Dictamen : 222 - del 15/06/2020

15 de junio de 2020

C-222-2020

 

Doctora

Yenory Rojas Hernández

Colegio de Profesionales en Informática y Computación

Presidente

S.D.

 

Estimada señora:

 

Con la aprobación del señor Procurador General de la República damos respuesta al oficio CPCI-JD-21-2020 de 3 de abril de 2020.

 

     En el oficio CPCI-JD-21-2020 de 3 de abril de 2020, la Presidencia del Colegio de Profesionales en Informática y Computación nos pone en conocimiento del acuerdo N.° 6-2020 de 2 de abril de 2020 adoptado por la Junta Directiva de esa corporación profesional y mediante cual se acordó consultar a la Procuraduría General los siguientes puntos:

 

ACUERDO 6-6-2020:

 

1)Ante la declaratoria de emergencia nacional realizada por el Gobierno de la República y las medidas sanitarias de acatamiento obligatorio emitidas por el Ministerio de Salud, que impiden realizar reuniones que impliquen aglomeración de personas, ¿qué sucede con la asamblea general ordinaria de un colegio profesional que por ley tenga establecido celebrarla dentro del periodo de restricción?

 

2) Debido a la declaratoria de emergencia decretada por el Gobierno de la República, ¿podría, el colegio que por ley tenga establecido celebrar su asamblea general ordinaria dentro del periodo que restringe las reuniones masivas, celebrar esa asamblea ordinaria anual en un mes distinto al establecido en su Ley Orgánica?

 

3) Si la Procuraduría General de la República concluye que la asamblea general ordinaria se debe realizar en la fecha establecida por la ley de un Colegio, aun cuando existan razones justificadas que lo impidan, y por tanto deba esperarse al año siguiente para su celebración:

 

a) ¿Qué ocurre con los nombramientos de los miembros de los órganos de un colegio (junta directiva, tribunal electoral, tribunal de ética o de honor, fiscalía, etc.), cuando estos vencen en el año en que no se realiza la asamblea por la declaratoria de emergencia nacional existente?

 

b) ¿Qué pasa con el presupuesto ordinario para el nuevo periodo?

 

4) En el caso de que la Procuraduría General de la República estime que existen razones justificadas que impidan la realización de la asamblea general ordinaria en el mes establecido por la ley de un Colegio y resulte viable realizar la asamblea general ordinaria en un mes distinto al establecido en la ley:

 

a) ¿Qué sucede con el presupuesto ordinario para los meses que transcurran desde el mes en que debía realizarse la asamblea general hasta el mes en que esta se logre celebrar?

 

b) ¿Si a los miembros los órganos de un colegio Junta directiva, tribunal electoral, tribunal de ética o de honor, fiscalía, etc.) se les vence nombramiento en el mes en que debió realizarse la asamblea general ordinaria, pueden seguir ejerciendo el puesto hasta el momento en que esta se celebre?

 

Conforme el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se adjuntó el criterio de la asesoría legal externa, AL-007-P-CPIC-2020 de 30 de marzo de 2020.

 

Con el objeto de atender la consulta planteada, se hacen las siguientes consideraciones: A. EN ORDEN AL APLAZAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE UN COLEGIO PROFESIONAL DEBIDO A DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA y B. IMPROCEDENCIA DE PRORROGA DE NOMBRAMIENTOS DE ORGANOS COLEGIADOS. FUNCIONAMIENTO DE HECHO DE DICHOS ORGANOS. PRORROGA PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO VIGENTE.

 

A.         EN ORDEN AL APLAZAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE UN COLEGIO PROFESIONAL DEBIDO A DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA.

 

En el dictamen C-178-2020 de 18 de mayo de 2020,  se indicó que a pesar de que la Constitución de 1949 no contiene una regulación exhaustiva sobre el instituto jurídico del Estado de Emergencia, lo cierto es que la Norma Fundamental sí prevé la posibilidad de declarar el Estado de Emergencia en los supuestos de los artículos 121 inciso 7) y 140 inciso 4) para el caso de la suspensión de derechos fundamentales, normas que además son complementadas por el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Constitución Política regula, además, en el numeral 180, situaciones de emergencia en las que, si bien resulta innecesario aplicar las competencias excepcionales de los artículos 121 inciso 7) y 140 inciso 4) constitucionales, permiten al Poder Ejecutivo variar el destino de partidas presupuestarias o autorizar créditos adicionales, en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. Finalmente, cabe acotar que se ha comprendido que la sola existencia del párrafo 3° del artículo 180 de la Constitución Política, basta como norma de previsión suficiente que no requiere desarrollo legislativo especial para que la Administración enfrente un "estado de necesidad y urgencia", sin presentar problema alguno frente al principio de legalidad.

