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Dictamen : 225 - del 31/10/2016
31 de
octubre de 2016
C-225-2016
Máster
Gilberth
Jiménez Siles
Alcalde
Municipalidad
de Desamparados
Estimado
señor:
Con aprobación de la señora Procuradora General Adjunta,
me refiero al Oficio de esa Alcaldía No. AM-724-15 de 9 de setiembre de 2015,
donde se nos hacen las siguientes consultas:
“En virtud de que el artículo 93 de la Ley de
Construcciones, le otorga la oportunidad a los infractores urbanos, la
posibilidad de poner a derecho obras civiles que no cuentan con licencia
municipal de construcción, ¿si es posible otorgar el respectivo permiso, cuando
se presenta la solicitud de permiso con todos los requisitos a excepción de la
viabilidad ambiental, cuando por el tipo de obra la misma es requerida, pero
que la SETENA no le otorga, por lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
Orgánica del Ambiente que estipula que la viabilidad ambiental se otorga de
previo al inicio de una construcción.
En el caso de las torres de telecomunicación
edificadas sin permiso de construcción en el cantón de Desamparados, una vez
iniciado el procedimiento establecido en los artículos 93 a 96 de la Ley de
Construcciones, ¿es posible otorgar los permisos de construcción a aquellas
torres, edificadas antes de la entrada en vigencia del “Reglamento de la
Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias
Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones”, publicado en La Gaceta
No. 47 del 8 de marzo de 2011, toda vez que cuando se edificaron no existía
normativa local o general que estableciera como requisito para ese tipo de
obras, la viabilidad ambiental de la SETENA?
No omito indicar que esta es la redacción final de las
preguntas que se nos formulan una vez que nos fuera enviado el criterio legal
prevenido en nuestro Oficio No. AAA-995-2015 de 7 de agosto de 2015 (la opinión
de la asesoría jurídica que se adjuntó a la consulta original expuesta en el
Oficio No. AM-428-15 de 5 de junio de 2015 no se refería a todas las
interrogantes planteadas y abordaba un tema específico no consultado).
Sobre las competencias de las Municipalidades en
materia de planificación urbana, la importancia de los permisos de construcción
y el procedimiento sancionatorio que se debe seguir cuando existen
construcciones que no cuentan con la licencia exigida por ley, se ha
manifestado la Procuraduría General de la República en los siguientes términos:
“De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 169 de la Constitución Política, la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón le
corresponde al Gobierno Local. Esa potestad constitucional abarca las
competencias que en materia de control y planificación del desarrollo urbano
establecen la Ley de Planificación Urbana (N° 4240 del 15 de noviembre de 1968)
y la Ley de Construcciones (N° 833 del 2 de noviembre de 1949), de forma tal
que las Municipalidades son “…las encargadas de que las ciudades y demás
poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad,
comodidad, y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones…”
(Artículo 1° de la Ley de Construcciones).
Ahora bien, para la ejecución de dicho encargo, el
ordenamiento jurídico le otorga a los Municipios una serie de herramientas
concretas. Y uno de esos instrumentos es
el permiso de construcción al que deben sujetarse todas las obras constructivas del país, sean éstas de carácter permanente o
provisional (artículos 74 de la Ley de Construcciones
y 57 de la Ley de Planificación Urbana). Esta Procuraduría, ha definido el
permiso de construcción como:
“…una autorización administrativa de carácter
municipal, por medio de la cual se ejerce un control preventivo en relación con
el ejercicio del ius aedificandi
dominical, a través de la comprobación de la conformidad del mismo con el
ordenamiento jurídico ambiental-urbanístico, de modo que con su otorgamiento se
remueven los obstáculos jurídicos para convertir al mismo en un ejercicio
lícito de dicho derecho, y en consecuencia, se posibilite la realización de
obras de construcción en una determinada localidad.” (Dictamen Nº C-390-2007
del 6 de noviembre de 2007).
