Opinión Jurídica : 137 - del 27/10/2014
OJ-137-2014
Licenciado
Otto Guevara Guth
Diputado Partido Movimiento Libertario
Asamblea Legislativa
Estimado señor Diputado:
Me
refiero a su atento oficio de 4 de septiembre del presente año, recibido en la
Procuraduría General el 9 del mismo mes, mediante el cual consulta a este
Órgano Consultivo en relación con los órganos con personalidad jurídica
instrumental. Al respecto, pregunta:
“1.- Cuál es
el fundamento constitucional de los órganos desconcentrados con patrimonio
propio y otorgamiento de personalidad jurídica instrumental en nuestro
Ordenamiento Jurídico?
2.- ¿Alcanza
el texto vigente del artículo 83 de la Ley General de Administración Pública
vigente para el otorgamiento de un patrimonio y de una personería jurídica
instrumental que prácticamente se equipara a una personalidad jurídica plena
como la que se otorga a una institución autónoma?
3.-¿Se violenta o no, el artículo 189 inciso 3) de la
Constitución Política al crearse organismos con personalidad jurídica
instrumental sin la mayoría calificada exigida?
4.-¿Fue el fenómeno de “desconcentración administrativa” en
Legislación y Doctrina nacional una forma de delegar competencias específicas y
técnicas dentro de la Administración Central o es posible, que esta forma de
organización administrativa se aplique al Sector Descentralizado?
5.-¿Considera
la Procuraduría General de la República que el siguiente Voto de la Sala IV, Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia se aparta del espíritu del Constituyente en lo
que respecta a la Organización Administrativa costarricense? Citamos parte del Voto
0640-93, de las 14:00 horas del 16 de noviembre de 1993 literalmente (….).”
Manifiesta Ud. que consulta el
criterio de la Procuraduría preocupado
por el crecimiento del sector público en las últimas décadas, la inexistencia
de un modelo uniforme de organización administrativa. Agrega que el legislador
ha incurrido en los últimos años en la creación de categorías de órganos
desconcentrados con patrimonio propio y personería jurídica instrumental que no
encuentran fundamento en la Constitución ni en la Ley General de Administración
Pública. Se cuestiona, además, si los órganos desconcentrados creados por la
Asamblea Legislativa a los que se les otorgue por Ley patrimonio y personería
jurídica instrumental requieren para su
creación de una votación no menor de los dos tercios del total de sus miembros.
El tema de las personalidades
jurídicas instrumentales ha ocupado la atención de la Procuraduría en múltiples
pronunciamientos. Por lo que procedemos a informar sobre el estado de la
jurisprudencia sobre los puntos consultados. No sin antes recordar que la
personalidad jurídica instrumental, aún cuando se
trata de una personalidad limitada, debe ser otorgada por el legislador y que
esta personalidad ha sido objeto de un reconocimiento por la jurisprudencia
constitucional. No obstante, se trata de una figura organizativa que no puede
llevar a resquebrajar la unidad de la organización estatal.
A-. EN CUANTO LA FUNCION CONSULTIVA DE LA PROCURADURIA
De previo a
referirnos al fondo de lo consultado, procede aclarar algunos aspectos propios
de la labor consultiva que, por imperio de la ley, ejerce la Procuraduría
General de la República en relación con los órganos de la Administración
Pública.
La “función consultiva” de la
Procuraduría General se materializa en la emisión de dictámenes y opiniones
jurídicas para las diferentes autoridades administrativas que componen la
Administración Pública activa y que, por disposición de ley, se encuentran
legitimadas para solicitar el criterio de este Órgano Consultivo. El fin último
que se persigue con la emisión de dictámenes y opiniones jurídicas es el de
ayudar a esclarecer a la autoridad administrativa, mediante el criterio técnico
jurídico, sobre los principios y modalidades de sus competencias en relación
con las diversas actuaciones administrativas, así como sobre el alcance de las
diversas normas que integran el ordenamiento jurídico. Todo a efecto de que la
Administración adopte la conducta que el ordenamiento prescriba. En ese
sentido, la función de orientación y la función consultiva tienen de común que
ambas preceden la decisión administrativa.
El sustento normativo de la función
consultiva se encuentra en los artículos 2, 3, 4 y 5 de nuestra Ley Orgánica.
Interesa aquí destacar que la función consultiva se ejerce en relación con la
Administración Pública y a solicitud de la autoridad administrativa. Lo
anterior tiene consecuencias respecto de la Asamblea Legislativa y los señores
Diputados. La Asamblea Legislativa sólo excepcionalmente puede ser considerada
Administración Pública. Para tal efecto se requiere que ejerza función
administrativa. Por demás, la calidad de diputado es incompatible con la de
autoridad administrativa.
No obstante, en un afán de colaborar
con la Asamblea Legislativa, la Procuraduría ha venido evacuando las consultas
que los señores Diputados formulan, a efecto de facilitarles el ejercicio de
las altas funciones que la Constitución les atribuye. Es este el caso de las
opiniones no vinculantes que se rinden en relación con un determinado proyecto
de ley o en relación con aspectos que pueden considerarse cubiertos por la
función de control político y que razonablemente puedan considerarse de interés
general. Es claro que esta forma de colaboración no dispuesta en la Ley tiene
como objeto, reiteramos, colaborar en la satisfacción de las funciones
parlamentarias y ello mediante un asesoramiento de índole estrictamente
jurídico. Asesoramiento que no puede desnaturalizar la función consultiva de la
Procuraduría y particularmente mediatizar su función, al punto de impedirle
suministrar la asesoría a quien está legitimado para solicitársela, sea la
Administración Pública. En ese sentido, el asesoramiento a los señores
diputados tiene como límite el contenido propio de la función consultiva, su
eficiente ejercicio respecto de la Administración Pública y la razonabilidad y
mesura de la consulta que se formule.
Se sigue de lo
anterior que la función consultiva respecto de los señores Diputados se sujeta
los requisitos de admisibilidad establecidos en orden a las consultas de la
Administración Pública. Así, la consulta no puede concernir un caso concreto,
no debe concernir asuntos objeto de conocimiento y resolución por parte de la
Administración Pública o de los tribunales de justicia; debe respetarse el
deslinde de competencias consultivas entre la Procuraduría General de la República
y la Contraloría General de la República.
Tomando
en cuenta estos límites, se entra a responder los puntos objeto de consulta.
B.- LA PERSONALIDAD
INSTRUMENTAL: UNA PERSONALIDAD LIMITADA
La personalidad jurídica es la cualidad propia de la persona. En efecto, atribuir personalidad jurídica a un ente es crear un centro autónomo de imputación de derechos y obligaciones (persona). La particularidad de esa imputación radica en que se hace a la persona en tanto tal y no como parte de un ente mayor. La personalidad, además, determina que el ente no forme parte de una organización ministerial y que, por el contrario, posea un ámbito de actuación propio.
Es decir, la personalidad coloca al organismo en una posición diferente
de quien, por carecer de personalidad jurídica, constituye un órgano, aún cuando éste fuere desconcentrado. Los entes en razón de
su personalidad, no están sometidos a
una relación de jerarquía o de sumisión orgánica, sino a una relación de
dirección. Dicha relación es de confianza y es incompatible con la dependencia
jerárquica.
Además, en razón de la personalidad
el ente goza de un patrimonio propio, independientemente de cómo se constituya
o se integre. La titularidad de un patrimonio propio implica una autonomía
patrimonial y por ende, autonomía de gestión. Conforme con esa autonomía de
gestión, el ente podrá realizar todos los actos y contratos necesarios que impliquen gestión de dicho patrimonio. En ese
sentido, la potestad de contratar es de principio y sólo es restringida en la medida en que la
ley expresamente lo indique. Integra esa personalidad jurídica plena la
autonomía patrimonial, presupuestaria y funcional. Elemento que podría llevar a
cuestionar el otorgamiento de una personalidad con ese alcance a órganos
administrativos.
Empero, en nuestro ordenamiento se
ha consolidado la práctica de otorgar esa autonomía patrimonial y de gestión no
solo a las personas jurídicas plenas sino a las llamadas personas jurídicas
instrumentales o presupuestarias. Este mecanismo permite separar determinados
fondos, afectarlos a ciertos fines y atribuir su gestión a un órgano
determinado, al cual se le atribuye personalidad. La personalidad no es plena
porque la nueva “persona” permanece integrada al ente u órgano al que
pertenecía. Este conserva sus competencias sobre la materia “propia” de la
nueva “persona”. Al no existir verdaderamente una descentralización de
competencias, no puede afirmarse que se está ante la creación de un nuevo ente.
