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Dictamen : 093 - del 07/04/2021
7 de abril de 2021
C-093-2021
Señor
Asdrúbal Calvo Chaves
Alcalde
Municipalidad de Esparza
Estimado señor:
Con la aprobación del señor Procurador General de la
República, doy respuesta a su oficio no. AME-232-2021 de 26 de marzo de 2021,
mediante el cual requiere nuestro criterio sobre lo siguiente:
“¿Puede la Corporación Municipal de
Esparza suscribir un convenio con una asociación creada bajo la Ley 218, para
junto al INDER y el Ministerio de Seguridad Pública, invertir fondos públicos
destinados a la construcción de una Delegación Policial en el inmueble
propiedad de la Asociación y ubicado dentro de los límites de la Zona
Protectora Tivives, (zona de alta intervención según
el plan de manejo de la Zona Protectora Tivives).”
En múltiples
ocasiones, esta Procuraduría ha analizado las limitaciones fijadas por los
artículos 3° inciso b) y 4° y 5° de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de
setiembre de 1982) en el desempeño de la función consultiva.
En virtud de ese
análisis, se han desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad de las
consultas: a) Que las interrogantes sean planteadas de forma clara y precisa y
versen sobre temas jurídicos en genérico, lo cual implica que no se cuestione
un caso concreto que esté pendiente o deba ser resuelto por la Administración,
que no se trate de un asunto sobre el cual ya se emitió un acto administrativo
o una decisión concreta, que no involucre una materia que es competencia de
otro órgano, que no pretenda la revisión de informes o criterios legales, ni
que corresponda a un asunto judicial en trámite. b) Que se acompañe el criterio
de la asesoría legal de la institución sobre todos los temas cuestionados y c)
Que la consulta sea formulada por el jerarca administrativo de la institución.
(Al respecto ver pronunciamientos nos. C-158-2008 de 12 de mayo de 2008,
C-157-2013 del 19 de agosto de 2013, C-121-2014 del 8 de abril de 2014,
C-99-2016 de 29 de abril de 2016, C-377-2019 de 19 de diciembre de 2019, C-080-2020
de 4 de marzo de 2020, C-065-2021 de 4 de marzo de 2021).
En cuanto al primer requisito apuntado, hemos indicado que la consulta que se dirige a la Procuraduría debe plantearse en términos generales y abstractos, sin referirse a un caso concreto ni a la situación particular de una persona determinada. Considerando que nuestros dictámenes son vinculantes, rendir un criterio sobre ese tipo de consultas implicaría trasladar a la Procuraduría la función propia de la Administración activa de tomar decisiones concretas sobre asuntos específicos y situaciones concretas, y, por tanto, estaríamos desconociendo nuestra función meramente consultiva e invadiendo competencias que no nos corresponden. (Al respecto, véanse los pronunciamientos nos. C-194-1994 de 15 de diciembre de 1994, OJ-017-2002 de 1° de marzo de 2002, C-021-2006 de 20 de enero de 2006, C-026-2015 de 17 de febrero de 2015, C-042-2016 de 25 de febrero de 2016, C-143-2017 de 23 de junio de 2017, OJ-155-2018 de 23 de noviembre de 2018, C-023-2019 de 29 de enero de 2019, entre muchos otros).
Al respecto, hemos dispuesto que:
“Esta
Procuraduría ha indicado, en innumerables ocasiones, que el asesoramiento
técnico-jurídico que, a través de sus dictámenes y pronunciamientos, presta a
los distintos órganos y entes que integran la Administración Pública, se
circunscribe al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y
reglas jurídicas, abstractamente considerados. En tal orden de ideas, no son
consultables asuntos concretos sobre los que se encuentre pendiente una
decisión por parte de la administración activa.
El asunto que ahora nos ocupa, se subsume con claridad en la indicada
situación de excepción: aunque se trate de plantear la cuestión en términos
generales, lo cierto es que se nos invita a juzgar la legalidad de una decisión
administrativa concreta. Evidentemente, no es propio de nuestro rol consultivo
verter este tipo de juicios (…) Amen de lo ya señalado, nótese que con un eventual pronunciamiento de nuestra parte,
estaríamos sustituyendo a la administración activa en la adopción de una
decisión que sólo a ella corresponde, en atención al carácter vinculante de
nuestros criterios, con el consiguiente desatendimiento
de las responsabilidades propias del agente público.” (C-194-1994
de 15 de diciembre de 1994, reiterado en OJ-005-1998 de 27 de enero de 1998,
OJ-017-2002 de 1° de marzo de 2002, C-021-2006 de 20 de enero de 2006,
C-026-2015 de 17 de febrero de 2015, C-042-2016 de 25 de febrero de 2016 y C-085-2016
de 25 de abril de 2016, entre muchos otros).
En esta ocasión, pese a que se trata de formular la
consulta en términos abstractos y generales, lo cierto es que se está
requiriendo nuestro criterio acerca de una situación fáctica concreta sobre la
cual la Municipalidad debe tomar una decisión. Es decir, no se está requiriendo
la interpretación o análisis de ciertas normas o institutos jurídicos sobre los
cuales la administración activa tenga duda, sino que se nos plantea la
situación concreta que debe ser resuelta.
La situación concreta queda más patente en el
criterio legal que acompaña la consulta, pues éste tiene como fin determinar si
es posible que la Municipalidad invierta fondos públicos en la construcción de
una delegación policial en la finca inscrita en el Registro Público no.
6-103323-000 a nombre de la Asociación de Vecinos Organizados de Salinas,
ubicada dentro de la Zona Protectora Tivives.
Y, por tanto, si damos respuesta a su solicitud,
nos estaríamos refiriendo a esa situación particular que solo compete conocer a
la propia administración activa.
Si para resolver ese asunto concreto, o cualquier
otro, la administración activa tiene dudas acerca de las normas o institutos
jurídicos que resulten aplicables, puede requerir nuestro criterio sobre esas
dudas jurídicas generales, para luego utilizar nuestro criterio jurídico
general como insumo para resolver el caso concreto correspondiente.
Por lo expuesto, la consulta resulta
inadmisible y, lamentablemente,
nos encontramos imposibilitados para emitir el criterio requerido.
Conforme con lo indicado en este dictamen, se archiva
la consulta. Para que ésta sea atendida debe presentarse nuevamente, cumpliendo
con los requisitos de admisibilidad correspondientes.
De Usted,
atentamente,
Elizabeth León Rodríguez
Procuradora
C-093-2021.
INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. CASO CONCRETO.
El
Alcalde la Municipalidad de Esparza requiere nuestro criterio sobre lo
siguiente:
“¿Puede
la Corporación Municipal de Esparza suscribir un convenio con una asociación
creada bajo la Ley 218, para junto al INDER y el Ministerio de Seguridad
Pública, invertir fondos públicos destinados a la construcción de una
Delegación Policial en el inmueble propiedad de la Asociación y ubicado dentro
de los límites de la Zona Protectora Tivives, (zona de alta intervención según
el plan de manejo de la Zona Protectora Tivives).”
Mediante
dictamen C-093-2021 de 7 de abril de 2021, suscrito por la Procuradora
Elizabeth León Rodríguez, se declaró inadmisible la consulta porque:
Pese a que se
trata de formular la consulta en términos abstractos y generales, lo cierto es
que se está requiriendo nuestro criterio acerca de una situación fáctica
concreta sobre la cual la Municipalidad debe tomar una decisión. Es decir, no
se está requiriendo la interpretación o análisis de ciertas normas o institutos
jurídicos sobre los cuales la administración activa tenga duda, sino que se nos
plantea la situación concreta que debe ser resuelta.