Opinión Jurídica : 167 - del 22/12/2017

22 de diciembre de 2017

OJ-167-2017

Señores Diputados

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.

Asamblea Legislativa

Estimados señores:

Con la aprobación de la señora Procuradora General Adjunta de la República, me refiero a su oficio número ECO-442-2016, en el cual se consulta nuestro criterio sobre el proyecto "Ley que regula la comercialización de los juguetes bélicos, video-juegos con contenido bélico, militar o de violencia, el empleo de lenguaje militar, rangos, distintivos, nomenclaturas y símbolos militares, venta y comercialización de ropa o indumentaria militar”, expediente Nº 19613.

I. Consideraciones previas acerca de los alcances de este pronunciamiento.-

De previo a emitir nuestra opinión técnico-jurídica sobre el texto base del Proyecto de Ley, se hace notar que la Procuraduría despliega su función consultiva respecto de la Administración Pública, entendida en los términos del artículo 4 de la Ley Orgánica que dispone: "Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría, debiendo, en cada caso, acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva".

Pese a que la Asamblea Legislativa no integra orgánicamente la Administración Pública, como una forma de colaboración en la importante labor que ejerce ese Poder de la República, este Despacho emite criterio mediante una opinión jurídica y no por vía de un dictamen vinculante y obligatorio.

Conviene aclarar que en este caso no nos encontramos en los supuestos establecidos en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, de suerte tal que este pronunciamiento no se encuentra sujeto al plazo de ocho días dispuesto en dicho numeral.

Criterio de la Procuraduría.-

El texto plantea como objetivo disminuir la exposición de los menores de edad a objetos que si bien son juguetes, sean réplicas o representaciones de los utilizados no solo para cometer actos violentos sino en el ejercicio de actividades de corte militar, incluyendo también los video-juegos, e indumentaria de esa misma índole.

El proyecto impone con tino el deber de informar sobre los peligros que representa para el desarrollo del menor la introducción de tales elementos a temprana edad, lo que visto desde una perspectiva de prevención, información y concientización resulta oportuno y deseable.

Sin embargo, el enfoque del proyecto es de tipo coercitivo, por lo que existen algunos problemas prácticos que deben ser valorados por los señores legisladores, relativos a la implementación de la fiscalización necesaria para aplicar las sanciones ante un eventual incumplimiento.

En lo que respecta a los juguetes bélicos, militares o que “estimulen la agresividad y la violencia”, hay una clara indeterminación de qué objetos podrían enmarcarse en la clasificación, lo que puede generar inseguridad jurídica y arbitrariedad en su aplicación, dado que no se remite a ninguna guía de orientación sobre el producto en sí, sería entonces la autoridad administrativa la que de manera discrecional defina en cada caso si el producto está contemplado en esta Ley.

Respecto de los video-juegos, estos si bien son consumidos o adquiridos en el país, también los hay de descarga en línea, lo que dificultará el control y efectividad de la medida. Cabe agregar que en este caso, al igual que el de los juguetes, son en términos generales los mayores de edad –adultos, encargados-, los que suministran el dinero necesario para su adquisición o bien, los que directamente compran el producto para el menor, por lo que el objetivo que se persigue puede ser alcanzado en forma más eficaz por medio de educación y prevención.

En cuanto a la prohibición absoluta de fabricación, distribución o comercialización de ropa o indumentaria bélica, militar o de camuflaje, cabría hacer un análisis de constitucionalidad, en tanto parece una medida irrazonable o desproporcional, pues ello no solo involucra a menores de edad sino a la población en general, imponiendo una restricción de carácter absoluto que no parece tener mayor impacto en el objeto deseado, como lo es la protección de los menores de edad y la generación de una sociedad civil más pacífica.

El proyecto en general debe ser analizado a la luz de los postulados del Derecho de la Constitución, de manera que se valore si el objetivo deseado realmente puede ser alcanzado con la imposición de una serie de restricciones a la libertad de elección, o si más bien deviene en una imposición de obligaciones novedosas para las autoridades sin la estructura y mecanismos idóneos para hacerlas cumplir, lo que no justificaría la imposición de ese tipo de limitaciones a la ciudadanía en general.

Consideramos que el objetivo que se pretende lograr es loable, pero ello tiene más que ver con políticas de educación y sensibilización dirigidas a los encargados de los menores, que a la imposición de una serie de restricciones generalizadas al colectivo social, que difícilmente podrán ser fiscalizadas por el aparato estatal.

Desde el punto de vista de técnica legislativa, resulta sumamente importante que se puntualicen y detallen los conceptos vagos que contiene el proyecto, pues de ello dependerá que existan criterios objetivos de clasificación que puedan seguir las autoridades, a fin de reducir el margen de actuaciones arbitrarias que se puedan generar a la luz de los conceptos indeterminados que contiene el proyecto.

Conclusión.-

Este órgano técnico asesor considera que el proyecto debe ser enmendado para que resulte viable su aplicación, sin embargo la aprobación del proyecto en consulta, es de resorte exclusivo de ese Poder de la República.

Atentamente,

Paula Azofeifa Chavarría

Procuradora.-