Por ello, en la mayoría de los casos se está ante una desconcentración de
funciones ligada a una personificación instrumental, lo que no excluye que en
algunos supuestos no exista incluso desconcentración funcional o si existe, es
en grado mínimo.
El calificativo de “instrumental”
significa que se está en presencia de
una personalidad limitada al manejo de determinados fondos señalados por
el legislador, personalidad que permite la realización de determinados actos y
contratos con cargo a esos fondos, pero que no comporta una descentralización
funcional verdadera. Su atribución supone una gestión presupuestaria
independiente y, por ende, la titularidad de un presupuesto propio, separado
del presupuesto del Ente al que pertenece el órgano que se personaliza, en este
caso del Presupuesto del Estado. Para
efectos presupuestarios, la situación de la persona instrumental se asimila a
la de un ente descentralizado, en el sentido de que ambos tienen la titularidad
de un presupuesto y la posibilidad de ejecutarlo en forma independiente.
Ciertamente, la persona instrumental está sujeta a diversas disposiciones que
regulan la materia financiera y entre ellas las directrices de la Autoridad
Presupuestaria, pero su presupuesto y,
por ende, la ejecución presupuestaria no se identifican con el Presupuesto del
ente al que se pertenece. Ejecución presupuestaria que comprende la ordenación
del pago y el aspecto contable de éste, sea el pago efectivo. Para que una
persona instrumental no pudiese ejercer tales facultades se requeriría una
norma legal cuyo contenido lo prohibiese o restringiese. Facultades todas que
determinan la necesidad de que la personalidad sea otorgada por ley.
C.- LA
PERSONALIDAD INSTRUMENTAL: SUJECION AL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY
Conforme los artículos
11, 121 incisos 1 y 20 de la Constitución Política la creación de personas
jurídicas es reserva de ley. Dispone el artículo 121, incisos 1 y 20 de la
Carta Política:
“ARTÍCULO 121.- Además de las otras
atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la
Asamblea Legislativa:
(…).
1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación
auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de
Elecciones;
(….).
20) Crear los Tribunales de Justicia y los demás organismos para el
servicio nacional;”.
En
el término “organismos para el servicio nacional” deben entenderse comprendidos
los organismos públicos destinados a la prestación de servicios públicos y,
concretamente, servicios de alcance nacional.
Comprende, entonces, la creación de los entes públicos y los órganos con
competencias externas.
La Procuraduría también ha sostenido tradicionalmente que la personalidad jurídica sólo puede ser otorgada por el legislador (así, dictámenes C-122-99 del 11 de junio de 1999, C-042-2001 de 20 de febrero de 2001, C-084-2004 del 9 de mayo de 2004, C-208-2005 del 30 de mayo del 2005, C-435-2005 del 19 de diciembre del 2005 C-439-2006 del 31 de octubre del 2006, C-037-2008 de 7 de febrero de 2008). En ese sentido, ha sido del criterio que la personalidad jurídica determina la existencia del ente público. Si un organismo carece de personalidad jurídica, será un órgano y no ente. Esta circunstancia implica que la personalidad debe ser otorgada por la ley. La Constitución Política establece la competencia del legislador para crear los “organismos de servicio nacional” y ello significa que es la ley no solo la que crea estos organismos, sino que les otorga personalidad jurídica, particularmente cuando se pretende crear un ente descentralizado. Desde su aprobación el Código Civil dispuso que “la existencia de las personas jurídicas proviene de la ley o del convenio conforme a la ley”. Por consiguiente, en ausencia de una norma que atribuya personalidad jurídica a un organismo, este no puede ser considerado persona jurídica y, por consiguiente tampoco un ente descentralizado. Por el contrario, deberá considerarlo un órgano del Poder Ejecutivo. Por las mismas razones, la atribución de competencias en forma exclusiva a una persona distinta del Estado, sólo puede ser efectuada a través de una ley formal.
El punto es si esta reserva de ley resulta aplicable en tratándose de la personalidad jurídica instrumental.
Es
nuestro criterio que la condición de persona instrumental no puede ser
presumida; por el contrario, debe ser consecuencia expresa de la ley. No puede
dejarse de lado que la personalidad instrumental implica liberar a la persona
así creada de un conjunto de disposiciones que rigen particularmente al Estado
en orden a la titularidad y ejecución de los fondos públicos. De ese modo
entraña una flexibilización de los principios de unidad, universalidad
presupuestaria y de caja única del Estado, así como de disposiciones en orden a
materia contractual. Se sigue de lo anterior que la titularidad de un
patrimonio que se sustrae al patrimonio
del Estado, de un presupuesto propio, gestionado con independencia de las
autoridades del Ministerio de Hacienda, debe ser consecuencia de la ley. Si se
decidiera que el Poder Ejecutivo puede
otorgar la condición de persona jurídica instrumental por Decreto Ejecutivo se
le estaría otorgando un poder de disposición sobre las normas constitucionales
y legales que rigen su acción. Y es claro además, que por esa vía (creación de
personas instrumentales por decreto), el Ejecutivo podría sustraerse de la
aplicación de diversas disposiciones legales que rigen su accionar financiero:
determinados programas podrían ser relevados de dichas disposiciones y, en todo
caso, del control parlamentario sobre la asignación de los recursos públicos.
Por consiguiente, ha considerado la Procuraduría que el reconocimiento de una personalidad jurídica
instrumental por medio de un Decreto Ejecutivo lesiona el principio de reserva
de ley en materia de creación de personas jurídicas, plenas o instrumentales,
así como el principio de legalidad que obliga a la Administración Pública a
sujetarse al ordenamiento jurídico según la escala de sus fuentes. En consecuencia, es el legislador el que debe
decidir la creación de una persona jurídica presupuestaria o instrumental.
Reserva de ley reconocida por la jurisprudencia
constitucional:
“Acerca de los alcances del principio de reserva de
ley en materia de creación de personerías jurídicas instrumentales. La Sala Constitucional, en la sentencia No.
2009-14391 de las 16:02 hrs. de 16 de septiembre de
2009, tuvo la ocasión de pronunciarse sobre los principios en que se basa la Contraloría General de la
República para reclamar la inconstitucionalidad del artículo 32 del Estatuto
Orgánico de la Universidad Técnica Nacional. En aquella oportunidad, se
cuestionó la conformidad a la Constitución del artículo 1º del Decreto
Ejecutivo No. 34206-MEP de 14 de diciembre de 2007, en cuanto estipula la
creación de un órgano con personería jurídica instrumental, justamente mediante
una disposición de rango infra-legal. En efecto, en ese momento la Sala
consideró:
“La creación de
una personería jurídica instrumental debe ser por ley. Al
analizar el artículo 1 del decreto impugnado -que le otorga personería jurídica
instrumental al CENAREC-, en relación con el resto del articulado del
mismo, queda claro que autoriza al centro para disponer de rubros económicos
asignados por ley, a la Fundación Mundo de Oportunidades. Todas las partes
intervinientes, así como la Procuraduría General de
la República, en su condición de órgano asesor, coinciden en la
inconstitucionalidad del artículo 1 citado, por violación a los artículos 11 y
121 inciso 20) de la Constitución Política. En efecto, el tema de la reserva
legal para la creación de personerías jurídicas instrumentales
ya ha sido tratado por la jurisprudencia constitucional en las sentencias
2005-3629:
“(…) Se trata
de una dotación de mecanismos e instrumentos jurídicos estrictamente necesarios
para que el órgano pueda cumplir los cometidos y funciones públicas delegadas
En virtud de ley, todo lo cual, resulta no sólo adecuado sino necesario bajo la
cobertura de dos principios fundamentales de la gestión pública, la eficiencia
y adaptabilidad al cambio. De tal suerte que esa capacidad instrumental está
sujeta a los términos y condiciones previstos en la ley de su creación y en
cuanto resulten estrictamente indispensables para el cumplimiento de la función
pública delegada; de manera que, si la ley omite la competencia, debe
presumirse como propias y reservadas del superior. Así podrá contratar
personal, bienes y servicios que le fueren indispensables para el cumplimiento
de la función pública que le fue delegada, únicamente en el entendido de que la
ley le faculte expresamente para ello (…)” (en el mismo sentido las sentencias
2006-9563; 97-4588)
Queda
claro que la condición de persona instrumental debe ser consecuencia expresa de
la ley. Como bien señala la Procuraduría en su informe, no puede dejarse de
lado que la personalidad instrumental implica liberar a la persona así creada
de un conjunto de disposiciones que rigen particularmente al Estado en orden a
la titularidad y ejecución de los fondos públicos. De ese modo entraña una
flexibilización de los principios de unidad y universalidad presupuestaria, así
como de disposiciones en orden a materia contractual. Por consiguiente, la
titularidad de un patrimonio que se sustrae al patrimonio del Estado, de un
presupuesto propio, gestionado con independencia de las autoridades del
Ministerio de Hacienda, debe ser consecuencia de la ley. Decidir que el Poder
Ejecutivo puede otorgar por Decreto Ejecutivo la condición de persona jurídica
instrumental implica otorgarle un poder de disposición sobre las normas
constitucionales y legales que rigen su acción, además implicaría aceptar la
sustracción del control parlamentario en la asignación de los recursos
públicos. Por las razones expuestas, procede declarar que el artículo 1 del
Decreto Ejecutivo impugnado es contrario a la Constitución política. ”
Con lo cual no cabe la menor duda
acerca de la existencia del principio de reserva de ley en materia de creación
de órganos con personería jurídica instrumental, de ahí que sea
inconstitucional la implementación de estas situaciones, mediante una norma de
rango distinto a la ley.
