Dictamen : 251 - del 28/11/2016
28 de noviembre de 2016
C-251-2016
Msc.
Leticia Hidalgo Ramírez
Directora
Patronato Nacional de Ciegos
Estimada señora:
Con la aprobación del señor Procurador General de la
República, damos respuesta a su oficio No. DI-PNC-068-2016 en el cual indica que
se contrató un abogado externo para que rindiera su criterio sobre el caso de
un funcionario que ocupa la plaza de asistente administrativo y cuyo
nombramiento se presume está viciado de nulidad.
Además, en su nota solicita nuestro criterio “no solamente sobre el fondo del asunto en
cuestión, sino sobre el procedimiento para anular el acto administrativo.”
1. Sobre la
potestad de la administración pública de anular sus actos en vía
administrativa.
Si bien es cierto el oficio que nos
remite no es lo suficientemente claro en cuanto al objeto del criterio
requerido, de lo indicado y del criterio legal que se adjunta, entendemos que
se está solicitando el criterio favorable de esta Procuraduría exigido por el
artículo 173 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública (No. 6227
de 2 de mayo de 1978, en adelante LGAP) sobre la nulidad absoluta, evidente y
manifiesta del nombramiento del asistente administrativo de la Institución. Y
en esos términos procedemos a contestar su nota.
De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 183.3 de la Ley General de la Administración Pública (No. 6227 de 2
de mayo de 1978) y el principio de intangibilidad de los actos propios, la
Administración no puede anular de oficio los actos que haya emitido y que sean
declaratorios de derechos, debiendo recurrir al proceso judicial de lesividad
para su anulación.
El proceso de lesividad está
regulado en los artículos 10 inciso 5), 34 y 39 inciso 1 punto e) del Código
Procesal Contencioso Administrativo (Ley No. 8508 de 28 de abril de 2006) y
está constituido como el proceso judicial en el cual la propia Administración
autora de un acto administrativo declaratorio de derechos solicita su nulidad.
Para ello, el superior jerárquico
supremo debe, mediante una resolución, declarar el que el acto es lesivo a los
intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza, dentro del plazo
de un año contado a partir de su dictado, salvo que contenga vicios de nulidad
absoluta, caso en el que podrá hacerse la declaratoria de lesividad mientras
perduren sus efectos.
Una vez declarada la lesividad, la
demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo debe plantearse en el plazo
de un año, contado a partir del día siguiente a la firmeza del acto que declara
la lesividad.
El artículo 173 de la LGAP regula un procedimiento de
excepción a la regla antes comentada, pues permite a la Administración anular
actos propios declaratorios de derechos en la vía administrativa, sin recurrir
al proceso judicial de lesividad, siempre que se trate de actos que posean
vicios de nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Sobre esa posibilidad
excepcional, la Sala Constitucional ha expuesto:
“A tenor del numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, un
ente u órgano público bien puede anular en vía administrativa un acto
declaratorio de derechos para el administrado pero lesivo para los intereses
públicos o patrimoniales de la primera, sin necesidad de recurrir al proceso
contencioso administrativo de lesividad…
(proceso en el cual la parte actora es una
administración pública que impugna un acto propio favorable para el
administrado pero lesivo para ella) cuando el mismo esté viciado de una
nulidad absoluta evidente y manifiesta. La nulidad absoluta evidente y
manifiesta debe ser dictaminada, previa
y favorablemente, por la Procuraduría o la Contraloría Generales de la República —acto preparatorio
del acto anulatorio final—.” (Voto No. 1003-2004 de las 14 horas 40 minutos de 4 de febrero de
2004. Se añade la negrita).
Acerca de la
distinción entre el proceso de lesividad y el procedimiento fijado en el
artículo 173 de la LGAP, hemos dicho:
“Consecuentemente, nos encontramos ante dos vías
distintas. La primera regulada en el artículo 173 de repetida cita, que se
refiere única y exclusivamente a la hipótesis de una nulidad absoluta ´evidente
y manifiesta´, para cuya declaración debe observarse el correspondiente
procedimiento ordinario, al cabo del cual la Administración podría declarar la
nulidad, en caso de ser afirmativo el dictamen preceptivo de este órgano. Será
entonces resorte exclusivo de la Administración consultante, la valoración
previa del tipo de invalidez que vicia los actos administrativos en examen y
con base en ello, también la determinación del procedimiento aplicable para su
anulación.
