación de esta prohibición se atendrá a lo dispuesto en el artículo 380 de la Ley N°. 4573, Código Penal (delito de discriminación racial).

Así las cosas, el texto base del proyecto de ley 21.012 calificó como delitos contra los deberes de la función pública, los casos donde un funcionario público, en el ejercicio de su función, violente los derechos de libertad religiosa y de culto, específicamente refiere a los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Además, hacía referencia al delito de discriminación tipificado en el artículo 380 del Código Penal, en los casos donde sea discriminada una persona o grupo por sus creencias religiosas. Ergo, se pasó de un régimen sancionatorio administrativo a calificar estos hechos como delitos.

 

En consecuencia, en la opinión jurídica en comentario, este órgano consultivo concluyó que, el texto base del proyecto de ley 21.012 remitía a la legislación penal para tutelar los derechos de libertad religiosa y de culto, lo cual resultaba ser un aspecto que se encontraba dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador.

 

Ahora bien, una vez analizado el texto dictaminado, podemos observar que ambos artículos fueron modificados. Concretamente, en el artículo 2 se suprimió la indicación que se hacía sobre la aplicación de los artículos 338 y 339 del Código Penal. Asimismo, en el artículo 3 se eliminó la indicación expresa que se hacía sobre aplicar el numeral 380 del Código Penal.

 

A continuación, se transcriben ambas versiones del texto para un mayor detalle:

 

Texto base del proyecto 21.012	Texto dictaminado del proyecto 21.012
ARTÍCULO 2-          Inviolabilidad de derechos.  Los derechos humanos resguardados y desarrollados por medio de la presente ley, no podrán ser violentados, ni por decreto o reglamento emitido por el Poder Ejecutivo, o disposición administrativa de cualquier instancia del Estado, en razón del valor superior que concede el ordenamiento a estas materias.  Toda regulación, interpretación o aplicación que realicen las instituciones públicas y sus funcionarios, respecto del ejercicio de los derechos humanos regulados y desarrollados en esta norma, se atendrá de manera estricta a lo aquí establecido, con  motivo  del  principio  de  reserva  de  ley  que  le  subyace,  así  como  a    la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en la materia, ratificados por el país. Los funcionarios públicos que, en el ejercicio de la acción administrativa del Estado, violenten los derechos estipulados en la presente ley, se atendrán a las consecuencias legales pertinentes, específicamente, en lo que corresponda, lo establecido en los artículos 338 y 339 de la Ley N°. 4573, Código Penal, del 4 de mayo de 1970 y sus reformas.	ARTÍCULO 2.- Inviolabilidad de derechos.  Los derechos humanos resguardados y desarrollados por medio de la presente ley no podrán ser violentados, y cualquier norma o disposición que le contradiga el contenido esencial de los derechos regulados en esta ley será nula. Toda interpretación o aplicación que realicen las instituciones públicas y sus funcionarios, respecto del ejercicio de los derechos humanos tutelados y desarrollados en esta norma, se atendrá de manera estricta a lo aquí establecido, con motivo del principio de reserva de ley.
ARTÍCULO 3-          Prohibición de discriminación por creencias religiosas.  Sin demérito de lo establecido en el artículo 75 de la Constitución Política, se prohíbe toda acción u omisión que, directa o indirectamente, discrimine a una persona o grupo de personas por razón de sus creencias religiosas.  La violación de esta prohibición se atendrá a lo dispuesto en el artículo 380 de la Ley N°. 4573, Código Penal, del 4 de mayo de 1970 y sus reformas.	ARTÍCULO 3.- Prohibición de discriminación por creencias religiosas.  De conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 75 de la Constitución Política, se prohíbe toda acción u omisión que, directa o indirectamente, discrimine a una persona o grupo de personas por razón de sus creencias religiosas. La violación de esta prohibición se atendrá a lo dispuesto en la legislación penal vigente. Las organizaciones religiosas tendrán derecho, para efectos del proceso de reclutamiento y selección de su personal, contratar para los puestos de confianza de sus organizaciones a personas que profesen la misma fe de la organización y disponer los requisitos que estimen convenientes en términos de sus creencias, doctrinas y principios religiosos.

 

 

Al respecto, debemos señalar que con la supresión que se realizó al artículo 2, esta iniciativa (texto dictaminado) ya no contiene ningún tipo de sanción, ni administrativa ni judicial, para aquellos funcionarios públicos que, en el ejercicio de la acción administrativa del Estado, violenten los derechos otorgados con esta ley.

 

Por otra parte, si bien en el artículo 3 se suprimió el número del artículo del Código Penal aplicable, sí se consignó que la violación de la prohibición de discriminación por creencias religiosas se atendrá a lo dispuesto en la legislación penal vigente, de allí que, nos parece que esta referencia resulta suficiente para aplicar la sanción de tipo penal.

 

No obstante lo anterior, debe recordarse que el régimen sancionatorio está sujeto al principio de reserva legal, por lo que, el presente proyecto de ley debe regular las sanciones administrativas que puedan imponerse ante un incumplimiento de la normativa que eventualmente se apruebe y el procedimiento que se aplicará o, al menos, remitir expresamente a otra ley o al régimen general de responsabilidad de los funcionarios públicos.

 

En consecuencia, se sugiere respetuosamente a los señores diputados analizar el régimen sancionatorio –ya sea de tipo administrativo o penal- para los funcionarios públicos que, en el ejercicio de su labor, violenten los derechos a la libertad de creencias, religiosa y de culto.

