Dictamen : 252 - del 03/07/2020

03 de julio de 2020

C-252-2020

Señor

Juan Antonio Vargas Guillén

Director Ejecutivo

Federación Metropolitana de Municipalidades

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio no. F-2071-06-2020 de 30 de junio de 2020, mediante el cual requiere nuestro criterio sobre varias interrogantes relacionadas con la valorización de los residuos sólidos por parte de las Municipalidades, y, a la vez, en su condición de abogado, rinde su criterio al respecto. 

En múltiples ocasiones, esta Procuraduría ha analizado las limitaciones fijadas por los artículos 3° inciso b) y 4° y 5° de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982) en el desempeño de la función consultiva.

En virtud de ese análisis, se han desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad de las consultas: a) Que las interrogantes sean planteadas de forma clara y precisa y versen sobre temas jurídicos en genérico, lo cual implica que no se cuestione un caso concreto que esté pendiente o deba ser resuelto por la Administración, que no se trate de un asunto sobre el cual ya se emitió un acto administrativo o una decisión concreta, que no involucre una materia que es competencia de otro órgano, que no pretenda la revisión de informes o criterios legales, ni que corresponda a un asunto judicial en trámite. b) Que se acompañe el criterio de la asesoría legal de la institución sobre todos los temas cuestionados y c) Que la consulta sea formulada por el jerarca administrativo de la institución. (Al respecto ver pronunciamientos nos. C-158-2008 del 12 de mayo de 2008, C-157-2013 del 19 de agosto de 2013, C-121-2014 del 8 de abril de 2014, C-99-2016 de 29 de abril de 2016 y C-377-2019 de 19 de diciembre de 2019).

            En cuanto al segundo requisito, exigido expresamente por el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica, en nuestra jurisprudencia administrativa hemos considerado que ese criterio es un análisis jurídico detallado sobre todos los puntos que se someten a nuestra consideración, y que éste tiene como finalidad poder determinar si después de haberse estudiado y discutido el asunto a nivel interno, persiste la necesidad de requerir nuestro pronunciamiento vinculante.

            También, hemos considerado que dicho criterio brinda insumos importantes para analizar el tema consultado tomando en cuenta el funcionamiento práctico de la institución consultante y constituye un elemento adicional para alcanzar la más adecuada asesoría que la Procuraduría está llamada a brindar a la Administración Pública. (Al respecto, véanse los dictámenes Nos. C-151-2002 de 12 de junio de 2002, C-121-2013 de 1° de julio de 2013, C-220-2016 de 27 de octubre de 2016 y C-168-2017 de 18 de julio de 2017).

            Por lo dicho, el criterio legal que exige nuestra Ley Orgánica como requisito de admisibilidad debe emitirse específicamente para aclarar las dudas sobre las cuales finalmente se nos consulta. Es decir, antes de solicitar nuestro criterio, el jerarca correspondiente debe requerir el criterio de su asesoría legal sobre los cuestionamientos que desea consultarnos, con el fin de que dicho informe legal responda únicamente a los cuestionamientos generales que se nos plantean. No podría entonces tratarse de cualquier informe legal que, aunque relacionado con el tema consultado, no haya sido emitido específicamente para responder los cuestionamientos generales que luego van a ser consultados a la Procuraduría.  (Véanse los dictámenes Nos. C-061-2018 de 3 de abril de 2018, C-145-2018 de 19 de junio de 2018, C-205-2018 de 23 de agosto de 2018 y C-074-2019 de 21 de marzo de 2019).

            El artículo 4° de nuestra Ley Orgánica indica que expresamente que debe adjuntarse “la opinión de la asesoría legal respectiva” y, en virtud de ello, resulta claro que el criterio que debe acompañar la consulta debe ser rendido por el asesor legal institucional (C-177-2020 de 15 de mayo de 2020), no por cualquier otro funcionario que, aunque abogado, no ocupe tal cargo dentro de la estructura administrativa.

            En esta ocasión, el criterio legal es rendido por el mismo consultante, quien, además de director ejecutivo, indica que actúa en su condición de abogado, rindiendo el criterio jurídico sobre las preguntas formuladas. Y, en consecuencia, dado que el criterio no ha sido emitido por la asesoría jurídica institucional, dicho criterio no cumple las características exigidas por nuestra Ley Orgánica.

