Dictamen : 227 - del 02/11/2016
02 de noviembre de 2016
C-227-2016
Lic.
Walter Cruz Sandoval
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
Presidente Ejecutivo
Estimado señor:
Con la aprobación del señor Procurador
General, doy respuesta al oficio PEP-745-2016 de 18 de octubre de 2016.
En el oficio PEP-745-216 de 18 de
octubre de 2016 se nos solicita rendir “dictamen preceptivo y favorable de
lesividad ante posibles nulidades absolutas de renovación de Licencias de
Pesca.” Asimismo, se nos comunica el acuerdo de la Junta Directiva del
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, acuerdo N.° 070-2016 adoptado
en la sesión ordinaria N.° 06-2016 de 12 de febrero de 2016, mediante la cual
se dispuso requerir el “dictamen favorable de la Procuraduría General de la República a efecto de declarar por la
vía de lesividad la nulidad de la renovación extemporánea de las licencias de
pesca” de determinadas embarcaciones.
I.
ANTECEDENTES
Luego del análisis del expediente administrativo que
se adjuntó a la gestión, consideramos oportuno mencionar los siguientes
antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:
1.
Por
informe AJDIP/195-2014, fechado 18 de agosto de 2014, el denominado Órgano
Consultivo Legal rindió ante la Junta Directiva del Instituto Costarricense de
Pesca y Acuicultura un Análisis Legal de Inactividad de Renovación de
Licencias. Como parte de sus conclusiones, en dicho Informe se recomendó a la
Junta Directiva declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto
administrativo de renovación de licencias de pesca de determinadas
embarcaciones, todas ella propiedad del señor Hung Chuan Wang Shig y abrir, por
consiguiente, un proceso de lesividad.
(Ver folios 14 al 23 del expediente administrativo.)
2.
Por
acuerdo JADIP/327-2014 de 12 de setiembre de 2014, la Junta Directiva del
Instituto resolvió instaurar un órgano director para determinar “la posible existencia
de nulidad respecto de la tramitación de renovación extemporánea y posible
extinción de las Licencias de Pesca” de determinadas embarcaciones. Estas
embarcaciones fueron identificas por su nombre y el correspondiente número de
matrícula. En dicho acto se designó a los funcionarios responsables de integrar
el órgano director. (Ver folios 16 y 15 del expediente administrativo.)
3.
Mediante
resolución ODPA-327-2014-AI-P-8537 de las 9:00 horas del 28 de setiembre de
2014, el órgano director dicta el acto de apertura del procedimiento
administrativo para declarar una posible nulidad respecto de la tramitación de
renovación extemporánea y posterior extinción de determinadas Licencias de
Pesca. Los vicios que se le imputaron a las Licencias de Pesca que se pretendían
anular pueden ser sintetizados de la siguiente forma: inactividad en el pago
del canon, carencia de solicitud de renovación, incumplimiento de requisitos,
extemporaneidad. En términos generales, se indica que la renovación de las
licencias era improcedente. Luego, se convoca al señor Hung
Chuan Wang Shig, como
representante de legal de las sociedades propietarias de las embarcaciones
eventualmente afectadas, para la comparecencia oral y privada señalada para el
día miércoles 29 de abril de 2015, imponiéndole sobre su derecho de ofrecer y
producir prueba e indicándole que el expediente administrativo podía ser
revisado en la Secretaría Técnica de la Junta Directiva del Instituto.
Finalmente se le indicó sobre los recursos que admite el acto de apertura de un
procedimiento administrativo. (Ver folios 123 a 69 del expediente
administrativo.)
4.
En
fechas 15 de enero de 2015, 5 de febrero de 2015, 25 de febrero de 2015, 4 de
marzo de 2015, 9 marzo de 2015, 20 de marzo de 2015 se hicieron varios intentos
de notificar personalmente al señor Hung Chuan Wang Shig que fueron
infructuosos. Se dejaron constancias de que se informó en todas las ocasiones
que el señor Hung
Chuan Wang Shig se
encontraba fuera del país. (Ver folios folios 116 a
121 del expediente administrativo.)
5.
Mediante
constancia de 26 de marzo de 2015, se indica que el señor Hung
Chuan Wang Shig fue
notificado el acto de apertura del procedimiento administrativo en esa fecha.
(ver folio 123 del expediente administrativo.)
6.
Mediante
escrito de 29 de abril de 2015, el señor
Hung Chuan Wang Shig argumentó que las licencias que se pretenden dejar sin
efecto, no contienen ningún vicio de invalidez. (ver folios 127 a 125 del
expediente administrativo.)
7.
La
comparecencia oral y privada fue celebrada el día 29 de abril de 2015 con
presencia del señor Hung Chuan
Wang Shig, y su abogado. (Ver folios 133 a 128 del
expediente administrativo.)
8.