 

 

3.              Observaciones adicionales sobre el articulado del proyecto.

 

El tercer y último punto contenido en la opinión jurídica OJ-159-2019 del 12 de diciembre de 2019, se refiere a varias observaciones adicionales sobre el articulado del texto base del proyecto 21.012, por lo que, a continuación, nos referiremos a dichas observaciones puntuales en relación con los cambios aplicados en el texto dictaminado.

 

a)   Artículo 15.  Garantía de arraigo territorial en relación con el artículo 64 uso adecuado de los locales de culto

 

Respecto al artículo 15 del texto base (artículo 14 del texto dictaminado), en esa oportunidad señalamos que, éste hacía referencia a temas como los planes reguladores, posibilidad de clausurar los templos, traslado del templo a otro sitio y su eventual indemnización, entre otros aspectos. En ese sentido, tomando en consideración que su contenido es de carácter técnico, relacionado a competencias municipales y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sugerimos que se requiriera un criterio de parte de ambos.

 

Dicha observación se mantiene en esta oportunidad, en tanto, si bien en el texto dictaminado este numeral sufrió varias modificaciones en su redacción, aún se mantienen los mismos temas de índole técnicos, los cuales se sugiere nuevamente que sean consultados a las corporaciones municipales y al MOPT.

 

Asimismo, en este mismo punto emitimos varias observaciones relacionadas con el artículo 64 del texto base de este proyecto, el cual se refería a la presentación de denuncias ante el uso inadecuado de los locales de culto en caso de actos ilícitos, atentados contra la moral o las buenas costumbres, la salud, la seguridad de los miembros o en perjuicio de terceros, o bien ante actividades sin el cumplimiento previo de los requisitos señalados por ley.

 

Al respecto, señalamos que dicho numeral trataba de establecer un “procedimiento” para la atención de denuncias relacionadas con el uso que se les diera a los locales de culto, sin embargo, su contenido resultaba escueto en varios aspectos. Además, acotamos que, debía tomarse en consideración los medios de control a nivel administrativo y judicial definidos hoy en día para garantizar el debido proceso ante una investigación, independiente del lugar que se está denunciando.

 

Sobre el particular, conviene advertir que el artículo 64 del texto base del presente proyecto de ley fue eliminado totalmente, por lo que, nuestra recomendación fue considerada.

 

 

 

b)    Artículo 17 (Ámbito), en relación con el artículo 1 (Objeto)

 

En la opinión jurídica en comentario, se sugirió eliminar el contenido del artículo 17 del texto base, en virtud que, su contenido se encontraba regulado en su artículo 1.

 

Cabe señalar que, en el texto dictaminado, dicho numeral sufrió modificaciones en cuanto a su redacción y numeración. A continuación se detalla:

 

Texto base	Texto dictaminado
ARTÍCULO 17-        Ámbito.  Son derechos individuales de todas las personas que se encuentren en la República, la libertad religiosa y de culto, las cuales derivan de los tratados internacionales en la materia, debidamente ratificados por Costa Rica, así como de la Constitución Política, la legislación vigente relacionada y lo señalado en la presente ley.	ARTÍCULO 16.- Derechos individuales. Son derechos individuales de todas las personas que se encuentren en la República, la libertad, de creencias, religiosa y de culto, las cuales derivan de los instrumentos internacionales en la materia, así como de la Constitución Política, la legislación vigente relacionada y lo señalado en la presente ley.

 

Dicha recomendación sobre suprimir este numeral (ahora artículo 16) se mantiene en la presente opinión jurídica, en tanto, consideramos que su contenido aún se encuentra inmerso en el artículo 1 del proyecto.

c)    Artículo 22 Derechos de formación doctrinal en relación con el artículo 24 derechos de educación religiosa

 

El artículo 22 del texto base señalaba que toda persona tiene derecho a recibir e impartir enseñanza e información religiosa, desde su propia confesión religiosa, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento idóneo.

 

Conforme lo anterior, emitimos la observación que nos surgía la duda respecto a la formación doctrinal que actualmente brinda el MEP en los centros educativos. Es decir, conforme su redacción, podría interpretarse que el MEP estaría obligado a impartir educación religiosa –según el credo- a todos los estudiantes que profesan una religión distinta a la Católica.

 

Por lo que, a fin de evitar diversas interpretaciones respecto al tema de la formación doctrinal y la educación religiosa –ésta última contenida en el numeral 24 del texto base del proyecto-, se sugirió valorar los alcances de esta disposición a la luz de la verdadera intención que tenga el legislador.

 

Así las cosas, en el texto dictaminado del proyecto, ambos artículos sufrieron modificaciones, tanto en su contenido como en la numeración. A continuación, se transcriben ambas versiones del texto para un mayor detalle: 

 