 

Debe precisarse que el artículo 180 constitucional contempla, entonces, la posibilidad jurídica de que la Administración mediante procedimientos administrativos excepcionales, expeditos y simplificados, enfrente el estado anormal de cosas provocado por circunstancias tales como la guerra, la conmoción interna o la calamidad pública. Es decir que el artículo 180 constitucional habilita al Gobierno para responder con medidas extraordinarias a situaciones anormales que no pueden ser controladas, manejadas o dominadas con las medidas ordinarias de que dispone el Gobierno. En este sentido, se ha advertido que la posibilidad de que se adopten medidas extraordinarias ante Estados de Emergencia responde a la necesidad de que el bien jurídico más débil (la conservación del orden normal de competencias administrativas) ceda ante el bien jurídico más fuerte (la conservación del orden jurídico y social, que, en ocasiones, no permite esperar a que se tramite y apruebe una ley).

 

En el mismo dictamen C-178-2020 se ha advertido que, bajo el concepto jurídico de Estado de Emergencia se comprende una serie de situaciones transitorias y que son urgentes en las que se hace necesario mantener la continuidad de los servicios públicos, de manera que se permite a la Administración improvisar una autoridad para proteger los intereses generales que no pueden ser sacrificados a un prurito legalista. De esta suerte, el derecho de excepción - formado por el conjunto de normas dictadas en el momento de necesidad-, deviene en inconstitucional en caso de normalidad, por cuanto se trata de un derecho esencialmente temporal, esto es, única y exclusivamente para solucionar la emergencia concreta que se enfrenta.

 

Un amplio desarrollo de la doctrina del instituto del Estado de Emergencia se encuentra las sentencias de la Sala Constitucional N.° 3410-1992 de las 14:45 horas del 10 de noviembre de 1992 y N.° 8420-2012 de 9:05 de 22 de junio de 2012)

 

Luego, conviene denotar que, conforme lo hasta aquí explicado, es notorio que la Constitución permite que se declare el Estado de Emergencia en situaciones de calamidad pública, concepto dentro del cual se comprende la posibilidad de declarar el Estado de Emergencia por razones sanitarias. Durante el Estado de Emergencia, el Poder Ejecutivo puede decretar las medidas temporales extraordinarias que se estimen oportunas para atender la calamidad sanitaria. Al respecto, se impone precisar que las políticas o medidas de emergencia tomadas por las instituciones para atender la situación de emergencia sanitaria que así se decrete, requieren, sin embargo, la ponderación de criterios técnicos, médico-científicos, así como de oportunidad y conveniencia, por lo cual su determinación corresponde al Poder Ejecutivo. (Ver el voto de la Sala Constitucional N.° 7511-2020 de las 9:20 del 17 de abril de 2020)

 

Asimismo, es relevante apuntar que, no obstante, las medidas que se adopten al amparo de una Declaratoria de Emergencia Sanitaria deben ser proporcionales, por lo que deben ser idóneas, necesarias y ponderadas de forma adecuada. Se cita el voto de la Sala Constitucional N.°7611-2020 de las 9:20 del 21 de abril de 2020:

 

