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Dictamen : 138 - del 17/05/2019
17 de mayo de 2019
C- 138-2019
Señor
Mario
González Amador
Gerente General
INCOP
Estimado señor:
Con la aprobación del señor Procurador General de la República,
damos respuesta a su oficio No. CR-INCOP-GG-0245-218, mediante el cual requiere
nuestro criterio sobre la aplicación supletoria del Estatuto del Servicio Civil
y su Reglamento, cuando no exista norma, o la norma sea omisa u oscura, en la
Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.
Dicha consulta se plantea en virtud de los dispuesto
en el artículo 15 de la ley 8461, en la cual se establece que son deberes de la
Junta Directiva del INCOP “Conceder licencia con goce de sueldo o sin él al gerente
general, el asesor jurídico, el auditor general y el secretario fiscalizador,
de conformidad con los principios del Estatuto del Servicio Civil, su
Reglamento y la demás normativa aplicable a los casos de los puestos de
auditoría. “
Por lo que en la presente consulta el
Gerente General nos solicita nos refiramos a una norma cuya aplicación impacta
directamente el otorgamiento y alcance de los permisos con o sin goce de
salario que se otorgan al mismo.
La consulta que
señor Gerente General del INCOP ha sometido a examen incide directamente en la
situación funcionarial del propio consultante. En efecto, la determinación
referente a las normas del Estatuto del Servicio Civil en el otorgamiento de
las licencias con o sin goce de salario al Gerente General, incide directamente
su situación laboral particular. Es decir, la consulta realizada por el Gerente
General del INCOP podría entrañar un interés propio.
Por lo
tanto, la facultad de consultar el criterio de la Procuraduría General tiene
como objeto tutelar el interés público a la regularidad jurídica. Es por ello
que dicha facultad no debe ser utilizada para tutelar o satisfacer los
intereses propios y particulares del consultante. Por las razones expuestas
deviene inadmisible su gestión.
Asimismo,
la función consultiva a cargo
de la Procuraduría General de la República se enmarca dentro de los límites y prescripciones
que al efecto le establece el Ordenamiento Jurídico. Ello nos impone verificar
los requisitos de admisibilidad respecto de las gestiones que se presentan.
En
múltiples ocasiones, esta Procuraduría ha analizado las limitaciones fijadas
por los artículos 3° inciso b) y 4° y 5° de nuestra Ley Orgánica (No. 6815 del
27 de setiembre de 1982) en el desempeño de la función consultiva.
De esa
manera, se han desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad de las
consultas: a) Que la consulta sea formulada por el jerarca administrativo de la
institución o por el auditor interno, b) Que se acompañe el criterio de la
asesoría legal sobre el tema cuestionado y c) Que las interrogantes versen
sobre temas jurídicos en genérico, sin que se cuestione un caso concreto que
esté en estudio o que deba ser decidido por la Administración (al respecto ver
dictámenes C-158-2008 del 12 de mayo de 2008, C-157-2013 del 19 de agosto de
2013, C-121-2014 del 8 de abril de 2014 y C-039-2018 de 23 de febrero de 2018).
El segundo requisito expuesto es exigido expresamente por el artículo 4°
de nuestra Ley Orgánica, que dispone:
“Artículo 4º.—CONSULTAS: Los órganos de la
Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles
administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la
Procuraduría; en cada caso, deberán
acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores
internos, quienes podrán realizar la consulta directamente.”
Al respecto, hemos indicado que el
criterio del asesor legal debe ser un análisis jurídico detallado sobre todos
los puntos que se someten a nuestra consideración, y que éste tiene como
finalidad poder determinar si después de haberse estudiado y discutido el
asunto a nivel interno, persiste la necesidad de requerir nuestro
pronunciamiento vinculante.
Además, hemos considerado que dicho
criterio brinda insumos importantes para analizar el tema consultado tomando en
cuenta el funcionamiento práctico de la institución consultante y constituye un
elemento adicional para alcanzar la más adecuada asesoría que la Procuraduría
está llamada a brindar a la Administración Pública. (Al respecto, véanse los
dictámenes Nos. C-151-2002 de 12 de junio de 2002, C-121-2013 de 1° de julio de
2013, C-220-2016 de 27 de octubre de 2016 y C-049-2017 de 9 de marzo de 2017).
Por lo dicho, el criterio legal que exige nuestra Ley Orgánica como
requisito de admisibilidad, debe emitirse específicamente para los efectos de
aclarar las dudas sobre las cuales finalmente se nos consulta. Es decir, antes
de solicitar nuestro criterio, el jerarca correspondiente debe requerir el
criterio de su asesoría legal sobre los cuestionamientos que desea
consultarnos, con el fin de que dicho informe legal responda únicamente a los
cuestionamientos generales que se nos plantean.
No podría entonces tratarse de
cualquier informe legal que, aunque relacionado con el tema consultado, no haya
sido emitido específicamente para responder los cuestionamientos generales que
luego van a ser consultados a la Procuraduría.
En esta ocasión, no se adjunta el
criterio legal indicado, y, por tanto, no es posible conocer cuál es la
posición del asesor legal sobre el tema que se cuestiona. De tal manera, la
consulta no cumple el requisito de admisibilidad dispuesto en el artículo 4° de
nuestra Ley Orgánica, y por tanto, lamentablemente no podemos emitir el
criterio solicitado.
De usted, atentamente,
Amanda Grosser Jiménez
Procuradora
C-138-2019
INADMISIBILIDAD DE
LA CONSULTA. INCIDENCIA EN INTERESES PROPIOS Y PARTICULARES DEL CONSULTANTE.
El señor Mario González
Amador, Gerente General del Instituto Costarricense de
Puertos del Pacífico, mediante oficio No. CR-INCOP-GG-0245-218, consulta sobre
la aplicación supletoria del Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento,
cuando no exista norma, o la norma sea omisa u oscura, en la Ley Orgánica del
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico. En
específico sobre el otorgamiento de las licencias con o sin goce de salario al
Gerente General, incide directamente su situación laboral particular.
Esta
Procuraduría, en dictamen No. C-138-2019 de 17 de mayo de 2019, suscrito por la
Procuradora Amanda Grosser Jiménez, se concluye que:
El criterio
legal que exige nuestra Ley Orgánica como requisito de admisibilidad, debe
emitirse específicamente para los efectos de aclarar las dudas sobre las cuales
finalmente se nos consulta. Es decir, antes de solicitar nuestro criterio, el
jerarca correspondiente debe requerir el criterio de su asesoría legal sobre
los cuestionamientos que desea consultarnos, con el fin de que dicho informe
legal responda únicamente a los cuestionamientos generales que se nos plantean.
Por las razones expuestas deviene inadmisible su gestión.