Texto base	Texto dictaminado
ARTÍCULO 22-        Derechos de formación doctrinal.  Toda persona tiene derecho a recibir e impartir enseñanza e información religiosas, desde su propia confesión religiosa, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento idóneo.	ARTÍCULO 21.- Derechos de formación doctrinal. Toda persona tiene derecho a recibir enseñanza e información religiosas, desde su propia confesión religiosa, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento idóneo. Además, las personas tendrán derecho a impartir información y enseñanza religiosa en el ámbito privado y público. En este último caso, la enseñanza religiosa se dará si hay consentimiento por parte de las personas.
ARTÍCULO 24-        Derechos de educación religiosa.  Toda persona tiene derecho a elegir para sí y para las personas menores de edad bajo su dependencia, en calidad de curador o tutor, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  En el evento de que una institución educativa contenga dentro de su currículo una materia relacionada con la religión, cualquiera que esta sea, el padre, madre de familia, curador o tutor, según corresponda, hará valer este derecho con su sola indicación escrita, sin que se le exija ningún tipo de requisito adicional.	ARTÍCULO 23.- Derecho de educación religiosa.  Toda persona tiene derecho a elegir para sí y para las personas menores de edad bajo su dependencia, en calidad de padre, madre de familia o tutor, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  El Estado deberá tutelar este derecho según las etapas de desarrollo del estudiante, así como el respeto hacia la primera etapa confesional de su credo religioso. Para la designación del personal docente de la primera fase, se podrá tomar en consideración, sin que se configure como un criterio absoluto y determinante, la habilitación o autorización concedida por la respectiva organización religiosa. En el evento de que una institución educativa contenga dentro de su currículo una materia relacionada con la religión, cualquiera que esta sea, el padre, madre de familia o tutor, según corresponda, tendrá la potestad de excluir a la persona menor de edad de la materia con su sola indicación escrita.

 

Conforme se muestra, analizando la nueva redacción de los artículos 21 y 23 del texto dictaminado, nuevamente nos surge la duda si el MEP estaría obligado a impartir educación religiosa –según el credo- a todos los estudiantes que profesan una religión distinta a la Católica, por lo que se sugiere nuevamente valorar los alcances de esta disposición a la luz de la verdadera intención que tenga el legislador.

 

Adicionalmente, debemos advertir que, en el artículo 23 del texto dictaminado, se adicionaron los términos “primera fase” y “primera etapa confesional de su credo religioso”, sin embargo, estos términos no resultan del todo claros, por lo que, podría generar diversas interpretaciones, como, por ejemplo, que se trata únicamente de la educación preescolar.

           

En consecuencia, a fin de evitar diversas interpretaciones respecto a estos términos, se sugiriere aclarar su redacción.

 

d)    Artículo 23 derechos de colaboración voluntaria en relación con el artículo 32 derecho al servicio voluntario

 

Ambos artículos del texto base del presente proyecto referían al mismo tema sobre el servicio o colaboración voluntaria, por lo que, en aquella ocasión sugerimos de forma respetuosa unificar su contenido. 

 

Conforme se desprende del texto dictaminado, ambos numerales fueron fusionados, por lo que ahora, los derechos de colaboración voluntaria, se contemplan en el artículo 22, de allí que, nuestra recomendación fue atendida.

 

e)    Artículo 34 derecho al servicio comunitario en relación con el artículo 35 derecho a recibir donaciones y artículo 60 derechos y deberes patrimoniales

 

En la opinión jurídica analizada, advertimos que, el artículo 60 del texto base autorizaba a las instituciones del Estado a realizar donaciones en numerario o en especie, a favor de las organizaciones religiosas, tanto para alcanzar sus fines estrictamente religiosos, como para sus labores de asistencia social, humanitaria y comunal.

 

Conforme lo anterior, señalamos que el presente proyecto de ley declara como derecho de las organizaciones religiosas, el recibir donaciones incluso de las instituciones estatales, de allí que, el proyecto les otorga beneficios de carácter económico, que eventualmente podrían repercutir en las finanzas públicas.

 

A raíz de lo anterior, sugerimos que se valorara los alcances de este tema a la luz de la verdadera intención que tuviera el legislador y respecto al equilibrio financiero del Estado.

 

Adicionalmente, señalamos que el artículo 60 regula los derechos y deberes patrimoniales de las organizaciones religiosas, no obstante, el proyecto no contiene disposiciones relacionadas con las obligaciones hacendarias, tributarias o de seguridad social que eventualmente puedan derivar del ejercicio de la actividad religiosa. Por tal motivo, se recomendó valorar este aspecto.

 

Una vez analizado el texto sustitutivo, podemos observar que el artículo 60 no sufrió ninguna modificación en cuanto a su contenido, únicamente se cambió su numeración (ahora es el artículo 54), además, al texto dictaminado no se incorporó el tema de las obligaciones hacendarias, tributarias o de seguridad social que eventualmente puedan derivar del ejercicio de la actividad religiosa.

 

Ergo, ambas observaciones se mantienen en la presente opinión jurídica, de ahí que, se sugiere de forma respetuosa analizar estos temas.

 

f)    Capítulo II Dirección General de Culto

 

El capítulo II del Título III del texto base del proyecto de ley creó la Dirección General de Culto, que estaría adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (artículo 40 del texto base) y se otorgaban nuevas funciones (artículo 41).

 

En primer término, señalamos que, actualmente este Ministerio cuenta con la Dirección General de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto que tiene como función principal, brindar organizar y vigilar por el estricto cumplimiento de las normas del Ceremonial de Estado existentes en Costa Rica, además, como parte de las funciones, esa dirección se ocupa del culto católico, las asociaciones religiosas en general, fundaciones privadas o públicas que se establezcan en el país con fines culturales, científicos, de bienestar social o en favor de programas para el desarrollo económico.

