Dictamen : 191 - del 26/05/2020

26 de mayo de 2020

C-191-2020

Señor

Alfonso Segura Hidalgo

Auditor Interno

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Estimado señor:

Con la aprobación del Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio no. AU-2020-166 15 de mayo de 2020, mediante el cual indica que la Junta Directiva de la institución le remitió el acuerdo no. 2020-143, en el que requiere conocer “Cómo se debe interpretar la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas N.° 9635, con respecto a la recaudación del IVA, según el monto facturado y cobrado a los usuarios y; a la vez, pagado en diferido por el Instituto al Ministerio de Hacienda, en la facturación por servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a los usuarios del AyA.”, por lo que, solicita nuestra respuesta.

I. Sobre las consultas planteadas por los auditores internos.

Si bien es cierto el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982) permite que los auditores internos puedan realizar la consulta directamente, esa facultad no es irrestricta. Pues conforme a lo dispuesto en la ley, nuestra jurisprudencia administrativa ha señalado las condiciones bajo las cuales debe ejercerse.

En ese sentido, hemos indicado que la materia consultable por parte de los auditores se circunscribe a aquella que pertenezca, de modo directo, a su competencia funcional, es decir, que la facultad de consultar está referida a la competencia del auditor y al ámbito de las competencias del organismo que controla y del cual forma parte.

Ello implica que los auditores no se encuentran autorizados para consultar sobre materias que no se refieran o no estén contenidas en la esfera de su competencia institucional o dentro de la competencia de los órganos administrativos de los cuales forman parte. Por esa razón, hemos estimado que las consultas realizadas por la auditoría interna, deben estar ligadas al contenido mismo del plan de trabajo que se esté aplicando ese año en la respectiva Administración, ya que es esto lo que nos permite determinar los alcances del ámbito de competencia de esa auditoría. De ahí que, resulta necesario que se acredite esa relación o ligamen. (Dictámenes Nos. C-042-2008 de 11 de febrero de 2008, C-153-2009 de 1° de junio de 2009, C-314-2017 de 15 de diciembre de 2017, C-043-2019 de 20 de febrero de 2019 y C-133-2019 de 14 de mayo de 2019).

Dado que la facultad de consultar que tienen los auditores se encuentra limitada al ámbito de sus competencias y, por tanto, a la ejecución del plan de trabajo correspondiente, es lógico entender que esa facultad debe ejercerse con respecto a una duda jurídica puntual y específica, y no ser utilizada para requerir nuestro criterio sobre una gran cantidad de cuestionamientos, en relación con materias distintas. La amplitud y diversidad de cuestionamientos en una consulta planteada por un auditor, podría poner en tela de duda la relación de la consulta formulada, con el ejercicio de sus competencias y con el plan de trabajo correspondiente.

A su vez, se reitera lo dispuesto en el dictamen No. C-48-2018 de 9 de marzo de 2018 en cuanto a que los dictámenes que la Procuraduría General emita por consulta directa de los auditores internos, producen el efecto jurídico de vincular a éstos en el cumplimiento de sus funciones de control y validación, pero, de ninguna forma, puede entenderse que vinculen al jerarca del cual dependa orgánicamente la respectiva auditoría. Dicho de otro modo, la facultad de los auditores no tiene por finalidad, vincular al jerarca de la administración activa del cual dependen orgánicamente, y, por esa misma razón, los auditores carecen de la potestad para realizar la gestión de reconsideración del dictamen que se les emita.

Además, puesto que la facultad de consultar que tienen los auditores se constriñe al ámbito de sus competencias, debe advertirse que ésta no debe ser utilizada por la administración activa para evadir el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de las consultas, canalizando sus solicitudes de criterio a través de la auditoría interna.

Por otra parte, las consultas que planteen los auditores internos en el ejercicio de sus competencias deben cumplir los requisitos de admisibilidad que señala nuestra Ley Orgánica, salvo, claro está, la necesidad de aportar un criterio legal sobre el tema consultado y que la consulta provenga del jerarca de la institución.

