Dictamen : 108 - del 31/03/2020

31 de marzo del 2020

C-108-2020

Señora

Sylvie Durán Salvatierra

Ministra de Cultura y Juventud

S. D.

Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, damos respuesta a su oficio DM-465-2019 del 9 de abril del 2019, por medio del cual nos consulta en relación con el carácter liberal de la profesión de antropología y con el pago de la compensación económica por la prohibición a la que se refieren los artículos 14 y 15 de la Ley Contra la Corrupción y el de Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, n.° 8422 de 6 de octubre de 2004.

I.- ALCANCES DE LA CONSULTA Y CRITERIO LEGAL

Nos indica en la consulta que no existe claridad para determinar cuáles de las profesiones que ostentan los funcionarios señalados en el artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el de Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública tienen el carácter de profesiones liberales. Esto para efectos del pago de la compensación económica por no ejercer libremente su profesión o profesiones.

Manifiesta que la ley n.° 8422 citada establece una serie de requisitos que deben observarse para que proceda el pago de la compensación económica aludida, requisitos dentro de los cuales se encuentra el de contar con una profesión catalogada como liberal.

Afirma que, en el caso de la antropología y su énfasis en antropología social, no existe certeza sobre si es una profesional liberal; en consecuencia, no hay seguridad para que la Administración aplique el pago de la compensación económica a quienes ostentan dicha profesión y ocupen alguno de los puestos preceptuados en el artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

Partiendo de lo anterior, solicita nuestro criterio sobre las siguientes consultas concretas:

“1- ¿La profesión de Antropología y su énfasis en Antropología Social ostenta una condición de liberal, que haga factible reconocer el rubro de prohibición a quienes ostentan alguno de los cargos que señala el artículo 14 de la Ley Contra la ¿Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública?

2- De darse un dictamen positivo por parte de esa entidad en cuanto a considerar la liberalidad de la profesión de Antropología y su énfasis en Antropología Social, ¿es factible reconocer el rubro salarial a quienes ocuparon uno de los puestos consignados en el ya citado artículo 14, pero que a la fecha no laboran para esta Cartera Ministerial, ya sea porque se pensionaron, se trasladaron a otra instancia del Estado, renunciaron o bien, siguen en la Institución, pero en un puesto regular no afecto a dicho régimen?

3.- De considerarse que la Antropología y su énfasis en Antropología Social, es una profesión liberal y de dilucidarse la factibilidad del reconocer de forma retroactiva el pago de la prohibición, de conformidad con los casos expuestos en la interrogante anterior, ¿cuál sería el porcentaje a reconocer, el 65% dispuesto anteriormente en el artículo 15 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, o el establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de fecha 03 de diciembre del 2018?”

Adjunto a la consulta nos remitió copia del criterio legal emitido por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura y Juventud. Se trata del oficio AJ-162-2019 de 8 de abril de 2019, el cual arribó a las siguientes conclusiones:

“1- El régimen de prohibición tiene carácter legal, por lo que es obligatorio e inherente al puesto.

2- El régimen de prohibición contenido en el artículo 14 de la Ley N° 8422 y el artículo 27 de su correspondiente reglamento, es de carácter limitativo y por ende de aplicación restrictiva, de ahí que cubre únicamente a los funcionarios que taxativamente se indican en tales normas y que además cumplan los requisitos pertinentes, siendo uno de ellos el contar con una profesión liberal.

3- Si el servidor o funcionario público no cuenta con una profesión liberal, no estaría sujeto al régimen contemplado en el ya citado artículo 14 de la Ley 8422.

4- La profesión liberal se caracteriza por la existencia de una relación intuito personae con el cliente que elige a ese profesional específico, para la contratación de sus servicios especializados, obtenidos a través de su formación académica, que lo faculta para proceder con libertad e independencia técnica y de criterio a ejecutar la labor encomendada, por lo que será retribuido con el pago de honorarios.