IV.-En el caso de la norma cuestionada. En el caso presente la Contraloría General de la República reclama la inconstitucionalidad de
la siguiente frase del artículo 32 del Estatuto Orgánico de la Universidad
Técnica Nacional: “y contarán con
personería jurídica instrumental con el fin de administrar el patrimonio y los
recursos que se les asignen”, por considerarlo contrario, entre otros
principios y normas constitucionales, al principio de reserva de ley en materia
de creación de personerías jurídicas instrumentales. Sobre el particular, nota
la Sala que la personería jurídica instrumental que se establece en el artículo
32 impugnado a favor de las sedes de la Universidad Técnica Nacional
efectivamente fue creada en una norma distinta a la ley, es decir, en el Estatuto
Orgánico de la Universidad. Ciertamente, aunque el artículo 84 de la
Constitución Política le brinda a la Universidad de Costa Rica y a las demás
universidades estatales “independencia
para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y
gobierno propios” –es decir, de autonomía organizativa en la creación de
sus órganos internos de acuerdo con los fines que constitucionalmente le han
sido atribuidos- ello en modo alguno las faculta para reemplazar al legislador
y dotar a sus órganos internos de personería jurídica instrumental, como se
pretende en la norma impugnada, lo cual resulta privativo del legislador. De
ahí que la autonomía organizativa de que gozan las universidades públicas o
estatales de ninguna forma autoriza la implementación de órganos con
personerías jurídicas instrumentales en sus respectivos estatutos orgánicos,
como se ha realizado en la norma cuestionada, que sin duda alguna es contraria
al Derecho de la Constitución. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que
lo dispuesto en la siguiente frase del artículo 32 del Estatuto Orgánico de la
Universidad Técnica Nacional: “y
contarán con personería jurídica instrumental con el fin de administrar el
patrimonio y los recursos que se les asignen” lesiona los artículos 11 y
121 inciso 20) de la Constitución Política y, por ende, se debe declarar su
inconstitucionalidad y su anulación, a partir del momento de la emisión de la
norma cuestionada. Finalmente, y por considerarse innecesario en la resolución
de este asunto, se omite pronunciamiento sobre los otros argumentos
formulados por la Contralora General de la República, en cuya razón reclama la
inconstitucionalidad de la disposición cuestionada. Sala Constitucional,
resolución N.8889-2012 de 16:00 hrs.
del 27 de junio de 2012.
Notamos que la reserva de ley no solo
resulta aplicable cuando la persona jurídica instrumental es creada dentro del
Poder Ejecutivo, sino que también rige tratándose de personas jurídicas
instrumentales de entes descentralizados. Ejemplos de estas personas
instrumentales en la Administración Descentralizada los encontramos, por
ejemplo, en la creación del Servicio 9-1-1 (artículo 2 de la Ley 7566 de 18 de diciembre
de 1995, Ley de Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1), de la Superintendencia General de Seguros Ley 8653
de 22 de julio de 2008, de la Superintendencia de Pensiones, artículo 33 de la
Ley 7523 de 7 de julio de 1995, y
de la Superintendencia de Telecomunicaciones (artículo 59 de la Ley de creación
de la Autoridad Presupuestaria); así como los comités municipales de deportes y
recreación en las municipalidades, artículo 164 del Código Municipal.
Por consiguiente, la Administración
Descentralizada institucional y corporativa puede presentar también esta
figura. Lo cual implica una decisión del
legislador de configurar la organización administrativa a través de esta
personalidad instrumental.
D-.
LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA INSTRUMENTAL
Como señala Ud. en su consulta, el otorgamiento de una
personalidad jurídica instrumental a un órgano ha sufrido cuestionamientos a
partir de diversas normas y principios constitucionales. Entre estos
cuestionamientos se encuentran las dudas en orden a los principios
presupuestarios y, en particular, el principio de caja única. Pero también se
le cuestiona frente al principio de unidad del Estado; así como por la mayoría
requerida para la creación de instituciones autónomas.
Parámetros constitucionales que han sido objeto de
diversas interpretaciones por parte de la Sala Constitucional. No obstante,
luego de los cambios de jurisprudencia ocurrido en la década de los noventa,
pareciera que la interpretación constitucional se ha consolidado (baste
recordar que en un inicio, resolución 6240-83, dicha
Sala consideró inconstitucional la creación de estas
figuras, para luego avalarlas en votos
3513-94, 4681-97, 9530-99 y 2001-11657, entre otros). Hoy día el
criterio es favorable a la constitucionalidad de la personalidad
jurídica instrumental, según se deriva de las resoluciones antes transcritos. Por lo que tanto en el Poder Central como en
los organismos descentralizados la ley
puede crear personas jurídicas instrumentales.
No
obstante, consulta Ud. si la creación de estas personas jurídicas violenta o no
el artículo 189, inciso 3) de la Constitución Política, porque se crean
organismos sin la mayoría exigida constitucionalmente.
Dispone
el citado numeral:
“ARTÍCULO
189.- Son instituciones autónomas:
1) Los Bancos
del Estado;
2) Las
instituciones aseguradoras del Estado;
3) Las que esta Constitución establece, y los
nuevos organismos que creare la Asamblea Legislativa por votación no menor de
los dos tercios del total de sus miembros”.
En primer término,
debe indicarse que dicha disposición se refiere al régimen autonómico del país.
Por ende, se aplica exclusivamente para las instituciones a quienes la
Constitución o la ley califiquen de instituciones autónomas y, en particular a
aquéllas a las que se les atribuya no solo la autonomía administrativa, que es
de principio, sino autonomía de gobierno sujeta a la ley. Autonomía de gobierno
que hace referencia a la determinación de
políticas, metas y medios generales, más o menos discrecionales para
realizarlas; la emisión de reglamentos autónomos de servicio o actividad,
acorde con las disposiciones normalmente llamadas de política general. Lo que
no excluye la sujeción de las entidades autónomas a la planificación nacional y
en particular, a las directrices de carácter general dictadas por el Poder
Ejecutivo, según lo establecido por las sentencias Ns.
3309-1994 de 15:00 de 5 de julio de 1994, 6345-1997 de 8:33 hrs.
de 12 de octubre de 1997 y 12019-2002de 9:08
hrs. de 18 de diciembre de 2002, entre otras.
Por consiguiente, cuando lo que se
pretende es crear un organismo con un grado de autonomía menor y sobre todo,
cuando no se pretende otorgarle al ente que sea crea, autonomía de gobierno
conforme a la ley, la Asamblea Legislativa puede crear entes sin requerir
mayoría calificada. Se sigue de lo expuesto que la personalidad jurídica
instrumental puede ser atribuida por una ley aprobada con mayoría absoluta de
los votos presentes. Máxime que con esta figura no se pretende crear una
descentralización funcional.