 

Además, el artículo 2 del Reglamento de Tareas y Atribuciones de la Cancillería (Decreto Ejecutivo No. 19561 del 9 de marzo de 1990), señala que, en materia de Culto, el Ministerio ostenta las siguientes funciones:

 

“ARTICULO 2º.- En materia de Culto, son funciones del Ministerio:

a)      Representar al Estado en sus relaciones con la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, y las demás confesiones.

b)      Promover la armonía entre las autoridades civiles y eclesiásticas.

c)      Incluir en su presupuesto las sumas destinadas a contribuir al mantenimiento de la Iglesia Católica, Apostólica, Roma, de conformidad con el artículo 75 de la Constitución Política.

d)      Proteger el libre ejercicio del culto católico y de cualquier otro que no se oponga a la moral universal y a las buenas costumbres.

e)      Reglamentar el status jurídico de las entidades religiosas, sin afectar su autonomía, su organización interna y los derechos que les competen para el libre ejercicio de sus actividades.

f)       Tramitar las exenciones y franquicias concedidas por ley a las entidades religiosas.

g)      Participar en los actos religiosos y ceremonias a que sea invitado por la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, de conformidad con las prácticas establecidas y las reglamentaciones existentes en materia de protocolo y ceremonial del Estado.

h)      Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos.”

 

Con fundamento en lo anterior, acotamos que, dentro de la estructura del Estado ya se cuenta con una dependencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que ejerce competencias en materia religiosa.

 

En relación con lo anterior, en la opinión jurídica OJ-159-2019 emitimos tres observaciones importantes para que fueran tomadas en consideración en la discusión del proyecto.

 

La primera versó sobre la necesidad de clarificar las funciones que ejercerán ambas dependencias del Ministerio y si operarían de manera conjunta, esto a fin de evitar duplicidad de funciones. Además, consideramos importante que se analizara la posibilidad de que las funciones establecidas en el artículo 41 del proyecto pudieran ser asumidas por la actual Dirección General de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto ya existente.

 

El segundo punto relevante a considerar es que el texto base del proyecto de ley no disponía ninguna fuente de ingresos adicional al Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto para asumir las obligaciones impuestas en el proyecto. Es decir, el proyecto no señalaba de qué forma ese Ministerio asumiría la carga económica y humana que implican estas nuevas competencias, pues el proyecto se limita a señalar que la Dirección General de Culto ejercerá con cargo al presupuesto institucional del Ministerio.

 

Y, finalmente, como tercer punto advertimos que, el proyecto de ley no contemplaba la modificación a la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ley No. 3008 del 18 de julio de 1962, a fin de adecuar su nueva estructura e incluir a la Dirección General de Culto que se estaría creando.

 

En primer término, debemos reiterar que el texto dictaminado del proyecto sustituyó el título de “Dirección General de Culto” por “Dirección Adjunta de Culto”, manteniéndose su adscripción al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 

     Hecha esta aclaración, debemos señalar que las tres observaciones emitidas se mantienen en la presente opinión jurídica, en tanto, en el texto dictaminado no se contempló ninguna modificación para evitar la duplicidad de funciones entre la Dirección General de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto, y la Dirección Adjunta de Culto; además, tampoco se incluyó una fuente de ingresos adicional para que el Ministerio pueda asumir las obligaciones impuestas en el proyecto; y, finalmente, no se planteó la modificación a la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a fin de adecuar su nueva estructura.

 

g)   Artículo 41 Atribuciones

 

En la opinión jurídica analizada, este órgano consultivo emitió varias observaciones relacionadas con el artículo 41 del texto base.

 

La primera observación emitida por este órgano consultivo fue que, el artículo 41 dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará el funcionamiento de esta Dirección, y, como parte de las facultades deberá considerar el promover, de oficio o a instancia de alguna de las organizaciones interesadas, la realización de cursos de capacitación, talleres, foros, campañas publicitarias, con el objeto de impulsar la cultura del respeto por la libertad religiosa y de culto, en tanto exista financiamiento para estos fines (inciso g).

 

Al respecto, señalamos que, el proyecto de ley no resulta claro sobre a cargo de quién recaería el financiamiento de estas actividades, esto con la agravante de que –tal y como se dijo- el proyecto resulta omiso en otorgar nuevas fuentes de financiamiento para las nuevas funciones otorgadas al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

 

La segunda observación, se refiere al inciso h) en relación con el artículo 10 del texto base (ahora artículo 9), los cuales establecen la atribución que tendría la Dirección para llevar un registro de los ministros religiosos acreditados por sus organizaciones, sin que implique, en ningún sentido, que sea obligatorio o requisito para el ejercicio de la labor ministerial. 

 

Bajo el anterior entendido, señalamos que no encontrábamos razón de ser de este inciso h y parte del artículo 10 del texto base (ahora artículo 9), esto tomando en consideración que el registro de ministros religiosos ante la Dirección no es obligatorio.

 

En este punto, conviene aclarar que, el artículo 10 del texto base (ahora artículo 9) fue modificado en el texto dictaminado, por lo que, la posibilidad de que las organizaciones religiosas puedan inscribir facultativamente a los ministros ahora solamente está contemplado en el artículo 41, inciso h) y artículo 32, no así en el artículo 10 (ahora 9).

 

Adicionalmente, este órgano consultivo reiteró lo ya indicado en cuanto a que el proyecto de ley no establece los requisitos formales que debe tener un ministro religioso para oficiar un matrimonio, tampoco contempla la existencia de un registro donde los ministros autorizados para oficiar matrimonios deban inscribirse, y no se indican cuáles serían los requisitos que deben satisfacer para oficiar un matrimonio religioso.