La exigencia de este permiso, tiene
una finalidad preventiva, pues funciona como un instrumento municipal para ajustar
las futuras edificaciones a las normas legales en materia de construcción y a
las reglas dispuestas en el plan regulador del cantón, procurando entonces una
correcta planificación urbana, la
protección del ambiente, el crecimiento y desarrollo ordenado de las
ciudades y el equilibrio entre el interés público y el privado (sobre el punto,
véase el pronunciamiento, C-002-2007 del 9 de enero de 2007 recién citado y la
OJ-106-2002 del 24 de julio del 2002).
Pues bien, para que el interesado
pueda obtener el permiso constructivo es necesario que haya cumplido con el
requisito previo e ineludible de cancelar el monto correspondiente al derecho
de licencia –según la tarifa fijada por el Municipio-así como con cualquier otro requisito exigido por la normativa
aplicable, (…)
Y también, es necesario precisar que el
trámite para el otorgamiento de la licencia constructiva le permite a los
Gobiernos Locales recaudar el monto correspondiente a ese derecho, así como a
controlar fondos el desarrollo ordenado de las construcciones y exigir el cumplimiento de los requisitos
dispuestos legalmente (véase el dictamen N° C-376-2006 del 21 de setiembre
de 2006).
Precisamente, reconociendo la importancia del
crecimiento ordenado de las ciudades, la Ley de Construcciones le concede a las
municipalidades la potestad de vigilar las obras y le confiere la competencia para sancionar las infracciones
relacionadas con los incumplimientos a las regulaciones constructivas:
“Artículo 87.- La municipalidad ejercerá vigilancia sobre las obras que se
ejecuten en su jurisdicción, así como sobre el uso que se les dé. Además,
tendrá la misión de vigilar la observancia de los preceptos de esta Ley.
(…)
Artículo 88.- Facultades. La Municipalidad puede imponer sanciones por las
infracciones a las reglas de este Ordenamiento. Las sanciones serán las que se
han especificado en el cuerpo de esta Ley y su Reglamento (multas, clausuras,
desocupación, destrucción de la obra, etc.) y los que señala este Capítulo.”
Por su parte, en el artículo 89 ibíd se tipifican las infracciones que pueden ser
sancionadas, estableciéndose como una de ellas “ejecutar sin licencia previa,
obras para las cuales esta Ley y su Reglamento exigen la licencia.” Sobre este
tema, la Sala Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos:
“De la Ley de
Construcciones se desprende claramente la competencia que le asiste a las
corporaciones municipales para verificar las condiciones de seguridad y
salubridad sobre las construcciones que en jurisdicción de las mismas se
levante, sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas
materias a otros órganos administrativos (Art. 1). Es así como este deber de vigilancia y fiscalización debe también
ejercerse con respecto a las edificaciones ya construidas sin que se hubiese
cumplido con el procedimiento legalmente establecido para hacerlo. En estas
circunstancias, la Municipalidad correspondiente deberá levantar una
información fijándole al propietario un plazo de treinta días «para que dé
cumplimiento a lo estatuido en esta Ley» (Art. 93).” (Voto N° 1582-1993 del
31 de marzo de 1993. Se añade el énfasis).
Y para el caso de las construcciones ya
concluidas que no cuenten con la licencia, la Ley de Construcciones establece
el procedimiento al cual deben apegarse las Municipalidades:
“Artículo 93.-
Cuando un edificio o construcción o instalación ha sido terminado sin licencia
ni proyecto aprobado por la Municipalidad y sin que se haya dado aviso a ésta
de la terminación de la obra, se levantará una información, fijando al
propietario un plazo improrrogable de treinta (30) días, para que dé
cumplimiento a lo estatuido en esta Ley y Reglamento, presentando el proyecto,
solicitud de licencia, etc.
Artículo 94.- Si
pasado el plazo fijado, el propietario no ha dado cumplimiento a la orden
anterior, se le levantará una nueva información la que se pondrá de acuerdo con
el artículo sobre Renuencia y se fijará un último plazo, oyendo al interesado.
