Dictamen : 143 - del 22/08/1988

C-143-88

San José, 22 de agosto de 1988

Licenciada

Anabel González Campabadal

Asesora Legal

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos

S. O.

Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, damos respuesta a su consulta contenida en el oficio AL-75-88, de 6 de junio del año en curso, en que nos solicita externar criterio en cuanto a la procedencia del reconocimiento del pago de compensación por prohibición del ejercicio de la profesión, a quienes ocupen los cargos de Oficiales Presupuestales de la Administración Pública. También consulta sobre la factibilidad de que ese reconocimiento se realice mediante la emisión de un decreto ejecutivo. La consulta se fundamenta en la dependencia técnica que existe entre esos funcionarios con la Organización Financiera Básica del Estado, específicamente la Oficina de Presupuesto, al disponer el numeral 63 de la Ley de Administración Financiera de la República que:

"Todos los Oficiales Presupuestales dependen, para fines técnicos del sistema presupuestario, de la Oficina del Presupuesto, aún cuando estén subordinados a la autoridad jerárquica del ramo a que pertenecen".

Al respecto debemos manifestarle lo siguiente: en el dictamen legal que se acompaña, se indica acertadamente que el reconocimiento de ese beneficio, estipulado en el artículo 53 de la Ley No. 6831 de 20 de diciembre de 1982, sólo ampara a quienes ocupen cargos de jefaturas en la Tesorería Nacional, la Oficina de Presupuesto, la Contabilidad Nacional y la Proveeduría Nacional. Ello por cuanto la referida norma expresa en lo que interesa que:

"Tendrán derecho a los beneficios de la ley No. 5867 del 15 de diciembre de 1975 y sus reformas, *los funcionarios que desempeñen los puestos de jefatura de la organización financiera básica del Estado*, a que hace referencia el artículo 2º de la Ley de la Administración Financiera de la república, No. 1279 del 2 de mayo de 1951 y sus modificaciones". (el subrayado no es del original) ((*) subrayado).

Por otra parte, en el numeral segundo de la Ley de la Administración Financiera de la República, se establece que las oficinas que integran la organización financiera básica del Estado son:

"a) La Tesorería Nacional.

b) La Oficina de Presupuesto

c) La Contabilidad Nacional

d) La Proveeduría Nacional".

Como puede notarse, efectivamente el puesto de Oficial Presupuestal no podría enmarcarse dentro de esos supuestos, ya que en estricto derecho, su relación laboral lo es con cada una de las instituciones a las que sirven, y no con alguna de las oficinas que conforman la Organización Financiera Básica del Estado. Sea, que los tres elementos típicos de su vínculo, a saber, la prestación del servicio, el pago del salario y la subordinación, se relacionan exclusivamente con los diferentes organismos empleadores.

Luego tampoco es de aplicación, en esos casos, lo establecido en el artículo 35 de la Ley No. 6999 de 17 de setiembre de 1985, que reconoce ese beneficio a favor de los puestos de técnicos y técnicos profesionales de la Oficina de Presupuesto. En ese sentido debemos indicar que esta última disposición hace una especie de recopilación o resumen de algunas de las normas referentes a la prohibición, que a la fecha se habían emitido en la práctica. Al efecto expresa que se reconoce el beneficio por prohibición a:

"(...) 2) Los que ocupen puestos de "técnicos" y "Técnicos profesionales" en la Oficina de Presupuesto Nacional, la tesorería Nacional, la Oficina Técnica Mecanizada del Ministerio de Hacienda..."

Como puede notarse, esta disposición tampoco es de aplicación para los Oficiales Presupuestales, ya que estos puestos no podrían calificarse tampoco como "técnicos" o "técnicos profesionales" de la Tesorería Nacional.

Debe tenerse en consideración entonces que el citado artículo 63 de la Ley de Administración Financiera de la República, expresamente establece que los Oficinales Presupuestales dependen de la Oficina de Presupuesto únicamente "para fines técnicos del sistema presupuestario", lo cual significa que sólo en esa materia existe ese tipo de sujeción, en lo demás, como la misma norma ley, lo dispone, quedan subordinados a los jerarcas de cada institución a la que sirven. Por consiguiente, sólo incurriendo en un forzamiento de la ley, se podría entender que esos funcionarios ocupan puestos de los comprendidos en las normas legales indicadas, que reconocen el beneficio de la compensación por prohibición del ejercicio de la profesión.

La otra parte de su consulta se refiere a la posibilidad de que ese reconocimiento se haga mediante decreto ejecutivo. En cuanto a ese aspecto, debemos indicarle que existe claramente una reserva de ley en esta materia, por lo que únicamente por vía legal se puede otorgar ese beneficio. En efecto, la Ley No. 5867 de 125 de diciembre de 1975 y sus reformas, es la que crea el beneficio de la prohibición, e igualmente señala taxativamente a cuáles servidores debe aplicársele. Por ello es que sólo mediando una norma legal que reforme o adicione la citada Ley No. 5867, se puede reconocer este beneficio. En ese sentido se pronunció ya este Despacho en el dictamen C-108-87 de 22 de mayo de 1987, en el que se expresó que:

"...el mencionado artículo 1º de la Ley No. 5867 indica en forma taxativa cuáles funcionarios tienen derecho a los beneficios que ella otorga, por lo cual, la compensación económica que confiere dicha ley por motivo de "prohibición" está reservada únicamente a los servidores allí mencionados... Por lo tanto, cualquier intención encaminada a que los beneficios de la ley en mención alcancen a funcionarios no contemplados en ella, sería únicamente mediante una reforma de ley".

En conclusión, y no fundamento en todo lo anterior, de conformidad con las normas legales vigentes, este Despacho es del criterio de que no se le puede reconocer el beneficio o compensación por prohibición del ejercicio de la profesión, a los Oficiales Presupuestales de la Administración Pública, así como tampoco se puede otorgar dicho reconocimiento mediante un decreto ejecutivo, no obstante que en el fondo, la preocupación que evidencia la consulta sea justa.

Le saludan, atentamente,

Lic. Ricardo Vargas Vasquez Marta Esquivel Rodríguez

PROCURADOR DE RELACIONES DE SERVICIO (SECCION II) ASISTENTE DE PROCURADOR

RVV-MER/macri

pcm