 

La tercera observación emitida versó sobre el inciso i), el cual señala que la Dirección velará por el cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 -derecho de asistencia y visitación religiosa- (ahora artículo 24), sin embargo, luego indica: “Las credenciales señaladas en el inciso anterior, sea que la emita la Dirección General de Culto o la organización religiosa respectiva, o ambas, constituirán documentos idóneos para los ministros religiosos, de cara a su labor de brindar la asistencia regulada en dicho ordinal.”

 

Así las cosas, tomando en consideración que el texto transcrito no lleva relación propiamente con las “atribuciones de la Dirección”, como un aspecto de técnica legislativa se sugirió ubicarlo en el artículo 25 del texto base (ahora artículo 24 del texto dictaminado).

 

     Conforme el análisis realizado del texto dictaminado, podemos concluir que el artículo 41 no sufrió modificaciones en cuanto a su contenido, ni en su numeración, únicamente su título “atribuciones” pasó a ser “atribuciones para la Dirección Adjunta de Culto”, en consecuencia, todas estas observaciones y/o recomendaciones se mantienen en la presente opinión jurídica, en virtud que ninguna de ellas se vio reflejada en el nuevo texto.

 

h)    Artículo 42    Consejo Consultivo Asesor de Asuntos Religiosos en relación con el artículo 43 Organización y atribuciones del Consejo Consultivo Asesor de Asuntos Religiosos

 

En primer término, como aspecto de técnica legislativa señalamos que la creación del Consejo Consultivo Asesor de Asuntos Religiosos debe ser ubicado en otro apartado del proyecto (artículos 42 y 43), en virtud que el texto base lo ubicaba dentro del Título III, propiamente en el Capítulo II denominado “Dirección General de Culto”.

 

Esta observación de técnica legislativa fue corregida en el texto dictaminado, en virtud que este Capítulo II se le renombró como “Dirección Adjunta de Culto y Consejo Consultivo Asesor de Asuntos Religiosos”.

 

Como segunda observación, indicamos que el título del artículo 43 señalaba “Organización y atribuciones del Consejo Consultivo Asesor de Asuntos Religiosos”, sin embargo, este numeral no se refiere a la organización, por lo que, como aspecto de técnica legislativa se sugirió eliminar la indicación “organización” de su título.

 

Dicha observación se mantiene en la presente opinión jurídica, en virtud que este aspecto relacionado con técnica legislativa no fue corregido.

 

i)     Artículo 45    Registro de organizaciones religiosas en relación con el artículo 68 sobre modificación a la Ley 5695 y el transitorio I 

 

Respecto a dicho articulado (ahora artículos 44 y 70 del texto dictaminado, respectivamente), este órgano consultivo advirtió que la instauración del Registro de Organizaciones Religiosas bajo el ámbito del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional estaría creando un nuevo compromiso económico presupuestario para el Registro Nacional, sin embargo, el proyecto de ley es omiso en cuanto a otorgar una fuente de financiamiento para esta nueva estructura en su organización.

 

Por tanto, se recomendó consultar el presente proyecto de ley a dicha institución a fin de determinar si está en condiciones de asumir las nuevas responsabilidades. Dicha observación se mantiene en la presente opinión jurídica, en virtud que en el texto dictaminado tampoco se contempló una fuente de financiamiento para la nueva estructura del Registro Nacional. 

 

j)    Artículo 56 consecuencias de la extinción

 

El artículo 56 del texto base erróneamente indicaba “artículo 49 inciso h)”, sin embargo, lo correcto debía ser “artículo 49 inciso g)”.

 

Cabe advertir que, el artículo 56 fue suprimido en la redacción del texto dictaminado, por consiguiente, esta observación de técnica legislativa perdió interés.

 

k)   Capítulo V Locales y templos de culto en relación con el Transitorio V y el artículo 62 Deberes del Estado

 

Respecto al funcionamiento de los locales y templos de culto, este órgano consultivo hizo referencia al Reglamento para el Funcionamiento Sanitario de Templos o Locales de Culto (Decreto Ejecutivo No. 33872 del 17 de julio de 2007), cuyo artículo 1 señala que su objetivo es:

 

· Establecer los requisitos y las condiciones sanitarias y de seguridad para el funcionamiento de templos o locales de culto. Esto con el fin de que los mismos garanticen la salud, la accesibilidad para personas con discapacidad y el bienestar de sus asistentes u ocupantes y del vecindario en general.

· Definir los trámites que, para obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento respectivo, deben realizar las personas físicas o jurídicas propietarias, inquilinas o administradoras de un inmueble donde se pretenda ubicar un lugar dedicado al culto.

· Regular y permitir la vigilancia y el control de todo local e instalaciones dedicadas principalmente a la congregación permanente o transitoria de personas que asisten para desarrollar el interés propio de la fe que los agrupa.

· Facilitar el establecimiento de este tipo de locales y garantizar un debido proceso claro, concreto y viable.

 

Al respecto, se informó que dicho reglamento fue objeto de una acción de inconstitucionalidad, por considerarse que era contrario a los principios de igualdad, derecho a la asociación lícita, y libertad de culto, en cuyo caso, la Sala Constitucional concluyó que este reglamento desarrolla los contenidos de la Ley General de Salud -protección de la salud de las personas y a la regulación de actividades que puedan influir o afectar la salud de las personas-, por lo que, las limitaciones allí contenidas tienen sustento los principios de protección a la salud contenido en la Ley General de Salud.

