Opinión Jurídica : 096 - del 26/07/2017

26 de julio de 2017

OJ-96-2017

Señor

Víctor Hugo Morales Zapata

Asamblea Legislativa

Diputado

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio VMZ-2017-268 de 3 de julio de 2017, recibido el 5 de julio de 2017.

Mediante el oficio VMZ-2017-268 de 3 de julio de 2017 se nos consulta sobre diversos aspectos relacionados con el alcance de la reforma a la Ley del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras y Filosofía, Ciencias y Artes. Reforma que fue aprobada y promulgada por Ley N.° 9420 de 7 de febrero de 2017.

Particularmente, al consultante le interesa que se determinen que atribuciones tiene, después de la reforma, el Fiscal en sesiones de Junta Directiva. Luego consulta, si el Fiscal puede completar el quórum para sesionar de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras y Filosofía, Ciencias y Artes. Adicionalmente, se consulta si el Fiscal puede votar en las sesiones de la Junta Directiva. De otro extremo, se consulta, en general, sobre las funciones y competencias del Fiscal y sobre el alcance del transitorio II de la Ley N.° 9420.

Ahora bien, es conocido que en lo que compete a la función consultiva, la Procuraduría General de la República es el Órgano Superior Consultivo de la Administración Pública. Esto está establecido en su Ley Orgánica. Sin embargo, también es notorio que, en un afán de colaboración y por un prurito de deferencia hacia el Poder Legislativo, ha sido práctica histórica de este Órgano Superior Consultivo atender las consultas formuladas por las distintas comisiones legislativas, o por señores o señoras diputados, en relación con determinados proyectos de Ley. Lo anterior en razón de la existencia de un evidente interés público y sin perjuicio de que las opiniones jurídicas, que en estos casos se emitan, carezcan de un carácter vinculante. (Sobre el punto, basta consultarse la Opinión Jurídica OJ-31-2011 de 7 de junio de 2011).

En este sentido, y por tratarse de un tema de evidente interés público, estimamos procedente extender el presente criterio, el cual, sin embargo insistimos en que no es vinculante.

Con el objetivo de evacuar la consulta, se ha considerado oportuno referirse a los siguientes extremos: a. En orden al transitorio II de la Ley N.° 9420, b. En relación con las funciones del Fiscal en la Ley N.° 9420.

A. EN ORDEN AL TRANSITORIO II DE LA LEY 9420.

Con la promulgación de la Ley N.° 9420 de 7 de febrero de 2017, se han realizado importantes reformas a la Ley del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras y Filosofía, Ciencias y Artes, N.° 4770 de 13 de octubre de 1972.

Entre las reformas aprobadas por la Ley N.° 9420, están comprendidas una serie de modificaciones al régimen jurídico que debe regular la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores, y particularmente al órgano de la Fiscalía.

Luego, debe indicarse que la Ley N.° 9420 reformó, de forma expresa, el artículo 20 de la Ley N.° 4770 de tal forma que el nuevo numeral 20 ha prescrito que la Junta Directiva del Colegio deba renovarse, en su totalidad, cada 3 años.

Así las cosas, es claro que la Ley N.° 9420 ha modificado, de forma sustancial, el período de nombramiento de la Junta Directiva, pues bajo la versión original del artículo 20 de la Ley N.° 4770 el plazo de nombramiento de sus miembros era de solo dos años y la Junta debía renovarse anualmente de modo parcial, de tal forma que un año debía renovarse el Presidente, el Prosecretario, el Fiscal y los Vocales uno y tres, y el siguiente año el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y el Segundo Vocal.

Debe insistirse. Con la reforma del numeral 20, la Junta Directiva actual debe renovarse, en su totalidad, cada 3 años. Se transcribe el actual numeral 20 tal y como fue reformado por la Ley N.° 9420:

Artículo 20.- Todos los puestos de las personas integrantes de la Junta Directiva serán electos por un período de tres años y no podrán ser reelectos, ni electos consecutivamente en ningún puesto del Colegio hasta tanto se cumpla un período de tres años, a partir de la fecha en que finaliza su nombramiento.