“En consecuencia, tenemos dos bienes que legítimamente exigen protección: por un lado, la protección a la salud pública y, por otro, la salud de la amparada, lo que exige un justo medio que lesione, en la menor medida de lo posible, ambos. Se hace necesario plantear una solución que, por un lado, no ponga en riesgo la salud pública y, por otro, no limite de manera total el derecho a la salud de la amparada. Este ejercicio es el que echa de menos esta Sala en el caso concreto, puesto que la decisión de las autoridades recurridas si bien atina en proteger la salud pública limita de manera total el derecho de la amparada. Ciertamente, no hay duda de la legitimidad de la medida adoptada por las autoridades recurridas, que, como se indicó tiende a proteger la salud pública. De manera similar, la medida utilizada también es idónea, toda vez que la restricción absoluta del ingreso de extranjeros evita, en efecto la propagación de una enfermedad. Sin embargo, la situación es diferente cuando se analiza la necesidad de la medida adoptada en el caso particular. Para aprobar este examen, la medida procedente debe ser aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona. Ahora bien, constata este Tribunal que en la especie, existe una necesidad de la ampara, en aras de resguardar su derecho a la salud. En tal contexto, se observa que el balance entre ambos intereses -la salud pública y la individual- bien se pudo haber logrado por medios menos lesivos que la limitación total del derecho a la salud individual. Ante un conflicto de intereses como este, la Administración debió realizar más bien una adecuada ponderación y adoptar la medida menos lesiva para los derechos fundamentales del individuo, propiciando su equilibrio y limitando su afectación al mínimo posible. A juicio de esta Sala tal aparente contradicción es posible solucionarla si las autoridades recurridas someten con toda rigurosidad tanto a la amparada como a su acompañante a controles estrictos de ingreso al país. No encuentra esta Sala razón para considerar que el sometimiento de ellos a estos controles no logre el mismo cometido que la protección a la salud pública que las autoridades recurridas procura legítimamente proteger. La falta del debido examen de necesidad, en el caso concreto, impone la estimatoria de este amparo, al haberse restringido en su totalidad el derecho a la salud de la amparada. Debe hacerse énfasis en que lo indicado no puede entenderse, de ninguna manera, como una autorización de alcances generales para eludir la restricción de ingreso de personas extranjeras. El juicio de ponderación exige, por su propia naturaleza, un examen de cada situación. En este caso, como ya se indicó es muy claro que existen criterios médicos que no han sido objetados que recomiendan que la amparada regrese al país y lo haga en compañía de su cuidador. Solo resta aclarar que si bien el recurrente lo solicitó, lo anteriormente expuesto no implica que el Estado deba proveer el transporte aéreo, aspecto que escapa al objeto de un recurso de hábeas corpus. En suma, de conformidad con las razones expuestas, el recurso debe estimarse, en cuanto a la denegatoria de la visa al acompañante de la tutelada se refiere.”

 

De seguido, importa reiterar lo dicho en los dictámenes C-207-2020 de 2 de junio de 2020 y C-100-2020 de 30 de marzo de 2020, en el sentido que, en virtud de una declaratoria de emergencia, y por disposición específica del artículo 34 de la Ley N.° 8488 de 22 de noviembre de 2005, el Poder Ejecutivo puede decretar restricciones sobre habitabilidad, tránsito e intercambio de bienes y servicios en las regiones del territorio nacional afectado por una emergencia. Además, por disposición del artículo 33 de la misma Ley N° 8488 es claro que las instituciones públicas, incluyendo los colegios profesionales, están obligadas a coordinar sus actividades para colaborar de forma efectiva con la Declaratoria de Emergencia decretada al efecto por el Poder Ejecutivo.

 

Es indudable, entonces, que el Colegio de Profesionales en Informática y Computación se encuentra obligado a acatar las medidas extraordinarias que el Poder Ejecutivo decrete como necesarias para atender una Emergencia Sanitaria así decretada. Asimismo, dicho Colegio se encuentra obligado a coordinar sus actividades con el Poder Ejecutivo para colaborar de forma efectiva con la respectiva Declaratoria de Emergencia.

 

Lo anterior, implica que si el Poder Ejecutivo, en atención de una determinada emergencia declarada, decreta restricciones que impidan las actividades que conlleven la concentración de personas; el Colegio de Profesionales en Informática y Computación se encuentra en el deber de acatar dichas disposiciones.

 

En seguida, es pertinente advertir que en el dictamen C-100-2020 de 30 de marzo de 2020 se indicó que eventualmente la declaratoria de un Estado de Emergencia justificaría el eventual aplazamiento de la Asamblea General de un colegio profesional siempre que tal decisión tuviera  por objeto proteger y garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas, que es un valor fundamentalísimo de nuestro ordenamiento jurídico, y siempre y cuando fuera consistente con las medidas decretadas como parte de la Declaratoria de Emergencia Nacional. Se transcribe en lo conducente el dictamen C-100-2020:

 

“Que la posibilidad de suspender o aplazar la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Profesionales en Bibliotecología respondería a las necesidades planteadas por el estado de emergencia sanitaria decretado por el Poder Ejecutivo para atender la epidemia del COVID-19 y que tiene por objeto proteger y garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas, que es un valor fundamentalísimo de nuestro ordenamiento jurídico.”

