Dictamen : 170 - del 26/08/2013
26 de agosto del 2013
C-170-2013
Señor
Donaldo Castañeda Abellán
Auditor interno
Municipalidad de Liberia
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora
Procuradora General de
1. ¿De quién
es la responsabilidad de la elaboración de los planes reguladores costeros?
2. ¿Cuál es
el fundamento legal para la elaboración del plan regulador tanto costero como
urbano?
3. ¿Quiénes
son los actores o entes que deben participar en la elaboración de dichos planes
y cuál es el proceso que se debe seguir según el bloque de legalidad?
4. De igual
manera consulto, si procede la declaratoria de PNE (Patrimonio Natural del
Estado), tal como está definido en el artículo 13 de
5. Si
procede la inclusión dentro de los planes reguladores urbanos las propiedades
inscritas a nombre de particulares en el registro público situadas en los
Con el fin de atender de manera más directa a la consulta, nos avocaremos a
cada una de las preguntas de manera particular.
I.
“¿De quién es la responsabilidad de la elaboración
de los planes reguladores costeros? “
“Artículo 3.- Sin
perjuicio de las atribuciones de ese Instituto, compete a las municipalidades
velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al
dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en
especial de las áreas turísticas de los litorales.
El usufructo y
administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como de
la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva”.
Por parte,
“Artículo 15.- Conforme
al precepto del artículo 169 de
En
consecuencia, al corresponderle a los gobiernos municipales la administración
de la zona marítimo terrestre, así como la elaboración
de los planes reguladores en sus cantones, se ha concluido que los gobiernos
locales son los competentes para elaborar los planes reguladores costeros. Al
respecto, esta Procuraduría en el Dictamen C-070-2009 del 11 de marzo
de 2009, indicó:
“Como se sabe la
competencia para planificar y controlar el desarrollo urbano en los límites de
su territorio corresponde a los gobiernos municipales (doctrina del artículo
169 de
De ahí que la responsabilidad legal
para la elaboración de los Planes reguladores costeros y urbanos es del
gobierno municipalidad del cantón respectivo.
II.
“¿Cuál
es el fundamento legal para la elaboración del plan regulador tanto costero
como urbano?”
El fundamento legal para la elaboración
de planes territoriales, tanto costeros como urbanos, reside en el artículo 15
de
En lo tocante a los planes
reguladores costeros,
Adicionalmente y de manera complementaria,
el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA), Decreto número 31849 del 24 mayo del 2004, establece que los
planes reguladores, tanto urbanos como costeros, deben de cumplir el requisito
de integrar la variable de impacto ambiental, la cual está sujeta a un proceso
de viabilidad ambiental por
Los
criterios técnicos para la elaboración de los Planes Reguladores Costeros, los
establece el “Manual para la elaboración de Planes Reguladores Costeros”
adoptado por el ICT por Acuerdos de Junta Directiva SJD-616-2012 y
SJD-039-2013, y publicado en
III.
“¿Quiénes son los actores o entes que deben participar en la elaboración de
dichos planes y cuál es el proceso que se debe seguir según el bloque de
legalidad?”
Tal y como se indicó anteriormente,
la elaboración y aprobación de los planes reguladores costeros es
competencia municipal. Sin embargo,
El artículo 26 de
“Artículo 17.- Corresponderá al ICT la formulación del Plan Nacional de
Desarrollo Turístico, para lo cual contará con la colaboración de
Dentro del Plan Nacional
de Desarrollo Turístico, se elaborará un Plan General del Uso de
Los Planes Reguladores
que comprendan la zona marítimo terrestre deberán
observar los lineamientos y recomendaciones del Plan General de Uso de
Se excluye de esta
categoría de manejo, el área correspondiente a la zona marítimo terrestre
regulada por
Con respecto a la necesaria
aprobación del ICT en la planificación costera,
“En efecto, y como parte del enfoque integral que caracteriza la ordenación del
territorio costero a nivel cantonal, hay que decir que el
ICT ostenta un importante papel, pues además de brindar apoyo técnico y
solventar las carencias de las municipalidades como una forma de apoyo
institucional (asumiendo la elaboración del plan regulador en las zonas
declaradas de interés turístico), le corresponde la aprobación de los planes
reguladores costeros en las zonas declaradas de interés turístico), le
corresponde la aprobación de los planes reguladores costeros, noción que
equivale a dar el visto bueno al proceso de elaboración del mismo. Lo que le
permite además, controlar y fiscalizar que el plan, es conforme con los
lineamientos de la planificación territorial (sea regional o nacional) éste
lleva a cabo”
Aunque no se trate de órganos que
participen directamente en el procedimiento de elaboración hay que tomar en
cuenta el papel que juegan las áreas de conservación del sistema nacional de
áreas de conservación (SINAC) en tanto generan un insumo de especial relevancia
para la elaboración de los planes reguladores costeros como es la certificación
de lo que constituye patrimonio natural del estado.