Las vacantes de la Junta Directiva originadas por incapacidad permanente en el desempeño del cargo, renuncia, muerte u otras que no le permita cumplir con el periodo al que fue nombrado, se completarán por medio del Tribunal Electoral del Colegio, que procederá a llenarla llamando a ejercer el cargo, hasta por el resto del período que queda, al colegiado que por cantidad de votos ocupó el lugar inmediato inferior al último que resultó electo, respetando la representación paritaria de ambos sexos, de manera que la diferencia entre el total de hombres y mujeres no sea superior a uno. En caso de que esa persona colegiada no pueda ocupar la vacante, se llamará por orden descendente de los resultados de la votación en el cargo a quienes aparezcan en la misma postulación. De no existir candidato para completar esta vacante, el Tribunal Electoral del Colegio convocará a elecciones para ese puesto.

No podrán formar parte de la misma Junta Directiva las personas unidas por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive.

En caso de producirse un nombramiento contra esta prohibición, se tendrá por nulo el más reciente, y en igualdad de condiciones será nulo el recaído en la persona que tenga menor tiempo de ser miembro del Colegio. La nulidad en el nombramiento a que hace referencia este artículo deberá ser declarada por el Tribunal Electoral del Colegio.

De otro lado, la Ley N.° 9420 introdujo un nuevo Capítulo VI a la Ley del Colegio de Licenciados y Profesores que reformó también el período de nombramiento del Fiscal, estableciendo, de forma análoga al período de nombramiento de la Junta Directiva, que aquel debe ser electo para un período de tres años y que su designación debe realizarse en el mismo proceso electoral interno a través del cual debe ser nombrada la Junta Directiva. Se transcriben los numerales 31 y 32 reformados por la Ley N.° 9420:

Artículo 31.- La Fiscalía es un órgano independiente en el desarrollo de sus funciones, dirigido por un fiscal nombrado en el mismo proceso electoral que se elige a la Junta Directiva y estará supeditado a la Asamblea General.

Artículo 32.- Quien ocupe el cargo de fiscal durará en sus funciones tres años sin derecho a reelección, ni elección en otros puestos de elección popular del Colegio, hasta tanto se cumpla un período de tres años, a partir de la fecha en que finaliza su nombramiento.

Ahora bien, en consecuencia con los cambios en el período de nombramiento de la Junta Directiva y la Fiscalía del Colegio de Licenciados y Profesores, y con el objeto de evitar que la entrada en vigencia de la Ley N.° 9420 produjera un serio trastrocamiento en el funcionamiento del órgano de gobierno de dicha Corporación, la misma Ley N.° 9420 estableció un transitorio II, el cual ha dispuesto que no será sino hasta marzo de 2019 que se celebre la primera elección interna que implique la renovación en su totalidad de la Junta Directiva y que instale a ésta y al Fiscal por un período de 3 años.

Es decir que la entrada en vigencia de la Ley N.° 9420 no ha implicado que el Colegio deba de renovar, de forma inmediata, su Junta Directiva y Fiscalía para adaptarse enseguida con lo dispuesto en dicha reforma legal. Por el contrario, el transitorio II ha establecido un régimen de transición para que el Colegio se adapte a las nuevas disposiciones, pues dicha norma no solamente ha previsto que sea hasta el 2019 que se deba renovar toda la Junta Directiva y la Fiscalía, sino que ha establecido que se deba prorrogar, ipso iure y por una única vez, el nombramiento de todos los miembros actuales de la Junta Directiva. Prorroga que se extenderá hasta la elección a realizar en marzo de 2019. Se transcribe el transitorio II en comentario:

TRANSITORIO II.- Las elecciones para todos los puestos de la Junta Directiva y el fiscal, para el primer período de tres años, se desarrollarán en el mes de marzo de 2019, de conformidad con el artículo 19 de esta ley, y sus reformas.

