Dictamen : 387 - del 05/10/2020

05 de octubre de 2020

C-387-2020

Señora

Ana Patricia Solís Rojas

Secretaria del Concejo Municipal

Municipalidad de San Carlos

Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República doy respuesta a su oficio MSCCM-SC-1299-2020 de 23 de setiembre de 2020.

Mediante el oficio MSCCM-SC-1299-2020 se nos comunica el acuerdo del Concejo Municipal de San Carlos, adoptado en la sesión ordinaria virtual del 21 de setiembre de 2020 y que es el acuerdo N.° 12, artículo IX, que consta en el acta N.° 53. En este acuerdo, el Concejo Municipal de San Carlos decidió consultar a la Procuraduría General de la República si las Comisiones Municipales, sea tanto las permanentes como las especiales, deben garantizar la equidad de género en su integración.

Conforme lo exige el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se aporta el criterio de la asesoría legal del Concejo Municipal, oficio

MSCCM-1127-2020 de 25 de agosto de 2020, y en el cual se concluye que, en efecto, debe buscarse que las Comisiones Municipales, tanto permanentes como especiales, sean integradas, en la medida de lo posible, conforme criterios de equidad de género.

Con el objeto de atender la consulta planteada, se ha estimado oportuno hacer las siguientes consideraciones

A. EN ORDEN A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD REPRESENTATIVA A LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES MUNICIPALES.

El artículo 49 del Código Municipal ha establecido que el Concejo Municipal debe integrar, al menos, nueve Comisiones permanentes. Estas Comisiones permanentes deben estar integradas por los regidores propietarios. El Concejo Municipal puede también crear Comisiones especiales. Estas Comisiones especiales pueden ser integradas tanto por regidores propietarios como por regidores suplentes y pueden nombrarse en ellas también a los síndicos, tantos propietarios como suplentes.

Luego, debe destacarse que el artículo 49 ha establecido, de forma expresa, que al momento de integrar, tanto las Comisiones permanentes como las especiales, se debe procurar que participen en ellas todos los partidos políticos representados en el respectivo Concejo Municipal.

Es decir que, al momento de integrar las Comisiones municipales, el Presidente del respectivo Concejo Municipal – órgano competente a tal efecto – debe respetar el principio de proporcionalidad representativa, de tal manera que las diversas Comisiones municipales, permanentes y especiales, sean integradas de tal forma que, a su vez, reflecte la integración partidaria del correspondiente Concejo Municipal.

En ese sentido debe destacarse que las Comisiones municipales, tanto permanentes como especiales, son órganos, creados por el Concejo Municipal, que cumplen una función esencial dentro del procedimiento colegial municipal – cuya sustanciación es necesaria para la producción de los acuerdos municipales-, sea emitir el dictamen previo de los asuntos que deben se deliberados en el pleno del Concejo. (Ver dictamen 304-2020 de 4 de agosto de 2020)

Corolario de lo anterior, es claro que las Comisiones municipales, tanto permanentes como especiales, cumplen una función sustancial en la formación de la voluntad del órgano deliberativo del gobierno municipal. Razón por la cual, es evidente que la conformación de aquellas Comisiones debe reflejar la forma en que está integrado el respectivo Concejo Municipal. La integración de las Comisiones municipales debe ser una especie de representación a escala de la conformación del Concejo Municipal. (Ver dictamen C-203-2017 de 11 de setiembre de 2017)

Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse, sin embargo, que la integración de las Comisiones municipales debe reflejar no solo la integración partidaria sino también su composición por género. Esto para garantizar el derecho de las mujeres a participar, de forma efectiva, en las decisiones públicas locales.

En este orden de ideas, debe indicarse que el artículo 7.b de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, ratificada por Ley N.° 6968 de 2 de octubre de 1984, ha establecido que es un derecho de las mujeres, el participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.

Luego, debe indicarse que el derecho fundamental de las mujeres de participar en la formulación de las políticas públicas – lo cual debe entenderse que comprende tanto el nivel local como el nacional – y de ejercer todas las funciones públicas para las cuales sean electas, es una garantía esencial necesaria para hacer efectivo, a su vez, el derecho de las mujeres a ser electas para los cargos públicos elegibles, incluidos los municipales.