Al respecto, señaló la Sala:

 

“VI.- Sobre los deberes del Estado en relación con la salud.- Tal como lo ha reiterado esta Sala, a partir de una interpretación extensiva y garantista del artículo 21 de la Constitución Política, se ha desarrollado una amplia doctrina relacionada con el derecho fundamental a la salud. Es así como la Constitución exige al Estado hacer uso de todas sus recursos con el objeto de velar porque cada uno de sus habitantes sea protegido en su integridad física y mental. Lo anterior obliga por un lado a omitir la realización de cualquier actividad lesiva de la salud humana, así como evitar efectuar aquellas razonablemente riesgosas o implementar todas las medidas de mitigación necesarias. Asimismo, debe el Estado hacer uso de sus potestades de policía para evitar que las actividades de otros entes públicos, así como de particulares, afecten la salud de las personas en los mismos términos señalados. No obstante, en tratándose de un derecho complejo para cuya satisfacción no bastan la abstención y la adopción de medidas de evitación y atenuación del impacto sanitario, el Estado requiere asumir una actitud proactiva, suministrando los servicios y bienes necesarios para garantizar la salud de sus habitantes. Se trata, pues, de un típico derecho de carácter prestacional, para cuyo cumplimiento el Estado debe dotarse de una infraestructura que le permita actuar en favor de la salud humana mediante la profilaxis y la adecuada atención de las enfermedades que se produzcan. Para cumplir con los anteriores deberes, el ordenamiento costarricense ha diseñado un complejo sistema de competencias públicas, entre las que se encuentran las amplias potestades del Ministerio de Salud para la prevención y resguardo de la salud pública. En este caso, la Ley General de Salud, autoriza al Ministerio de Salud para establecer los requisitos y las condiciones sanitarias de las distintas actividades que puedan tener una incidencia en la salud de las personas, a tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones, dado que no solo tiene el deber de hacer cumplir la Ley General de Salud sino el de proteger la salud pública, pues los derechos a la salud y a un ambiente sano y libre de contaminación -al menos por debajo de los límites tolerables para el ser humano- son derechos fundamentales irrenunciables y en cuya violación no se puede legítimamente consentir. Así que, el Ministerio de Salud, a la luz de las competencias que el Ordenamiento Jurídico le ha encomendado, debe tomar las medidas correspondientes para velar por la salud pública de toda la población. Bajo ese mandato, se le ha reconocido la potestad de dictar medidas de carácter general o particular en el cumplimiento de su misión. Así las cosas, dentro de las atribuciones y jurisdicciones asignadas, puede ordenar y tomar las medidas especiales que establece la Ley General de Salud, para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven, cuando se trate de actividades que puedan tener una incidencia en la salud de las personas, tal como sería, las actividades religiosas.” (Voto Nº 14175-2010, de las 14:30 horas del 25 de agosto del 2010)

 

Así las cosas, tomando en consideración que la reglamentación sobre el funcionamiento de los templos o locales de culto ya existe (Decreto Ejecutivo 33872) y que ésta se encuentra amparada en normas legales vigentes (Ley General de Salud), se recomendó a los señores Diputados mejorar la redacción del artículo 62 del texto base y remitir a la legislación vigente, toda vez que tal y como estaba redactado podría generar problemas de interpretación al indicar que “Corresponde al Ministerio de Salud Pública reglamentar lo atinente al funcionamiento de los templos y locales de culto”, por lo que, podría interpretarse que de aprobarse la presente iniciativa debe emitirse una nueva reglamentación sobre el particular cuando ésta ya existe.

 

Al respecto, cabe señalar que el artículo 62 y el transitorio V fueron eliminados, además, en el texto dictaminado se incorporó el artículo 56, el cual señala:

 

“ARTÍCULO 56.- Regulaciones sobre contaminación sónica. Ante las regulaciones técnicas pertinentes a la prevención y control del ruido y la contaminación sónica, se deberá garantizar el derecho a la práctica del culto público en los templos y locales de culto, en tanto prevalecerán las medidas que permitan el confinamiento del foco específico de contaminación sónica y no la clausura del inmueble en general.

 

En atención al principio del debido proceso y los principios de razonabilidad y proporcionalidad, según lo estipulado en esta ley, el cierre de un local de culto será la medida de último recurso que tiene la administración para hacer cumplir lo establecido en este artículo.”

 

Asimismo, el artículo 61 del texto base sufrió la siguiente modificación:

 

 

 

Conforme la redacción del texto dictaminado, nuestras observaciones fueron enmendadas, en tanto, el funcionamiento de los templos y locales de culto ya no dependerán de una “nueva” reglamentación del Poder Ejecutivo, además, el artículo 55 del texto dictaminado refiere a la normativa vigente nacional y municipal para la apertura de los templos o locales de culto.

 

l)     Artículo 65 Federaciones religiosas

 

Respecto a este artículo del texto base, señalamos que la referencia correcta que consignó allí debía ser “artículo 9” y no “artículo 8”.

 

Conforme se desprende del texto dictaminado, las regulaciones sobre federaciones religiosas se trasladaron al artículo 68, además, se suprimió la referencia que se hacía del artículo “artículo 8”, por lo que, en el nuevo texto ya se corrigió dicha incongruencia.

 

m)Transitorios I, II y VI

 

Finalmente, en la opinión jurídica OJ-159-2019 emitimos varias observaciones respecto a las disposiciones transitorias I, II y VI.

