Dictamen : 278 - del 24/11/2017

24 de noviembre, 2017

C-278-2017

Señor

Gabriel Goñi Dondi

Director General

Centro Nacional de la Música

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, damos  respuesta a su oficio CNM-DG-405-2017 recibido el 30 de marzo de 2017 en el cual requiere nuestro criterio sobre la procedencia o no del otorgamiento de puntos de carrera profesional a los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional. Adicionalmente, en el mismo oficio se nos consulta como debe proceder la administración para el caso de que fuese  improcedente el pago de aquel rubro salarial. Concretamente se nos pregunta si las sumas canceladas a los funcionarios pueden presumirse como percibidas de  buena fe o bien si es menester proceder con la recuperación de las mismas.

La consulta se plantea en términos concretos pues se nos indica que existe disconformidad de determinados funcionarios y se nos hace referencia a gestiones que dichos funcionarios han realizado.

Luego, en múltiples ocasiones, esta Procuraduría ha analizado las limitaciones fijadas por los artículos 3° inciso b) y 4° y 5° de nuestra Ley Orgánica (N° 6815 del 27 de setiembre de 1982) en el desempeño de la función consultiva.

De esa manera, se han desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad de las consultas: a) Que la consulta sea formulada por el jerarca administrativo de la institución b) Que se acompañe el criterio de la asesoría legal sobre el tema cuestionado y c) Que las interrogantes versen sobre temas jurídicos en genérico, sin que se cuestione un caso concreto que esté en estudio o que deba ser decidido por la Administración (al respecto ver dictámenes C-158-2008 del 12 de mayo de 2008, C-157-2013 del 19 de agosto de 2013, C-121-2014 del 8 de abril de 2014 y C-99-2016).

Al respecto, hemos dispuesto en reiteradas ocasiones que la consulta que se dirige a la Procuraduría debe plantearse en términos generales y abstractos, sin referirse a un caso concreto ni un asunto pendiente de resolver por el órgano consultante, pues pronunciarse al respecto implicaría sustituir a la administración activa en la toma de decisiones y en el ejercicio de sus funciones, desconociendo nuestra función consultiva. Más detalladamente, hemos indicado que:

“3) Deberá plantearse sobre "cuestiones jurídicas" en genérico, haciéndose abstracción del caso particular. Pues si se identifica un caso concreto objeto de decisión por parte de la administración consultante, ‘indirectamente estaría trasladando la resolución de la petición del interesado a lo que en definitiva se concluyera en nuestro pronunciamiento’ (C-306-2002 del 12 de noviembre de 2002) y, de dar respuesta, ‘estaríamos contraviniendo la naturaleza de órgano superior consultivo que nos confiere la ley, transformándonos en parte de la administración activa.’ (Dictamen C-151-2002 del 12 de junio, en igual sentido: C-299-2002 del 6 de noviembre, C-018-2003 del 18 de enero, C-335-2004 del 15 de noviembre y C-082-2005 del 24 de febrero). Sobre este punto, valga transcribir a manera de ejemplo, lo dicho en algunos de nuestros pronunciamientos: ‘Esta Procuraduría ha indicado, en innumerables ocasiones, que el asesoramiento técnico-jurídico que, a través de sus dictámenes y pronunciamientos, presta a los distintos órganos y entes que integran la Administración Pública, se circunscribe al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas, abstractamente considerados. En tal orden de ideas, no son consultables asuntos concretos sobre los que se encuentre pendiente una decisión por parte de la administración activa. (…) Amen de lo ya señalado, nótese que con un eventual pronunciamiento de nuestra parte, estaríamos sustituyendo a la administración activa en la adopción de una decisión que sólo a ella corresponde, en atención al carácter vinculante de nuestros criterios, con el consiguiente desatendimiento de las responsabilidades propias del agente público.’ (C-194-94 del 15 de diciembre, véase, en igual sentido: OJ-138-2002 del 8 de octubre y C-179-2003 del 16 de junio, entre otros). ‘(…) también es importante destacar la improcedencia de someter a nuestro criterio casos concretos, indicando situaciones particulares que eventualmente vendrían a ser objeto de las competencias del órgano o que podrían ver modificadas sus situaciones jurídicas particulares. Ello entra en abierta contradicción con nuestro artículo 5° supra transcrito, y con nuestra naturaleza de administración consultiva.’ (C-151-2002 del 12 de junio).’ (Dictamen C-390-2005 de 14 de noviembre de 2005, reiterado, entre otros, por los dictámenes C-284-2007 del 21 de agosto del 2007, C-425-2008 del 1° de diciembre del 2008, C-166-2009 del 11 de junio del 2009, C-199-2010 del 21 de setiembre del 2010 y C-250-2011 del 11 de octubre de 2011. En igual sentido véanse los dictámenes No. C-87-2014 de 19 de marzo de 2014 y C-111-2016 de 11 de mayo de 2016).