En el caso de los planes
reguladores urbanos, la competencia para su elaboración y aprobación le
corresponde de igual manera al ente municipal (artículo 15, LPU) y
adicionalmente requiere la aprobación del INVU,
tal y como se establece en el artículo 10 de
“Artículo 10.-
Corresponden asimismo a
1) Revisar y aprobar los
planes reguladores y sus reglamentos, antes de su adopción por las
municipalidades;
2) Examinar y visar, en
forma ineludible, los planos correspondientes a proyectos de urbanización o de
fraccionamiento para efectos de urbanización, previamente a su aprobación
municipal;
3) Informar o denunciar
a las corporaciones municipales, la comisión de infracciones graves a esta ley
o al Plan Regulador Local, cometidas en el aprovechamiento de terrenos o en la
factura de construcciones;
4) Ordenar la suspensión
de aquella obra en que ha habido las infracciones contempladas en el inciso
anterior cuando, después de transcurrido un término prudencial desde que
formule la respectiva denuncia, no actúe la municipalidad como le corresponde,
en el sentido de impedir o corregir la transgresión apuntada; y
5) Requerir el auxilio
de las autoridades de policía para dar efectividad a las órdenes que expida,
conforme al inciso anterior y, en general, para la mejor vigilancia en el
control del desarrollo urbano.
Las autoridades
requeridas estarán obligadas a prestar esa colaboración”.
En ambos casos, tanto para los planes
reguladores costeros como los urbanos, debe realizarse una audiencia pública,
de conformidad con
“Artículo 17.- Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus
partes, deberá la municipalidad que lo intenta:
1) Convocar a
una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional
necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y
de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos
o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince
días hábiles;
2) Obtener la
aprobación de
3) Acordar su
adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y
4) Publicar en
"
Igualmente
serán observados los requisitos anteriores cuando se trate de modificar,
suspender o derogar, total o parcialmente, el referido plan o cualquiera de sus
reglamentos”.
De ahí que la comunidad y demás
interesados, conforme con el derecho de participación ciudadana, son actores
importantes en el proceso de planificación territorial.
De igual manera, los Planes
Reguladores, urbanos o costeros, deben
integrar la variable de impacto ambiental, por lo que deben enviarse a
En resumen, los gobiernos
municipales elaboran los planes reguladores, tanto cantonales como costeros. En
el caso de los cantonales, estos deben ser aprobados por el INVU y en el caso
de los costeros deben ser aprobados por el INVU y el ICT, si se trata de playas
declaradas turísticas. Ambos tipos de planes deben ser sometidas a consulta
popular en una audiencia convocada al efecto, y ambos deben ser remitidos a
IV.
“Procede la declaratoria de PNE (Patrimonio Natural del Estado), tal como
está definido en el artículo 13 de
Los
“Artículo 10.- La zona marítimo terrestre se compone de dos secciones:
Los islotes,
peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar
corresponden a la zona pública”
En tanto el Patrimonio Natural del
Estado (PNE) está constituido por los terrenos con bosque o que sean de aptitud
forestal propiedad del Estado y demás entes públicos, tal y como lo dispone el
artículo 13 de
Por otra parte, las
áreas silvestres protegidas en cuanto tales forman parte del PNE, de
conformidad con la interpretación hecha por
“Artículo 37.-
Facultades del Poder Ejecutivo. Al
establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio
del Ambiente y Energía, queda
facultado para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares necesarias para cumplir
con los objetivos señalados en esta
ley y para instrumentarlos de acuerdo con
el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el cumplimiento
de la presente ley.