 

Al respecto, es relevante reconocer que el acaecimiento de una calamidad pública, verbigracia una epidemia, puede ser considerada, tal y como se dijo en el dictamen C-100-2020 como como una causa de fuerza mayor que eventualmente justificaría que determinadas actividades de las administraciones sean aplazadas o reprogramadas si así lo requiere la mejor atención de dicha emergencia, particularmente si la salud pública y el derecho a la vida se encuentra comprometida. (Valga notar que en el Derecho Comparado ya se ha reconocido en algunas sentencias extranjeras que la epidemia del denominado Covid 19 puede ser, en efecto,  considerada una causa de fuerza mayor, ver al respecto: https://www.actualitesdudroit.fr/browse/civil/contrat/26856/covid-19-et-force-majeure-les-premieres-decisions-rendues)

 

Así debe reiterarse lo dicho en el dictamen C-100-2020, en el sentido de que el hecho de que se suscite una Emergencia Sanitaria, en ocasión de una epidemia, tal hecho sería un motivo justificante para que se aplace o suspenda una Asamblea General de un colegio profesional.

 

En este sentido, es necesario acotar que igual en el dictamen C-100-2020, reiterado por el dictamen C-207-2020 de 2 de junio de 2020, se indicó que está fuera de duda que los colegios profesionales, incluyendo obviamente al Colegio de Profesionales en Informática y Computación, están sujetos a las medidas extraordinarias que el Ministerio de Salud pueda decretar para extinguir o evitar la propagación de la epidemia. Asimismo, los colegios profesionales están obligados a colaborar activamente con las autoridades de Salud en la implementación de esas medidas extraordinarias. Esto conforme los numerales 169 y 367 de la Ley General de Salud. Se transcribe, lo dicho en el dictamen C-207-2020:

 

“está también, sin embargo, fuera de duda que los colegios profesionales, incluyendo obviamente al Colegio de Químicos, están sujetos a las medidas extraordinarias que el Ministerio de Salud pueda decretar para extinguir o evitar la propagación de la epidemia. Asimismo, los colegios profesionales están obligados a colaborar activamente con las autoridades de Salud en la implementación de esas medidas extraordinarias. Esto conforme los numerales 169 y 367 de la Ley General de Salud.”

 

Al respecto, se ha de precisar que entre las medidas que el Ministerio de Salud puede tomar para extinguir o evitar la propagación de una epidemia, debe incluirse aquellas dirigidas a evitar la concentración de personas.

 

Así las cosas, es oportuno, entonces, remarcar que por Decreto Ejecutivo N.° 42221 de 10 de marzo de 2020, específicamente en su artículo 1, se estableció que, como medida preventiva para evitar la propagación de la epidemia del COVID 19, deberían suspenderse las actividades de concentración masiva de personas, entendidas éstas, de conformidad con el artículo 2, como todo evento temporal que reúna extraordinariamente a  una cantidad de personas, bajo condiciones de aglomeración o hacinamiento, en espacios físicos abiertos o cerrados que por sus características de sitio, estructurales y no estructurales, suponen o hacen suponer un escenario de riesgo de amenaza que obligan a medidas preventivas de control de uso del espacio y de la conducta humana. Esta medida es de acatamiento obligatorio para el Colegio de Profesionales en Informática y Computación sobretodo tomando en consideración que se impone tomar en cuenta que mediante el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N.° 42227 de 16 de marzo de 2020, se decretó el Estado de Emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la dicha epidemia COVID-19.

 

Luego, debe indicarse que a pesar de que el artículo 13 de la Ley N.° 7537 de 22 de agosto de 1995 dispone que la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, debe celebrarse en julio de cada año; lo cierto es que eventualmente la vigencia del Estado de Emergencia Sanitaria y de las medidas sanitarias del Decreto N.° 42221, podrían ser una causal que justificaría el aplazamiento o suspensión de dicha Asamblea. Esto en el tanto la adopción de dicha medida respondería proteger y garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas, que es un valor fundamentalísimo de nuestro ordenamiento jurídico, y siempre y cuando fuera consistente con las medidas decretadas como parte de la Declaratoria de Emergencia Nacional.