5- Una de las características esenciales de una profesión liberal es que puede ejercerse de manera personal, sin estar ligado a una relación de subordinación, lo que conlleva la apertura de una oficina o lugar donde las personas interesadas de contratar sus servicios puedan ubicar al profesional, siendo que al ingresar a una institución pública a prestar sus servicios, el rubro de prohibición que se le reconocerá al funcionario tiene como fin indemnizar la privación de su ejercicio profesional de manera particular e independiente

6- En el caso concreto de la Antropología y su énfasis en Antropología Social al realizar la búsqueda vía internet, de oficinas o consultorios donde estos profesionales atienden de manera privada, no fue posible encontrar alguna oficina abierta en la que estos expertos ofrezcan sus servicios, en su condición personal y no bajo una contratación laboral o de servicio público, contrario a lo que sucede con otras profesiones liberales, como el derecho, la psicología, la ingeniería o la medicina, donde es fácil observar el nombre y la ubicación del lugar donde atienden a sus clientes.

7- La Antropología y su énfasis en Antropología Social no puede ser considerada de carácter liberal, ya que no se evidencia una oferta de servicios que permita a este tipo de profesionales procurar, mediante una oficina abierta al público, la venta de sus servicios, de forma personal y privada, siendo posible concluir que su oficio, dada su idiosincrasia, generalmente se desarrolla bajo una relación laboral de índole privada o bien, en relaciones de servicio público.

8- Si bien la Antropología y su énfasis en Antropología Social, se considera una profesión, de conformidad con los argumentos expuestos con anterioridad, ésta no tiene la connotación de ser una profesión liberal, por lo que a nuestro criterio, no es procedente el pago de la prohibición, según los términos del citado artículo 14, a quienes la ostentan, toda vez este es un requisito indispensable para tal reconocimiento.

9- Que en principio, es factible reconocer el rubro de prohibición de manera retroactiva.

10- Que cuando se requiera el criterio vinculante de alguna entidad competente, a fin de aclarar las dudas o lagunas existentes en alguna normativa legal, el contenido de esta disposición será aplicable, a partir de la fecha en que se emite el criterio o dictamen respectivo.

11- Que en el presente caso, al requerirse un criterio vinculante de la Procuraduría General de la República, que venga a aclarar las lagunas que existen en relación con el tema de las profesiones liberales, sería a partir del momento en que se obtenga el dictamen respectivo ₋en el caso que se determine afirmativamente que la profesión es liberal₋ que la Administración podría reconocer el pago de ese rubro a quienes ostenten en tiempo presente, alguno de los cargos que dispone aquella normativa, y que su profesión sea la Antropología y su énfasis de Antropología Social

12- Si un funcionario desempeñó uno de los cargos que señala el ya citado artículo 14, y en la actualidad no se encuentra en su ejercicio, ya sea porque se pensionó, no trabaja para el Ministerio o la Administración Pública o que ya no ejerza ese cargo, no sería posible reconocerle el rubro de la prohibición por el periodo laborado antes de contar con el criterio vinculante al respecto.

13- En el eventual caso que se considere procedente el pago del rubro de la prohibición de forma retroactiva ₋por considerarse que la profesión de Antropología y su énfasis en Antropología Social tiene carácter liberal₋ a aquellos funcionarios que desempeñaron alguno de los cargos contemplados en el citado artículo 14, y que por alguna razón ya no laboran para el Ministerio o que, aun cuando se mantienen laborando regularmente, no ocupan un puesto de esta naturaleza, el rubro a cancelar será el que la normativa legal contemplaba en ese momento, es decir, si su cargo lo ejecutó antes de la emisión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, le corresponde el pago de un 65%, en caso contrario, deberá estarse a lo dispuesto por esta normativa.”

Seguidamente nos referiremos a los aspectos sobre los cuales versa la consulta que se nos formula.

II.- CONSIDERACIONES PREVIAS

En lo que concierne al tema de la naturaleza liberal o no de la antropología como profesión, ya está Procuraduría, en el dictamen C-155-2017 del 3 de julio del 2017, dirigido precisamente al Ministerio de Cultura y Juventud, había indicado que por tratarse de un caso concreto, no podía pronunciarse con carácter vinculante sobre ese aspecto.

La consulta que ahora se nos plantea es una reiteración de la que se contestó mediante el dictamen C-155-2017 aludido, lo que justificaría su rechazo de plano. A pesar de ello, en el siguiente apartado procederemos a hacer algunas referencias generales sobre las características que debe tener una profesión para que pueda ser catalogada como liberal, a efecto de que sea la propia Administración, con el auxilio de su asesoría legal, la que decida si la antropología cumple esos requisitos.