Artículo 95.- Si
el propietario presenta el proyecto respectivo y una vez que sea aceptado, la
Municipalidad comprobará si la obra ha sido ejecutada de acuerdo con él y si
ambos satisfacen los requisitos exigidos por esta Ley y su Reglamento
sometiéndolo a las pruebas necesarias.
Artículo 96.- Si
no se presenta el proyecto o no se hacen las modificaciones ordenadas, la
Municipalidad ordenará la destrucción de las partes defectuosas o la hará por
cuenta del propietario. En ningún caso autorizará el uso de la construcción y
si está en uso, impondrá multa por esta causa y dispondrá la desocupación y
clausura de ella.”
De tal forma, en caso de que la Municipalidad
constate la existencia de una obra que ha sido concluida sin haber obtenido el
permiso de construcción, debe tramitar el procedimiento antes descrito con el
fin de ajustar la obra a las normas constructivas y a las exigencias del plan
regulador urbano, ordenándole al
infractor el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para el
otorgamiento de la licencia constructiva dentro del plazo allí determinado.
Y en caso de que no se cumplan todos los requisitos en el plazo fijado
o que la obra no se ajuste a las normas urbanísticas y de construcción
aplicables, debe denegarse la licencia, quedando el Municipio facultado para
ordenar la destrucción de las partes defectuosas –o incluso, de la totalidad de
la obra– y para clausurar la edificación e impedir su uso.
Así, antes de otorgar la licencia y dentro del
trámite exigido por la Ley, la Municipalidad debe requerir el comprobante de
pago de la póliza de riesgos del trabajo y el pago del derecho de licencia, junto con los demás requisitos previos para
su otorgamiento. Y además, la Municipalidad está facultada para imponer la
multa que corresponda por haber ejecutado una obra sin contar con el permiso
correspondiente y por las demás infracciones que se cometan y que estén
contenidas en el artículo 89 de la Ley de Construcciones.” (Dictamen No. C-113-2013 de 25 de junio de 2013).
Como
fácilmente se desprende de lo anterior, el procedimiento descrito en el
artículo 93 de la Ley de Construcciones presupone que el otorgamiento de
la licencia municipal, en caso de construcciones que hayan sido levantadas sin
haberla obtenido previamente, está sujeta al cumplimiento de todos los
requisitos que la normativa exige; por lo que, si dentro de éstos se encuentra
el contar con una viabilidad ambiental debidamente otorgada por la Secretaria
Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Municipalidad no puede obviar su
cumplimiento.
Aceptar
lo contrario, conllevaría a que en la práctica se levanten construcciones de
todo tipo sin obtener la respectiva viabilidad ambiental cuando ésta se
requiera, para luego, una vez finalizadas, obtener el permiso de construcción
bajo el procedimiento del artículo 93 de la Ley de Construcciones, obviando el
respectivo trámite ante la SETENA, lo que representaría una práctica del todo
inadmisible por las perniciosas consecuencias que ella conllevaría, al implicar
la supresión de la debida valoración ambiental previa; de conformidad con el
artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554 de 4 de octubre de
1995:
“Artículo 17.-
Evaluación de impacto ambiental. Las
actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos,
requerirán una evaluación de impacto
ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de
parte de este organismo, será
requisito indispensable para iniciar las
actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos
requerirán la evaluación de impacto ambiental.”
En
cuanto a la segunda pregunta, el artículo 17 del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de licencias municipales para infraestructura de telecomunicaciones, aprobado según acuerdo No. 5 de la sesión No.
9-2011, celebrada por el Concejo Municipal de Desamparados el 8 de febrero de
2011, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 47 de 8 de marzo de 2011,
exige entre los documentos a presentar para la
obtención de la licencia de obras constructivas de telecomunicaciones, la
viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental
(inciso l).
Sin
embargo, con antelación a dicho reglamento, también se dictó otro tipo de
normas que igualmente exigía la tramitación de estudios de impacto ambiental
para la instalación de torres de telecomunicaciones.
