Opinión Jurídica : 122 - del 21/09/2017

21 de setiembre, 2017

OJ-122-2017

Señor

Gerardo Vargas Varela

Diputado

Asamblea Legislativa

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, damos respuesta a su oficio No. GVV-FFA-227-2017 del 11 de setiembre del 2017 en el cual manifiesta lo siguiente:

“En vista a las prácticas realizadas por el Directorio de la asamblea Legislativa y avaladas por el Departamento de Recursos Humanos, le solicité un criterio al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre la aplicación e interpretación de la legislación laboral del régimen de empleo público de los funcionarios de la Asamblea Legislativa. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo concluye que el fraccionamiento en más de dos partes es ilegal, asimismo recomienda realizar la consulta a la Procuraduría General de la República.”

Ahora bien, debe indicarse que la consulta versa sobre un caso concreto, pues según se desprende del oficio No. GVV-FFA-227-2017, lo que el consultante desea es que nos pronunciemos sobre actuaciones específicas que el Directorio Legislativo ha determinado durante el año 2017 y en las que ha ordenado a los funcionarios legislativos tomar vacaciones durante los recesos legislativos. Situación que considera es contraria al artículo 158 del Código de Trabajo.

Luego, debe indicarse que, de conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982) la Procuraduría es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la Administración Pública, y en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública.

La Asamblea Legislativa podría ser considerada como Administración Pública, para los efectos anteriores, cuando consulta un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así, cuando requiere nuestro asesoramiento sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa, lo cual también aplica cuando la consulta es planteada por un diputado particular.

Pese a ello, la Procuraduría ha atendido las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, con el afán de colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les atribuye. De ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley o en relación con aspectos jurídicos que pueden considerarse cubiertos por la función de control político y que razonablemente puedan estimarse de interés general.

No obstante, lo anterior no nos permite obviar los requisitos esenciales de admisibilidad de las consultas, puesto que lo contrario implicaría desnaturalizar nuestra función asesora, tal y como lo hemos dispuesto en las Opiniones Jurídicas Nos. OJ-53-2010 de 9 de agosto de 2010, OJ-030-2017 de 9 de marzo de 2017, OJ-061-2017 de 29 de mayo de 2017 y OJ-074-2017 de 20 de junio de 2017).

Y es que uno de esos requisitos de admisibilidad de las consultas que se extraen de los artículos 3° inciso b) y 4° y 5° de nuestra Ley Orgánica es que las interrogantes deben versar sobre temas jurídicos en genérico, sin que se cuestionen casos concretos o se solicite valorar un acto administrativo específico, pues pronunciarse al respecto implicaría sustituir a la administración activa en la toma de decisiones en el ejercicio de sus funciones, e implicaría ejercer una función revisora de la legalidad de determinados actos administrativos, desconociendo así nuestra labor consultiva:

“Esta Procuraduría ha indicado, en innumerables ocasiones, que el asesoramiento técnico-jurídico que, a través de sus dictámenes y pronunciamientos, presta a los distintos órganos y entes que integran la Administración Pública, se circunscribe al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas, abstractamente considerados. En tal orden de ideas, no son consultables asuntos concretos sobre los que se encuentre pendiente una decisión por parte de la administración activa. El asunto que ahora nos ocupa, se subsume con claridad en la indicada situación de excepción: aunque se trate de plantear la cuestión en términos generales, lo cierto es que se nos invita a juzgar la legalidad de una decisión administrativa concreta. Evidentemente, no es propio de nuestro rol consultivo verter este tipo de juicios (…) Amen de lo ya señalado, nótese que con un eventual pronunciamiento de nuestra parte, estaríamos sustituyendo a la administración activa en la adopción de una decisión que sólo a ella corresponde, en atención al carácter vinculante de nuestros criterios, con el consiguiente desatendimiento de las responsabilidades propias del agente público.” (C-194-1994 de 15 de diciembre de 1994, reiterado en OJ-005-1998 de 27 de enero de 1998, OJ-017-2002 de 1° de marzo de 2002, C-021-2006 de 20 de enero de 2006, C-026-2015 de 17 de febrero de 2015, C-042-2016 de 25 de febrero de 2016 y C-085-2016 de 25 de abril de 2016, entre muchos otros).

De tal manera, es claro que la presente consulta busca que nos pronunciemos sobre particulares actuaciones atinentes al funcionamiento interno de la Asamblea Legislativa en cuanto al otorgamiento de las vacaciones a sus funcionarios, buscando determinemos si fue procedente o no el otorgamiento de vacaciones a los funcionarios y cuando dicho otorgamiento podría contradecir el Código de Trabajo.

Lo cierto es que estaríamos refiriéndonos a un caso concreto e invadiendo las competencias de la Asamblea legislativa en su función administrativa, lo cual escapa a nuestra función asesora y consultiva. Invadiríamos funciones que no nos han sido encomendadas, pues, además de convertirnos en revisores de legalidad de actos administrativos concretos.

Así las cosas, la consulta resulta inadmisible y, lamentablemente, nos encontramos imposibilitados para rendir el criterio requerido.

De usted, atentamente,

Jorge Oviedo Álvarez Amanda Grosser Jiménez

Procurador Abogada de Procuraduría

JOA/AGJ/cav

21 de setiembre, 2017