 

Finalmente, debe nuevamente reiterarse lo dicho en el dictamen C-100-2020 en el sentido de que el hecho de que por la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo para la atención del COVID-19, se pueda suspender la Asamblea General Ordinaria de un colegio profesional, no implica que la celebración de su sesión se deba postergar necesariamente por un año calendario, pues es claro que una vez que la emergencia sanitaria llegue a su fin y las medidas excepcionales decretadas se extingan, particularmente las relacionadas con los eventos de concentración masivas; el derecho de excepción también se extinguiría, por lo que el Colegio estaría en la obligación de celebrar, en cuanto sea posible y dentro de un lapso de tiempo razonable, su Asamblea General Ordinaria una vez que concluya el estado de emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo. Esto es consistente con el principio de continuidad administrativa que forma parte de la regulación constitucional del instituto jurídico del Estado de Emergencia. (Sobre este principio ver el dictamen C-178-2020 de 18 de mayo de 2020)

 

B. IMPROCEDENCIA DE PRORROGA DE NOMBRAMIENTOS DE ORGANOS COLEGIADOS. FUNCIONAMIENTO DE HECHO DE DICHOS ORGANOS. PRORROGA PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO VIGENTE

 

De otro extremo, debe también reiterarse lo dicho en el dictamen C-207-2020 de 2 de junio de 2020 en el sentido de que el Derecho Administrativo costarricense no ha adoptado, en términos generales, el instituto de la prorrogatio. Tampoco lo ha hecho para el caso particular del Colegio de Profesionales en Informática y Computación la Ley N.° 7537 de 22 de agosto de 1995. Así, es indudable que, bajo ningún supuesto de hecho, la Ley admite que se pueda prorrogar el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de un colegio profesional, lo cual comprende al Colegio de Profesionales en Computación e Informática.

 

No obstante, es evidente que el hecho de que el Colegio de Profesionales en Informática y Computación eventualmente no pueda celebrar la Asamblea General Ordinaria en julio, conllevaría consecuencias jurídicas de gran trascendencia práctica para esa corporación profesional. Se debe retomar que el artículo que el artículo 13 de la Ley N.° 7537 de 22 de agosto de 1995 dispone que la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, debe celebrarse en julio de cada año.

 

En consecuencia, salta a la vista que el hecho de que, por la declaratoria de Emergencia Sanitaria por el virus COVID-19, se deba eventualmente suspender y aplazar la Asamblea General Ordinaria, implica que, por una causa de fuerza mayor, no se haya podido, eventualmente, nombrar y renovar oportunamente a la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Informática y Computación.

 

Por supuesto, no debe desconocerse que el hecho de que no se pueda renovar los nombramientos de la Junta Directiva, puede naturalmente acarrear serias y graves consecuencias en el funcionamiento del Colegio consultante y, por tanto, en el cumplimiento de los fines y funciones públicas que dicha corporación profesional tiene asignadas por Ley.

 

Al respecto, sin embargo, debe acotarse que el ordenamiento jurídico administrativo ofrece ciertos remedios jurídicos para garantizar que, a pesar de la suspensión y aplazamiento de su Asamblea General y de la improcedencia de prorrogar los nombramientos vencidos de la Junta Directiva, el Colegio pueda seguir funcionando durante la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo.

 

En este sentido, debe indicarse que, de cara a evitar que la actividad del Colegio se paralice del todo, es posible que los miembros de la Junta Directiva cuyos nombramientos debieran ser renovados en marzo, puedan, vista la emergencia, al amparo del artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública, seguir ejerciendo sus puestos como funcionarios de hecho.

 

Al respecto, conviene notar que en los dictámenes C-100-2020 de 30 de marzo de 2020,  C-168-2020 de 7 de mayo de 2020 y C-207-2020 de 2 de junio de 2020 se reconoció que puede darse el eventual supuesto de que un órgano colegiado se desintegre por imposibilidad de nombrar a sus miembros debido a circunstancias extraordinarias derivadas de un estado de emergencia declarado por el Poder Ejecutivo, verbigracia, imposibilidad de realizar la asamblea general necesaria para el nombramiento de una Junta Directiva de un colegio profesional. Así, se ha admitido que, en tales casos, el órgano colegiado desintegrado igual pueda seguir funcionando como órgano de hecho para atender los asuntos apremiantes de la institución, sean aquellos estrictamente necesarios para garantizar la continuidad del servicio público durante la emergencia. Esto, en principio, hasta el momento en que los nombramientos faltantes sean realizados de forma válida y eficaz.