III.- SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS QUE PERMITEN CATALOGAR A UNA PROFESIÓN COMO LIBERAL

Esta Procuraduría se ha pronunciado en múltiples ocasiones con respecto a las notas distintivas de las profesiones liberales. En ese sentido, en la OJ-076-2003 del 22 de mayo de 2003, definió las profesiones liberales “…como aquellas que, además de poderse ejercer en el mercado de servicio en forma libre, es necesario contar con un grado académico universitario y estar debidamente incorporado al respectivo colegio profesional, en el caso de que exista. En otras palabras, las profesiones liberales serían aquellas que desarrolla un sujeto en el mercado de servicios, el cual cuenta con un grado académico universitario, acreditando su capacidad y competencia para prestarla en forma eficaz, responsable y ética, y que está incorporado a un colegio profesional”.

Una posición similar se sostuvo en el dictamen C-379-2005, del 7 de noviembre de 2005. En esa oportunidad se hizo un análisis en torno a la independencia de criterio como requisito para calificar a una profesión como liberal, e indicamos que la profesión liberal es “… aquella de naturaleza fundamentalmente intelectual, que su titular ejerce con independencia, con libertad de criterio y que es susceptible de desempeñarse en forma autónoma, a través de una relación de confianza con el cliente y retribuida mediante el pago de honorarios”. (El resaltado es nuestro).

Por su parte, en el dictamen C-249-2014 del 14 de agosto de 2014, indicamos que las cuatro notas distintivas de las profesiones liberales son: “a) Su ejercicio requiere de un grado universitario y la respectiva colegiación, b.) Ser susceptibles de ejercerse en el mercado de servicios, c) La libertad de juicio e independencia del profesional, y d) La existencia de una relación de confianza con su cliente.”

Así, siguiendo la línea establecida en el dictamen C-155-2017 citado, debemos reiterar que una profesión liberal es aquella cuyo ejercicio supone la existencia de un mercado de servicios que permita al profesional ofrecer habitualmente, por medio de una oficina, de un despacho o de un establecimiento abierto al público, a cambio de una retribución económica, la prestación de un servicio especializado, para cuya ejecución ha recibido formación académica, generalmente universitaria, que le faculta para proceder con independencia técnica, sin sujeción a las órdenes que podría girarle su cliente. Además, otra característica importante, aunque no imprescindible, para que una profesión sea liberal es la existencia de un colegio profesional que fiscalice las relaciones entre el profesional y su cliente. (Ver, sobre el tema, los dictámenes C-379-2005 del 7 de noviembre de 2005, C-212-2009 del 30 de julio de 2009, C-190-2010 del 1° de setiembre de 2010, C-270-2012 del 19 de noviembre del 2012, C-145-2013 del 31 de julio del 2013, C-067-2013 del 29 de abril del 2013 y C-151-2017 del 28 de junio de 2017).

Debe tenerse presente que las características que distinguen a una profesión liberal de otra que no lo es podrían cambiar con el transcurso del tiempo, con el surgimiento de nuevas tecnologías de información y comunicación, con la aparición de nuevas áreas del conocimiento, etc., de manera tal que no puede afirmarse que los criterios distintivos sean inmutables. En todo caso, corresponderá a la Administración activa determinar si la profesión que ostenta un determinado funcionario puede catalogarse como liberal, atendiendo los parámetros que se han expuesto, así como las características que a su juicio justifiquen la decisión que se adopte.

IV.- SOBRE EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY N.° 8422

En lo que concierne al tema de la compensación económica por la prohibición para el ejercicio liberal de la profesión, debemos indicar que el artículo 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (reformado por el artículo 3° del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635 del 3 de diciembre de 2018, que adicionó el numeral 57, aparte g, a la Ley de Salarios de la Administración Publica, n.° 2166 del 9 de octubre de 1957) contempla el pago de una compensación económica de un 30% para los licenciados, o de un 15% para los bachilleres, calculado sobre el salario base, a favor de los funcionarios afectados por la prohibición a la que se refiere el artículo 14 de esa ley.