Tal
es el caso, por ejemplo, de la Resolución de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental No. 02031-2009 de 9 horas del 26 de agosto del 2009 sobre Instalación
de Torres de Telecomunicaciones para el Sistema Móvil Avanzado 3G (SMA-SG), en
donde se indica que “en relación a la
Evaluación de Impacto Ambiental de los Proyectos de Instalación de Torres de
Telecomunicaciones para el Sistema Móvil, para obtener la Viabilidad Licencia
Ambiental”, el documento a presentar será el del formulario D2, con la
presentación de la información que dicho formulario solicita, así como
complementarse con la siguiente información adicional firmada por el
profesional competente y debidamente inscrito en la base consultores de la
SETENA (Por Tanto Primero):
“1.Hoja
Cartográfica con la localización en coordenadas Lambert del Área del Proyecto.
2. Descripción del
proyecto.
3. Estudio de
Ingeniería Básico.
4. Estudio de
Geotecnia si lo amerita o fuese
necesario (*)
5. Estudio Rápido
de Arqueología si lo amerita o fuese necesario (*)
6. Georreferenciación
(Shape file) del sitio del proyecto
7. Registro
Fotográfico de las Condiciones Actuales
8. Un Plan de
Comunicación a las comunidades
9. Descripción de
la metodología utilizada para la escogencia del sitio de ubicación del proyecto
(Evaluación Ambiental Rápida o metodología multicriterio)
10. El Formulario
D2 deberá ser firmado por el Regente Ambiental debidamente inscrito en la base
consultores de la SETENA
(*) Los estudios 4
y 5 deberán ser justificados en caso de no presentarlos.”
En dicha
resolución se dispuso, además, que en aquellos casos en que el proyecto se
pretendiera realizar en un área calificada como ambientalmente frágil o en un
área que por sus características implique una evaluación ambiental más
profunda, se deberá presentar como Documento de Evaluación Ambiental el D1
correspondiente, con todos los protocolos y documentos indicados en el mismo
(Por Tanto Segundo).
El
Por Tanto Primero de esta resolución fue modificado mediante la resolución No.
0123-2010 de 8 horas del 20 de enero del 2010, en los siguientes términos:
“Que el Documento
de Evaluación Ambiental de los proyectos de instalación de torres de
telecomunicaciones sea a través del formulario D2, con la presentación de la
información que dicho formulario solicita. Asimismo, debe ser complementado con
la siguiente información adicional firmada por el profesional competente y
debidamente inscrito en la base consultores de SETENA:
1. Hoja
Cartográfica con la localización en coordenadas Lambert del Área del Proyecto
2. Descripción del
proyecto
3. Certificación
de Riesgo Antrópico
4. Estudio de
Geotecnia (*)
5. Estudio Rápido
de Arqueología (*)
6.
Georreferenciación (Shape file) del sitio del
proyecto: Polígono del terreno donde se instalará la torre, el shape file en digital, dentro del polígono insertar
información básica como Nombre del desarrollador, cédula jurídica o física,
provincia, cantón, distrito. No. De plano catastrado No. de finca, nombre del
proyecto, proyección CRTM05 (de conformidad con la resolución NO.
2654-2008-SETENA). El archivo shp debe venir en forma
individual para cada torre.
7. Registro
fotográfico de las condiciones actuales
8. Un Plan de
Comunicación a las comunidades cuyo contenido mínimo es el siguiente:
√ Objetivo
(Debe indicar en qué consistirá el proyecto y qué implicaciones posee)
√ Grupo meta
(comunidades Debe ser indicado cuál es el AID y justificarse
√ Estrategia
o mecanismo de divulgación a emplear en las comunidades ubicadas en el Área de
Influencia Directa (AID) (incluir impactos) con el fin de informar sobre el
proyecto a desarrollar, que incluya como mínimo los siguientes aspectos:
●Período de
divulgación
●Mensaje a
transmitir (debe brindarse una información del proyecto explicando los impactos
que generará)
●Cronograma
de actividades a llevar a cabo en el plan de comunicación
●Formato de
respuesta a las comunidades sobre inquietudes relacionadas con la divulgación
del proyecto
●Destacar un
cronograma de actividades a llevar a cabo en el plan de comunicación
●Costos de
la divulgación
Después de obtener
la Viabilidad (Licencia) Ambiental y
de previo a iniciar obras, el consultor y desarrollador serán responsables de
la entrega a la SETENA de un informe en el cual se indique los resultados del
plan de divulgación.
