Dictamen : 480 - del 17/12/2020

17 de diciembre 2020

C-480-2020

Señor

Víctor Manuel Fernández Mora

Auditor Interno

Concejo Municipal de distrito de Colorado

Estimado señor:

Con aprobación del señor Procurador General de la República nos referimos a su oficio AI-89-2020 del 14 de diciembre de 2020, mediante el cual solicita nuestro criterio sobre lo siguiente:

“Deben las municipalidades, cobrar el impuesto de patentes comerciales municipales e impuesto de patentes nacional de licor, a locales como bares, o cantinas, por los periodos que comprenden del 16-3-2020, al 9-9-2020, tiempo en el que se les ordenó, obligó o prohibió realizar su actividad comercial, en condición de ser penados si desacataban la orden sanitaria emitida en el decreto 42227-MP-S, emitido por el señor presidente de la república, la ministra de la presidencia y el ministro de salud (sic), al amparo de una emergencia nacional, y que mediante decreto ejecutivo 42221-5 del 10-3-2020, el poder ejecutivo dispuso temporalmente mediante el artículo 1, la suspensión de eventos masivos de personas y centros de reunión pública, según el artículo 4 de dicha norma, se excluyen los espacios de reunión pública bajo las medidas administrativas temporales para la atención de actividades de concentración masiva definida por el MSP, para la alerta sanitaria del covid 19.”

I. SOBRE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR LOS AUDITORES INTERNOS

De conformidad con los artículos 1, 2 y 3 inciso b) de nuestra Ley Orgánica (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982) la Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la Administración Pública y, en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública.

Concretamente, el artículo 4 de nuestra Ley Orgánica permite que los auditores internos puedan realizar la consulta directamente y sin adjuntar un criterio legal, sin embargo, esta facultad no es irrestricta, pues, conforme a lo dispuesto en la ley, nuestra jurisprudencia administrativa ha señalado las condiciones bajo las cuales debe ejercerse.

En ese sentido, hemos indicado que la materia consultable por parte de los auditores se circunscribe a aquella que pertenezca, de modo directo, a su competencia funcional, es decir, que la facultad de consultar está referida a la competencia del auditor y al ámbito de las competencias del organismo que controla y del cual forma parte.

Ello implica que los auditores no se encuentran autorizados para consultar sobre materias que no se refieran o no estén contenidas en la esfera de su competencia institucional o dentro de la competencia de los órganos administrativos de los cuales forman parte. Por esa razón, hemos estimado que las consultas realizadas por la auditoría interna, deben estar ligadas al contenido mismo del plan de trabajo que se esté aplicando ese año en la respectiva Administración, ya que es esto lo que nos permite determinar los alcances del ámbito de competencia de esa auditoría. De ahí que, resulta necesario que se acredite esa relación o ligamen. (Dictámenes Nos. C-042-2008 de 11 de febrero de 2008, C-153-2009 de 1° de junio de 2009, C-314-2017 de 15 de diciembre de 2017, C-043-2019 de 20 de febrero de 2019 y C-133-2019 de 14 de mayo de 2019).

Dado que la facultad de consultar que tienen los auditores se encuentra limitada al ámbito de sus competencias y, por tanto, a la ejecución del plan de trabajo correspondiente, es lógico entender que esa facultad debe ejercerse con respecto a una duda jurídica puntual y específica, y no ser utilizada para requerir nuestro criterio sobre una gran cantidad de cuestionamientos, en relación con materias distintas. La amplitud y diversidad de cuestionamientos en una consulta planteada por un auditor, podría poner en tela de duda la relación de la consulta formulada, con el ejercicio de sus competencias y con el plan de trabajo correspondiente.

Además, puesto que la facultad de consultar que tienen los auditores se constriñe al ámbito de sus competencias, debe advertirse que ésta no debe ser utilizada por la administración activa para evadir el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de las consultas, canalizando sus solicitudes de criterio a través de la auditoría interna.

En consecuencia, para el adecuado ejercicio de nuestra función, es necesario que, los auditores internos -de forma directa- planteen dudas jurídicas puntuales y específicas, las cuales estén relacionadas con el contenido mismo del plan de trabajo que se esté aplicando ese año en la respectiva Administración, en cuyo caso, para llegar a tal conclusión resulta necesario que se acredite esa relación o ligamen.

II. INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE CONSULTA

En el caso en concreto, el señor Auditor Interno del Concejo Municipal del distrito de Colorado, nos consulta si las municipalidades deben cobrar el impuesto de patentes comerciales municipales e impuesto de patente nacional de licor a locales como bares o cantinas, por el periodo en que estuvieron suspendidas las actividades comerciales como consecuencia de la orden sanitaria emitida por la emergencia nacional del Covid 19.

Al respecto, no hay duda que la Ley General de Control Interno, N.° 8292 de 31 de julio de 2002 reformó el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para facultar a las auditorías internas de las diversas administraciones públicas para que consultaran directamente al Órgano Superior Consultivo. Dicha facultad tiene un carácter especial pues, por regla general, solamente los jerarcas de la administración pueden consultar a la Procuraduría General.

En este sentido, se ha indicado que la facultad de consultar que la Ley ha otorgado a los auditores internos – y que el citado artículo 4° de la Ley Orgánica prevé actualmente -, tiene una finalidad específica, sea proveer para que dichos órganos de control interno cuenten con la posibilidad de obtener un criterio técnico jurídico informado y autorizado del Órgano Superior Consultivo de la Administración que les permita ejercer de una forma más eficaz sus funciones de control y validación. Es decir, que la finalidad del artículo 4° en comentario se circunscribe a que las auditorías puedan tener un criterio informado de carácter técnico sobre el régimen jurídico que se le aplica a la administración que fiscaliza.

Así las cosas, precisamente por la finalidad específica que tiene la facultad de consultar que la Ley le reconoce a las auditorías internas, se ha dicho en nuestra jurisprudencia administrativa, que dichas consultas deben estar ligadas al contenido mismo del plan de trabajo que se esté aplicando ese año por parte de la auditoría interna en la respectiva Administración, ya que es esto lo que nos permite determinar los alcances del ámbito de competencia de esa auditoría. Al respecto, conviene transcribir el dictamen C-148-2019 de 30 de mayo de 2019:

“…Ello implica que los auditores no se encuentran autorizados para consultar sobre materias que no se refieran o no estén contenidas en la esfera de su competencia institucional o dentro de la competencia de los órganos administrativos de los cuales forman parte. Por esa razón, hemos estimado que las consultas realizadas por la auditoría interna, deben estar ligadas al contenido mismo del plan de trabajo que se esté aplicando ese año en la respectiva Administración, ya que es esto lo que nos permite determinar los alcances del ámbito de competencia de esa auditoría. (Ver en igual sentido los dictámenes Nos. C-042-2008 de 11 de febrero de 2008, C-153-2009 de 1° de junio de 2009, C-314-2017 de 15 de diciembre de 2017, C-043-2019 de 20 de febrero de 2019, C-133-2019 de 14 de mayo de 2019, C-384-2020 del 29 de setiembre de 2020, entre otros).

De conformidad con lo anterior, debe advertirse que, en este caso en particular no se explica cuál es la relación de lo consultado con el cumplimiento del plan de trabajo que está aplicando la Auditoría del Concejo Municipal del distrito de Colorado este año y, por tanto, no es posible precisar que el cuestionamiento planteado tenga relación directa con el ejercicio de las competencias de la auditoría interna. Al respecto, cabe reiterar que la acreditación de esa relación constituye un requisito de admisibilidad de las consultas planteadas por las auditorías internas.

Nótese que, el oficio de consulta se limita a señalar: “…tenemos que atender situaciones delicadas desde el punto de vista de la aplicación de las diferentes normativas vigentes…”, sin embargo, no basta únicamente con señalar que la consulta está relacionada con asuntos que deben atender, sino que, se requiere una mayor explicación sobre su relación con el plan de trabajo, por lo que, la consulta deviene inadmisible.

En virtud de lo anterior, estimamos que la consulta resulta inadmisible, pues no se acredita la relación o ligamen entre la consulta planteada y el contenido del plan de trabajo que se esté aplicando este año en la Institución, por lo que, lamentablemente nos encontramos imposibilitados para emitir el criterio requerido.

III. CONCLUSIÓN:

A partir de lo expuesto, debe concluirse que la consulta planteada resulta inadmisible, en tanto, no se acredita la relación o ligamen entre lo consultado y el contenido del plan de trabajo que se está aplicando este año en el Concejo Municipal del distrito de Colorado.

Atentamente,

Silvia Patiño Cruz Yolanda Mora Madrigal

Procuradora Abogada de la Procuraduría