Que
por acuerdo de la Junta Directiva del
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, acuerdo N.° 070-2016 adoptado
en la sesión ordinaria N.° 06-2016 de 12 de febrero de 2016, se resolvió requerir el “dictamen favorable de la
Procuraduría General de la República a
efecto de declarar por la vía de lesividad la nulidad de la renovación
extemporánea de las licencias de pesca” de determinadas embarcaciones.
II.
INADMISIBILIDAD
DE LA GESTION. LA PROCURADURIA GENERAL NO ES COMPETENTE PARA OTORGAR UN
DICTAMEN DE LESIVIDAD.
La gestión formulada en el oficio PEP-745-216 de 18 de octubre de 2016
no es admisible, por cuanto la Procuraduría General carece de competencia para
otorgar el dictamen requerido por el Instituto Costarricense de Pesca y
Acuicultura.
En
este sentido, conviene indicar que el dictamen solicitado en el oficio
PEP-745-216 de 18 de octubre de 2016 consiste en un “dictamen de lesividad ante
posibles nulidades absolutas de renovación de Licencias de Pesca.”
Al
respecto, se debe advertir que la Procuraduría General carece de atribuciones
para rendir el dictamen requerido, en esta ocasión, por el Instituto Costarricense
de Pesca y Acuicultura.
Al
respecto, debe señalarse que en orden a anular por lesividad un acto propio declarativo de
derechos subjetivos, la administración, en este caso el Instituto Costarricense
de Pesca y Acuicultura, debe actuar conforme el procedimiento previsto,
actualmente, en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso
Administrativo.
Es decir que para efectos de anular
un acto propio por lesividad, el órgano superior jerárquico supremo de la
persona de Derecho Público respectiva debe primeramente declarar el acto lesivo
a los intereses públicos, económicos y de otra naturaleza, y luego demandar su
nulidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Sobre la naturaleza y
objeto del proceso judicial de lesividad, importa citar lo dicho en el dictamen
C-107-2005 de 9 de marzo de 2005:
En
primer lugar, cabe recordar que conforme con la abundante jurisprudencia tanto
judicial –de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia- como administrativa
–de la Procuraduría General-, el proceso de lesividad está concebido en nuestro
ordenamiento como un proceso de carácter especial, con trámites y
características propios, que lo diferencian de otros procesos en los que se
manifiesta la potestad de autotutela administrativa.
Además, es importante resaltar que la declaratoria de lesividad por parte de la
Administración, no es más que un trámite procesal, que no afecta el acto o
contrato cuya nulidad se pretende. Será el Juez, quien con los elementos que se
hagan llegar al juicio, el que determine si el acto se encuentra viciado o no.
Así las cosas, se impone advertir que el artículo 34 del
Código Procesal Contencioso no prevé el instituto del dictamen preceptivo y
favorable de la Procuraduría General de la República como un elemento dentro
del procedimiento de lesividad.
Luego, se debe aclarar y precisar que el dictamen
preceptivo y favorable de la Procuraduría es más bien un elemento del
procedimiento previsto en el numeral 173
de la Ley General de la Administración Pública para declarar, en sede
administrativa, la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto propio declarativo de derechos
subjetivos. Igualmente, un dictamen preceptivo de la Procuraduría es requerido,
por el artículo 183 también de la Ley General de la Administración Pública,
para el ejercicio de la potestad de revisión oficiosa de actos en beneficio del
administrado y de sus derechos.
No obstante las aclaraciones hechas,
debe insistirse en que lo requerido por el
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura en este caso es distinto de lo
previsto en los numerales 173 y 183 de la Ley General de la Administración
Pública, pues el objeto de la gestión actual es que se dictamine la lesividad
ante posibles nulidades absolutas de renovación de Licencias de Pesca, lo cual
es extraño a las competencias y atribuciones de la Procuraduría General.
Es importante señalar que en el
supuesto de que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura requiera
iniciar el respectivo procedimiento de lesividad, corresponde al Superior
Jerárquico Supremo de ese instituto – el cual es un ente estatal con
personalidad jurídica plena - declarar la lesividad de los actos a anular y
luego incoar, por si mismo y ante la jurisdicción contenciosa
administrativa, el respectivo proceso de lesividad conforme lo previsto en el
numeral 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
Así
debe insistirse en que el procedimiento de lesividad es un proceso de
naturaleza jurisdiccional, es decir que la pretensión de lesividad debe ser
formulada ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
En todo caso, cabe advertir que en
el expediente administrativo que se ha adjuntado al oficio PEP-745-216 de 18 de
octubre de 2016, se comprueba que el Instituto Costarricense de Pesca y
Acuicultura busca que se anulen ciertas licencias de pesca por presuntas
nulidades absolutas. (Ver Acuerdo de Junta Directiva JADIP/327-2014 de 12 de
setiembre de 2014 y resolución del
órgano director ODPA-327-2014-AI-P-8537 de las 9:00 horas del 28 de setiembre
de 2014)
Así las cosas, del expediente
administrativo se entiende que a pesar de que la imputación del vicio no es
precisa, el Instituto se circunscribe
a achacar nulidades a distintas licencias de pesca, no obstante no las califica
de evidentes ni manifiestas. De hecho, debe advertirse que el acto de apertura
del procedimiento – resolución de las 9:00 horas del 28 de setiembre de 2014-,
el órgano director de ningún modo calificó los vicios imputados como de nulidad
absoluta, evidente y manifiesta.