 

En primer lugar, recomendamos que en el transitorio I se determinara un plazo razonable para que todas aquellas asociaciones dedicadas a actividades religiosas modifiquen sus estatutos y se transformen a organizaciones religiosas, es decir, tal y como está planteado el texto base del proyecto de ley, no existe una norma que las obligue a su transformación en un plazo determinado, sino que lo deja a su arbitrio, por lo que, consideramos que el proyecto de ley resta seguridad jurídica sobre este punto.

 

En segundo lugar, este órgano consultivo hizo notar que el transitorio II otorga un plazo de 4 años, contados a partir de la entrada en funcionamiento del Registro de Organizaciones Religiosas, para que se conserve el nombre o razón social de aquellas asociaciones dedicadas a actividades religiosas. Es decir, transcurrido dicho plazo las organizaciones religiosas nuevas podrían utilizar el nombre o razón social de una asociación inscrita y que no se haya trasformado en una organización religiosa.

 

Por lo tanto, concluimos que el proyecto de ley no establece claramente en qué situación jurídica quedan aquellas asociaciones con fines religiosos que no realicen su transformación en organización religiosa, ni de aquellas que, dada su inercia, su razón social haya sido utilizada por una organización religiosa nueva.

 

Finalmente, según la modificación que se pretendía al artículo 3 de la Ley No. 218, Ley de Asociaciones (en el texto dictaminado ahora se propone modificar el artículo 6 y no el 3), no se permitirían asociaciones de carácter religioso, y por este motivo, resulta conveniente que se establezca un plazo determinado para ese proceso de transformación.

 

Así las cosas, en virtud que los transitorio I y II del texto dictaminado no sufrieron mayor modificación respecto al texto base, dichas observaciones se mantienen en la presente opinión jurídica, en virtud que el texto dictaminado no otorga un plazo razonable para que aquellas asociaciones dedicadas a actividades religiosas modifiquen sus estatutos y se transformen a organizaciones religiosas, además, no establece con claridad en qué situación jurídica quedan aquellas asociaciones con fines religiosos que no realicen su transformación en organización religiosa, dentro del plazo de los 4 años, y su razón social sea utilizada por otra organización religiosa.

 

Finalmente, cabe emitir la observación que el transitorio VI fue eliminado.

                              IV.OBSERVACIONES ADICIONALES SOBRE EL TEXTO DICTAMINADO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

Sin perjuicio del análisis realizado en los apartados anteriores, en cuanto a los cambios operados en el texto base con ocasión de las observaciones realizadas por esta Procuraduría, procederemos a referirnos a los artículos del texto dictaminado que ameriten algún tipo de discusión estrictamente jurídica, reiterando que no nos referiremos a aspectos de oportunidad y conveniencia por escapar del ámbito de competencia de este órgano asesor.

 

Así las cosas, corresponde a las señoras y señores diputados valorar la pertinencia y necesidad de los artículos que se proponen, por lo que nuestro pronunciamiento se limitará a los artículos que tengan algún tema de legalidad, constitucionalidad o de técnica legislativa.

 

La competencia asesora reconocida legalmente a esta Procuraduría, no nos faculta para pronunciarnos sobre la oportunidad y conveniencia del proyecto de ley, pues tal aspecto debe ser valorado por el legislador dentro de su ámbito de discrecionalidad. Por tanto, únicamente emitiremos observaciones generales, desde el punto de vista jurídico, sobre aquellos artículos que ameriten algún tipo de discusión.

Artículo 8. Tipos de organizaciones religiosas

El artículo 8 del texto dictaminado del presente proyecto de ley define los tipos de organizaciones religiosas. Específicamente, sus incisos a) y b) definen las organizaciones religiosas individuales y plurales, al respecto señalan:

“(…)

a) Organización religiosa individual:  aquella comunidad de fe única, con personería jurídica propia, la cual desarrolla sus actividades en un local determinado; sin perjuicio de que pueda constituir filiales, de conformidad con el artículo 67 de esta ley.

b) Organización religiosa plural: aquella que refiere a un grupo de comunidades de fe, con personería jurídica propia que, en conjunto, profesan un mismo credo y se agrupan bajo una organización o persona jurídica común y desarrollan sus actividades en diferentes locaciones, según su propia autonomía administrativa, sin perjuicio de que pueda constituir filiales, de conformidad con el artículo 67 de esta ley.

(…)” (El resaltado no pertenece al original)

Por su parte, sus incisos c) y d) definen las organizaciones religiosas federadas y federadas colectivas, señalando:  

“(…)

c) Organización religiosa federada: aquella que agrupa a varias organizaciones religiosas individuales o plurales, de conformidad con lo preceptuado en los incisos anteriores, sin demérito de lo establecido en el artículo 67 de esta ley.

d) Organización religiosa federada colectiva:  aquella que agrupa a las anteriores y, también, a otras federadas, sin demérito de lo establecido en el artículo 67 de esta ley. (El subrayado no pertenece al original)

(…)”

 

Conforme se aprecia, estos cuatro incisos refieren al artículo 67 de este mismo proyecto de ley, y, en el caso de los incisos a y b, mencionan la constitución de filiales. No obstante, nótese que el numeral 67 del proyecto no lleva relación con estas definiciones, y, más bien se refiere al reconocimiento de los títulos académicos en materias teológicas y de derecho canónico obtenidos en Universidades Pontificias erigidas o reconocidas por la Santa Sede, cuya especialidad no exista o no es impartida por las universidades nacionales.

