Dictamen : 291 - del 14/11/2018
14 de
noviembre de 2018
C-291-2018
Señor
Christian Alpízar Alfaro
Director
Ejecutivo
Instituto de
Fomento y Asesoría Municipal
Estimado señor:
Con la aprobación del
Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio No. DE-845-2018 de
8 de noviembre de 2018, mediante el cual plantea recurso de reconsideración
contra el dictamen No. C-273-2018 de 1° de noviembre de 2018.
Dicho dictamen se emitió con
ocasión de la solicitud del criterio favorable que exige el artículo
173 de la Ley General de la Administración Pública, dentro del procedimiento
administrativo tramitado por ese Instituto para anular el acto de nombramiento
del señor xxx como Encargado de la Unidad de Tecnologías de la Información.
Al haberse constatado
vicios en el procedimiento seguido, la Procuraduría se vio impedida para rendir
el criterio favorable requerido, y así se dispuso.
Ante
la gestión que ahora nos ocupa, debe tenerse en cuenta que el artículo 6° de nuestra Ley Orgánica (No. 6815 de
27 de setiembre de 1982) cataloga
la reconsideración de los dictámenes
como un procedimiento formal
y excepcional, pues, cuando esté de por medio el interés público, la
administración consultante puede requerir ante el Consejo de Gobierno la
dispensa del acatamiento obligatorio de un dictamen particular, siempre que de
previo haya formulado ante la Procuraduría su reconsideración, y ésta haya sido
denegada por la mayoría de la asamblea de procuradores.
Concretamente, el
artículo 6° citado dispone:
“Artículo 6°.- Dispensa en el acatamiento de dictámenes:
En asuntos excepcionales, en los que esté empeñado
el interés público, el Consejo de Gobierno podrá dispensar de la obligatoriedad
de los dictámenes emitidos por la Procuraduría, mediante resolución razonada que
deberá publicarse en el diario oficial "La
Gaceta". Cuando se trate de situaciones referentes a la seguridad
pública y a las relaciones exteriores, la publicación previa no será requisito
para ejecutar la resolución.
Como requisito previo, el órgano consultante deberá
solicitar reconsideración a la Procuraduría dentro de los ocho días siguientes
al recibo del dictamen, la cual habrá de ser resuelta por la mayoría de la
Asamblea de Procuradores. Si la Procuraduría denegare la reconsideración, el
órgano, dentro de los ocho días hábiles siguientes, podrá acudir ante el
Consejo de Gobierno para efectos de la dispensa a que se refiere el párrafo
anterior.”
Si bien es cierto,
en este caso la reconsideración está siendo solicitada por la misma institución
y dentro del plazo de ocho días dispuesto para ello, el tipo de dictamen que se
solicita modificar, no se encuentra sujeto a ese procedimiento de
reconsideración.
Lo anterior, dado
que, los dictámenes que se emiten en el ejercicio de la competencia establecida
en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública constituyen
elementos de un procedimiento administrativo anulatorio, y por ello, se trata
de dictámenes preceptivos y obligatorios sobre la anulación de un acto
declaratorio de derechos, que, por esa circunstancia, no podrían dejarse sin
efecto por el Consejo de Gobierno por razones de interés público.
Por esas
condiciones, ese tipo de dictámenes tienen una naturaleza distinta de la que
poseen los dictámenes emitidos con ocasión de lo dispuesto en los artículos 2°
y 3° inciso b de nuestra Ley Orgánica, a los cuales sí les resulta aplicable el
procedimiento de reconsideración regulado en el artículo 6°.
Esa postura ha sido sostenida por la Procuraduría en múltiples ocasiones, y detalladamente se ha indicado que:
“La función consultiva de la Procuraduría en relación con el artículo
173 de mérito difiere de la ejercida normalmente con base en lo dispuesto en su
Ley Orgánica. Ciertamente, en ambos supuestos normativos la Procuraduría debe
emitir un criterio fundado en el ordenamiento jurídico. Empero, la Ley Orgánica
de la Procuraduría parte del principio normal en materia de función consultiva:
el dictamen es facultativo. Por consiguiente, la regla en nuestra Ley Orgánica
es que la Administración es libre para determinar si consulta o no a la
Procuraduría. Bajo ningún supuesto el dictamen de la Procuraduría es elemento
del acto administrativo. Cabe recordar que la Procuraduría no emite dictámenes
en relación con casos concretos, sino que su objeto es dictaminar interpretando
la ley o situaciones jurídicas por vía general. Por el contrario, en tratándose
del dictamen prescrito en el artículo 173 de mérito, la Administración está
obligada a consultar: el dictamen es un elemento del procedimiento del acto
administrativo. Así lo ha reconocido la Sala Constitucional…
(…)
En relación con la eficacia del dictamen, el principio es que este es
vinculante en los términos dispuestos por el artículo 2 de la Ley Orgánica. Ese
carácter vinculante debe predicarse también respecto del dictamen prescrito por
el artículo 173 de cita, en virtud de las reglas allí establecidas: puesto que
la Administración sólo puede declarar la nulidad absoluta con el dictamen
favorable de la Procuraduría, a contrario sensu, está impedida de declararla si
el dictamen es negativo. Pero, además, como se requiere que el dictamen sea
favorable en orden a la existencia de una nulidad absoluta, el dictamen de la
Procuraduría determina el contenido del acto administrativo: la Administración
no puede separarse del dictamen, por lo que sólo puede declarar la nulidad
absoluta evidente y manifiesta cuando el dictamen de la Procuraduría establezca
que el acto declaratorio de derechos presenta vicios propios de esa nulidad. Lo
que viene a reafirmar que se está en presencia de un dictamen de naturaleza
diferente a la de los dictámenes emitidos con base en la Ley Orgánica.
