Opinión Jurídica : 059 - del 25/05/2017

OJ-59-2017

25 de mayo de 2017

Sra. Noemy Gutiérrez Medina

Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público

Asamblea Legislativa

Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General, damos respuesta a su nota de 27 de abril de 2017, en la cual comunica la moción No. 3-58 aprobada por esa Comisión, que indica:

“Para que se solicite al ICE y al INCOFER el acuerdo sobre el cual se inundó un tramo de aproximadamente 6 Km de vía férrea en Turrialba. Asimismo, para que se solicite a la Procuraduría General de la República pronunciarse sobre la viabilidad legal de ese acuerdo y la decisión tomada, partiendo de que se trata de un bien de dominio público.”

De conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982) la Procuraduría es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la Administración Pública, y en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública.

La Asamblea Legislativa podría ser considerada como Administración Pública, para los efectos anteriores, cuando consulta un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así, cuando requiere nuestro asesoramiento sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa.

Pese a ello, la Procuraduría ha atendido las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, con el afán de colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les atribuye. De ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley o en relación con aspectos jurídicos que pueden considerarse cubiertos por la función de control político y que razonablemente puedan estimarse de interés general.

No obstante, lo anterior no nos permite obviar los requisitos esenciales de admisibilidad de las consultas, puesto que lo contrario implicaría desnaturalizar nuestra función asesora, tal y como lo hemos dispuesto en las Opiniones Jurídicas Nos. OJ-095-2009 de 5 de octubre de 2005 y OJ-53-2010 de 9 de agosto de 2010).

Y es que uno de esos requisitos de admisibilidad de las consultas que se extraen de los artículos 3° inciso b) y 4° y 5° de nuestra Ley Orgánica es que las interrogantes versen sobre temas jurídicos en genérico, sin que se cuestionen casos concretos, pues pronunciarse al respecto implicaría sustituir a la administración activa en la toma de decisiones y en el ejercicio de sus funciones, desconociendo nuestra función consultiva. Más detalladamente, hemos dispuesto que:

“Esta Procuraduría ha indicado, en innumerables ocasiones, que el asesoramiento técnico-jurídico que, a través de sus dictámenes y pronunciamientos, presta a los distintos órganos y entes que integran la Administración Pública, se circunscribe al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas, abstractamente considerados. En tal orden de ideas, no son consultables asuntos concretos sobre los que se encuentre pendiente una decisión por parte de la administración activa. El asunto que ahora nos ocupa, se subsume con claridad en la indicada situación de excepción: aunque se trate de plantear la cuestión en términos generales, lo cierto es que se nos invita a juzgar la legalidad de una decisión administrativa concreta. Evidentemente, no es propio de nuestro rol consultivo verter este tipo de juicios (…) Amen de lo ya señalado, nótese que con un eventual pronunciamiento de nuestra parte, estaríamos sustituyendo a la administración activa en la adopción de una decisión que sólo a ella corresponde, en atención al carácter vinculante de nuestros criterios, con el consiguiente desatendimiento de las responsabilidades propias del agente público.” (C-194-1994 de 15 de diciembre de 1994, reiterado en OJ-005-1998 de 27 de enero de 1998, OJ-017-2002 de 1° de marzo de 2002, C-021-2006 de 20 de enero de 2006, C-026-2015 de 17 de febrero de 2015, C-042-2016 de 25 de febrero de 2016 y C-085-2016 de 25 de abril de 2016, entre muchos otros).

De tal manera, la consulta planteada pretende que nos pronunciemos sobre la legalidad de un acuerdo específico tomado por el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles sobre un asunto muy concreto. Por lo que, de dar respuesta a ella, estaríamos refiriéndonos directamente al caso particular expuesto y a las decisiones concretas adoptadas por esas instituciones, desconociendo nuestra labor asesora e invadiendo las funciones propias de la administración activa.

Por todo lo anterior, la consulta resulta inadmisible y, lamentablemente, nos encontramos imposibilitados para emitir el criterio requerido.

La consulta puede ser atendida si es planteada en términos generales, sobre una duda jurídica abstracta, sin hacer alusión al caso concreto que la motiva.

De usted, atentamente,

Jorge Oviedo Álvarez Elizabeth León Rodríguez

Procurador Abogada de Procuraduría