Dictamen : 259 - del 05/12/2016
5 de diciembre de 2016
C-259-2016
Licenciado
Gilbert Fuentes González
Auditor Interno
Municipalidad de Escazú
Estimado señor
Con la aprobación del señor Procurador General de la
República, me refiero a su oficio PAI-081-2016, del 4 de octubre de 2016, por
medio del cual nos plantea varias consultas relacionadas tanto con el tema de
la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, como con el de la declaratoria de
lesividad de actos administrativos emitidos en el ámbito municipal.
Concretamente, las interrogantes que nos plantea son las
siguientes:
“1- ¿Siendo el Concejo
Municipal el jerarca máximo institucional, es el órgano al que le corresponde
declarar la nulidad de un acto administrativo cuando esta nulidad es evidente y
manifiesta? ¿Tiene el Concejo la potestad de declarar la lesividad del acto
administrativo cuando no estamos ante la hipótesis de la nulidad evidente y
manifiesta?
2- ¿Esa potestad de
anulación la conserva el Concejo Municipal, aun cuando los actos que pretenda
anular hayan sido emitidos por funcionarios que no dependen jerárquicamente de
ese órgano, como el Alcalde Municipal, u otro funcionario de inferior
jerarquía?
3- ¿Qué obligaciones
derivan para la Alcaldía Municipal si el Concejo Municipal adopta un acuerdo
declarando la nulidad o la lesividad de un acto administrativo?”.
Seguidamente nos referiremos a las figuras de la nulidad
absoluta, evidente y manifiesta y a la de la lesividad, para luego atender las
consultas específicas que se nos formulan.
I.
Sobre la declaratoria de nulidad absoluta evidente y manifiesta de un acto
administrativo
En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía
administrativa, los actos suyos que hayan declarado algún derecho a favor de
los administrados. En ese sentido, la
regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos, la
Administración debe acudir a la vía judicial y solicitar que sea un órgano
jurisdiccional el que declare dicha nulidad mediante el proceso de lesividad
regulado en los artículos 10.5, 34 y 39.2 del Código Procesal Contencioso
Administrativo.
La razón para limitar la posibilidad de
que la Administración anule por sí misma los actos suyos declarativos de derechos
se fundamenta en motivos de seguridad jurídica: el administrado debe tener
certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos,
no van a ser modificados ni dejados sin efecto arbitrariamente por la
Administración.
A pesar de lo anterior, existe una
excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor
del administrado son intangibles para la Administración. Esa excepción está contenida en el artículo
173 de la Ley General de la Administración Pública. De conformidad con esa norma, la
Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de
derechos, siempre que aquél presente una nulidad que además de absoluta, sea
evidente y manifiesta. En otras
palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada por medio del
trámite descrito, sino solo aquella que resulte clara, palmaria, notoria,
ostensible, etc. (Al respecto, pueden consultarse nuestros dictámenes C-200-83
del 21 de junio de 1983; C-062-88 del 4 de abril de 1988; C-165-93 del 10 de
diciembre de 1993; C-012-1999 del 12 de enero de
1999; C-119-2000 del 22 de
mayo de 2000; y C-227-2004 del 20 de julio
de 2004, los cuales constan en nuestra base de
datos, a la cual se puede acceder por medio de la dirección electrónica http://www.pgrweb.go.cr/scij/).
Para evitar abusos en el
ejercicio de la potestad que confiere a la Administración el artículo 173
mencionado, el legislador dispuso que de previo a la declaratoria de nulidad
debía realizarse un procedimiento administrativo ordinario en el cual figure
como parte la persona afectada con la eventual anulación del acto. También estableció la obligación de obtener
un dictamen de la Procuraduría General de la República (o de la Contraloría, en
caso de que el asunto versase sobre actos directamente relacionados con el
proceso presupuestario o sobre contratación administrativa) mediante el cual se
acredite la naturaleza absoluta, evidente y manifiesta de la nulidad que se
pretende declarar. Ese dictamen debe
solicitarse luego de tramitado todo el procedimiento administrativo por parte
del órgano director y antes del dictado del acto final por parte del órgano
decisor.
Otro de los mecanismos
utilizados por el legislador para evitar el uso abusivo de la potestad de
anulación en vía administrativa de un acto declarativo de derechos, es el de
encomendar la iniciativa para su ejercicio sólo a ciertos órganos
administrativos de alto nivel jerárquico, según puede comprobarse de la lectura
del propio artículo 173 mencionado.
La
intervención en estos casos de la
Procuraduría (o de la Contraloría según corresponda) cumple una doble función,
que consiste, por una parte, en corroborar que el procedimiento administrativo
previo haya respetado el debido proceso y el derecho de defensa del
administrado; y, por otra, en acreditar que la nulidad que se pretende declarar
posea, efectivamente, las características de absoluta, evidente y
manifiesta. Se trata de un criterio
externo a la Administración activa, que tiende a dar certeza a esta última y al
administrado, sobre el ajuste a Derecho del ejercicio de la potestad de autotutela administrativa.
II.
Respecto a la declaratoria de lesividad de un acto administrativo
En
caso de que el acto administrativo favorable al administrado no presente una
nulidad susceptible de ser catalogada como absoluta, evidente y manifiesta, la
única forma en que podría dejarse sin efecto ese acto es acudiendo a la vía
judicial, concretamente, al proceso contencioso de lesividad.
Para
ello se requiere, de previo a presentar la demanda, que el “superior jerárquico
supremo” de quien dictó el acto declare, en resolución fundada, que el acto es
lesivo a los intereses públicos. Esa
declaratoria debe hacerse dentro del plazo máximo de un año, contado a partir
del día siguiente al que se emitió el acto, salvo que este último presente
vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, podrá hacerse mientras perduren sus
efectos y hasta un año después de que cesen (artículos 10.5 y 34.1 del Código
Procesal Contencioso Administrativo).
Una
vez emitida la declaratoria de lesividad, debe presentarse la demanda dentro
del plazo de un año contado a partir del día siguiente a la firmeza de esa
declaratoria (artículo 39.1.e del Código Procesal Contencioso
Administrativo). Dicha demanda, en caso
de que el acto haya sido emitido por la Administración centralizada, debe ser
planteada por la Procuraduría General de la República, quien funge como
representante judicial del Estado (artículos 1 y 20 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República, n.° 6815 de 27 de setiembre de
1982). En el caso de actos dictados por
entes públicos descentralizados (categoría dentro de la cual se ubican las
municipalidades) el juicio debe ser planteado por la propia Administración
interesada en la declaratoria de nulidad del acto.
Cabe
señalar, por último, que de previo a la declaratoria administrativa de
lesividad a la cual se ha hecho referencia, no es necesario seguir
procedimiento administrativo alguno (como sí se requiere para la anulación
dispuesta en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública),
pues dicha declaratoria marca solamente el inicio del proceso de anulación,
siendo ante los tribunales que se otorgará al administrado la posibilidad de
ejercer su derecho de defensa.
III.
Sobre el órgano competente, en el ámbito
municipal, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto,
y para hacer la declaratoria de lesividad
Como ya indicamos, la figura
de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta está regulada en el artículo 173
de la Ley General de la Administración Pública. De la lectura del inciso 2), de esa norma queda
claro que cuando se pretenda la anulación en vía administrativa de un acto
administrativo emitido por un ente público distinto del Estado, dicha anulación
debe hacerla “… el órgano superior
supremo de la jerarquía administrativa”, lo que conduce a cuestionarnos −para
la consulta que se nos plantea− cuál es el órgano superior supremo de la
jerarquía administrativa de una Municipalidad.
Antes de la entrada en vigencia del Código Procesal
Contencioso Administrativo, el cual reformó el artículo 173 de la Ley General de
la Administración Pública, se admitía que la nulidad absoluta, evidente y
manifiesta fuese declarada por “el
jerarca administrativo”, lo que abría la posibilidad de interpretar que en
ciertos ámbitos (como por ejemplo el del manejo de personal) el órgano
competente para declarar la nulidad fuese el Alcalde Municipal. Así lo sostuvimos en nuestros dictámenes C-457-2006
del 10 de noviembre de 2006, C-194-2007 del 13 de junio de 2007, C-176-2008 del
23 de mayo de 2008, C-194-2008 del 4 de junio de 2008, y en el C-176-2008 del
23 de mayo de 2008.
A pesar de lo anterior, a partir de la reforma aludida en
el párrafo precedente, se exige que la declaratoria de nulidad sea hecha por el
órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, con lo que no cabe duda
de que el único órgano competente para declarar la nulidad absoluta, evidente y
manifiesta de los actos municipales es el Concejo Municipal. Así lo hemos sostenido en otras
oportunidades:
“… la posición legal que impera
en la materia, de conformidad con la normativa legal vigente, es que en el
ámbito municipal el órgano competente para declarar, en vía administrativa, la
nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto declaratorio de
derechos, y en consecuencia, el que debe ordenar la apertura del
procedimiento administrativo a que hace referencia el artículo 173 de la ley
General de la Administración Pública, y el que puede tramitarlo o delegarlo en
un órgano director, es el Concejo y no el Alcalde Municipal, pues
es aquél el que para esos efectos se considera como “el órgano superior supremo de la Corporación”
(Véase entre otros, los dictámenes C-230-2009 y C-231-2009, ambos de 26 de
agosto de 2009, C-251-2009, C-252-2009 y C-253-2009, todos de 4 de setiembre de
2009, C-062- 2010 de 12 de abril de 2010, C-158-2010 de 5 de agosto de 2010 y
C-259-2011 de 24 de octubre de 2011, entre otros). Criterio que incluso es
compartido por la Dirección Jurídica de la Contraloría General de la República (oficio N° 12629 17 de diciembre, 2010
-DJ-4144-2010 División Jurídica de la CGR-, entre otros).” (Procuraduría
General de la República, C-321-2011, del 19 de diciembre del 2011).