Luego es claro que el objetivo del
Instituto es que anulen por vicios de nulidad absoluta determinadas licencias
de pesca otorgadas por el mismo Instituto, lo cual es el objeto propio de un
proceso jurisdiccional de lesividad.
Nuevamente, entonces, debe
reiterarse que Procuraduría General carece de atribuciones para rendir un
dictamen que declare la lesividad de un acto propio de la administración.
Finalmente, y con el ánimo de
colaborar con el Instituto gestionante, conviene
hacer dos observaciones del mayor interés.
La primera, es que
a pesar de que en el Acuerdo de
Junta Directiva JADIP/327-2014 de 12 de setiembre de 2014, lo mismo que en la
resolución del órgano director ODPA-327-2014-AI-P-8537 de las 9:00 horas del 28
de setiembre de 2014, se indica que el objeto del procedimiento es anular
ciertas licencias de pesca, lo cierto es que ni dichos actos, ni ninguna otra
actuación del procedimiento, identifica los actos administrativos concretos – licencias
de pesca – que se pretende anular.
Al
respecto, es menester señalar que, conforme el numeral 134.2 de la Ley General
de la Administración Pública, la regla es que los actos administrativos deben
indicar el órgano agente que los dictó, la fecha de su emisión y la firma del
cargo del suscriptor. Además es importante que se aporte la documentación
necesaria para comprobar la fecha de comunicación de los actos administrativos
a anular. Esto en los términos previstos en los artículos 140 y siguientes también
de la Ley General de la Administración Pública.
Ahora
bien, debe insistirse que en la presente gestión no se han identificado,
conforme los términos del artículo 132.2 recién citado, los actos
administrativos cuya anulación se pretende ni tampoco se han aportado las actas
de comunicación dichos actos, todo lo
cual resultaría indispensable para una eventual demanda de lesividad que la
administración pretenda incoar ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
El
segundo punto de interés es que el expediente administrativo no viene foliado
correctamente de tal forma que siga un orden lógico.
En
efecto, se nota del expediente que existen incongruencias en el orden de la
foliatura y que ésta no sigue un orden lógico pues no sigue el orden natural secuencial.
En
este, debe recordarse que el orden y adecuada foliatura del expediente
administrativo es esencial para del debido proceso. (Al respecto, véase,
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
San José, 2007.P.9)
Igualmente,
debe recordarse que al tenor del numeral 51 del Código Procesal Contencioso
Administrativo, la copia certificada del expediente que se llegue a aportar en
una eventual demanda de lesividad debe
contar con la debida identificación y estar debidamente foliado,
completo y estricto orden cronológico.
Así las cosas, debe insistirse
en que la gestión formulada en el oficio PEP-745-216 de 18 de octubre de 2016
no es admisible, por cuanto la Procuraduría General carece de competencia para
otorgar el dictamen requerido por el Instituto Costarricense de Pesca y
Acuicultura.
III.
CONCLUSION
Con fundamento en lo expuesto, se concluye que a
gestión formulada en el oficio
PEP-745-216 de 18 de octubre de 2016 no es admisible, por cuanto la
Procuraduría General carece de competencia para otorgar el dictamen “lesividad
por nulidad absoluta” requerido por el Instituto Costarricense de Pesca y
Acuicultura.
Se
adjunta el expediente administrativo remitido.
Atento se suscribe;
Jorge Andrés Oviedo Alvarez
Procurador Adjunto
C-227-2016
INADMISIBILIDAD. DICTAMEN DE LESIVIDAD.
Por oficio PEP-745-216 de 18 de octubre de 2016 se nos solicita rendir
“dictamen preceptivo y favorable de lesividad ante posibles nulidades absolutas
de renovación de Licencias de Pesca.” Asimismo, se nos comunica el acuerdo de
la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, acuerdo
N.° 070-2016 adoptado en la sesión ordinaria N.° 06-2016 de 12 de febrero de
2016, mediante la cual se dispuso requerir el “dictamen favorable de la
Procuraduría General de la República a efecto de declarar por la vía de
lesividad la nulidad de la renovación extemporánea de las licencias de pesca”
de determinadas embarcaciones.
Por consulta jurídica C-227-2016, el procurador Jorge Oviedo se concluye
que a gestión formulada en el oficio PEP-745-216 de 18 de octubre de 2016 no es
admisible, por cuanto la Procuraduría General carece de competencia para
otorgar el dictamen “lesividad por nulidad absoluta” requerido por el Instituto
Costarricense de Pesca y Acuicultura.