9. Descripción de la metodología utilizada
para la escogencia del sitio de ubicación del proyecto (Evaluación Ambiental
Rápida o metodología multicriterio)
10. El formulario
D2 deberá ser firmado por un Consultor Ambiental debidamente inscrito en la
base consultores de la SETENA.
(*) Los estudios
correspondientes a los puntos 4 y 5 deberán ser elaborados por profesionales en
el campo. En caso de considerarse que la elaboración de dichos estudios no es
necesaria, se deberá presentar una certificación de forma impresa emitida por
el profesional facultado según su información para emitir criterio al respecto,
fundamentando técnicamente las razones por las cuales no se requiere de su
presentación.
En caso de la
instalación de antenas o torres para telefonía celular ubicadas encima de una
infraestructura ya construida, como terrazas, azoteas o techos de casas, entre
otros; el estudio rápido de arqueología y el estudio de geotecnia o la
justificación de la no presentación de los mismos, no será obligatorio, sin
embargo se DEBE presentar un estudio de capacidad soportante realizado por un
profesional a fin.”
A su
vez, el Decreto No. 36159 de 10 de mayo de 2010, denominado “Normas, estándares
y competencias de las entidades públicas para la aprobación coordinada y
expedita requerida para la instalación o ampliación de redes de
telecomunicaciones”, vino a “identificar y agrupar cada una de las competencias de las entidades
públicas del Sector de Telecomunicaciones que intervienen en los trámites y requisitos
para que de manera coordinada y expedita se atienda la tramitación requerida
para la instalación de infraestructura, así como la ampliación de redes de
telecomunicaciones y su estructura correspondiente” (artículo 2°).
En el artículo 8° de dicho
Decreto se fija entre las competencias de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental, el otorgamiento de la respectiva viabilidad ambiental:
Artículo 8º- Competencias
de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente, Energía
y Telecomunicaciones. Según lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley
Orgánica del Ambiente N° 7554, publicada en La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995, en materia de
instalación y ampliación de redes de telecomunicaciones le corresponde a la
Secretaría Técnica Nacional Ambiental:
1. Dar trámite a la solicitud de viabilidad
ambiental en concordancia con los artículos 1, 2 y 12 y 13 del Reglamento
General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto
Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004, publicado en La Gaceta N° 125 de 28 de junio del
2004. Los tipos de infraestructura sometidos a la tramitación de la viabilidad
ambiental serán los establecidos en el artículo 3 del presente decreto. (…)”
El artículo 3° del mismo
Decreto No. 36159 enumera dentro de los tipos de infraestructura de
telecomunicaciones, en su inciso g), a la “torre
de telecomunicaciones”, definiéndola como “soporte que puede estar construido en materiales como madera, acero y
concreto, y que suele constituirse de una estructura de cuatro lados
entrecruzados o de un único soporte. Puede soportar varios elementos, como
antenas de transmisión y equipos adicionales para el funcionamiento de las
redes de telecomunicaciones”.
Y en
el artículo 16, se enuncia lo que sería una sucesión lógica de trámites para
constructores de infraestructura de telecomunicaciones, donde se menciona a la
gestión de la viabilidad ambiental como paso previo para obtener el respectivo
permiso constructivo por parte de las municipalidades:
Artículo 16.-Sucesión
Lógica de trámites para constructores de infraestructura de telecomunicaciones.
Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1, 8, 9 y
10 de la Ley Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos, Ley N° 8220, y a lo establecido en el eje económico del Plan
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, los trámites indicados a partir
del inciso 3) del presente artículo se pueden realizar de manera simultánea en
las distintas instituciones rectoras y los actores del sector que se dediquen a
la instalación de infraestructura de telecomunicaciones deberán seguir el
siguiente orden:
1. Atender los requerimientos técnicos de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de conformidad con el artículo
77 de la Ley Nº 7593, en materia de condiciones del uso conjunto o compartido
de instalaciones y la colocalización de
infraestructuras físicas, los reglamentos, los planes técnicos y demás
disposiciones que emita por medio de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
2. Solicitar el certificado de uso de suelo
municipal conforme, según lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6, 10 y 11 del presente
Decreto.
3. Tramitar
la correspondiente viabilidad ambiental ante la Secretaría Técnica Ambiental,
Setena.
4. Tramitar los alineamientos de
construcción de infraestructura de telecomunicaciones en los casos donde el
ingeniero responsable de la obra lo determine o bien lo señale la institución
competente, de conformidad con la Sección III del presente Decreto.
5. Tramitar el visado de planos
constructivos por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
6. Tramitar
la solicitud de licencia constructiva ante la municipalidad respectiva.”
Por su lado, el Reglamento General
sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto No.
31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 24 de mayo de 2004, estableció un “listado de proyectos, obras y actividades
obligados según leyes específicas a cumplir el proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental o de Estudio de Impacto Ambiental ante la SETENA”, entre las
cuales, se encuentran las “actividades
que requieran autorización para la explotación de un servicio público definidas
en la Ley de la ARESEP (suministro, transmisión y generación de energía
eléctrica; plantas térmicas; telecomunicaciones;
acueductos y alcantarillados; sistemas de agua potable y aguas servidas;
suministro de combustibles; riego y avenamiento; servicios marítimos, aéreos y
puertos; transporte de carga por ferrocarril)”, remitiendo al artículo 16
de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos, No. 7593 de 9 de agosto de 1996 (Mediante el artículo 8° del Decreto
No. 37803 de 25 de junio de 2013, se introdujo un artículo 9 bis al Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA), para describir los documentos de evaluación ambiental
en proyectos de instalación de torres de telecomunicaciones y que recoge
esencialmente los requisitos descritos en las resoluciones 02031-2009 de 9
horas del 26 de agosto del 2009 y 0123-2010 de 8 horas del 20 de enero del 2010
de la SETENA, ya comentadas).
Como puede verse, con
anterioridad a la aprobación del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de licencias municipales para infraestructura de telecomunicaciones, ya existía normativa suficiente que imponía la
obligación de requerir el otorgamiento de la viabilidad ambiental como
requisito para la obtención del permiso constructivo municipal en el caso de
las torres de telecomunicaciones, por lo que resulta incorrecto afirmar, como
se hace en el criterio legal adjunto a la consulta de esa Alcaldía, “que antes de la publicación del reglamento
local, no existía de forma específica una normativa que le permitiera a este
Ayuntamiento en ese entonces, exigir la presentación de dicho requisito, para
la obtención de permisos de construcción para ese tipo de infraestructura”;
por lo que esta razón no resulta válida para exonerar de la presentación de la
viabilidad ambiental otorgada por la SETENA a aquellos casos de torres de
telecomunicaciones levantadas sin permiso de construcción de forma previa a la
aprobación del citado Reglamento municipal y que busquen obtenerlo al amparo
del artículo 93 y siguientes de la Ley de Construcciones.
CONCLUSIONES
El
procedimiento descrito en el artículo 93 de la Ley de Construcciones presupone
que el otorgamiento de la licencia municipal, en caso de construcciones que
hayan sido levantadas sin haberla obtenido previamente, está sujeta al
cumplimiento de todos los requisitos que la normativa exige; por lo que, si
dentro de éstos se encuentra el contar con una viabilidad ambiental debidamente
otorgada por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la
Municipalidad no puede obviar su cumplimiento.
