Opinión Jurídica : 154 - del 14/12/2017

14 de diciembre del 2017

OJ-154-2017

Licenciada

Nery Agüero Montero

Jefe de Comisión

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos

Asamblea Legislativa

Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, nos referimos a su Oficio N° CJ-232-2015 de 03 de noviembre de 2016, mediante el cual se plantea lo siguiente:

“La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: Expediente № 19.374 “Ley de Creación del Colegio de Profesionales en Psicopedagogía”, publicado en el Alcance № 68 a La Gaceta № 222 de 18 de noviembre de 2014. En sesión № 11, de fecha 6 de setiembre del año en curso se aprobó una moción para consultarle el texto base, el cual se adjunta.”

De previo a rendir el criterio solicitado, es necesario aclarar que nuestro pronunciamiento no constituye un dictamen vinculante, ya que lo consultado se relaciona propiamente con la función legislativa atribuida por la Constitución Política, esto es, la competencia exclusiva de emitir las leyes.

Sin perjuicio de lo anterior, y siempre con el ánimo de colaborar en el ejercicio de las altas funciones que cumple la Asamblea Legislativa, la presente Opinión Jurídica se ajustará a analizar aspectos puntuales del tema consultado.

I. Sobre el Proyecto de Ley sometido a Criterio de este Órgano Técnico Jurídico.

La propuesta en cuestión se refiere a la creación de un Colegio Profesional que agremie a los expertos en Psicopedagogía. La exposición de motivos se encuentra debidamente desarrollada, justificando el interés relevante que apareja la propuesta, dada la importancia de la educación formal y el apoyo que la Psicopedagogía brinda en la atención de las dificultades en el proceso de aprendizaje.

Lo anterior, aunado a la relevancia de que exista un colegio que agrupe a los profesionales del área, con el consecuente respaldo ético y la fiscalización de las labores de los profesionales que prestan servicios en Psicopedagogía.

Este órgano asesor, sobre la naturaleza jurídica y funciones de los Colegios Profesionales, ha indicado lo siguiente:

“Ha sido conteste la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que los colegios profesionales son entidades públicas no estatales. En efecto, en el dictamen No. C-127-97 de 11 de julio de 1997, refiriéndonos a los colegios profesionales, entes que, dada su naturaleza, se ubican en los no estatales, expresamos lo siguiente:(…) constituye una persona de Derecho Público de carácter no estatal, en virtud de las funciones que se le han encomendado. Bajo la denominación de ‘entes públicos no estatales’ se reconoce la existencia de una serie de entidades, normalmente de naturaleza corporativa o profesional, a las cuales si bien no se les enmarca dentro del Estado, se les reconoce la titularidad de una función administrativa, y se les sujeta -total o parcialmente- a un régimen publicístico en razón de la naturaleza de tal función. En relación con el carácter público de esta figura jurídica, la Procuraduría ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse indicando que la ‘... razón por la cual los llamados «entes públicos no estatales» adquieren particular relevancia para el Derecho Público reside en que, técnicamente, ejercen función administrativa. En ese sentido, sus cometidos y organización son semejantes a los de los entes públicos. En otras palabras, el ente público no estatal tiene naturaleza pública en virtud de las competencias que le han sido confiadas por el ordenamiento. El ente, a pesar de que su origen puede ser privado, sus fondos privados y responder a fines de grupo o categoría, es considerado público porque es titular de potestades administrativas; sean éstas de policía, disciplinarias, normativas, etc. En ejercicio de esas potestades, el ente público no estatal emite actos administrativos. Es, en esa medida, que se considera Administración Pública’" (O.J.-015- 96 de 17 de abril de 1996(…)” (El destacado no corresponde al original) Dictamen C-067-2002 de 05 de marzo de 2002).

Desde este punto de vista, la propuesta sería congruente con la naturaleza jurídica y funciones que corresponden a este tipo de organizaciones gremiales.