II. Sobre la inadmisibilidad de la consulta.

De conformidad con lo expuesto, resulta evidente que el auditor no plantea la consulta con el fin de obtener un insumo para el ejercicio de su competencia, y, por tanto, no existe ligamen entre lo consultado y el plan de trabajo que se encuentra ejecutando en la institución.

Por el contrario, se nos está trasladando una consulta formulada por la Junta Directiva de la institución. Es decir, la duda jurídica que se plantea obedece al interés de la administración activa, no nace en el seno de la auditoría interna para el ejercicio de las funciones programadas en su plan de trabajo. 

Ante ello, debe reiterarse que la facultad que la ley le otorga a los auditores internos de requerir nuestro criterio lo es únicamente para solventar dudas jurídicas que surjan en el ejercicio de sus competencias de control y, por tanto, que estén englobadas en el plan de trabajo en desarrollo. Por tanto, esa facultad no debe ser utilizada por la administración activa para evadir el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de las consultas, como sucede en esta ocasión. (Al respecto, véase el dictamen no. C-076-2020 de 3 de marzo de 2020).

Si la Junta Directiva requiere nuestro criterio, debe solicitarlo directamente, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad dispuestos al efecto, y no canalizar su consulta mediante la auditoría interna.

Y, en todo caso, como ya se indicó, los auditores internos, al requerir nuestro pronunciamiento, deben acreditar la relación existente entre lo consultado y un tema o asunto que se haya previsto estudiar en el plan de trabajo correspondiente. Al respecto, obsérvese que:

“…la única forma que tiene la Procuraduría para asegurarse que una consulta está ligada al ejercicio de las competencias de la auditoría interna y que no se está utilizando la facultad de consultar para otros fines, evadiendo el cumplimiento de requisitos de admisibilidad, es que lo cuestionado esté directamente relacionado con algún estudio o informe de auditoría previsto en el plan de trabajo.

Debe tenerse en cuenta que en el plan de trabajo se definen, previamente, los temas de fondo que serán estudiados por la auditoría interna, por lo que, de requerirse nuestro criterio en relación con esos temas, no existiría ninguna duda de que la consulta se plantea para el estricto cumplimiento de las competencias de la auditoría.” (Dictamen C-094-2020 de 17 de marzo de 2020).

            Por lo expuesto, la consulta planteada es inadmisible, y, lamentablemente nos encontramos imposibilitados para emitir el criterio requerido.

De usted, atentamente,

                                                                       Elizabeth León Rodríguez

                                                                       Procuradora

C-191-2020.

INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA LOS AUDITORES. NO LIGAMEN PLAN DE TRABAJO.

El señor Alfonso Segura Hidalgo, Auditor Interno, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, requiere conocer “Cómo se debe interpretar la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas N.° 9635, con respecto a la recaudación del IVA, según el monto facturado y cobrado a los usuarios y; a la vez, pagado en diferido por el Instituto al Ministerio de Hacienda, en la facturación por servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a los usuarios del AyA.”, por lo que solicita nuestra respuesta.

Esta Procuraduría, en dictamen no. C-191-2020 de 26 de mayo de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que:

La consulta resulta inadmisible porque:

Resulta evidente que el auditor no plantea la consulta con el fin de obtener un insumo para el ejercicio de su competencia, y, por tanto, no existe ligamen entre lo consultado y el plan de trabajo que se encuentra ejecutando en la institución.

Por el contrario, se nos está trasladando una consulta formulada por la Junta Directiva de la institución. Es decir, la duda jurídica que se plantea obedece al interés de la administración activa, no nace en el seno de la auditoría interna para el ejercicio de las funciones programadas en su plan de trabajo.

Debe reiterarse que la facultad que la ley le otorga a los auditores internos de requerir nuestro criterio lo es únicamente para solventar dudas jurídicas que surjan en el ejercicio de sus competencias de control y, por tanto, que estén englobadas en el plan de trabajo en desarrollo. Por tanto, esa facultad no debe ser utilizada por la administración activa para evadir el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de las consultas, como sucede en esta ocasión. (Al respecto, véase el dictamen no. C-076-2020 de 3 de marzo de 2020).