Es importante señalar que la prohibición aludida solo aplica para aquellos funcionarios que ostenten una profesión susceptible de ser catalogada como liberal. Así, si un funcionario con preparación universitaria ha obtenido un grado académico que lo acredita como profesional, pero esa profesión no es liberal, no puede tener derecho a la compensación a la que se refiere el artículo 15 de la ley n.° 8422, porque ese sobresueldo está destinado a indemnizar el perjuicio que cause el no poder ejercer profesiones liberales.

En general, sobre los requisitos para que proceda el pago de la compensación económica contemplada en el artículo 15 de la ley n.° 8422, esta Procuraduría ha indicado lo siguiente:

“1.- El régimen de prohibición contenido en el artículo 14 de la Ley N° 8422 cubre única y exclusivamente a aquellos servidores que cuenten con un grado académico que los acredite como profesionales, y que se encuentren habilitados para su ejercicio liberal en virtud de la incorporación al respectivo colegio profesional, cuando así corresponda.

2.- El pago de la compensación económica del 65% sobre el salario base contemplada en el artículo 15 de la citada normativa procede únicamente respecto de aquellos servidores que cumplen con los requisitos señalados en el punto anterior, de tal suerte que no cabe tomar en cuenta −para obtener una pretendida dispensa del requisito sustantivo de la profesión liberal− otros aspectos como tiempo laborado en la institución, cursos, seminarios, así como la experiencia en materia de contratación administrativa que pueda tener el funcionario que ocupa el cargo de proveedor institucional.

3.- El pago de esta compensación económica o sobresueldo compensatorio a favor de determinados servidores públicos, se justificará en aquellos casos en que la prohibición impuesta lleve consigo la efectiva posibilidad de generar un perjuicio −cual es el costo de oportunidad que implica no ejercer en forma privada su profesión− habida cuenta de que este pago es estrictamente de carácter indemnizatorio.

4.- Si bien la condición de profesional liberal en determinadas hipótesis puede no ser requisito indispensable para ocupar alguno de los puestos enumerados en el artículo 14 de la Ley N° 8422 y el numeral 27 de su respectivo reglamento, sí lo es para quedar sometido al régimen de prohibición y percibir la respectiva compensación salarial que se deriva de esa limitación, de tal suerte que, en el supuesto consultado, no existiría fundamento legal para otorgar ese reconocimiento.” (Dictamen C-027-2006 del 30 de enero de 2006).

En síntesis, es posible afirmar que la prohibición prevista en el artículo 14 de la ley n.° 8422 afecta solamente a los funcionarios que estén en posibilidad efectiva de ejercer una profesión liberal. Los funcionarios que ocupen uno de los cargos a los que se refiere el artículo 14 mencionado, pero que no estén en posibilidad de ejercer una profesión liberal (porque no cuentan con el grado académico exigido para ello, porque su profesión no es liberal, o porque no están activos en el Colegio Profesional respectivo cuando así se requiera), no tendrían derecho al pago de la compensación económica a la que se refiere el artículo 15 de la misma ley.

Por otra parte, ante la consulta acerca de la procedencia de reconocer de forma retroactiva el pago de la compensación económica por concepto de prohibición a los funcionarios que estuvieron o están en los cargos a los que se refiere el artículo 14 de la ley n.° 8422 y son profesionales en antropología (en el supuesto de que la antropología sea considera por la Administración como una profesión liberal ) debemos indicar que ese reconocimiento solo aplicaría cuando se hayan cumplido todos los requisitos establecidos para ello en las normas que rigen la materia, y siempre que el derecho respectivo no se encuentre prescrito. Debe quedar claro, además, que para el pago retroactivo de la compensación económica por prohibición es imprescindible que la persona a la que se le vaya a cancelar ese sobresueldo se haya abstenido de ejercer la profesión a la que se refiere la prohibición. De no ser así, no se justificaría dicho pago.