La necesidad de que el dictamen sea favorable determina además una
diferencia respecto del régimen recursivo. Precisamente por el carácter
vinculante de los dictámenes, el artículo 6 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría establece un procedimiento especial a efecto de dispensar el
acatamiento obligatorio. Dispensa que puede ser acordada por el Consejo de
Gobierno fundándose en la valoración del interés público. Requisito previo para
ello es que el órgano consultante solicite reconsideración a la Procuraduría
dentro de los ocho días siguientes al recibo del dictamen, a efecto de que el
punto jurídico sea resuelto por la Asamblea de Procuradores. En caso de que
dicho órgano colegiado deniegue la reconsideración, la Administración
consultante queda habilitada para pedir la dispensa por parte del Consejo de
Gobierno. La reconsideración ha sido establecida como una formalidad sustancial
de la dispensa del carácter vinculante.
Al disponer el legislador en los términos indicados, parte de que la
función consultiva no es un elemento del procedimiento del acto administrativo.
La Administración, como se dijo, no está obligada a consultar para emitir un
acto. La función consultiva en esos supuestos no es una formalidad sustancial
del acto, cuya ausencia origine su invalidez. Distinta es la situación del
dictamen del artículo 173, en tanto este constituye una formalidad sustancial
cuya omisión o irregularidad origina la nulidad absoluta de la anulación
administrativa del acto declaratorio (párrafo 6 del artículo 173). Simplemente
para la declaratoria de nulidad absoluta del acto declaratorio de derechos la
Administración debe contar con un dictamen favorable de la Procuraduría. Un
dictamen que no puede ser dispensado por el Consejo de Gobierno. Lo contrario
sería admitir que un acto declaratorio de derechos puede ser anulado por motivos
no de legalidad, sino de interés público. Ergo, dicha declaratoria de nulidad
podría emitirse con desconocimiento absoluto de los derechos fundamentales
reconocidos constitucional y legalmente. Por consiguiente, el artículo 6 de
nuestra Ley Orgánica no resulta aplicable al dictamen del artículo 173 de la
Ley General de la Administración Pública.” (Dictamen No. C-103-2005 de 7 de marzo de 2005,
reiterado por los dictámenes Nos. C-150-2014 de 13 de mayo de 2014, C-009-2015
de 3 de febrero de 2015, C-119-2015 de 29 de mayo de 2015, entre otros).
Por lo
expuesto, la presente gestión, al tratarse de la solicitud de reconsideración
de un dictamen emitido al tenor del artículo 173 de la Ley General de la
Administración Pública, resulta inadmisible, y por tanto, la Procuraduría
mantiene lo dispuesto en el dictamen No. C-273-2018 de 1° de noviembre de 2018.
De Usted, atentamente,
Elizabeth León Rodríguez
Procuradora
HELLENGA
C:
C-291-2018
INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. NO PROCEDE LA
RECONSIDERACIÓN DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 173 DE
LA LGAP.
El señor Christian Alpízar Alfaro, Director Ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal plantea recurso de reconsideración contra el dictamen No. C-273-2018 de 1° de noviembre de 2018.
Dicho dictamen se emitió con ocasión de la solicitud del criterio favorable que exige el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dentro del procedimiento administrativo tramitado por ese Instituto para anular el acto de nombramiento del señor xxx como Encargado de la Unidad de Tecnologías de la Información
Esta Procuraduría, en dictamen
No. C-291-2018 de 14 de noviembre de 2018, suscrito por la Procuradora
Elizabeth León Rodríguez, concluye que:
Al tratarse de la solicitud de reconsideración de un dictamen emitido al
tenor del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, resulta
inadmisible, y por tanto, la Procuraduría mantiene lo dispuesto en el dictamen
No. C-273-2018 de 1° de noviembre de 2018