Con anterioridad a la aprobación del Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento de licencias municipales para infraestructura de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 47 de 8
de marzo de 2011, ya existía normativa suficiente que imponía la obligación de
requerir el otorgamiento de la viabilidad ambiental como requisito para la
obtención del permiso constructivo municipal en el caso de las torres de
telecomunicaciones, por lo que el argumento de
“que cuando se edificaron no
existía normativa local o general que estableciera como requisito para ese tipo
de obras, la viabilidad ambiental de la SETENA”, no resulta válido
para exonerar de la presentación de la viabilidad ambiental otorgada por la
SETENA a aquellos casos de torres de telecomunicaciones levantadas sin permiso
de construcción de forma previa a la aprobación del citado Reglamento municipal
y que busquen obtenerlo ahora al amparo del artículo 93 y siguientes de la Ley
de Construcciones.
De
usted, atentamente,
Lic. Víctor Bulgarelli Céspedes
Procurador
Agrario
VBC/hga
C-225-2016
VIABILIDAD
AMBIENTAL.- PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.- TORRES DE TELECOMUNICACIÓN
La Alcaldía de Desamparados,
mediante Oficio No. AM-724-15 de 9 de setiembre de 2015, nos hace las
siguientes consultas:
“En virtud de que el artículo 93 de la Ley
de Construcciones, le otorga la oportunidad a los infractores urbanos, la
posibilidad de poner a derecho obras civiles que no cuentan con licencia
municipal de construcción, ¿si es posible otorgar el respectivo permiso, cuando
se presenta la solicitud de permiso con todos los requisitos a excepción de la
viabilidad ambiental, cuando por el tipo de obra la misma es requerida, pero
que la SETENA no le otorga, por lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
Orgánica del Ambiente que estipula que la viabilidad ambiental se otorga de
previo al inicio de una construcción.
En el caso de las torres de telecomunicación
edificadas sin permiso de construcción en el cantón de Desamparados, una vez
iniciado el procedimiento establecido en los artículos 93 a 96 de la Ley de
Construcciones, ¿es posible otorgar los permisos de construcción a aquellas
torres, edificadas antes de la entrada en vigencia del “Reglamento de la
Municipalidad de Desamparados para Ubicación y Otorgamiento de Licencias
Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones”, publicado en La Gaceta
No. 47 del 8 de marzo de 2011, toda vez que cuando se edificaron no existía
normativa local o general que estableciera como requisito para ese tipo de
obras, la viabilidad ambiental de la SETENA?
El Lic. Víctor
Bulgarelli Céspedes, Procurador Agrario, mediante dictamen C-225-2016 de 31 de
octubre de 2016, contesta que el procedimiento
descrito en el artículo 93 de la Ley de Construcciones presupone que el
otorgamiento de la licencia municipal, en caso de construcciones que hayan sido
levantadas sin haberla obtenido previamente, está sujeta al cumplimiento
de todos los requisitos que la normativa exige; por lo que, si dentro de éstos
se encuentra el contar con una viabilidad ambiental debidamente otorgada por la
Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Municipalidad no puede
obviar su cumplimiento.
Con anterioridad a la aprobación del
Reglamento de la Municipalidad de Desamparados para ubicación y otorgamiento
de licencias municipales para infraestructura
de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 47 de
8 de marzo de 2011, ya existía normativa suficiente que imponía la obligación
de requerir el otorgamiento de la viabilidad ambiental como requisito para la
obtención del permiso constructivo municipal en el caso de las torres de
telecomunicaciones, por lo que el argumento de
“que cuando se edificaron
no existía normativa local o general que estableciera como requisito para ese
tipo de obras, la viabilidad ambiental de la SETENA”, no resulta válido para exonerar
de la presentación de la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA a aquellos
casos de torres de telecomunicaciones levantadas sin permiso de construcción de
forma previa a la aprobación del citado Reglamento municipal y que busquen
obtenerlo ahora al amparo del artículo 93 y siguientes de la Ley de
Construcciones.