            Debe insistirse. La consulta que se nos plantea indica en múltiples ocasiones que existe una disconformidad de ciertos funcionarios –de los cuales se adjunta su acción de personal- con el otorgamiento del plus salarial a los miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional que poseen una mayor antigüedad.

            Se adjunta como antecedente de la consulta, los reclamos presentados por los distintos integrantes de la Orquesta, así como sus acciones de personal y títulos aportados para el reconociendo de los puntos de carrera profesional.

De tal manera, de la consulta que se plantea se concluye que se pretende que nos pronunciemos sobre el caso concreto y específico de una serie de funcionarios de la Orquesta Sinfónica Nacional que han manifestado su disconformidad ante el Departamento de Recursos Humanos por el pago de sus pluses salariales. Es decir, se trata de una situación concreta que se mantiene en la actualidad.

Luego, conviene señalar que, conforme los numerales 2, 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la función consultiva de ésta tiene como objeto, en principio, esclarecer a la autoridad administrativa, mediante un criterio técnico jurídico, sobre los principios y modalidades de sus competencias en relación con las diversas actuaciones administrativas, así como acerca del alcance de las diversas normas que integran el ordenamiento jurídico.

Es decir que un presupuesto necesario para que la Procuraduría General pueda ejercer su función consultiva, y emitir un dictamen vinculante,  es que la administración activa, al hacer su respectiva gestión, plantee las cuestiones o preguntas jurídicas sobre las que considera que existe un interés institucional de proveerse con un dictamen vinculante de este Órgano Superior Consultivo.

Es claro que si la administración activa  no plantea  ni especifica una pregunta o cuestión jurídica particular, no es posible ejercer la función consultiva y emitir un criterio vinculante, por lo que  la respectiva gestión sería inadmisible (véase dictamen C-253-2017 de 3 de noviembre de 2017)

Debe indicarse que, si bien del oficio CNM-DG-405-2017 se deducen una serie de interrogantes producto de un caso concreto, cabe indicar que para futuras consultas, las interrogantes que se planteen a este órgano consultivo deben ser claras y específicas, ya que las mismas no deben tenerse que deducir del oficio que se nos adjunta.

Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, la consulta que se nos plantea no cumple los requisitos de admisibilidad exigidos por nuestra Ley Orgánica y por tanto, lamentablemente nos encontramos imposibilitados para emitir el dictamen requerido.

De usted, atentamente,

Jorge Oviedo Álvarez                                              Amanda Grosser Jiménez

Procurador                                                                 Abogada de Procuraduría

JOA/AGJ/gcga

C-278-2017

INADMISIBILIDAD POR CASO EN CONCRETO.

            Mediante oficio CNM-DG-405-2017 se nos requiere nuestro criterio sobre la procedencia o no del otorgamiento de puntos de carrera profesional a los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional. Adicionalmente, en el mismo oficio se nos consulta como debe proceder la administración para el caso de que fuese  improcedente el pago de aquel rubro salarial. Concretamente se nos pregunta si las sumas canceladas a los funcionarios pueden presumirse como percibidas de  buena fe o bien si es menester proceder con la recuperación de las mismas.

            La consulta se plantea en términos concretos pues se nos indica que existe disconformidad de determinados funcionarios y se nos hace referencia a gestiones que dichos funcionarios han realizado.

            Por dictamen C-278-2017, Jorge Oviedo y Amanda Grosser concluyen:

            Se han desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad de las consultas: a) Que la consulta sea formulada por el jerarca administrativo de la institución b) Que se acompañe el criterio de la asesoría legal sobre el tema cuestionado y c) Que las interrogantes versen sobre temas jurídicos en genérico, sin que se cuestione un caso concreto que esté en estudio o que deba ser decidido por la Administración (al respecto ver dictámenes C-158-2008 del 12 de mayo de 2008, C-157-2013 del 19 de agosto de 2013, C-121-2014 del 8 de abril de 2014 y C-99-2016).

            Debe indicarse que, si bien del oficio CNM-DG-405-2017 se deducen una serie de interrogantes producto de un caso concreto, cabe indicar que para futuras consultas, las interrogantes que se planteen a este órgano consultivo deben ser claras y específicas, ya que las mismas no deben tenerse que deducir del oficio que se nos adjunta.

            Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, la consulta que se nos plantea no cumple los requisitos de admisibilidad exigidos por nuestra Ley Orgánica y por tanto, lamentablemente nos encontramos imposibilitados para emitir el dictamen requerido.