La integración deberá asegurar la representación paritaria de ambos sexos, de manera que la diferencia entre el total de hombres y mujeres no sea superior a uno. A la entrada en vigencia de la presente ley, por única vez y sin distinción alguna, el período de nombramiento de los actuales miembros de la Junta Directiva y del fiscal, se extenderá hasta el mes de marzo de 2019.

Así las cosas, es claro que el Transitorio II prorrogó el plazo de nombramiento de la integración de la Junta Directiva que se hallaba en funciones en el momento de entrar en vigencia la Ley N.° 9420, sea el 24 de marzo de 2017, lo cual implicó la prórroga, a su vez, del nombramiento del actual Fiscal que integra, en este momento, dicho órgano colegiado y la postergación para marzo de 2019 de la elección del nuevo Fiscal.

En este sentido, importa advertir que, antes de la reforma aprobada por Ley N.° 9420, el artículo 18 de la Ley N.° 4770 establecía que el Fiscal debía integrar la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores. Nótese al respecto que bajo la reforma de la Ley N.° 9420 la Fiscalía ya no será más un miembro integrante de la Junta Directiva, y más bien deberá ser conceptualizada por virtud expresa dicha Ley, y de acuerdo concretamente con el artículo 31 ya transcrito, como un órgano con independencia funcional, nombrado en el mismo proceso electoral que se elige a la Junta Directiva pero supeditado a la Asamblea General.

Ergo, conviene, de un lado, reiterar que al prorrogarse, por disposición del Transitorio II, el nombramiento de todos los miembros de la Junta Directiva, sin excepción alguna, se entiende, entonces, que se ha prorrogado el nombramiento de su actual Fiscal, pues éste integra dicho órgano colegiado.

De otro extremo, es necesario volver a subrayar que, de acuerdo con el mismo Transitorio II, la elección del nuevo Fiscal, el cual ya no integrará más la Junta Directiva, ha quedado postergada para el mes de marzo de 2019.

Todo lo anterior implica, en primer lugar, que mientras el régimen de transición no llegue a su término en marzo de 2019, la antigua Fiscalía, prevista en el artículo 18 de la Ley N.° 4770 antes de su reforma, seguirá funcionando como integrante de la Junta Directiva y con las funciones que venía desempeñando, y en segundo lugar, que no será sino hasta el proceso electoral de marzo de 2019 que se pueda elegir al nuevo Fiscal que funcionará como órgano con independencia funcional y que no integrará la Junta Directiva.

B. EN RELACIÓN CON LAS FUNCIONES DEL FISCAL EN LA LEY N.° 9420.

En su oficio VMZ-2017-268 de 3 de julio de 2017, el consultante requiere adicionalmente que determinemos que atribuciones tiene, después de la reforma de la Ley N.° 9420, el Fiscal en sesiones de Junta Directiva. Luego consulta, si el Fiscal puede completar el quórum para sesionar de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras y Filosofía, Ciencias y Artes y si el Fiscal puede votar en las sesiones de la Junta Directiva. De otro extremo, se consulta, en general, sobre las funciones y competencias del Fiscal.

Para responder los anteriores puntos importa retomar lo dicho en el apartado anterior, en el sentido de que mientras el régimen de transición, previsto en el Transitorio II de la Ley N.° 9420 no llegue a su término en marzo de 2019, la antigua Fiscalía, prevista en el artículo 18 de la Ley N.° 4770 antes de su reforma, seguirá funcionando como integrante de la Junta Directiva y con las funciones que venía desempeñando, y que no será sino hasta el proceso electoral de marzo de 2019 que se pueda elegir al nuevo Fiscal que funcionará como órgano con independencia funcional y que no integrará la Junta Directiva.