La segunda vía, regulada en los artículos dichos del
Código Procesal Contencioso Administrativo, puede llevar a que el Juez de esta
materia anule el acto cuestionado, en cuyo caso, no es necesario que deba ir
precedido por un procedimiento administrativo ordinario, sino que basta la
declaratoria fundamentada de lesividad por parte del órgano superior jerárquico
supremo correspondiente (que en este caso sería el Concejo Municipal), de que
dicho acto es lesivo a los intereses públicos, para luego proceder a la
interposición de la demanda correspondiente.
En la cual, aquí sí, esa Municipalidad puede solicitar al Juez todas las
medidas cautelares (artículos 19 a 30 del referido Código) que estime conveniente
para salvaguardar los bienes demaniales e intereses públicos y locales cuya
tutela le es confiada por el ordenamiento jurídico.” (Dictamen No. C-128-2008 de 21 de abril de
2008).
Entonces, en vía
administrativa puede declararse una nulidad absoluta cuando esta sea evidente y
manifiesta, es decir “notoria, obvia, que
aparezca de manera clara, sin que exija su comprobación de un proceso
dialéctico, por saltar a simple vista." (Dictamen No. C-194-1991 de 3
de diciembre de 1991)
De conformidad con lo anterior y con el fin de evitar
abusos en el ejercicio de esa potestad excepcional, el artículo 173 comentado
establece los requisitos formales a los que debe sujetarse la Administración
para ejercer esa potestad anulatoria y para evitar la invalidez del acto final
anulatorio.
En
primer lugar, es necesario llevar a cabo un
procedimiento administrativo ordinario, tal y como lo exige el inciso 3) del
artículo de cita, que al efecto dispone:
“3) Previo al
acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la
Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el
debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley.”
Ese deber inexcusable de la
Administración, se fundamenta en que el procedimiento administrativo ordinario
regulado a partir del artículo 308 de la LGAP permite salvaguardar los derechos
e intereses de los administrados que se verán afectados con la anulación del
acto, a quienes se les debe asegurar el ejercicio legítimo y efectivo del derecho
de defensa, cumpliendo con todos los principios y garantías del debido proceso.
Y a su vez, ese procedimiento garantiza a la Administración la validez de sus
actuaciones y del acto que finalmente adopte.
En términos generales, el
procedimiento administrativo inicia, después de realizarse una investigación
preliminar, con la decisión de anular el acto administrativo y la determinación
del procedimiento a seguir, dependiendo de si se valora que la nulidad que se
pretende declarar, tiene, en principio, una nulidad absoluta, evidente y
manifiesta.
El órgano competente para dictar el
acto final del procedimiento (el órgano superior supremo según el artículo 173
inciso 2) de la LGAP) debe tomar la decisión de iniciar el procedimiento y designar
al órgano director que se encargará de tramitarlo. Este órgano director debe
poner en conocimiento de las partes (que tengan un interés legítimo o que
puedan verse afectados con la decisión final) las razones por las cuales se
inicia el procedimiento y los fines que se persiguen, convocar a una audiencia
oral y privada en la cual se evacúen las pruebas y se escuchen los alegatos de
las partes.[1]
Antes del dictado del acto final por
parte del órgano decisor, el inciso 1) del artículo 173 citado dispone que es necesario obtener el dictamen favorable de la
Procuraduría General de la República o de la Contraloría General de la
República (cuando se trate de materia presupuestaria o de contratación
administrativa). Sobre el papel que cumple la Procuraduría en estos casos,
hemos indicado:
“…cumple
una doble función, que consiste, por una parte, en corroborar que el
procedimiento administrativo previo haya respetado el derecho de defensa del
administrado, sujetándose a los requisitos establecidos por ley; y por otra, en
acreditar que la nulidad que se pretende declarar posea, efectivamente, las
características de absoluta, evidente y manifiesta. Se trata de un
criterio externo a la Administración activa, que tiende a dar certeza a esta
última y al administrado, sobre el ajuste a Derecho del ejercicio de la
potestad de autotutela administrativa.” (Dictamen No. C-124-2011 del 9 de junio de 2011).
De tal forma, si la función de la
Procuraduría consiste en verificar que la nulidad acusada sea evidente y
manifiesta y en constatar el cumplimiento de los requisitos formales, es
evidente que el procedimiento administrativo debe haberse llevado a cabo con
anterioridad, pues sería imposible rendir un criterio vinculante sobre un
trámite que aún no se ha realizado.
Por ello, nuestra intervención en
estos asuntos debe ser previa al acto final que declare la nulidad absoluta,
pero posterior al procedimiento administrativo ordinario tramitado al efecto.