 

Por supuesto, se debe precisar, tal como se hizo en el tantas veces citado dictamen C-100-2020, que la Junta Directiva, aun actuando como órgano de hecho, tiene la obligación fundamental, prevista en el artículo 19.a de la Ley N.°7537,  de convocar y organizar la celebración de la Asamblea General en cuanto sea posible para restaurar dentro de la mayor brevedad posible el regular funcionamiento del respectivo Colegio Profesional, por lo cual se entiende que una de las funciones que la Junta Directiva, aún actuando como órgano de hecho, debe ejercer es la convocatoria y organización de la respectiva Asamblea General Ordinaria. Sobre este punto, debe hacerse hincapié en que una de las características del funcionario u órgano de hecho es que su conducta debe ser desarrollada de una forma normalmente acomodada a Derecho, por lo que se comprende que para que un órgano colegiado de hecho actué legítimamente debe procurar realizar los actos que sean necesarios para asegurar que su integración se complete a fin de poder actuar como órgano correctamente investido.

 

Cabe acotar que la posibilidad de que funcionar, provisionalmente, como órganos de hecho durante la emergencia sanitaria y hasta la celebración de la respectiva Asamblea General Ordinaria, se extendería, eventualmente, a otros órganos cuyos titulares igual debieran ser electos o renovados en la Asamblea General que eventualmente se deba suspender, verbigracia, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Ética y la Fiscalía.

 

Finalmente, importa reiterar lo dicho en el dictamen C-100-2020, de repetida cita, en el sentido de que es claro de que en la eventualidad de que se suspenda la Asamblea General Ordinaria de un colegio profesional en respuesta a las medidas decretadas para atender una emergencia sanitaria; el hecho subsecuente de que no se pueda llegar a aprobar de forma oportuna el presupuesto institucional no sería una omisión atribuible a la respectiva corporación profesional. 

 

Debe advertirse, entonces, que, aunque no existe una norma expresa que disponga como proceder en caso de que colegio profesional no pueda aprobar su presupuesto por una causa de fuerza mayor asociada a una emergencia nacional, lo cierto es que el Ordenamiento Jurídico Administrativo sí contiene una regla jurídica que, por integración y conforme el numeral 10.2 de la Ley General de la Administración Pública, sería aplicable para tal supuesto.

 

En este sentido, debe, nuevamente, apuntarse que tal y como se indicó en la Opinión Jurídica OJ-163-2014 de 19 de noviembre de 2014, en el caso de los presupuestos de la administración descentralizadas, la regla en el supuesto de no aprobación en tiempo del presupuesto es la prórroga de la vigencia del presupuesto en curso de ejecución hasta que órgano con la competencia para aprobarlo ejercite dicha atribución. Se transcribe, en lo conducente, la OJ-163-2014:

 

“Pero no se trata solo del Derecho Comparado. Esta es la opción retenida por nuestro ordenamiento a nivel de la Administración Descentralizada y de las municipalidades. La regla en caso de no aprobación en tiempo del presupuesto es la prórroga de la vigencia del presupuesto en curso de ejecución. Una opción que rige para los presupuestos sujetos a aprobación de la Contraloría General de la República, según lo dispone la Ley Orgánica de este Órgano:

“Artículo 18.- Fiscalización presupuestaria

Corresponde a la Contraloría General de la República examinar para su aprobación o improbación, total o parcial, los presupuestos de los entes referidos en el artículo 184 de la Constitución Política, así como los del resto de la Administración descentralizada, las instituciones semiautónomas y las empresas públicas. Los entes públicos no estatales deberán cumplir con tal requisito cuando una ley especial así lo exija.

En caso de que algún presupuesto sea improbado regirá el del año inmediato anterior. Si la improbación del presupuesto es parcial, hasta tanto no se corrijan las deficiencias, regirá en cuanto a lo improbado el del año anterior.

Los órganos, las unidades ejecutoras, los fondos, los programas y las cuentas que administren recursos de manera independiente, igualmente deberán cumplir con lo dispuesto por este artículo. La Contraloría General de la República determinará, mediante resolución razonada para estos casos, los presupuestos que por su monto se excluyan de este trámite.

La Contraloría General de la República fiscalizará que los presupuestos sean formulados y presentados para cada ejercicio, de conformidad con las disposiciones legales y técnicas.”

Si la Contraloría atrasa la tramitación y aprobación de un presupuesto, continuará rigiendo el anterior hasta que la Contraloría se pronuncie.(…)”.

 

Así las cosas, es claro que en el caso de que, por una eventual suspensión o aplazamiento de la Asamblea General Ordinaria, que por demás constituye una causa de fuerza mayor, no se pueda aprobar de forma oportuna el nuevo presupuesto del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, lo procedente es que se tenga por prorrogado el anterior de modo que siga rigiendo hasta que la emergencia sanitaria decretada concluya y se pueda celebrar aquella Asamblea.