Así, en nuestro dictamen C-082-2011 del 13 de abril del 2011, nos pronunciamos sobre la posibilidad de cancelar retroactivamente la compensación económica dispuesta en el artículo 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, e indicamos que “el pago por concepto de prohibición no nace a la vida jurídica por el simple hecho de ocupar el cargo al que se le ha impuesto la restricción para el ejercicio profesional, ya que, además de tal requisito, el funcionario que pretende el resarcimiento en análisis debe detentar el grado profesional exigido por la norma, estar debidamente incorporado al Colegio respectivo y no haber realizado la actividad cuyo ejercicio se veda, durante el tiempo que no se le canceló el extremo objeto de consulta.- Asimismo, es claro que el reconocimiento retroactivo de la prohibición será procedente ante el cumplimiento de todas las exigencias supra citadas, a partir del 29 de abril del 2005, fecha en que entró en vigencia el Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Siempre y cuando, el servidor estuviera ocupando el puesto en esa fecha y lo solicite por escrito.” (El resaltado es nuestro).

También, en el dictamen C-221-2009 del 20 de agosto del 2009, evacuamos una consulta sobre la posibilidad de cancelar retroactivamente al Proveedor de la Municipalidad de Nandayure la compensación económica prevista en el artículo 15 de la ley n.° 8422. En esa oportunidad indicamos que dicho pago “… debe hacerse efectivo a partir de la promulgación del Reglamento a la ley de cita, N. 32333 publicado el 29 de abril del 2005. Es decir, como el régimen de prohibición es impuesto expresamente por ley, la compensación económica derivada del ejercicio de dicha prohibición deberá hacerse efectiva a partir del momento en que se ocupe uno de los cargos residenciados en el ordinal 14 de la ley de cita, previo cumplimiento de todos los requisitos ya indicados, además de haber desempeñado el puesto sin haber ejercido liberalmente la profesión.”

Con respecto a los porcentajes que deberían ser cancelados en caso de que corresponda el pago retroactivo de la compensación económica, debe tenerse presente que por haberlo dispuesto así el artículo 10 del decreto ejecutivo n.° 41564 denominado “Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 referente al Empleo Público”, los nuevos porcentajes de compensación económica establecidos en las reformas legales a los regímenes de prohibición del artículo 57 de la ley n.° 2166, adicionado mediante artículo 3 de la ley n.° 9635 ya citadas, no son aplicables a los funcionarios que antes de la publicación de esa ley se encontraban sujetos ya a algún régimen de prohibición. El texto de esa norma es el siguiente:

“Artículo 10.- Servidores sujetos al régimen de prohibición previo a la entrada en vigencia de la Ley N° 9635. Los porcentajes señalados en el artículo 36 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley N°2166, de 9 de octubre de 1957, así como aquellos señalados en las reformas legales a los regímenes de prohibición del artículo 57 de esa misma ley, no resultan aplicables a: (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 42163 del 20 de enero del 2020)

a) Los servidores que previo a la publicación de la Ley N° 9635 se encontraban sujetos a algún régimen de prohibición y mantengan la misma condición académica.

b) Los servidores sujetos al régimen de prohibición, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N°9635, de 3 de diciembre de 2018, en razón de los incisos b), c) y d) del artículo 1° de la Ley de Compensación por pago de Prohibición, Ley N°5867, del 15 diciembre de 1975, que procedan a modificar dicha condición con referencia a Bachillerato, Licenciatura o superior. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 42163 del 20 de enero del 2020)

c) Aquellos movimientos de personal a través de las figuras de ascenso, descenso, traslado, permuta o reubicación, sea en la misma organización en la que se labora o entre instituciones, órganos y empresas del Estado indicadas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, N°2166 de 9 de octubre de 1957, siempre que el servidor se hubiese encontrado sujeto a algún régimen de prohibición, previo a la publicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635, de 3 de diciembre de 2018 y siempre que exista continuidad laboral. (Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 42163 del 20 de enero del 2020)”

De la lectura de la disposición recién transcrita resulta claro que para determinar el porcentaje que debe ser cancelado a un funcionario por concepto de prohibición, deberá considerarse si éste estuvo sujeto a algún régimen de prohibición antes de la entrada en vigencia de la ley n.° 9635. Así, los nuevos porcentajes de prohibición definidos en el artículo 15 de la ley n.° 8422, no son aplicables a los funcionarios que estuvieron sujetos a algún régimen de prohibición antes del 4 de diciembre del 2018 y mantienen la continuidad en el servicio.