Es importante precisar, en todo
caso, que no debe confundirse la potestad sancionatoria que sigue ostentando el
Alcalde (potestad que lo legitima para abrir los procedimientos administrativos
sancionatorios contra el personal subordinado a él, y para decidir y emitir la
resolución final en esos casos) con la competencia para declarar la nulidad
absoluta, evidente y manifiesta de un acto relativo a ese personal. En relación con la diferencia entre el
ejercicio de la potestad sancionatoria y el ejercicio de la potestad de autotutela prevista en el
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, remitimos a
nuestros dictámenes C-079-2006 del 28 de febrero de 2006, y C-428-2007 del 30 de noviembre de 2007.
Por otra parte, en lo que concierne al proceso de
lesividad, el artículo 34.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo
dispone que "Cuando la propia
Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda demandar
su anulación ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, previamente el
superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses
públicos, económicos, o de cualquier otra naturaleza”. (El subrayado es
nuestro).
Partiendo de lo anterior, es claro que la competencia
para declarar la lesividad de un acto municipal (declaratoria que es un
presupuesto del proceso judicial para la anulación de un acto administrativo
declarativo de derechos) pertenece exclusivamente al Concejo Municipal, al ser
éste último el órgano superior jerárquico supremo de la Municipalidad.
IV.
Sobre las obligaciones de la Alcaldía Municipal frente a la declaratoria de
nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo, y frente a
la declaratoria de lesividad.
Se nos consulta “¿Qué obligaciones
derivan para la Alcaldía Municipal si el Concejo Municipal adopta un acuerdo
declarando la nulidad o la lesividad de un acto administrativo”.?
De conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política, el Alcalde
Municipal es el funcionario ejecutivo del gobierno municipal.
Dentro de las competencias del Alcalde Municipal se encuentra la de ejercer
las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las
dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la
coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y
los acuerdos en general. (Artículo 17.a del Código Municipal). Además, le
compete sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados por el
Concejo Municipal. (Artículo 17.d del Código Municipal).
Partiendo de lo anterior, es evidente que si el Concejo Municipal decide
declarar la nulidad absoluta de un acto administrativo (nulidad que, como ya
indicamos, tiene que estar precedida de un procedimiento administrativo
ordinario y de un dictamen afirmativo de la Procuraduría General de la
República o de la Contraloría, según la materia), le corresponde a la Alcaldía
Municipal ejecutar esa decisión, para lo cual debe asegurarse del fiel
cumplimiento del acuerdo del Concejo Municipal.
Del mismo modo, si lo que decide el Concejo Municipal es declarar la
lesividad de un acto administrativo, deberá la Alcaldía Municipal asegurarse de
que se plantee el juicio contencioso administrativo correspondiente, que se
represente de manera adecuada los intereses de la Municipalidad, y de que se
ejecute la resolución judicial, en caso de que ésta última acoja la pretensión
anulatoria.
V.
Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría arriba a las siguientes
conclusiones:
1.
A partir de la reforma operada al artículo 173 de la Ley General de la Administración
Pública por el Código Procesal Contencioso Administrativo, el órgano municipal
competente para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto
administrativo municipal es, en todos los casos, el Concejo Municipal, por ser
dicho Concejo el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa.
2.
La
competencia para declarar la lesividad de un acto administrativo municipal
pertenece también, exclusivamente, al Concejo Municipal.
3.
Si el Concejo Municipal decide declarar la nulidad
absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo, o su lesividad, le
corresponde a la Alcaldía Municipal ejecutar esa decisión, para lo cual debe
asegurarse del fiel cumplimiento del acuerdo del Concejo Municipal.
Cordialmente;
Julio César Mesén Montoya
Procurador de Hacienda
JCMM/Kjm
C-259-2016
NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y
MANIFIESTA. LESIVIDAD. ÓRGANO MUNICIPAL ENCARGADO DE DECLARAR LA NULIDAD
ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA. ÓRGANO MUNICIPAL ENCARGADO DE DECLARAR LA
LESIVIDAD DE UN ACTO. ÓRGANO MUNICIPAL ENCARGADO DE EJECUTAR LO RESUELTO POR EL
CONCEJO MUNICIPAL.
El Auditor Interno de la Municipalidad de Escazú
nos plantea varias consultas relacionadas con el tema de la nulidad absoluta,
evidente y manifiesta, y con el de la declaratoria de lesividad de actos
administrativos emitidos en el ámbito municipal.
Esta Procuraduría, mediante su dictamen
C-259-2016, del 5 de diciembre de 2016, suscrito por Julio César Mesén Montoya,
Procurador de Hacienda, arribó a las siguientes conclusiones:
1.- A partir de la reforma operada al
artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública por el Código
Procesal Contencioso Administrativo, el órgano municipal competente para
declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo
municipal es, en todos los casos, el Concejo Municipal, por ser dicho Concejo
el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa.
2.- La competencia para declarar la lesividad
de un acto administrativo municipal pertenece también, exclusivamente, al
Concejo Municipal.
3.- Si el Concejo Municipal decide declarar la
nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo, o su
lesividad, le corresponde a la Alcaldía Municipal ejecutar esa decisión, para
lo cual debe asegurarse del fiel cumplimiento del acuerdo del Concejo
Municipal.