Cuando se trate
de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida
silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o
ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas
forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre mixtos y humedales,
los predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por
requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal.
Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una
afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el
plan de manejo.
Las fincas
particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en
parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas
forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas
protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o
expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen
Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de
vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado
y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento
ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al
plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos.
Se faculta al
Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía,
realice las expropiaciones, contempladas en este artículo, de conformidad con
lo establecido en la Ley de expropiaciones No. 7495, del 3 de mayo de
Ahora bien, y como lo
dispone el artículo citado, tales propiedades, aunque no se les pueda
considerar como parte del PNE hasta que no sean expropiadas o compradas, pueden
ser sometidas a un plan de ordenamiento ambiental por parte del Ministerio del
Ambiente y Energía.
V.
“Si procede la inclusión dentro de los planes
reguladores urbanos las propiedades inscritas a nombre de particulares en el
registro público situadas en los
En relación
con las fincas inscritas legítimamente a nombre de particulares en la zona
restringida,
“Artículo 6.- Las
disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas
en los litorales, ni a las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a
nombre de particulares, ni a aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes”.
Aunque no sea técnicamente apropiado, en razón de lo dispuesto por este
artículo los terrenos legítimamente inscritos a favor de particulares pueden
ser objeto de planificación por parte del plan
regulador cantonal, pero no por el plan regulador costero. Esto por cuanto este
último instrumento de planificación es desarrollado por
No obstante, los propietarios que deseen de manera voluntaria ser parte de
la planificación costera, podrán serlo; como también es el caso de los
propietarios colindantes con la zona restringida.
Lo anterior conforme al artículo 15 de
“Artículo 15.- Los dueños de propiedades colindantes con la zona marítimo
terrestre podrán solicitar que sus inmuebles sean incorporados en la
planificación que se haga de aquella, cubriendo por su cuenta la parte
proporcional del costo respectivo y cediendo gratuitamente al Estado las áreas
necesarias para usos públicos. En todo caso la planificación y explotación de
esos terrenos, para edificaciones e instalaciones, deberá obedecer a las normas
que señalen el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto
Costarricense de Turismo, antes de ser aprobados por la respectiva
municipalidad”.
Atentamente,
Julio Jurado Fernández
Procurador
JJF/hhc
C-170-2013
CONSULTA SOBRE ELABORACIÓN DE LOS PLANES REGULADORES COSTEROS Y URBANOS
El señor Donaldo Castañeda Abellán, Auditor
interno de
1.
¿De quién es la
responsabilidad de la elaboración de los planes reguladores costeros?
2.
¿Cuál es el fundamento
legal para la elaboración del plan regulador tanto costero como urbano?
3.
¿Quiénes son los
actores o entes que deben participar en la elaboración de dichos planes y cuál
es el proceso que se debe seguir según el bloque de legalidad?
4.
De igual manera
consulto, si procede la declaratoria de PNE (Patrimonio Natural del Estado),
tal como está definido en el artículo 13 de
5.
Si procede la
inclusión dentro de los planes reguladores urbanos las propiedades inscritas a
nombre de particulares en el registro público situadas en los
El señor procurador Julio Jurado
Fernández se refiere a cada una de las consultas anteriores de manera
particular e indica que la responsabilidad legal para la elaboración de los Planes
reguladores costeros y urbanos es del gobierno municipalidad del cantón
respectivo.
Asimismo el fundamento legal
para la elaboración de planes territoriales, tanto costeros como urbanos,
reside en el artículo 15 de
Con respecto a las propiedades
legítimamente inscritas ubicadas en el sector de