Así las cosas, conviene puntualizar que mientras el régimen de transición del Transitorio II de la Ley N.° 9420 no llegue a su término en marzo de 2019, el actual Fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores seguirá integrando el quórum dicho órgano colegiado y por tanto seguirá ejerciendo su derecho a voto para conformar sus acuerdos. Asimismo, seguirá cumpliendo las funciones que como miembro de la Junta Directiva se le imponen en virtud del artículo 26 de la Ley del Colegio de Licenciados y Profesores:

Artículo 26.—Corresponde al Fiscal:

a) Velar por el fiel cumplimiento de esta ley, los reglamentos del Colegio, las resoluciones de las Asambleas Generales y los acuerdos de la Junta Directiva; b) Efectuar, junto con el Presidente, los arqueos trimestrales de Caja y revisar a fin de año las cuentas presentadas por la tesorería; c) Cumplir con lo establecido por el inciso d) del artículo 7° y cualquier otra que tenga a su cargo esta ley, los reglamentos del Colegio, la Asamblea General o la Junta Directiva; yd) Promover, ante el organismo que corresponda, las gestiones y acciones que correspondan, con motivo de la transgresión a esta ley o los reglamentos del Colegio.

Igualmente, es pertinente acotar que una vez electo el nuevo Fiscal en la elección prevista, por ministerio de Ley, para marzo de 2019, éste dejará de integrar el quórum de la Junta Directiva aunque podrá asistir a sus sesiones, durante las cuales tendrá derecho a voz, pero no tendrá derecho a voto, ni formará parte del quórum. Se transcribe, al efecto, el artículo 34.e adicionado a la Ley del Colegio de Licenciados y Profesores por la Ley N.° 9420:

Artículo 34.- Son deberes del fiscal: (…)

e) El o la fiscal del Colegio podrá asistir a las sesiones de la Junta Directiva, tendrá derecho a voz, pero no tendrá derecho a voto, ni formará parte del cuórum. (…)

En todo caso, es acertado señalar que electo el nuevo Fiscal en marzo de 2019, éste deberá cumplir todas las funciones que los numerales 31 y 34 reformados por la Ley N.° 9420 le otorgan en materia de fiscalización del ejercicio legal, ético y de las competencias de la profesión.

C. CONCLUSIÓN

Con fundamento en lo expuesto, se concluye que:

- Que mientras el régimen de transición, previsto en el Transitorio II de la Ley N.° 9420 no llegue a su término en marzo de 2019, la antigua Fiscalía del Colegio de Licenciados y Profesores, prevista en el artículo 18 de la Ley N.° 4770 antes de su reforma, seguirá funcionando como integrante de la Junta Directiva de aquella corporación, y que no será sino hasta el proceso electoral de marzo de 2019 que se pueda elegir al nuevo Fiscal que funcionará como órgano con independencia funcional y que no integrará la Junta Directiva.

- Que mientras el régimen de transición del Transitorio II de la Ley N.° 9420 no llegue a su término en marzo de 2019, el actual Fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores seguirá integrando el quórum dicho órgano colegiado y por tanto seguirá ejerciendo su derecho a voto para conformar sus acuerdos. Asimismo, seguirá cumpliendo las funciones que como miembro de la Junta Directiva se le imponen en virtud del artículo 26 de la Ley del Colegio de Licenciados y Profesores.

- Que una vez electo el nuevo Fiscal en la elección prevista, por ministerio de Ley, para marzo de 2019, éste dejará de integrar el quórum de la Junta Directiva aunque podrá asistir a sus sesiones, durante las cuales tendrá derecho a voz, pero no tendrá derecho a voto, ni formará parte del quórum-

- Que electo el nuevo Fiscal en marzo de 2019, éste deberá cumplir todas las funciones que los numerales 31 y 34 reformados por la Ley N.° 9420 le otorgan en materia de fiscalización del ejercicio legal, ético y de las competencias de la profesión.

Jorge Andrés Oviedo Álvarez

Procurador Adjunto

JOA/gcga

OJ-96-2017

JUNTA DIRECTIVA. FISCAL. QUÓRUM. REFORMA A LA LEY DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS Y FILOSOFÍA CIENCIAS Y ARTES. NORMA TRANSITORIA.

Por Opinión Jurídica OJ-96-2017, Jorge Oviedo concluye: