Dictamen : 242 - del 24/06/2020

24 de junio de 2020

C-242-2020

Señor

José Manuel Ulate Avendaño

Alcalde Municipal

Municipalidad de Heredia

Estimado señor:

Con la aprobación del Procurador General de la República, damos respuesta a su oficio no. AMH-1158-2019 de 18 de setiembre de 2019, mediante el cual requiere nuestro criterio sobre la siguiente interrogante:

“¿Las multas establecidas en el numeral 85 del Código Municipal, deben de imponerse al administrado por una única vez por la omisión cometida a las obligaciones urbanísticas y aplicarse dentro de los cobros trimestrales por una única vez; de manera que, independientemente de los trimestres el monto es el mismo? O si, por el contrario; debe de aplicarse al infractor una multa cada trimestre desde su incumplimiento hasta tanto cumpla con lo prevenido o irrespetado y se subsane su obligación urbanística; es decir, que el cobro de dicha multa sería acumulativo, de manera que el monto de la multa cada trimestre se suma a los anteriores trimestres hasta que cumpla?”

Conforme lo prescribe el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982), se adjuntó el criterio de la Asesoría y Gestión Jurídica Municipal, mediante oficio DAJ-432-2019 de 20 de agosto de 2019, el cual concluye que no se debe cobrar más de una vez la multa por el mismo hecho.

El artículo 84 del Código Municipal (Ley no. 7794 de 30 de abril de 1998), establece que los propietarios y poseedores del cantón deben cumplir con una serie de labores dentro y fuera de sus inmuebles, encaminadas a mantener el ornato, seguridad y orden del cantón como, por ejemplo, limpieza de vegetación, cerca y limpieza de lotes, separación de basura, construcción y mantenimiento de aceras, instalación de bajantes y canoas, etc.

Ese mismo artículo establece que si el munícipe incumple alguna de esas obligaciones, la Municipalidad está facultada, e incluso, obligada (cuando ese incumplimiento genere una situación de riesgo o peligro), a ejecutar las obras o prestar los servicios correspondientes, cobrando al propietario o poseedor su costo efectivo. En caso de que el munícipe no pague a la Municipalidad ese costo en el plazo de ocho días, deberá cancelar, además, el 50% de dicho monto, por concepto de multa.

En el caso de las aceras, el mismo artículo dispone que su construcción y mantenimiento puede ser asumida por la Municipalidad cuando se demuestre, mediante un estudio socioeconómico, que los propietarios o poseedores carecen de recursos económicos para cumplir con esa obligación.

Luego, el artículo 85 establece una multa por el incumplimiento de cada una de las obligaciones que establece el artículo 84, e indica que, esas multas serán cobradas trimestralmente por la Municipalidad.

Dicho lo anterior y a efectos de dar respuesta a lo consultado, debe citarse lo señalado por la Sala Constitucional en la sentencia no. 2359-2002 de las 8 horas 47 minutos de 8 de marzo de 2002, tras analizar la constitucionalidad de los artículos 75 y 76 (actualmente 84 y 85) del Código Municipal, ya que, además de advertir los dos escenarios posibles que plantean dichas normas ante una omisión en cuanto a los deberes urbanísticos allí fijados, dispone expresamente la forma en la que debe cobrarse la multa que establece el artículo 85. Al respecto, indicó:

“V.- DEL RESPETO DEL DEBIDO PROCESO EN EL ESTABLECIMIENTO DE MULTAS MUNICIPALES. …Debe la Sala advertir sobre dos situaciones diversas reguladas en los artículos 75 y 76 del Código Municipal. La primera, que se establece en el artículo 75 del Código Municipal, prevé el caso de que la omisión del propietario o poseedor de las obligaciones establecidas en esa norma, las supla directamente la Municipalidad, donde se cobra al propietario o poseedor el costo efectivo en el plazo de ocho días hábiles, caso contrario, "se deberá cancelar por concepto de multa un cincuenta por ciento (50%) del valor de la obra o el servicio, sin perjuicio de los intereses moratorios". Estima la Sala que no hay infracción del debido proceso, como lo alega el accionante, toda vez que se está ante el cobro de una obligación tributaria (tasa municipal), y no de una sanción, de manera que basta con el traslado de cargos por parte de la municipalidad correspondiente al propietario o poseedor, que en este caso, sería la factura por el costo del servicio o labor realizada, y que en todo caso, puede impugnar el interesado ante la administración tributaria correspondiente, mediante el procedimiento previsto para ello en los artículos 105 a 148 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, e inclusive, podría acudir a la jurisdicción contencioso-administrativo (ante el Tribunal Fiscal Administrativo). La segunda de las situaciones es la multa, prevista para los casos en que el propietario o el poseedor omita el cumplimiento de la obligación urbana requerida por la municipalidad, y que en todo caso, su omisión no es enmendada por el gobierno local. De esta suerte, en el artículo 76 del Código Municipal, se establecen las tarifas en concepto de esta multa, la cual, se impone mediante el procedimiento previsto en el artículo 76 del mismo cuerpo legal, que consiste en la notificación, por parte de la municipalidad, al propietario o poseedor del inmueble del deber de cumplir la correspondiente obligación urbana, para lo cual se le otorga un plazo prudencial, a criterio de la entidad, y que en todo caso, dependerá de la naturaleza de la labor a realizar. Con la constatación del incumplimiento, la municipalidad puede imponer la multa, y que se cobrará en forma trimestral, y que se cargará a la cuenta donde le cobran el resto de los servicios urbanos. Ahora bien, advierte la Sala, que en cada trimestre, la municipalidad debe requerir el cumplimiento de tal (o tales) obligación (es), dado que no resulta posible un cargo automático, dado que ello sí sería violatorio del debido proceso. (Se añade la negrita).

Conforme con lo indicado por la Sala Constitucional y en atención al contenido literal del artículo 85, en el segundo supuesto descrito, es decir, cuando existe algún incumplimiento cuya ejecución no es asumida por la Municipalidad, ésta puede imponer y cobrar al responsable la multa que corresponda según la obligación omitida, de manera trimestral.

Para ello, según el artículo 85 ter y lo dicho por la Sala Constitucional, la Municipalidad debe constatar el incumplimiento, notificar al propietario o poseedor de los inmuebles correspondientes su deber de cumplir tales obligaciones y otorgarle un plazo prudencial, a criterio de la entidad y según la naturaleza de la labor por realizar. Y, en caso de omisión por parte del munícipe, la Municipalidad puede imponer la multa y cargarla en la misma cuenta donde le cobran los servicios urbanos al contribuyente.

Una vez impuesta la multa, si el incumplimiento persiste, la Municipalidad puede volver a imponer una nueva multa por ese mismo concepto en el próximo trimestre, independientemente de si la impuesta en el trimestre anterior fue cancelada o no. Para ello, el Gobierno Local debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 85 ter, es decir, constatar el incumplimiento, notificar al propietario o poseedor del inmueble correspondiente su deber de cumplir la obligación y otorgarle un plazo prudencial. Y, en caso de que se vuelva a incumplir la obligación, se procede a imponer nuevamente la multa y a cargarla en el cobro de los servicios urbanos del trimestre que corresponda.

Tal y como advierte la Sala Constitucional, no debe entenderse que una vez impuesta la multa inicial, de continuar el incumplimiento, ésta se seguirá cargando automáticamente a la cuenta del munícipe, pues ello implicaría un quebrantamiento al debido proceso.

La multa correspondiente puede seguirse imponiendo en cada trimestre, si el incumplimiento persiste y siempre que se lleve a cabo el procedimiento descrito. Ello tampoco quiere decir que el monto de la multa sea acumulativo o creciente, es decir, que aumente en cada trimestre. El monto que se podrá cargar en cada periodo es el mismo, el que resulte de aplicar lo dispuesto en el artículo 85. Claramente, si el munícipe no paga en un trimestre el monto de la multa o la totalidad de la cuenta por servicios urbanos que la incluye, esa suma seguirá adeudándose al Municipio. Y ello no impide que, de persistir el incumplimiento de la obligación urbanística, la Municipalidad vuelva a imponer la multa correspondiente en el próximo periodo de cobro.

Puede decirse que lo dispuesto en el artículo 85 pretende tener un efecto persuasivo, es decir, de exhortar al munícipe a cumplir la obligación urbanística que le corresponde, con el fin de evitar que se le cargue una nueva multa cada trimestre. De ahí que, una interpretación distinta a la expuesta, según la cual el Municipio solo pueda imponer la multa respectiva una única vez, resultaría contraria a ese objetivo.

Nótese que, en palabras de la Sala Constitucional, los deberes descritos en el artículo 84 “se refieren a tareas de manutención y conservación de dichos bienes, que no sólo beneficia a sus titulares, sino, por sobre todo, a la comunidad en general, en consonancia con el concepto y contenido de la función social que es un elemento esencial del derecho de propiedad, así como también del principio de solidaridad social” (Voto no. 2359-2002 antes citado). En consecuencia, la forma de aplicar lo dispuesto en el artículo 85 conforme se expuso, al tener un efecto persuasivo sobre los munícipes, es acorde al interés público y comunal que reviste el cumplimiento de esas tareas.

De igual forma, los Reglamentos Municipales que regulan la materia objeto de la consulta, deben ser aplicados conforme con la interpretación antes expuesta.

De Usted, atentamente,

Elizabeth León Rodríguez Sandra Paola Ross Varela

Procuradora Abogada

C-242-2020.

OBLIGACIONES DE LOS MUNÍCIPES. COBRO TRIMESTRAL DE MULTAS. ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO MUNICIPAL.

El señor José Manuel Ulate Avendaño, Alcalde Municipal, Municipalidad de Heredia, en oficio no. AMH-1158-2019 de 18 de setiembre de 2019, requiere nuestro criterio sobre la siguiente interrogante:

Esta Procuraduría, en dictamen no. C-242-2020 de 24 de junio de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez y la Abogada de Procuraduría Sandra Paola Ross Varela, concluyen que:

Cuando existe algún incumplimiento cuya ejecución no es asumida por la Municipalidad, ésta puede imponer y cobrar al responsable la multa que corresponda, de manera trimestral. La Municipalidad debe constatar el incumplimiento, notificar al propietario o poseedor de los inmuebles correspondientes su deber de cumplir tales obligaciones y otorgarle un plazo prudencial.

En caso de omisión, la Municipalidad puede imponer la multa y cargarla en la misma cuenta donde le cobran los servicios urbanos al contribuyente. Una vez impuesta la multa, si el incumplimiento persiste, la Municipalidad puede volver a imponer una nueva multa por ese mismo concepto en el próximo trimestre, independientemente de si la impuesta en el trimestre anterior fue cancelada o no.

No debe entenderse que una vez impuesta la multa inicial, de continuar el incumplimiento, ésta se seguirá cargando automáticamente a la cuenta del munícipe, pues ello implicaría un quebrantamiento al debido proceso. El monto que se podrá cargar en cada periodo es el mismo, el que resulte de aplicar lo dispuesto en el artículo 85.

Los Reglamentos Municipales que regulan la materia objeto de la consulta, deben ser aplicados conforme con la interpretación antes expuesta.