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Dictamen : 150 - del 30/05/2019
30 de mayo de 2019
C-150-2019
Señor
Néstor Solís Bonilla
Presidente de la Junta
Directiva
Banco de Costa Rica
Estimado señor:
Con la aprobación del Procurador General de la República,
doy respuesta a su oficio No. SJD-0073-2019 de 20 de mayo de 2019, mediante el
cual requiere nuestro criterio sobre la aplicación de la reforma introducida al
artículo 44 de la Ley de Salarios de la Administración Pública (No. 2166 de 9
de octubre de 1957) y la Directriz Presidencial No. 11-2018 de 3 de mayo de
2018.
Al respecto, debe indicarse que la
función consultiva de la Procuraduría está sujeta a ciertas limitaciones
fijadas por los artículos 3° inciso b) y 4° y 5° de nuestra Ley Orgánica (N°
6815 del 27 de setiembre de 1982), que se traducen en requisitos de
admisibilidad de las consultas.
En
virtud de ello, se han desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad de
las consultas: a) Que las interrogantes versen sobre temas jurídicos en
genérico, lo cual implica que no se cuestione un caso concreto que esté
pendiente o deba ser resuelto por la Administración, que no se trate de un
asunto sobre el cual ya se emitió un acto administrativo o una decisión
concreta, que no involucre una materia que es competencia de otro órgano, que
no pretenda la revisión de informes o criterios legales, ni que corresponda a
un asunto judicial en trámite. b) Que se acompañe el criterio de la asesoría
legal de la institución sobre todos los temas cuestionados y c) Que la consulta
sea formulada por el jerarca administrativo de la institución. (Al respecto ver
pronunciamientos Nos. C-158-2008 del 12 de mayo de 2008, C-157-2013 del 19 de
agosto de 2013, C-121-2014 del 8 de abril de 2014, C-99-2016 de 29 de abril de
2016, OJ-061-2017 de 29 de mayo de 2017 y C-039-2018 de 23 de febrero de 2018).
El segundo requisito expuesto es exigido expresamente por el artículo 4°
de nuestra Ley Orgánica:
“Artículo 4º.—CONSULTAS: Los órganos de la
Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles
administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la
Procuraduría; en cada caso, deberán
acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los
auditores internos, quienes podrán realizar la consulta directamente.”
Sobre ese requisito hemos indicado
que el criterio del asesor legal debe ser un análisis jurídico detallado sobre todos
los puntos que se someten a nuestra consideración, y que éste tiene como
finalidad poder determinar si después de haberse estudiado y discutido el
asunto a nivel interno, persiste la necesidad de requerir nuestro
pronunciamiento vinculante.
También, hemos considerado que dicho
criterio brinda insumos importantes para analizar el tema consultado tomando en
cuenta el funcionamiento práctico de la institución consultante y constituye un
elemento adicional para alcanzar la más adecuada asesoría que la Procuraduría
está llamada a brindar a la Administración Pública. (Al respecto, véanse los
dictámenes Nos. C-151-2002 de 12 de junio de 2002, C-121-2013 de 1° de julio de
2013, C-220-2016 de 27 de octubre de 2016 y C-168-2017 de 18 de julio de 2017).
Por lo dicho, el criterio legal que
exige nuestra Ley Orgánica como requisito de admisibilidad debe emitirse
específicamente para aclarar las dudas sobre las cuales finalmente se nos
consulta. Es decir, antes de solicitar nuestro criterio, el jerarca correspondiente
debe requerir el criterio de su asesoría legal sobre los cuestionamientos que
desea consultarnos, con el fin de que dicho informe legal responda únicamente a
los cuestionamientos generales que se nos plantean. (Véanse los dictámenes Nos.
C-061-2018 de 3 de abril de 2018, C-145-2018 de 19 de junio de 2018, C-205-2018
de 23 de agosto de 2018 y C-074-2019 de 21 de marzo de 2019).
En este caso, no se adjunta el criterio de la asesoría
legal sobre el tema planteado, y, por tanto, al omitirse ese requisito, la
consulta resulta inadmisible.
Por
otra parte, tómese en cuenta que, en cuanto al tercer requisito apuntado, hemos
dispuesto que en el supuesto de que el consultante sea un órgano colegiado, es ese
órgano, por medio de un acuerdo, el legitimado para presentar la consulta.
Entonces, aunque se autorice a alguno de sus miembros o a su secretario para
requerir nuestro criterio, debe adjuntarse el acuerdo firme del órgano
colegiado en el que se decidió consultar y se determinaron los términos de la
consulta. (Al respecto véanse los dictámenes Nos. C-07-2010 de 11 de enero de 2010, C-406-2014
de 18 de noviembre de 2014, C-276-2016 de 16 de diciembre de 2016 y C-073-2017
de 5 de abril de 2017).
En virtud de la trascendencia que
para una institución puede tener un dictamen vinculante, lo anterior,
lejos de ser una mera formalidad, pretende garantizar que el órgano colegiado
correspondiente valoró la conveniencia y oportunidad de requerir nuestro
criterio vinculante sobre un tema específico.
Por
lo expuesto, su consulta resulta inadmisible, y, lamentablemente, nos encontramos imposibilitados para
emitir el criterio requerido.
De Usted, atentamente,
Elizabeth León Rodríguez
Procuradora
C-150-2019.
INADMISIBILIDAD
DE LAS CONSULTAS. NO SE ADJUNTA CRITERIO LEGAL. NO SE
ADJUNTA ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
El señor Néstor Solís Bonilla,
Presidente de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, somete a nuestra
consideración una consulta sobre “la aplicación de la reforma introducida al
artículo 44 de la Ley de Salarios de la Administración Pública (No. 2166 de 9
de octubre de 1957) y la Directriz Presidencial No. 11-2018 de 3 de mayo de
2018…”
Esta Procuraduría, en dictamen No.
C-150-2019 de 30 de mayo de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León
Rodríguez, concluye que:
La consulta es inadmisible porque:
No se adjunta el criterio de la asesoría
legal sobre el tema planteado. Además, en el supuesto de que el consultante sea
un órgano colegiado, es ese órgano, por medio de un acuerdo, el legitimado para
presentar la consulta. Entonces, aunque se autorice a alguno de sus miembros o
a su secretario para requerir nuestro criterio, debe adjuntarse el acuerdo
firme del órgano colegiado en el que se decidió consultar y en el que se
determinaron los términos de la consulta.