Cabe advertir que, en la versión del texto base del proyecto (en ese momento era el artículo 9), dicha referencia se hacía respecto al artículo 57, el cual contenía el tema de las filiales religiosas, no obstante, este artículo fue eliminado en la redacción del texto dictaminado. 

En consecuencia, siendo que el artículo 8 del texto dictaminado no lleva relación con el contenido del artículo 67 del proyecto, como un aspecto de técnica legislativa, se sugiere revisar y corregir esta referencia. 

Por otro lado, el texto dictaminado está adicionando el inciso e) al artículo 8, el cual brinda la definición de Organización religiosa Histórica, no obstante, este término no es utilizado en ningún otro artículo del proyecto de ley. Dado ello, se recomienda respetuosamente valorar el mantener esta definición como parte del artículo 8.

Artículo 19. Derechos sobre los rituales y ceremonias religiosas Tipos de organizaciones religiosas, en relación con el artículo 20. Derechos sobre los rituales, ceremonias y manifestaciones religiosas.

El contenido de los artículos 19 y 20 es el mismo, razón por la cual, sugerimos mantener sólo uno de ellos dentro del articulado.

Artículo 27. Derechos de las organizaciones religiosas, en relación con el artículo 1. Objeto

El contenido del artículo 27 se encuentra regulado en el artículo 1 del proyecto, por lo que se sugiere eliminarlo.

ARTÍCULO 42.     Consejo Consultivo Asesor de Asuntos Religiosos, con relación al artículo 43.   Organización y atribuciones del Consejo Consultivo Asesor de Asuntos Religiosos

Dichos numerales crean y otorgan competencias al Consejo Consultivo Asesor de Asuntos Religiosos, señalando que será un “órgano privado de interés público”, compuesto por representantes de las organizaciones religiosas del país (un representante de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, uno de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, y los representantes de todas aquellas organizaciones religiosas que deseen participar), en cuyo caso, su organización será conforme este mismo Consejo defina.

En primer lugar, debemos advertir que el artículo 42 no es claro en determinar cuál será la naturaleza jurídica de este Consejo, ni aspectos relacionados con su financiamiento para su operación y la representación del órgano.

A raíz de lo anterior, este órgano técnico recomienda respetuosamente a las señoras y señores diputados analizar y definir la naturaleza jurídica de este Consejo, conforme la verdadera intención del Legislador, a fin de evitar dudas de interpretación de la eventual ley que se apruebe. 

Por otro lado, como parte de las atribuciones que el numeral 43 otorga a este Consejo, se dispone que, deberá formular e implementar políticas públicas sobre la libertad religiosa y de culto. De allí que, siendo que la formulación de políticas públicas es una competencia que escapa del ámbito privado, se sugiere revisar esta redacción a fin de evitar problemas de interpretación futuros.

 

OTRAS CONSIDERACIONES

En virtud que el texto dictaminado en análisis contiene cambios sustanciales respecto al texto base (publicado el 23 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial La Gaceta), se recomienda respetuosamente valorar una nueva publicación si no se ha hecho, para evitar eventuales impugnaciones por violación al principio de publicidad.

 

                V.CONCLUSIÓN

De lo expuesto podemos llegar a las siguientes conclusiones:

a)      El proyecto de ley plantea garantizar y tutelar el ejercicio de los derechos a la libertad de creencias, religiosa y de culto bajo el amparo de lo establecido en la Constitución Política, los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y la legislación vigente relacionada con dicha materia (artículo 1 del proyecto);

b)      El presente proyecto pretende establecer los parámetros básicos para el funcionamiento de las organizaciones religiosas, en atención al principio de autorregulación;

c)      En consecuencia, la aprobación o no del presente proyecto de ley se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador;

d)      No obstante, se recomienda valorar las observaciones específicas realizadas en cuanto al articulado del texto dictaminado, además, valorar una nueva publicación del texto dictaminado, para evitar eventuales impugnaciones por violación al principio de publicidad.

 

Atentamente,

 

 

 

Silvia Patiño Cruz                                                   Yolanda Mora Madrigal

Procuradora                                                             Abogada de la Procuraduría

OJ-103-2021

 

LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO. DIMENSIÓN COLECTIVA. DIMENSIÓN INDIVIDUAL.

 

La señora Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área de las Comisiones Legislativas III, solicita nuestro criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de ley denominado “Ley para la libertad religiosa y de culto”, el cual se tramita bajo el número de expediente 21.012 en la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.

 

Mediante la opinión jurídica OJ-103-2021 del 2 de junio de 2021, suscrito por Silvia Patiño Cruz, Procuradora y Yolanda Mora Madrigal, abogada de la Procuraduría, se concluyó lo siguiente:

a)      El proyecto de ley plantea garantizar y tutelar el ejercicio de los derechos a la libertad de creencias, religiosa y de culto bajo el amparo de lo establecido en la Constitución Política, los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y la legislación vigente relacionada con dicha materia (artículo 1 del proyecto);

b)      El presente proyecto pretende establecer los parámetros básicos para el funcionamiento de las organizaciones religiosas, en atención al principio de autorregulación;

c)      En consecuencia, la aprobación o no del presente proyecto de ley se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador;

d)      No obstante, se recomienda valorar las observaciones específicas realizadas en cuanto al articulado del texto dictaminado, además, valorar una nueva publicación del texto dictaminado, para evitar eventuales impugnaciones por violación al principio de publicidad.