La sentencia N° 8675-2005 de 9:56 hrs. de 1 de julio de 2005
de la Sala Constitucional no solo reafirma el principio de reserva de
ley en la creación de estas personas, sino que se refiere a algunos de los
cuestionamientos que se hacen en orden a la mayoría legislativa requerida para
crearlas. En ese sentido, afirma:
“V.- Naturaleza jurídica de la Comisión
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (artículo 13 del
proyecto). Cuestionan los consultantes la
validez de la naturaleza jurídica que el artículo 13 confiere a la Comisión
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, como órgano de
desconcentración máxima adscrito a la Presidencia de la República, dotado de personalidad
jurídica instrumental. Consideran que con esto se está creando una verdadera
persona jurídica, sin seguir para ello el procedimiento que exigen los
artículos 121 inciso 20) y 189 de la Constitución Política. Al respecto, debe
esta Sala aclarar que lo que en el fondo cuestionan las y los promotores de
esta consulta es la constitucionalidad de las llamadas “personificaciones
presupuestarias”, es decir, de la práctica del legislador costarricense de
dotar a algunos órganos desconcentrados de personalidad jurídica únicamente
para el manejo y administración de su presupuesto. (Cfr. sentido similar, las
sentencias de esta Sala números 06240-93 y 11657-01, entre otras) Si bien es
contrario a nuestro sistema de organización administrativa que a un órgano público
se le dote de personalidad jurídica plena -pues en ese caso se le estaría
convirtiendo en un verdadero ente- lo cierto es que el empleo (no abusivo) de
esta figura no resulta inconstitucional. No puede la Sala entender que para
crear una personificación presupuestaria, el legislador debe seguir el
procedimiento seguido en el numeral 189 constitucional para la creación de las
instituciones autónomas. Ello por cuanto es claro que la decisión de crear una
institución autónoma obedece a toda una concepción política gerencial acerca de
la importancia y tecnicidad de una competencia, que haga saludable reservarla a
un ente revestido de la mayor independencia administrativa y está sometido
solamente a la Ley en materia de gobierno. Se trata de una decisión que resta
competencias al Estado central, y que al mismo tiempo libera al Estado de
ciertas responsabilidades, por lo que la exigencia constitucional de votación
calificada de dos tercios del total de sus miembros se justifica plenamente.
Para la creación de cualesquiera otras personas jurídicas públicas, el artículo
121 inciso 20) de la Constitución crea una reserva absoluta de ley. Así,
incluso si se entendiera que la asignación a un órgano de personalidad
instrumental lo convierte en un ente público, el legislador estaría habilitado
para hacerlo mediante el procedimiento para la creación de la Ley formal. De
todos modos, en la especie no nos encontramos ante la génesis de un ente
público de cualquier naturaleza, sino ante el diseño de un órgano desconcentrado
(la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias)
dotado de personalidad jurídica instrumental, es decir, reducida a la
posibilidad de manejar y administrar su propio presupuesto. Lo anterior tampoco
transgrede el principio de unidad del presupuesto, pues la misma Constitución
Política reconoce como válida la competencia de la Contraloría General de la
República para aprobar los presupuestos elaborados por otras instituciones
públicas (las autónomas). Si bien la Comisión es un órgano desconcentrado y no
un ente autónomo, lo cierto es que el legislador le está pretendiendo conferir
–en este proyecto- personalidad jurídica para el manejo de sus recursos, por lo
que en cuanto a estos aspectos se le debe tratar presupuestariamente como a un
ente público….”. Sala Constitucional, resolución N° 8675-2005 de 9:56 hrs. de 1 de julio de 2005. La cursiva no es del original.
Reafirma la
Sala, así, que la creación de una persona jurídica requiere mayoría calificada
cuando se trata de entidades autónomas, pero otro tipo de personas jurídicas
pueden ser creadas por mayoría absoluta de los votos presentes.
Pero, además,
considera la Sala Constitucional que dicha creación no transgrede el principio
de unidad del presupuesto, ya que pueden haber presupuestos separados del
Presupuesto del Estado. Su sentencia 14391-2009 de las 16:02 hrs.
de 16 de septiembre de 2009 manifiesta:
“La creación de
una personería
jurídica instrumental
debe ser por ley. Al analizar el artículo 1 del decreto impugnado -que le
otorga personería
jurídica instrumental al
CENAREC-, en relación con el resto del articulado del mismo, queda claro que
autoriza al centro para disponer de rubros económicos asignados por ley, a la
Fundación Mundo de Oportunidades. Todas las partes intervinientes, así como la
Procuraduría General de la República, en su condición de órgano asesor,
coinciden en la inconstitucionalidad del artículo 1 citado, por violación a los
artículos 11 y 121 inciso 20) de la Constitución Política. En efecto, el tema
de la reserva legal para la creación de personerías jurídicas instrumentales
ya ha sido tratado por la jurisprudencia constitucional en las sentencias
2005-3629:
“(…) Se trata
de una dotación de mecanismos e instrumentos jurídicos estrictamente necesarios
para que el órgano pueda cumplir los cometidos y funciones públicas delegadas
En virtud de ley, todo lo cual, resulta no sólo adecuado sino necesario bajo la
cobertura de dos principios fundamentales de la gestión pública, la eficiencia
y adaptabilidad al cambio. De tal suerte que esa capacidad instrumental está
sujeta a los términos y condiciones previstos en la ley de su creación y en
cuanto resulten estrictamente indispensables para el cumplimiento de la función
pública delegada; de manera que, si la ley omite la competencia, debe
presumirse como propias y reservadas del superior. Así podrá contratar
personal, bienes y servicios que le fueren indispensables para el cumplimiento
de la función pública que le fue delegada, únicamente en el entendido de que la
ley le faculte expresamente para ello (…)” (en el mismo sentido las sentencias
2006-9563; 97-4588)
Queda claro que
la condición de persona instrumental debe ser consecuencia expresa de la ley.
Como bien señala la Procuraduría en su informe, no puede dejarse de lado que la
personalidad instrumental implica liberar a la persona así creada de un
conjunto de disposiciones que rigen particularmente al Estado en orden a la titularidad
y ejecución de los fondos públicos. De ese modo entraña una flexibilización de
los principios de unidad y universalidad presupuestaria, así como de
disposiciones en orden a materia contractual. Por consiguiente, la titularidad
de un patrimonio que se sustrae al patrimonio del Estado, de un presupuesto
propio, gestionado con independencia de las autoridades del Ministerio de
Hacienda, debe ser consecuencia de la ley. Decidir que el Poder Ejecutivo puede
otorgar por Decreto Ejecutivo la condición de persona jurídica instrumental implica otorgarle un
poder de disposición sobre las normas constitucionales y legales que rigen su
acción, además implicaría aceptar la sustracción del control parlamentario en
la asignación de los recursos públicos. Por las razones expuestas, procede
declarar que el artículo 1 del Decreto Ejecutivo impugnado es contrario a la
Constitución política. ”
Con lo cual no cabe la menor duda acerca de la
existencia del principio de reserva de ley en materia de creación de órganos
con personería jurídica instrumental, de ahí que sea inconstitucional la
implementación de estas situaciones, mediante una norma de rango distinto a la
ley.”
Por otra
parte, procede señalar que en la resolución Res. Nº 831-2007 de 14:49 hrs.
del 24 de enero
de 2007, la Sala Constitucional descartó
que la atribución de personalidad jurídica instrumental al Consejo Nacional de
Concesiones violentara el principio de unidad del Estado. Manifestó la Sala:
“Cabe agregar que el reconocimiento de esta figura
de derecho público, de ninguna manera afecta las potestades de dirección
política del Poder Ejecutivo consagradas en el artículo 140 de la Constitución
Política, según las cuales le corresponde al mismo velar por la unidad del
Estado, por medio de sus potestades de planificación, dirección y coordinación
administrativa que ejerce no sólo en la Administración Central sino en la
Descentralizada. Estas potestades son necesarias para mantener el principio de
unidad del Estado, de tal forma que no puede entenderse que la figura de la
“personificación presupuestaria”, al igual que ninguna otra de desconcentración
máxima o personería jurídica instrumental, significa la sustracción de la
esfera de dirección política del Poder Ejecutivo en el sentido señalado en la Constitución,
sino que por el contrario es una simple técnica jurídica y administrativa que
opera dentro y no fuera del esquema señalado”.
Unidad del Estado que es analizada
por la Sala a partir de la dirección política que corresponde al Estado y no
desde la perspectiva de la desintegración de la personalidad jurídica del
Estado en otras personalidades menores, ciertamente instrumentales, pero
susceptibles también de oponerse al Estado.
Aspecto que ha sido recalcado por
la Procuraduría.