En otras palabras, después de que el órgano director culmina la tramitación del
procedimiento, debe remitir el informe que corresponda al órgano decisor, para
que éste, de previo a dictar el acto final, solicite a la Procuraduría o a la
Contraloría el criterio favorable sobre la nulidad absoluta, evidente y
manifiesta. Una vez que el órgano decisor cuenta con ese dictamen obligatorio y
vinculante, procede a emitir el acto final del procedimiento. (Al respecto,
pueden observarse los dictámenes Nos. C-223-2007 del 5 de julio de 2007, C-129-2011 del
13 de junio de 2011, C-103-2016 de 2 de mayo de 2016, entre otros).
Además,
de los artículos 296 de la LGAP y 51 del Código Procesal Contencioso
Administrativo (Ley No. 8508 de 28 de abril de 2006) se extrae que otro de los
requisitos formales para el ejercicio de esta potestad es conformar un
expediente documental, identificado, completo, foliado y ordenado
cronológicamente, en el que consten todas las actuaciones de la Administración
durante el procedimiento, que permita el estudio y análisis de lo acontecido
por parte de los particulares interesados y de este órgano asesor.
En
consecuencia, para poder ejercer nuestra función consistente en constatar el
cumplimiento de los requisitos formales y valorar el carácter de evidente y
manifiesto de la nulidad pretendida, es necesario que se nos remita una copia
certificada del expediente administrativo levantado al efecto. (Al respecto
véanse los dictámenes Nos. C-401-2008 de 4 de noviembre de 2008, C-129-2011 de
13 de junio de 2011 y C-148-2016 de 1° de julio de 2016).
A su
vez, es importante considerar que el artículo 173 inciso 4) de la LGAP
establece que la potestad anulatoria allí regulada debe ejercerse en el plazo de
un año, contado a partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos
perduren, caso en el que el plazo empezará a computarse a partir del cese de
los efectos.
2.
Sobre el caso concreto
En el oficio remitido se expone que se pretende anular
el nombramiento del asistente administrativo de la Institución y se adjunta un
criterio legal externo sobre el caso concreto. Posteriormente se remitió el
oficio DI-PNC-073-2016, adjuntando la documentación que el abogado contratado
utilizó para emitir el criterio aportado.
Sin embargo, no se adjunta copia del expediente
administrativo que evidencie que se ha tramitado el procedimiento ordinario
previo exigido por el artículo 173 de la Ley General de la Administración
Pública. De tal forma, resulta imposible rendir el criterio requerido sobre la
nulidad absoluta evidente y manifiesta.
Esta
gestión podrá ser atendida una vez que el procedimiento administrativo haya
sido instruido y el asunto vuelva a ser
remitido a esta Procuraduría. Para ello, tómese en cuenta lo dispuesto acerca
de los requisitos expuestos y el plazo de caducidad al que se encuentra sujeta
esa potestad.
3.
Conclusión:
Con fundamento
en todo lo expuesto, no puede la Procuraduría rendir el criterio sobre la
nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto de nombramiento, porque no se
han cumplido los requisitos legales previos que establece el artículo 173 de la
Ley General de la Administración Pública.
De Usted, atentamente,
Gloria
Solano Martínez Elizabeth
León Rodríguez
Procuradora Abogada de Procuraduría
GSM/ELR/cav
[1] Para
un estudio exhaustivo y detallado del procedimiento ordinario y sus requisitos
formales, remitimos una copia digital del Manual de Procedimiento
Administrativo elaborado por esta Procuraduría.
C-251-2016
NULIDAD EVIDENTE Y MANIFIESTA. REQUISITOS PARA DECLARARLA. EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO. ÓRGANO MUNICIPAL COMPETENTE. PLAZO DE CADUCIDAD.
La señora Leticia Hidalgo
Ramírez, Directora del Patronato Nacional de Ciegos, mediante el oficio No. DI-PNC-068-2016, solicita nuestro criterio para anular un nombramiento que se presume
está viciado de nulidad.
Esta Procuraduría, en dictamen N°
C-251-2016 de 28 de noviembre de 2016, suscrito por la Procuradora Gloria
Solano Martínez y la Abogada de Procuraduría Elizabeth León Rodríguez, concluye
que:
1. Por no adjuntarse la copia certificada del expediente que evidencie la
tramitación del procedimiento administrativo previo, esta Procuraduría se
encuentra imposibilitada para rendir el dictamen favorable sobre la nulidad
absoluta, evidente y manifiesta, dispuesto por el artículo 173 de la Ley
General de la Administración Pública.
2. La gestión podrá ser atendida una vez que el
asunto vuelva a ser remitido a junto con el expediente administrativo correspondiente,
tomando en cuenta lo dispuesto sobre los requisitos y
el plazo de caducidad al que se encuentra sujeta la potestad anulatoria.