Efectivamente, es claro que, en orden a garantizar los plenos derechos políticos de las mujeres, ha sido necesario que se garantice jurídicamente, no solo el derecho de las mujeres a ser electas en los cargos públicos, sino que ha sido indispensable garantizar también el derecho a que una vez electas e investidas para el cargo, puedan participar, de modo cierto, en la discusión y elaboración de decisiones y políticas públicas y que puedan, también con efectividad, ejercer las funciones públicas para las cuales han sido electas. Así debemos entender que el artículo 7.b en comentario pretende proscribir aquellas prácticas a través de las cuales se pretenda, directa o indirectamente, impedir, incluso de modo subrepticio y aun reflejo, que las mujeres electas a cargos públicos puedan, sin embargo, participar, de modo real, en las decisiones públicas y ejercer sus funciones.

De seguido, se debe reconocer que el artículo 2 del Código Electoral ha incorporado los principios de paridad y alternancia, los cuales implican, de un lado que todas las delegaciones y las nóminas deban estar integrados por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de hombres, y que, en delegaciones o nóminas de integración impar, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. Asimismo, el artículo 2 establece que todas las nóminas de elección deban utilizar el mecanismo de alternancia por sexo (mujer-hombre u hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina. Todo esto con el fin de garantizar que las mujeres puedan tener una oportunidad equitativa de ser electas a cargos públicos, lo cual incluye los cargos de regidor en los Concejos Municipales.

En consecuencia, se impone indicar que sería contrario al artículo 7.b de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, que las Comisiones municipales, tanto permanentes como especiales, sean integradas de una forma tal que no reflejen la proporción de mujeres que, a su vez, conforman el respectivo Concejo Municipal. En este sentido, debe hacerse énfasis de nuevo en que las Comisiones municipales desempeñan un papel esencial en la formación de la voluntad de los Concejos Municipales, y por tanto en la definición de decisiones y políticas locales, por lo cual es claro que, conforme el artículo 7.b en comentario, es necesario garantizar que dichos órganos – que nuevamente son órganos esenciales y auxiliares del gobierno municipal – sean integrados de una forma tal que no solo reflecten la integración partidaria sino también su composición por género. Esto con el fin de garantizar de forma efectiva el derecho de las mujeres a ser electas y participar de las decisiones públicas. Valga decir que ya la Sala Constitucional, se refirió a la obligación fundamental de acatar el principio de representación proporcional en materia de género al momento de integrar las Comisiones legislativas, indicando que este principio es sustancial para garantizar los derechos políticos de las mujeres electas a cargos públicos. Razonamiento que, por paridad de razón, es aplicable a las Comisiones municipales. Se transcribe, en lo conducente, el voto N.° 17216-2018 de las 9:30 horas del 17 de octubre de 2018:

“De conformidad con lo indicado en el tercer considerando de esta sentencia, la proporcionalidad que debe observarse al integrar las Comisiones Legislativas, va más allá de un criterio propiamente matemático, trasciende la proporcionalidad matemática

y llega a convertirse en una proporcionalidad representativa, que en el caso que ahora se conoce, implica valorar dicha proporcionalidad representativa con base en la equidad de género.

Al aplicar ambos criterios –proporcionalidad matemática y proporcionalidad representativa- para valorar el caso bajo estudio, se aprecia que de la totalidad de miembros de la Asamblea Legislativa –cincuenta y siete diputados- (cincuenta y siete diputados), 20 son mujeres debidamente electas, lo que equivale a un treinta y cinco por ciento del total de curules, siendo así que esa representación debería reflejarse en la conformación de las Comisiones Permanentes Ordinarias de Asuntos Jurídicos y de Asuntos Hacendarios del período 2015- 2016, si bien no estrictamente bajo un criterio matemático, al menos sí bajo un criterio de proporcionalidad representativa. Sin embargo, ello no es así, pues la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos se encuentra integrada en su totalidad por varones, con ninguna representación de las mujeres que integran la Asamblea Legislativa.

Por su parte, en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios –que se conforma por 11 diputados-, se designó a 2 señoras Diputadas, de donde resulta que la integran 9 varones y 2 mujeres. Así, se advierte fácilmente que tales integraciones

distan de respetar el criterio de representación proporcional, y por ende, no satisfacen plenamente los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad en los términos aquí señalados.”

B. CONCLUSIÓN.

- Con fundamento en lo expuesto se concluye que en el momento de integrar las Comisiones municipales, tanto permanentes como especiales, se debe garantizar que dichos órganos –que nuevamente son órganos esenciales y auxiliares del gobierno municipal– sean integrados de una forma tal que reflejen, conforme el principio de representación proporcional, la composición por género del respectivo Concejo Municipal.

Atentamente,

Jorge Andrés Oviedo Álvarez

Procurador Adjunto

JAOA/hsc