En efecto, no
obstante la jurisprudencia constitucional, la Procuraduría ha sostenido que la
creación de estas personas jurídicas instrumentales lesiona la unidad del
Estado y genera una desintegración orgánica del Poder Ejecutivo. Así, se ha
indicado:
“Este
fenómeno, si bien ha emanado de las necesidades propias de la Administración
ante la necesidad de contar con mecanismos supuestamente eficientes en el
manejo de los dineros públicos, lo cierto es que ha generado el continuo
desmembramiento de la personalidad jurídica del Estado que, tal y como se
afirmó en la OJ-007-2000 del 25 de enero del 2000, es única, originaria, no
derivada, superior e indivisible, por lo que en buena teoría no puede ni debe
ser usurpada o asignada en forma parcial a los órganos que forman parte de él
La problemática en cuestión ha sido objeto
de estudio en el seno mismo de la Asamblea Legislativa que, ante la
proliferación desmedida de órganos con personalidad jurídica instrumental, ha
considerado conveniente limitar el surgimiento de nuevos órganos con
personalidad presupuestaria y, por ende, poner orden en la estructuración del
Estado nacional.
Así, en la discusión del proyecto de
“Ley de Creación de la Agencia Nacional de Administración Tributaria” se hizo
referencia al acuerdo adoptado entre los principales partidos de la Asamblea
Legislativa para no aprobar ninguna nueva personalidad jurídica, así como al
compromiso de presentar un proyecto de ley sobre el tema de personalidades
jurídicas instrumentales (Expediente legislativo N.° 14830, folios 177 y
185). Al respecto se indicó:
“Eso permitirá
a la Asamblea Legislativa -paralelamente- establecer un debate sobre la
constitución misma de la administración pública, porque ha crecido sin debate,
ha crecido sin decisión política recta, directa o declarada. Ha crecido a como le viene doliendo el zapato
a la administración pública que presenta un proyecto para que le den por allá o
por acá alguna cosa…” (Ibid., participación de
la Diputada Campbell Barr, folio 185).
No
obstante lo anterior, al momento presente aún no se ha adoptado ninguna medida
efectiva para limitar el surgimiento de nuevas personalidades presupuestarias,
lo que no obsta para llamar nuevamente la atención a los señores Diputados
sobre la problemática en cuestión y la evidente necesidad de que el Poder
Legislativo se constituya en garante del adecuado ordenamiento del Estado
costarricense.
Sirva,
al respecto, retomar lo ya manifestado por esta Procuraduría:
“En criterio de la
Procuraduría, dado que la personalidad del Estado es única …
y en virtud de los esfuerzos que se han dado para modernizar la administración
financiera del país, es conveniente que esta posición legislativa se consolide,
de manera de eliminar la práctica de otorgar personalidad jurídica instrumental
a cualquier órgano administrativo y como una forma de modernizar la
administración financiera del país. En
ese sentido, nos permitimos opinar que si se encuentra que las regulaciones
sobre ejecución presupuestaria y materia de contratación en el ámbito del Poder
Ejecutivo son tan rígidas que impiden una correcta administración y la
satisfacción del interés público, lo conveniente es proceder a su modificación,
pero no recurrir a mecanismos como las personalizaciones presupuestarias.”
(OJ-050-2003 del 26 de marzo del 2003).
Los anteriores argumentos resultan de plena aplicación al proyecto de
ley sometido en este momento al criterio de esta Procuraduría en tanto sigue la
tendencia de otorgar personalidad jurídica instrumental a órganos de la
administración, sin valorar los efectos perniciosos que tal práctica ocasiona
sobre la unidad del Estado y su administración”. Opinión Jurídica OJ-048-2006 de 19 de abril de 2006.
En la Opinión
Jurídica, OJ-008-2011 de 15 de febrero de 2011, al
referirnos al proyecto de ley intitulado “Ley de
Competitividad del Estado Costarricense”, tramitado bajo el número de
expediente legislativo N° 17.623, manifestamos:
“De
acuerdo con los distintos artículos que pretenden modificar la integración de
los órganos desconcentrados, pareciera que no se considera necesario entrar a
analizar la situación de las personalidades instrumentales. Antes bien, podría decirse que se considera
conveniente la atribución de esa personalidad, ya que se extiende a órganos que
actualmente carecen de ella. Tal es el
caso, por ejemplo, de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, según la
reforma que se haría al artículo 83 de la Ley Orgánica del Ambiente, por el
artículo 35 del proyecto. Sobre esa práctica hemos indicado:
“En criterio de la Procuraduría, dado que la
personalidad del Estado es única (sobre este punto, confróntese la Opinión de
esta Procuraduría N. OJ-007-2000 de 25 de enero del 2000) y en virtud de los
esfuerzos que se han dado para modernizar la administración financiera del
país, es conveniente que esta posición legislativa se consolide, de manera de
eliminar la práctica de otorgar personalidad jurídica instrumental a cualquier
órgano administrativo y como una forma de modernizar la administración
financiera del país. En ese sentido, nos permitimos opinar que si se encuentra
que las regulaciones sobre ejecución presupuestaria y materia de contratación
en el ámbito del Poder Ejecutivo son tan rígidas que impiden una correcta
administración y la satisfacción del interés público, lo conveniente es
proceder a su modificación, pero no recurrir a mecanismos como las
personalizaciones presupuestarias”. Opinión Jurídica N. 050-2003 de 26 de marzo
de 2003.
En el mismo sentido:
“Por otra parte, tomando en cuenta la realidad
actual de la Administración Pública Central (en los términos definidos por el
artículo 1 inciso a de la Ley n.°8131), en la que nos
topamos con una miríada de órganos desconcentrados dotados de personalidad
jurídica instrumental con fines meramente presupuestarios, nos permitimos
cerrar con las reflexiones hechas en el pronunciamiento OJ-050-2003 del 26 de
marzo del 2003, que por lo mismo, mantienen plena vigencia:
“No escapa
a este Órgano Consultivo, las preocupaciones de los señores Diputados en orden
a la fragmentación de la personalidad del Estado por medio de la creación de
las personalidades jurídicas instrumentales. Lo cual se ha manifestado en orden
a la Agencia Nacional de Administración Tributaria y recientemente en orden al
Centro Nacional de la Música. Preocupación que se materializó en el propio
texto de la Ley, puesto que la referida personalidad se limita a un período de
dos años
En criterio
de la Procuraduría, dado que la personalidad del Estado es única (sobre este
punto, confróntese la Opinión de esta Procuraduría N. OJ-007-2000 de 25 de
enero del 2000) y en virtud de los esfuerzos que se han dado para modernizar la
administración financiera del país, es conveniente que esta posición
legislativa se consolide, de manera de eliminar la práctica de otorgar
personalidad jurídica instrumental a cualquier órgano administrativo y como una
forma de modernizar la administración financiera del país. En ese sentido, nos
permitimos opinar que si se encuentra que las regulaciones sobre
ejecución presupuestaria y materia de contratación en el ámbito del Poder
Ejecutivo son tan rígidas que impiden una correcta administración y la
satisfacción del interés público, lo conveniente es proceder a su modificación,
pero no recurrir a mecanismos como las personalizaciones presupuestarias.”.
Opinión Jurídica OJ-033-2010 de 14 de
julio de 2010.
Estas razones justifican
también el cuestionamiento de una personalidad instrumental a un órgano, la
reserva policial, encargado de funciones policiales:
“De acuerdo a como
se ha estructurado es reserva policial, se trataría de un cuerpo policial con
funciones de seguridad nacional pero que no estaría bajo el mando del Poder
Ejecutivo en sentido estricto, sino que tendría independencia administrativa y
presupuestaria y se organizaría bajo la figura de la personificación
presupuestaria con desconcentración que sería máxima en razón de las
competencias que se desconcentran.
Este esquema
propuesto, en nuestro criterio, resulta inconstitucional, pues conduciría a la
fragmentación del poder de control y vigilancia sobre las fuerzas públicas que
ejerce el Presidente y el Ministro del Ramo, trasladando la competencia a un
órgano inferior”. Opinión Jurídica OJ-021-2013
de 22 de abril de 2013.
Criterios que procede reafirmar.
E-. LA DESCONCENTRACIÓN “COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA.
Consulta Ud. si
la desconcentración administrativa fue una forma de delegar competencias
específicas y técnicas dentro de la Administración Central o si es posible esa
forma de organización administrativa en el Sector Descentralizado.
Lo que obliga a
recordar las notas características de la desconcentración en nuestro
ordenamiento y su diferenciación con la descentralización y delegación.
Para el Derecho Administrativo,
descentralizar es transferir o crear una competencia en otro sujeto: así el
Estado transfiere una de sus competencias en favor de un nuevo ente público.