 

C.            CONCLUSION.

 

Con fundamento en lo expuesto, se concluye que debe reiterarse lo dicho en el dictamen C-100-2020 de 30 de marzo de 2020, en el sentido de que el hecho de que se suscite una Emergencia Sanitaria, en ocasión de una epidemia, tal hecho sería un motivo justificante para que se aplace o suspenda una Asamblea General de un colegio profesional. Asimismo, se indica que el hecho de que, por la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo para la atención del COVID-19, se pueda suspender la Asamblea General Ordinaria de un colegio profesional, no implica que la celebración de su sesión se deba postergar necesariamente por un año calendario, pues es claro que una vez que la emergencia sanitaria llegue a su fin y las medidas excepcionales decretadas se extingan, particularmente las relacionadas con los eventos de concentración masivas, el derecho de excepción también se extinguiría, por lo que el Colegio estaría en la obligación de celebrar, en cuanto sea posible y dentro de un lapso de tiempo razonable, su Asamblea General Ordinaria una vez que concluya el estado de emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo.

 

Asimismo, se concluye que, bajo ningún supuesto de hecho, la Ley admite que se pueda prorrogar el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de un colegio profesional, lo cual comprende al Colegio de Profesionales en Computación e Informática. No obstante,  se reitera lo dicho en los dictámenes C-100-2020 de 30 de marzo de 2020,  C-168-2020 de 7 de mayo de 2020 y C-207-2020 de 2 de junio de 2020  en el sentido de que se ha reconocido que, de darse el eventual supuesto de que un órgano colegiado se desintegre por imposibilidad de nombrar a sus miembros debido a circunstancias extraordinarias derivadas de un estado de emergencia declarado por el Poder Ejecutivo, verbigracia, imposibilidad de realizar la asamblea general necesaria para el nombramiento de una Junta Directiva de un colegio profesional, sería procedente que el órgano colegiado desintegrado pueda seguir funcionando como órgano de hecho para atender los asuntos apremiantes de la institución, sean aquellos estrictamente necesarios para garantizar la continuidad del servicio público durante la emergencia. Esto, en principio, hasta el momento en que los nombramientos faltantes sean realizados de forma válida y eficaz.

 

Finalmente, se concluye que, en el caso de que, por una eventual suspensión o aplazamiento de la Asamblea General Ordinaria, que por demás constituye una causa de fuerza mayor, no se pueda aprobar de forma oportuna el nuevo presupuesto del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, lo procedente es que se tenga por prorrogado el anterior de modo que siga rigiendo hasta que la emergencia sanitaria decretada concluya y se pueda celebrar aquella Asamblea.

 

Atento se suscribe;

 

Jorge Andrés Oviedo Álvarez                    

Procurador Adjunto                

JAOA/hsc

C-222-2020

 

EN ORDEN AL APLAZAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE UN COLEGIO PROFESIONAL DEBIDO A DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA. IMPROCEDENCIA DE PRORROGA DE NOMBRAMIENTOS DE ORGANOS COLEGIADOS: FUNCIONAMIENTO DE HECHO DE DICHOS ORGANOS, PRORROGA PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO VIGENTE.ESTADO DE EMERGENCIA; ENTES PÚBLICOS NO ESTATALES ESTÁN SOMETIDOS A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA; ASAMBLEA GENERAL DE ORGANOS COLEGIADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA; FUNCIONARIO DE HECHO; SESIÓN ORGANOS COLEGIADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA, DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR EMERGENCIA SANITARIA DECRETO N° 42227 (COVID-19)

 

Mediante memorial CPCI-JD-21-2020 de 3 de abril de 2020 la Presidencia del Colegio de Profesionales en Informática y Computación nos pone en conocimiento del acuerdo N.° 6-2020 de 2 de abril de 2020 adoptado por la Junta Directiva de esa corporación profesional y mediante cual se acordó consultar:

 

1)      Ante la declaratoria de emergencia nacional realizada por el Gobierno de la República y las medidas sanitarias de acatamiento obligatorio emitidas por el Ministerio de Salud, que impiden realizar reuniones que impliquen aglomeración de personas, ¿qué sucede con la asamblea general ordinaria de un colegio profesional que por ley tenga establecido celebrarla dentro del periodo de restricción?

 

2)      Debido a la declaratoria de emergencia decretada por el Gobierno de la República, ¿podría, el colegio que por ley tenga establecido celebrar su asamblea general ordinaria dentro del periodo que restringe las reuniones masivas, celebrar esa asamblea ordinaria anual en un mes distinto al establecido en su Ley Orgánica?

 

3)      Si la Procuraduría General de la República concluye que la asamblea general ordinaria se debe realizar en la fecha establecida por la ley de un Colegio, aun cuando existan razones justificadas que lo impidan, y por tanto deba esperarse al año siguiente para su celebración:

 

a)      ¿Qué ocurre con los nombramientos de los miembros de los órganos de un colegio (junta directiva, tribunal electoral, tribunal de ética o de honor, fiscalía, etc.), cuando estos vencen en el año en que no se realiza la asamblea por la declaratoria de emergencia nacional existente?

 

b) ¿Qué pasa con el presupuesto ordinario para el nuevo periodo?

 

4)      En el caso de que la Procuraduría General de la República estime que existen razones justificadas que impidan la realización de la asamblea general ordinaria en el mes establecido por la ley de un Colegio y resulte viable realizar la asamblea general ordinaria en un mes distinto al establecido en la ley:

 

a)      ¿Qué sucede con el presupuesto ordinario para los meses que transcurran desde el mes en que debía realizarse la asamblea general hasta el mes en que esta se logre celebrar?

 

b)      ¿Si a los miembros los órganos de un colegio Junta directiva, tribunal electoral, tribunal de ética o de honor, fiscalía, etc.) se les vence nombramiento en el mes en que debió realizarse la asamblea general ordinaria, pueden seguir ejerciendo el puesto hasta el momento en que esta se celebre?

 

La Administración consultante adjunta el criterio legal emitido por oficio AL-007-P-CPIC-2020 de 30 de marzo de 2020 de la Asesoría Legal Externa.

 

Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante el dictamen C-222-2020, el Lic. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, concluye lo siguiente:

 

-      Con fundamento en lo expuesto, se concluye que debe reiterarse lo dicho en el dictamen C-100-2020 de 30 de marzo de 2020, en el sentido de que el hecho de que se suscite una Emergencia Sanitaria, en ocasión de una epidemia, tal hecho sería un motivo justificante para que se aplace o suspenda una Asamblea General de un colegio profesional. Asimismo, se indica que el hecho de que, por la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo para la atención del COVID-19, se pueda suspender la Asamblea General Ordinaria de un colegio profesional, no implica que la celebración de su sesión se deba postergar necesariamente por un año calendario, pues es claro que una vez que la emergencia sanitaria llegue a su fin y las medidas excepcionales decretadas se extingan, particularmente las relacionadas con los eventos de concentración masivas, el derecho de excepción también se extinguiría, por lo que el Colegio estaría en la obligación de celebrar, en cuanto sea posible y dentro de un lapso de tiempo razonable, su Asamblea General Ordinaria una vez que concluya el estado de emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo.

 

-      Asimismo, se concluye que, bajo ningún supuesto de hecho, la Ley admite que se pueda prorrogar el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de un colegio profesional, lo cual comprende al Colegio de Profesionales en Computación e Informática. No obstante, se reitera lo dicho en los dictámenes C-100-2020 de 30 de marzo de 2020, C-168-2020 de 7 de mayo de 2020 y C-207-2020 de 2 de junio de 2020 en el sentido de que se ha reconocido que, de darse el eventual supuesto de que un órgano colegiado se desintegre por imposibilidad de nombrar a sus miembros debido a circunstancias extraordinarias derivadas de un estado de emergencia declarado por el Poder Ejecutivo, verbigracia, imposibilidad de realizar la asamblea general necesaria para el nombramiento de una Junta Directiva de un colegio profesional, sería procedente que el órgano colegiado desintegrado pueda seguir funcionando como órgano de hecho para atender los asuntos apremiantes de la institución, sean aquellos estrictamente necesarios para garantizar la continuidad del servicio público durante la emergencia. Esto, en principio, hasta el momento en que los nombramientos faltantes sean realizados de forma válida y eficaz.

 

-      Finalmente, se concluye que, en el caso de que, por una eventual suspensión o aplazamiento de la Asamblea General Ordinaria, que por demás constituye una causa de fuerza mayor, no se pueda aprobar de forma oportuna el nuevo presupuesto del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, lo procedente es que se tenga por prorrogado el anterior de modo que siga rigiendo hasta que la emergencia sanitaria decretada concluya y se pueda celebrar aquella Asamblea.