De la lectura del proyecto consultado advertimos algunos aspectos de técnica legislativa que –con el respeto acostumbrado– sugerimos que puedan ser revisados y, si es del caso, modificados en el texto, a fin de prevenir cualquier tipo de incongruencia o inconsistencia en la futura aplicación de la normativa.

En cuanto al artículo 3, concerniente a los miembros activos y miembros honorarios del Colegio, resultaría conveniente iniciar por conceptualizar cada categoría y posteriormente, desglosar cuáles calidades correspondería a cada grupo. Lo anterior, a efecto de lograr mayor orden y comprensión de lo esbozado.

En el artículo 5 se regulan los Derechos de los colegiados, pero su inciso a) no se refiere a ningún derecho, sino más bien al deber de incorporarse obligatoriamente para ejercer la profesión, de tal suerte que esa norma se encuentra mal ubicada dentro de este artículo.

Asimismo, dicha colegiatura obligatoria se prevé y regula en el artículo 8, de tal suerte que se produce una duplicidad de la regulación que debe ser evitada.

Por otra parte, se advierte que en el inciso f) del artículo 5 se dispone que es un derecho de los colegiados “participar con voz y voto en las asambleas ordinarias y extraordinarias del Colegio, con excepción de los socios fundadores, quienes solamente tendrán voz”.

No obstante, si esa norma se contrasta con el artículo 14, se generan dudas razonables sobre su contenido, puesto que dicho artículo, referido a la Asamblea General, señala que la misma estará compuesta por la totalidad de las personas colegiadas y activas, y que los miembros de la primera asamblea se llamarán miembros fundadores.

Así las cosas, pareciera que se produciría la situación de que la totalidad de los profesionales que existen en la actualidad, al participar en esa primera asamblea quedarían en condición de miembros fundadores, y por ende, nunca podrían ejercer el derecho a voto en el futuro. En consecuencia, sugerimos que dicha redacción sea cuidadosamente revisada para evitar cualquier contrasentido en este aspecto.

En el artículo 6 se regulan los deberes, pero lo contemplado en su inciso h), referido a la posibilidad de asumir diferentes cargos, se trata de un derecho y no de un deber, de ahí que la norma se encuentra mal ubicada en el texto.

En los artículos 8 y 10 se hace referencia a que la profesión puede ser ejercida siempre que la persona no se halle suspendida o inhabilitada, pues de lo contrario se incurriría en ejercicio ilegal de la profesión. Sin embargo, en ningún artículo se regula la suspensión e inhabilitación en su debida forma, ni sus causales, lo cual hace que los citados artículos carezcan de basamento correcto para su aplicación.

En cuanto al artículo 20, relativo a la conformación de la Junta Directiva, se advierte que se introduce la Pro Secretaría y la Pro Tesorería. No obstante, no queda claro la función ni la importancia de cada una de ellas, y el texto no se ocupa de prever ni regular sus competencias, por lo que debe valorarse la pertinencia de esos cargos en la estructura orgánica.

En términos generales, se sugiere revisar la técnica de redacción utilizada en artículos como el 6 y el 8, puesto que los incisos de un artículo de ley deben guardar congruencia con la redacción de su encabezado, lo cual no se respeta en muchas partes de ese articulado.

Asimismo, se debe tener cuidado en el sentido de que las normas de ley deben evitar ser meramente descriptivas, sino que más bien su función debe ser normativa, cosa que no satisface el citado artículo 8 de la propuesta.

Por lo demás, no se observa algún eventual vicio de constitucionalidad en el texto de la iniciativa que deba ser advertido, de tal suerte que la propuesta queda reservada a la libre y exclusiva decisión del legislador.

II. Conclusión

En los términos planteados, no observamos la existencia de posibles roces de constitucionalidad que deban ser advertidos. En consecuencia, la aprobación final del proyecto consultado queda sometida a la libre voluntad del legislador.

Lo anterior, con las observaciones de técnica legislativa que respetuosamente nos hemos permitido sugerir en este pronunciamiento.

De usted con toda consideración, suscriben atentamente,

Andrea Calderón Gassmann Liyanyi Granados Granados

Procuradora Abogada de Procuraduría