Hay descentralización en la medida en que el "beneficiario" de ese
proceso devenga en una persona jurídica independiente del Estado. La atribución
por ley de una personalidad jurídica
permite apreciar que estamos ante un ente público descentralizado y no
ante un órgano desconcentrado. Organismo que, en razón de la personalidad, no
está sometido a una relación de jerarquía o de sumisión orgánica, sino a una
relación de tutela, de confianza, incompatible, repetimos, con la dependencia
jerárquica. Es la personalidad jurídica lo que permite, normalmente, que el ente
no se integre a la organización ministerial y posea, al contrario, autonomía
orgánica.
Por regla general,
la ordenación de la organización de la Administración Pública se articula
conforme con el principio de jerarquía administrativa. El reparto de competencias
entre cada uno de los órganos – centros de acción – que conforman la
Administración Pública se realiza, en principio, a través del criterio
jerárquico. Mediante la aplicación de la técnica jerárquica se sujeta a los
órganos de la Administración al poder de mando y dirección de los órganos
superiores, de tal suerte que la relación entre órganos inferiores y
superiores, se caracteriza esencialmente por la subordinación. Este principio,
se encuentra consagrado en el inciso primero del numeral 83 de la Ley General
de la Administración Pública, el cual prescribe:
“Artículo 83.1 Todo órgano distinto del jerarca estará
plenamente subordinado a éste y al superior jerárquico inmediato, salvo
desconcentración operada por ley o por reglamento.”
Correlativamente,
el artículo 101 del mismo cuerpo legal establece:
“Artículo 101.- Habrá relación
jerárquica entre superior e inferior cuando ambos desempeñen funciones de la
misma naturaleza y la competencia del primero abarque la del segundo por razón
del territorio y de la materia.”
No obstante, ese principio se
quiebra cuando existe desconcentración administrativa. Dispone el artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública:
“Artículo 83.-
1. Todo órgano distinto del jerarca estará
plenamente subordinado a éste y al superior jerárquico inmediato, salvo
desconcentración operada por ley o por reglamento.
2. La desconcentración mínima se dará cuando el
superior no pueda:
a)
Avocar competencia del inferior; y
b) Revisar o sustituir la conducta del
inferior, de oficio o a instancia de parte.
3. La desconcentración será máxima cuando el
inferior esté sustraído además, a órdenes, instrucciones o circulares del
superior.
4. La imposibilidad de revisar o sustituir
la conducta del inferior hará presumir la potestad de avocar la misma y a la
inversa.
5. Las normas que crean la desconcentración
mínima serán de aplicación restrictiva en contra de la competencia del órgano
desconcentrado y las que crean la desconcentración máxima serán de aplicación
extendida en su favor”.
La desconcentración es una técnica de
distribución de competencias en favor de órganos de una misma persona jurídica,
por la cual un órgano inferior se ve atribuida una competencia en forma
exclusiva, para que la ejerza como propia, en nombre propio y bajo su propia
responsabilidad.
La desconcentración
constituye, así, un corrector del principio de jerarquía administrativa y busca
evitar las demoras que se ocasionan por la excesiva concentración de funciones
en el jerarca institucional, así como procura alcanzar la eficacia en las
decisiones delegándolas en los órganos mejor informados de la problemática
concreta. Para lo cual se desconcentran “poderes efectivamente decisorios”, la
facultad de resolver, para decidir en forma definitiva sobre una materia
determinada por el ordenamiento. Es decir, para que podamos considerar que
existe desconcentración es necesario que se transfieran al inferior la
titularidad de poderes decisorios, a efecto de lograr una mejor satisfacción
del interés público y mayor eficacia en el accionar administrativo En efecto,
esta atribución se funda en la necesidad de especializar ciertos órganos en
materias específicas, de manera que se satisfagan en mejor forma los cometidos
públicos.
Desde esa perspectiva, desconcentrar es
especializar funcionalmente determinados órganos, sin que se desliguen
orgánicamente tales competencias de la estructura originaria. Diferencia
esencial con la descentralización.
Por
otra parte, la atribución de esa competencia quiebra los principios normales en
orden a la relación de jerarquía. En primer término, el jerarca deviene
incompetente para emitir los actos relativos a la materia desconcentrada. Esa
incompetencia no es, sin embargo, absoluta. La norma que desconcentra delimita
la materia desconcentrada así como los poderes conferidos al órgano inferior.
Pero en los demás aspectos de su actividad, este órgano permanece sometido a la
relación de jerarquía.
Consecuentemente, el jerarca ejercita
sus poderes normales respecto de los ámbitos no desconcentrados. De allí que la
norma que desconcentra deba establecer hasta dónde llega la desconcentración,
qué poderes conserva el jerarca respecto de lo desconcentrado.
Luego,
dependiendo del grado de desconcentración (máxima o mínima), el jerarca
mantiene el poder de mando e instrucción sobre el órgano desconcentrado
(artículo 83, 3 íbidem). Lo que significa que ante
una desconcentración mínima, el jerarca podría determinar el ejercicio de la
competencia desconcentrada, sin que eso implique desconocimiento de la
desconcentración. En ese sentido, la desconcentración de competencias es
compatible con una tutela jurídica y material completa, que se expresa en la
facultad que tiene el órgano que desconcentra de fijar criterios y dictar
instrucciones que deberá cumplir el órgano que ejerza competencias
desconcentradas.
Se comprende, en este orden de ideas,
que la desconcentración máxima constituye el mayor límite a la relación de
jerarquía, en cuanto impide al jerarca el ejercicio de los poderes de mando y
de instrucción y alternativamente el de revisión o de avocación
Como se indicó, la asignación del
ámbito de competencias del órgano desconcentrado tiene origen, normalmente, en
la norma que lo crea y regula. En caso de contener potestades de imperio tal
norma deberá ser de rango legal. Pero, si las atribuciones no involucran
potestades de imperio, la atribución podrá hacerse por medio de normas
reglamentarias.
Asimismo, la jerarquía de la norma que
desconcentra determina el órgano competente y el procedimiento para revertir la
modificación de competencias operada por la desconcentración. Lo que significa
que si una materia ha sido desconcentrada por ley, sólo un acto con ese mismo
valor normativo podrá revertir la situación, centralizando de nuevo la
competencia o bien redistribuyéndola en otro órgano. Así, si la
desconcentración operada por ley en favor de una oficina comprende también el
ejercicio de controles sobre la gestión del órgano, sólo una ley podrá
"centralizar" esa función contralora o redistribuirla en otro
Si bien la desconcentración supone un
cambio objetivo en el orden jurídico que regula las competencias, que puede
llevar a la titularidad de éstas, se diferencia sustancialmente de la
descentralización por la inexistencia de personalidad jurídica, propia
del ente descentralizado. A contrario del ente descentralizado, el órgano
desconcentrado continúa formando parte de la estructura orgánica
correspondiente.
Puesto que con la desconcentración
se distribuyen competencias sustantivas, cabría señalar, además, que un órgano
desconcentrado carece de un patrimonio propio y, por ende, de la autonomía
presupuestaria y patrimonial propia de los entes descentralizados. El ente
descentralizado en razón de su personalidad es titular de un patrimonio propio,
el cual garantiza una autonomía patrimonial y, por ende de gestión. Lo que
deriva de la autonomía administrativa propia del ente. Así, el ente puede
realizar todos los actos y contratos necesarios que impliquen gestión de dicho
patrimonio.
Ciertamente, esta afirmación podría
ser cuestionada en virtud de la personalidad jurídica instrumental. No
obstante, es necesario recalcar que la esencia de la desconcentración radica en
la competencia desconcentrada, que conlleva normalmente una independencia
funcional, en los términos antes indicados. Habrá desconcentración en el tanto
en que el legislador transfiera poderes de decisión en favor de un órgano
administrativo, sin que para que exista desconcentración sea necesario dotar al
órgano de personalidad jurídica instrumental.
En ese orden de ideas, la personalidad jurídica instrumental agrega al
órgano desconcentrado una cierta autonomía presupuestaria y, por ende, la capacidad
de gestionar fondos en forma independiente del presupuesto central, para
flexibilizar la gestión de determinados recursos públicos. Gestión financiera
autónoma que le permite realizar directamente los contratos que requiera para
el cumplimiento de sus fines, todo a cargo
del patrimonio y presupuestos propios, que administra.
Resulta evidente que la personalidad jurídica
instrumental no le permite al órgano desconcentrado ampliar su esfera de
competencia en perjuicio del jerarca del ente u órgano al que pertenece, en
desmedro del principio de jerarquía. El órgano desconcentrado dotado de
personalidad jurídico instrumental solo tiene la competencia sustancial que le
haya sido sustraída por norma jurídica al jerarca. En los
diversos dictámenes que la Procuraduría ha emitido en relación con la
personalidad instrumental o la personificación presupuestaria en el seno del
Estado, ha sido clara en cuanto que en estos casos la personalidad no se
manifiesta, ni lleva implícita, una descentralización de funciones; así, dictamen N. C-208-2014 de 26 de junio de 2014. Por
consiguiente, en sentido estricto no puede considerarse que los órganos que son
dotados de personalidad jurídica instrumental formen parte de la Administración
Descentralizada. No puede sino considerarse que esas personas instrumentales
forman parte de la Administración Central, constituyendo normalmente órganos
del Poder Ejecutivo y como tales dependencias de éste.
F-.
DIFERENCIAS ENTRE ENTE DESCENTRALIZADO Y PERSONA JURÍDICA INSTRUMENTAL
Como se ha indicado
anteriormente, la personalidad jurídica instrumental no ampara una
descentralización de funciones y no implica una independencia orgánica, sino
que, como el nombre lo indica, es instrumental porque es de carácter
eminentemente presupuestario. Esa naturaleza limitada de la personalidad
instrumental tiene sus consecuencias en el ámbito de la actuación
administrativa y procesal.
Así, por ejemplo, una diferencia fundamental entre el ente
descentralizado, como tal dotado de una personalidad jurídica plena y el órgano
desconcentrado con personalidad jurídica instrumental, la encontramos en orden
a la aplicación del principio de caja única y, por ende, la sujeción a las
competencias de la Tesorería Nacional.
Conforme el principio de caja
única, que en realidad es una manifestación contable del principio de unidad
presupuestaria, los fondos públicos deben ser necesariamente reunidos y
administrados en común. Para lo cual se centralizan las diversas operaciones
financieras, presupuestarias o extrapresupuestarias, que impliquen manejo o
disposición de fondos públicos. El objetivo es facilitar el manejo transparente
de los fondos públicos y posibilitar el control del Ministerio de Hacienda
sobre las distintas operaciones financieras a cargo de esos fondos.
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Administración
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, todos los ingresos que
perciba el Gobierno entendido como los órganos y entes incluidos en los incisos
a) y b) del artículo 1 de esa Ley, forman parte de un fondo único a cargo de la
Tesorería Nacional. El artículo 1, inciso a) de esa Ley refiere a
la Administración Central, considerada como el Poder Ejecutivo y sus
dependencias Ante la imposibilidad de considerar a las personas instrumentales como
Administración Descentralizada, debe entenderse que están comprendidos en el
inciso a) del artículo 1ª de la Ley y no en el c) de ese mismo inciso.
De
ese hecho, esas personas instrumentales constituyen parte del "Gobierno
Central" a que se refiere el artículo 66 de la Ley 8131, ahora reformado.
Por consiguiente, los ingresos de estas personas jurídicas instrumentales deben
ser considerados ingresos del Gobierno Central, de lo cual se sigue como lógica
consecuencia que tales recursos forman parte de un fondo único a cargo de la
Tesorería Nacional. Ergo, dichas personas –a pesar de la personalidad jurídica
instrumental- resultan vinculadas por el principio de unidad de caja a cargo de
la Tesorería.
De
modo que si los órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental
son titulares de un presupuesto propio, tienen la facultad de administrar los
recursos que por disposición de la ley le corresponden, lo cierto es que a
diferencia de los entes descentralizados los ingresos de los órgano-persona del
Gobierno Central forman parte de la caja única. Consecuentemente, están sujetos
a las normas que las regulan y a los lineamientos que la Tesorería emita.
Por demás, esta desigualdad entre
desconcentración y descentralización y entre personalidad jurídica instrumental
y descentralización, se muestra también a nivel procesal. Si bien las personas
jurídicas instrumentales pueden ser demandadas y comparecer en juicio, lo
cierto es que en materia contencioso-administrativa deben hacerlo conjuntamente
con el Estado o con el ente al cual pertenecen, artículo 12, inciso 2 del
Código Procesal Contencioso-Administrativo. Esta disposición ha sido
interpretada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, reconociendo a
los órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental una
capacidad procesal:
“Esta Sala, por
las razones que de seguido se exponen, no comparte lo afirmado por dicho órgano
decisor, respecto a que los órganos con personería jurídica instrumental no
cuentan con la capacidad necesaria para interponer, por sí mismos, una demanda
ni para ser demandados…. Como se colige de la anterior transcripción, por
expresa disposición del CPCA, los órganos con personería jurídica instrumental,
en tanto la actuación o conducta omisiva cuestionada se encuentre dentro del
ámbito de su competencia, cuentan con capacidad de actuar procesal pasiva. En
este supuesto, la normativa establece un litis
consorcio necesario, debiéndose integrar el proceso con el Estado o el ente al
que estén adscritos. La razón de esto, como se apuntó, es proteger el interés
del administrado, evitándole el dilema de definir si la actuación o conducta
omisiva fue en ejercicio de una competencia cubierta por la personalidad
jurídica instrumental o fuera de ella (sometida, verbigracia, a dirección del
jerarca del ente en cuya estructura está inserto). Ergo, entendiendo el
precepto en estudio en sentido contrario, cuando el órgano con personería
jurídica instrumental comparezca a juicio como demandante –capacidad de actuar
procesal activa-, y siempre dentro de su marco competencial, no requiere actuar
conjuntamente con el Estado o el ente al cual esté adscrito; es decir, tiene
capacidad para, por sí solo, formalizar la demanda.” Sala Primera de la Corte
Suprema de Justicia, resolución N: 001453-F-S1-2013 de 9: 00 hrs. del 31 de octubre de 2013.
Nótese que a
pesar de que se reconoce capacidad procesal a las personas jurídicas
instrumentales, esa capacidad no conlleva la potestad de declarar la lesividad
de los actos y contratos en que se manifieste su competencia. A diferencia de
un ente descentralizado a quien corresponde de pleno derecho la declaratoria de
lesividad de sus actos, en tratándose de un órgano con personalidad jurídica
instrumental está excluida esa potestad, que corresponde al superior jerárquico supremo del ente u órgano de
pertenencia. Si se está en el ámbito del Poder Ejecutivo corresponderá al
respectivo Ministro declarar la lesividad de la conducta administrativa del
órgano desconcentrado, aun cuando este sea titular de una personalidad jurídica
instrumental. Es el Ministro el competente
para iniciar el procedimiento administrativo tendente a la declaratoria de
nulidad del acto, pero también para dictar el acto final, aun cuando el acto
anulado haya sido emitido por el órgano desconcentrado con personalidad
instrumental (dictamen C-31-2010 de 1 de
marzo de 2010 y 7 de marzo de
2013 C-031-2013, entre otros).
Competencia
ministerial que también se impone cuando se trata de la declaratoria de nulidad
de un acto declaratorio de derechos, según se deriva del artículo 173 de la Ley
General de la administración Pública.
CONCLUSIÓN:
A partir de la
reseña de la jurisprudencia
constitucional y de la jurisprudencia administrativa de este Órgano Consultivo,
cabe concluir lo siguiente:
1.
La
jurisprudencia constitucional considera que el otorgamiento de una personalidad
jurídica instrumental a un órgano administrativo constituye una forma de
creación de un órgano-persona, que no es contraria a la unidad del Estado, ni a
los principios y normas constitucionales en materia presupuestaria.
2.
En
virtud de lo dispuesto en el artículo 121, inciso 20 de la Constitución y dado
que el otorgamiento de una personalidad jurídica instrumental implica la
asignación de fuentes de financiamiento, con la posibilidad de una gestión
distinta de la establecida para los recursos propios del ente u órgano al que
pertenece esa persona, la personalidad jurídica instrumental se sujeta al principio
de reserva de ley.
3.
Por
consiguiente, no puede entenderse que el artículo 83 de la Ley General de la
Administración Pública constituya fuente de otorgamiento de una personalidad
jurídica instrumental. Se sigue de lo anterior, además, que la desconcentración
de funciones no implica reconocimiento de una personalidad jurídica
instrumental. Consecuentemente, no todo órgano desconcentrado,
independientemente del grado de desconcentración, constituye persona jurídica
instrumental.
4.
El
otorgamiento de personalidad jurídica instrumental no se circunscribe a la
Administración Central, sino que el legislador puede crear personas jurídicas
instrumentales en entes descentralizados.
5.
Puesto
que la creación de una persona jurídica instrumental no conlleva creación de un
ente autónomo, dicha creación no se sujeta a lo dispuesto en el artículo 189,
inciso 3) de la Constitución Política.
6.
En
tanto técnica organizativa que busca la eficacia en el accionar administrativo,
la desconcentración administrativa puede ser utilizada tanto en la distribución
de competencias de la Administración Central como en la propia de la
Administración Descentralizada.
7.
La
proliferación de personas jurídicas instrumentales puede conducir, ciertamente,
a quebrantar la unidad del Estado, particularmente atomizando al Poder
Ejecutivo y provocando su desintegración en distintos centros con cierta
independencia de gestión financiera y administrativa.
8.
Por
demás, en la medida en que el otorgamiento de una personalidad jurídica
instrumental significa la separación de recursos, afectándolos a ciertos fines
y permitiendo una gestión independiente, se menoscaba el principio de
universalidad presupuestaria y con ello las facultades propias del Poder
Ejecutivo para disponer cómo se invierten los recursos públicos. Así, como implica una flexibilización de los principios de caja
única del Estado y de disposiciones en orden a materia contractual.
9.
Aspecto que debe
ser ponderado en función del fin por el cual se crea una persona jurídica
instrumental, máxime que el ordenamiento jurídico ha sufrido modificaciones en
orden a la administración financiera del país, que tienden a redundar en la
eficacia, eficiencia de ese accionar, para lo cual se han adaptado las normas
de ejecución presupuestaria y de contratación administrativa.
10.
En ese sentido,
en el estado actual del ordenamiento la creación de una persona jurídica
instrumental no podría fundarse ni presentarse como una forma de
“modernizar” la administración
financiera frente a la rigidez de las disposiciones legales existentes. Y si
esta modernización fuera necesaria, lo procedente es revisar las regulaciones
aplicables, tanto en materia de ejecución presupuestaria como en la de
contratación administrativa, a efecto de lograr una correcta, eficaz y eficiente
administración de los recursos y la satisfacción del interés público, sin pretender sustraer del Ejecutivo un ámbito
determinado de gestión financiera.
11.
Si se autorizara al Poder Ejecutivo para otorgar la
personalidad jurídica por vía de decreto ejecutivo a un órgano, podría
sustraerse de la aplicación de diversas
disposiciones legales que rigen su accionar financiero: de modo que
determinados programas podrían ser relevados de dichas disposiciones y, en todo
caso, del control parlamentario sobre la asignación de los recursos públicos.
Atentamente,
Dra. Magda Inés Rojas Chaves
PROCURADORA GENERAL ADJUNTA
MIRCH/gap
27 de octubre, 2014
OJ-137-2014
ESTADO. UNIDAD DEL ESTADO. RESERVA DE LEY EN CREACIÓN DE PERSONAS
JURÍDICAS. DESCENTRALIZACIÓN. DESCONCENTRACIÓN. PERSONAS JURÍDICAS
INSTRUMENTALES. PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN. PRINCIPIO DE CAJA UNICA.
El Diputado del Partido
Movimiento Libertario, Lic. Otto Guevara Guth, en
oficio de
4
de septiembre de 2014, recibido en la Procuraduría General el 9 del mismo mes,
mediante el cual consulta a este Órgano Consultivo en relación con los órganos
con personalidad jurídica instrumental. Al respecto, pregunta:
“1.- Cuál es el fundamento constitucional de los
órganos desconcentrados con patrimonio propio y otorgamiento de personalidad
jurídica instrumental en nuestro Ordenamiento Jurídico?
2.- ¿Alcanza el texto vigente del artículo 83 de la
Ley General de Administración Pública vigente para el otorgamiento de un
patrimonio y de una personería jurídica instrumental que prácticamente se
equipara a una personalidad jurídica plena como la que se otorga a una
institución autónoma?
3.-¿Se violenta o no, el
artículo 189 inciso 3) de la Constitución Política al crearse organismos con
personalidad jurídica instrumental sin la mayoría calificada exigida?
4.-¿Fue el fenómeno de
“desconcentración administrativa” en Legislación y Doctrina nacional una forma
de delegar competencias específicas y técnicas dentro de la Administración
Central o es posible, que esta forma de organización administrativa se aplique
al Sector Descentralizado?
5.-¿Considera la Procuraduría General de la
República que el siguiente Voto de la Sala IV, Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia se aparta del espíritu del Constituyente en lo que respecta a la Organización Administrativa
costarricense? Citamos parte del Voto 0640-93, de las 14:00 horas del 16 de
noviembre de 1993 literalmente (….).”
La Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta, emite la
Opinión Jurídica N. OJ-137-2014 de 27 de octubre siguiente, en que concluye
que:
1. La jurisprudencia constitucional considera que el otorgamiento de una
personalidad jurídica instrumental a un órgano administrativo constituye una
forma de creación de un órgano-persona, que no es contraria a la unidad del
Estado, ni a los principios y normas constitucionales en materia
presupuestaria.
2.
En virtud de lo dispuesto en el
artículo 121, inciso 20 de la Constitución y dado que el otorgamiento de una
personalidad jurídica instrumental implica la asignación de fuentes de
financiamiento, con la posibilidad de una gestión distinta de la establecida
para los recursos propios del ente u órgano al que pertenece esa persona, la
personalidad jurídica instrumental se sujeta al principio de reserva de ley.
3.
Por consiguiente, no puede entenderse
que el artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública constituya
fuente de otorgamiento de una personalidad jurídica instrumental. Se sigue de
lo anterior, además, que la desconcentración de funciones no implica
reconocimiento de una personalidad jurídica instrumental. Consecuentemente, no
todo órgano desconcentrado, independientemente del grado de desconcentración,
constituye persona jurídica instrumental.
4.
El otorgamiento de personalidad
jurídica instrumental no se circunscribe a la Administración Central, sino que
el legislador puede crear personas jurídicas instrumentales en entes
descentralizados.
5.
Puesto que la creación de una persona
jurídica instrumental no conlleva creación de un ente autónomo, dicha creación
no se sujeta a lo dispuesto en el artículo 189, inciso 3) de la Constitución
Política.
6.
En tanto técnica organizativa que busca
la eficacia en el accionar administrativo, la desconcentración administrativa
puede ser utilizada tanto en la distribución de competencias de la
Administración Central como en la propia de la Administración Descentralizada.
7. La proliferación de personas jurídicas instrumentales puede conducir,
ciertamente, a quebrantar la unidad del Estado, particularmente atomizando al
Poder Ejecutivo y provocando su desintegración en distintos centros con cierta
independencia de gestión financiera y administrativa.
8. Por demás, en la medida en que el otorgamiento de una personalidad
jurídica instrumental significa la separación de recursos, afectándolos a
ciertos fines y permitiendo una gestión independiente, se menoscaba el
principio de universalidad presupuestaria y con ello las facultades propias del
Poder Ejecutivo para disponer cómo se invierten los recursos públicos. Así,
como implica una flexibilización de los principios de caja única del Estado y
de disposiciones en orden a materia contractual.
9. Aspecto
que debe ser ponderado en función del fin por el cual se crea una persona
jurídica instrumental, máxime que el ordenamiento jurídico ha sufrido
modificaciones en orden a la administración financiera del país, que tienden a
redundar en la eficacia, eficiencia de ese accionar, para lo cual se han
adaptado las normas de ejecución presupuestaria y de contratación
administrativa.
10. En
ese sentido, en el estado actual del ordenamiento la creación de una persona
jurídica instrumental no podría fundarse ni presentarse como una forma de
“modernizar” la administración
financiera frente a la rigidez de las disposiciones legales existentes. Y si
esta modernización fuera necesaria, lo procedente es revisar las regulaciones
aplicables, tanto en materia de ejecución presupuestaria como en la de
contratación administrativa, a efecto de lograr una correcta, eficaz y eficiente administración
de los recursos y la satisfacción del interés público, sin
pretender sustraer del Ejecutivo un ámbito determinado de gestión financiera.
11. Si se autorizara al Poder Ejecutivo para
otorgar la personalidad jurídica por vía de decreto ejecutivo a un órgano,
podría sustraerse de la aplicación de diversas disposiciones legales
que rigen su accionar financiero: de modo que determinados programas podrían
ser relevados de dichas disposiciones y, en todo caso, del control
parlamentario sobre la asignación de los recursos públicos.