            Y es que, además, tal y como se dijo, la exigencia del criterio de la asesoría legal sobre el tema consultado tiene una doble finalidad. Primero, aportar el punto de vista legal de la institución consultante, y, en segundo término, mostrar que el consultante agotó la instancia jurídica interna y que, pese haber requerido el criterio de su asesoría legal, estima conveniente requerir nuestro pronunciamiento vinculante sobre el tema.

            Es decir, si el jerarca tiene alguna duda jurídica, que mantiene aún después de analizar la posición de la asesoría legal institucional, puede decidir solicitar nuestro criterio vinculante al respecto. Por el contrario, si el jerarca, después de consultado el tema al abogado institucional, o, incluso, si no tiene ninguna duda sobre algún tema jurídico específico, no requeriría solicitar nuestro criterio al respecto.

            En otras palabras, ante una duda de índole legal, la administración puede recurrir a solicitar nuestro criterio técnico jurídico, como última instancia, habiendo requerido, de previo, el criterio de su asesoría legal.

            En este caso, no parece existir una duda del jerarca consultante, pues él mismo expone su posición jurídica sobre las preguntas formuladas. Y, en todo caso, aunque se indicara que es la junta directiva de la Federación quien está planteando la consulta, lo cierto es que, como ya se advirtió, el criterio que al respecto tenga el director ejecutivo, pese a ser profesional en derecho, no puede ser admitido como el criterio legal que exige nuestra Ley Orgánica. Pues, como ya se advirtió, éste debe ser rendido por quien ocupe el cargo de asesor legal de la institución.

Por último, para futuras gestiones, tómese en cuenta que, cuando el consultante es un órgano colegiado, es necesario que se adjunte el acuerdo mediante el cual se dispuso requerir nuestro criterio y en el cual se fijaron los términos de la consulta. (Al respecto véanse los dictámenes Nos.  C-07-2010 de 11 de enero de 2010, C-406-2014 de 18 de noviembre de 2014, C-276-2016 de 16 de diciembre de 2016, C-073-2017 de 5 de abril de 2017 y C-089-2020 de 17 de marzo de 2020).

            Por todo lo expuesto, su gestión resulta inadmisible y, lamentablemente, nos encontramos imposibilitados para emitir el criterio requerido.

Conforme con lo indicado en este dictamen, se archiva la consulta. Para que ésta sea atendida debe presentarse nuevamente, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad correspondientes.

            De Usted, atentamente,

                                                                       Elizabeth León Rodríguez

                                                                       Procuradora

C-252-2020.

INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. NO SE ADJUNTA CRITERIO LEGAL DE LA ASESORÍA LEGAL INSTITUCIONAL.

El señor Juan Antonio Vargas Guillén, Director Ejecutivo, Federación Metropolitana de Municipalidades, requiere nuestro criterio sobre varias interrogantes relacionadas con la valorización de los residuos sólidos por parte de las Municipalidades, y, a la vez, en su condición de abogado, rinde su criterio al respecto.

Esta Procuraduría, en dictamen no. C-252-2020 de 3 de julio de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que:

La consulta resulta inadmisible porque:

El criterio legal que exige el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica, es rendido por el mismo consultante, quien, además de director ejecutivo, indica que actúa en su condición de abogado, rindiendo el criterio jurídico sobre las preguntas formuladas. Dado que el criterio no ha sido emitido por la asesoría jurídica institucional, no cumple las características exigidas por nuestra Ley Orgánica.

Además, no parece existir una duda del jerarca consultante, pues él mismo expone su posición jurídica sobre las preguntas formuladas. Y, en todo caso, aunque se indicara que es la junta directiva de la Federación quien está planteando la consulta, lo cierto es que, como ya se advirtió, el criterio que al respecto tenga el director ejecutivo, pese a ser profesional en derecho, no puede ser admitido como el criterio legal que exige nuestra Ley Orgánica. Pues, éste debe ser rendido por quien ocupe el cargo de asesor legal de la institución.

Por último, para futuras gestiones, tómese en cuenta que, cuando el consultante es un órgano colegiado, es necesario que se adjunte el acuerdo mediante el cual se dispuso requerir nuestro criterio y en el cual se fijaron los términos de la consulta. (Al respecto véanse los dictámenes Nos. C-07-2010 de 11 de enero de 2010, C-406- 2014 de 18 de noviembre de 2014, C-276-2016 de 16 de diciembre de 2016, C-073- 2017 de 5 de abril de 2017 y C-089-2020 de 17 de marzo de 2020).