V.- CONCLUSIÓN

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría arriba a las siguientes conclusiones:

1.- La consulta que se nos plantea sobre la naturaleza liberal o no de la profesión de antropología es una reiteración de la que se contestó mediante el dictamen C-155-2017 del 3 de julio del 2017, lo que justificaría su rechazo. A pesar de ello, en el siguiente apartado procederemos a hacer algunas referencias generales sobre las características que debe tener una profesión para que pueda ser catalogada como liberal, a efecto de que sea la propia Administración, con el auxilio de su asesoría legal, la que decida si la antropología cumple esos requisitos.

2.- Una profesión liberal es aquella cuyo ejercicio supone la existencia de un mercado de servicios que permita al profesional ofrecer habitualmente, por medio de una oficina, de un despacho o de un establecimiento abierto al público, a cambio de una retribución económica, la prestación de un servicio especializado, para cuya ejecución ha recibido formación académica, generalmente universitaria, que le faculta para proceder con independencia técnica, sin sujeción a las órdenes que podría girarle su cliente. Además, otra característica importante, aunque no imprescindible, para que una profesión sea liberal es la existencia de un colegio profesional que fiscalice las relaciones entre el profesional y su cliente.

3.- Las características que distinguen a una profesión liberal de otra que no lo es podrían cambiar con el transcurso del tiempo, con el surgimiento de nuevas tecnologías de información y comunicación, con la aparición de nuevas áreas del conocimiento, etc., de manera tal que no puede afirmarse que los criterios distintivos sean inmutables. En todo caso, corresponderá a la Administración activa determinar si la profesión que ostenta un determinado funcionario puede catalogarse como liberal, atendiendo los parámetros que se han expuesto, así como las características que a su juicio justifiquen la decisión que se adopte.

4.- La prohibición prevista en el artículo 14 de la ley n.° 8422 afecta solamente a los funcionarios que estén en posibilidad efectiva de ejercer una profesión liberal. Los funcionarios que ocupen uno de los cargos a los que se refiere el artículo 14 mencionado, pero que no estén en posibilidad de ejercer una profesión liberal (porque no cuentan con el grado académico exigido para ello, porque su profesión no es liberal, o porque no están activos en el Colegio Profesional respectivo cuando así se requiera), no tendrían derecho al pago de la compensación económica a la que se refiere el artículo 15 de la misma ley.

5.- El reconocimiento retroactivo del pago de la compensación económica por prohibición solo aplicaría cuando se hayan cumplido todos los requisitos establecidos para ello en las normas que rigen la materia, y siempre que el derecho respectivo no se encuentre prescrito. Además, es imprescindible que la persona a la que se le vaya a cancelar ese sobresueldo se haya abstenido de ejercer la profesión a la que se refiere la prohibición, pues de no ser así, no se justificaría dicho pago.

6.- Para determinar el porcentaje que debe ser cancelado a un funcionario por concepto de prohibición, deberá considerarse si éste estuvo sujeto a algún régimen de prohibición antes de la entrada en vigencia de la ley n.° 9635. Así, los nuevos porcentajes de prohibición definidos en el artículo 15 de la ley n.° 8422, no son aplicables a los funcionarios que estuvieron sujetos a algún régimen de prohibición antes del 4 de diciembre del 2018 y mantienen la continuidad en el servicio.

Cordialmente,

Julio César Mesén Montoya Mariela Villavicencio Suárez

Procurador Abogada de Procuraduría

JCMM/mvs/mmg

C-108-2020

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. PROHIBICIÓN. COMPENSACIÓN ECONÓMICA. PROFESIÓN LIBERAL

El Ministerio de Cultura y Juventud nos consulta en relación con el carácter liberal de la profesión de antropología y con el pago de la compensación económica por la prohibición a la que se refieren los artículos 14 y 15 de la Ley Contra la Corrupción y el de Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, n.° 8422 de 6 de octubre de 2004.

Esta Procuraduría, en su dictamen C-108-2020, del 31 de marzo del 2020, suscrito por Julio César Mesén Montoya, Procurador de Hacienda y por Mariela Villavicencio Suárez Abogada de Procuraduría, arribó a las siguientes conclusiones: