Dictamen : 042 - del 18/03/2013

18 de marzo de 2013

C-042-2013

 

Señor

MBA. Orlando Cascante Moraga 

Gerente General

Radiográfica de Costa Rica S. A.

 

 

            Me refiero a su atento oficio N. GG-135-2013 de 13 de febrero anterior, mediante el cual, por disposición de la Junta Directiva, consulta el criterio de la Procuraduría General de la República respecto de su régimen jurídico. En concreto, se pregunta lo siguiente:

 

“1. Con la apertura del mercado de las telecomunicaciones y siendo que RACSA es uno de los competidores del mercado, ¿cuál es el ámbito jurídico y el bloque de legalidad en el que debe desenvolverse RACSA, tanto a nivel comercial empresarial así como empresa pública?

 

2. ¿Ostenta la Asamblea General de Accionistas de RACSA las competencias necesarias para disminuir la cantidad de sus miembros de su Junta Directiva de cinco a cuatro miembros, tomando en cuenta la necesidad de reducción de gasto en que se encuentra temporalmente?”.

 

            Adjunta Ud. el criterio de la Asesoría Jurídica de la Empresa, oficio DJ-581-2012 de 29 de octubre de 2012. En dicho criterio se sostiene que conforme lo dispuesto en la Ley N. 3293, que autoriza la constitución de RACSA, la Ley 8660 y el artículo 3 de la Ley General de la Administración Pública, RACSA debe someter su actividad al Derecho Privado. Señala que la Asamblea General de Accionistas de RACSA tiene plena autonomía administrativa, fue debidamente convocada, participó la totalidad de su capital social, el acta fue suscrita por todos los asistentes, por lo que como órgano supremo de la sociedad expresó su libre y espontánea voluntad acordando reformar la cláusula octava del pacto constitutivo y reducir el número de miembros de su Junta Directiva, acuerdo que fue protocolizado y presentado ante el Registro Nacional para su calificación e inscripción ante el Registro de Personas Jurídicas. Disposición que se considera no violenta la Ley 3293.

 

A-.  INADMISIBILIDAD PARCIAL DE LA CONSULTA

 

Consulta RACSA sobre su régimen jurídico, con el objeto de que se establezca que su Asamblea de Accionistas puede tomar la decisión de disminuir el número de miembros de la Junta Directiva, número fijado por ley. Una decisión que, de acuerdo con el criterio legal que se adjuntó, fue adoptada por la Asamblea de Accionistas y se materializó en la modificación de los estatutos de constitución de RACSA, modificación que, además, fue presentada ante el Registro Nacional para su efectivo registro. A partir de lo expuesto en dicho criterio, cabe afirmar que  con la segunda pregunta de la consulta se pretende que el criterio de la Procuraduría valide lo ya actuado por la Asamblea de Accionistas. La consulta no tiene, entonces, el objeto de esclarecer a RACSA en orden a una posible decisión, sino que se determine si  lo ya actuado encuentra fundamento jurídico.

La “función consultiva” de la Procuraduría General se materializa en la emisión de dictámenes y opiniones jurídicas para las diferentes autoridades administrativas que componen la Administración Pública activa y que, por disposición de ley, se encuentran legitimadas para solicitar el criterio de este Órgano Consultivo. El fin último que se persigue con la emisión de dictámenes y opiniones jurídicas es el de ayudar a esclarecer a la autoridad administrativa, mediante el criterio técnico jurídico, sobre los principios y modalidades de sus competencias en relación con las diversas actuaciones administrativas, así como sobre el alcance de las diversas normas que integran el ordenamiento jurídico. Todo a efecto de que la Administración adopte la conducta que el ordenamiento prescriba.

Si el objetivo de la función consultiva es orientar las decisiones y acciones que deban tomar a futuro las autoridades administrativas, se sigue como lógica consecuencia, que la consulta debe ser solicitada antes de la emisión de la decisión administrativa que eventualmente aplicaría lo dispuesto en la norma jurídica cuya interpretación se solicita. Aun cuando la consulta a la Procuraduría no es un elemento de un procedimiento administrativo (salvo el caso del dictamen establecido en los artículos 173 y 183 de la Ley General de Administración Pública), la consulta debe preceder la decisión administrativa. Por demás, no debe estar referida a un caso o situación concreta, tal como reiteradamente ha señalado este Órgano.

Ciertamente, la función consultiva contribuye a la legalidad del accionar administrativo y en esa medida puede considerarse un medio de control de legalidad. Empero, esa circunstancia no justifica que se desnaturalice la función consultiva, al punto de que el pronunciamiento institucional se solicite para conocer si lo actuado es legal o ilegal; en este caso, si la interpretación legal realizada por RACSA es válida o inválida. Y, por ende, si la Junta Directiva puede ser integrada por 4 miembros y no por cinco como dispone el artículo 8 de la Ley 3293.

            Del criterio legal adjuntado se deriva que la Asamblea de Accionistas se reunió para acordar disminuir el número mínimo de miembros de la Junta Directiva de la Empresa. El acuerdo fue adoptado por la Asamblea de Accionistas y presentado ante el Registro Nacional para ser inscrito. El criterio de la Procuraduría no se solicita para orientar o esclarecer la norma jurídica con vista a la adopción futura de un acuerdo. Por el contrario, estamos en presencia de un acto adoptado y al cual se pretende dar eficacia, aplicándolo.

Tómese en cuenta que si ya la modificación al pacto constitutivo fue inscrita por el Registro, estaríamos en presencia de otro acto administrativo adoptado por una autoridad administrativa en el ejercicio de sus competencias. Acto sobre el cual podría tener incidencia el criterio que vertiera la Procuraduría. Si, por el contrario, estuviere pendiente la inscripción, un dictamen sobre el punto podría ser interpretado como una interferencia o intromisión en las competencias propias del Registro Nacional, referidas a la inscripción de ese cambio del estatuto.

En consecuencia, no procede que la Procuraduría se pronuncie sobre el acuerdo de la Asamblea de Accionistas de reducir a cuatro los miembros de la Junta Directiva de RACSA. Ergo, la Procuraduría considera inadmisible la segunda interrogante y se limita a referirse al régimen legal de RACSA.

 

B-  RACSA: UN REGIMEN JURIDICO MIXTO

            A partir del proceso de apertura del mercado de telecomunicaciones, se consulta sobre el ámbito jurídico y el bloque de legalidad al que se sujeta RACSA.

Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima surge a la vida jurídica como una sociedad anónima mixta, propiedad por partes iguales del Instituto Costarricense de Electricidad y de la Compañía Radiográfica  Internacional de Costa Rica, entidad privada. Posteriormente, Radiográfica Costarricense adquirió la totalidad de las acciones de Compañía Radiográfica Internacional de Costa Rica. Consecuentemente, Radiográfica Internacional pasó a ser propiedad de RACSA; a partir de esa escritura, el capital social de RACSA pertenecería el 50% al ICE y el 50% a la propia RACSA. Más tarde las acciones de RACSA fueron cedidas al ICE, con lo cual el ICE adquiere indirectamente todo el capital social de RACSA, que se convierte así, en una empresa de capital público organizada bajo una forma de derecho comercial (cfr. Dictamen C-073-84 de 14 de febrero de  1984). La Ley de Prórroga del Plazo Social de Radiográfica Costarricense S.A.,  N. 7298 de 5 de junio de 1992, reafirma esa propiedad pública en manos del ICE, artículo 3, al establecer que no requieren aprobación legislativa los contratos que no tiendan a introducir cambio alguna en esa propiedad que “ostenta totalmente el Instituto Costarricense de Electricidad”. Referencia que tiene como objeto remarcar el carácter público de la Empresa. Naturaleza que tiene consecuencias en el régimen jurídico de RACSA.

            La Ley 3293 del 18 de junio de 1964, que autoriza la constitución de RACSA, contiene diversas disposiciones en orden a su régimen jurídico. Así, la entidad se rige por lo dispuesto por esa propia ley y por disposiciones de Derecho Común. En esos términos, el artículo 11 dispone:

“Artículo 11.- La sociedad se regirá en primer término por las disposiciones de la presente ley; en segundo término por sus estatutos; y finalmente por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio y del Código Civil”.

Si bien se autoriza la aplicación del Derecho Común, lo cierto es que se consagra un derecho de prevalencia en favor de la ley de creación, norma que es de Derecho Público. Por consiguiente, la aplicación del Código de Comercio o del Código Civil no es posible cuando implique el desconocimiento o desaplicación de lo dispuesto en la Ley 3293. Aspecto que es importante en la medida en que la Ley contiene disposiciones sobre la organización de la Empresa.

            Se ha indicado que RACSA es una empresa pública. Titularidad pública que deriva del capital social en manos del ICE, según lo indicado. Carácter empresarial que proviene del giro de su actividad: explotación de servicios de telecomunicaciones, una actividad económica susceptible de ser prestada bajo reglas de Derecho Privado al igual que lo podría hacer un particular. Ese ámbito especial (recuérdese que las empresas públicas se rigen por la especialidad del objeto social, según resulte de la ley) se amplía con la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, N. 8660 de 8 de agosto de 2008.

Con dicha Ley se modifican normas aplicables al ICE  y sus empresas, por ende RACSA, con el objetivo de que puedan enfrentar el proceso de apertura del mercado de telecomunicaciones. Estas empresas ven reforzada la posibilidad de generar y prestar servicios de electricidad y telecomunicaciones, así como infocomunicaciones, productos y servicios de información y demás servicios en convergencia. La referencia que este artículo 2, inciso a) de la Ley 8660 hace de la convergencia, permite considerar que RACSA como empresa de telecomunicaciones puede  prestar los distintos servicios que la tecnología existente le permita prestar en convergencia; por ende, que RACSA deviene autorizada para innovar en otros campos más allá de las telecomunicaciones a que se ha dedicado tradicionalmente y a las cuales se refieren la Ley 3293 y sus reformas.  Recordemos que la convergencia es definida en el artículo 6 de la Ley General de Telecomunicaciones como la posibilidad de ofrecer a través de una misma red diversos servicios de telecomunicaciones, información, radiodifusión o aplicaciones informáticas.

Asimismo, la Ley autoriza a RACSA como empresa del ICE a vender, en el mercado nacional o internacional, servicios de asesoría, consultoría, capacitación o “cualquier otro producto o servicio a fin a sus competencia”; para lo cual puede desarrollar una política de empresa, que necesariamente va a estar informada por el Derecho Comercial.

Además, con base en el artículo 5 de la Ley 8660, RACSA puede crear otras empresas o bien, entrar en diversas asociaciones empresariales, en el país o fuera de él, para desarrollar diversas actividades relacionadas con su giro. Tema al cual nos referimos en el dictamen C-010-2013 de 28 de enero del presente año, en el cual se indicó:

            “Entre las disposiciones que pretenden permitir el desarrollo de una  gestión empresarial más competitiva se encuentra la autorización para participar en convenios de cooperación y, en particular alianzas estratégicas.  Una autorización que deriva de los artículos 6 y 8 de la citada Ley. El primero de esos artículos establece que el ICE y sus empresas podrán generar, instalar y operar redes, prestar, comercializar productos y servicios de electricidad, telecomunicaciones e infocomunicaciones, así como otros productos y servicios de información y otros en convergencia, en forma directa o bien, “mediante acuerdos, convenios de cooperación, asociaciones, alianzas estratégicas o cualquier otra forma de asociación con otros entes nacionales o extranjeros, públicos o privados”.

Convenios de cooperación que deben proporcionarle al ICE y sus empresas un mayor valor agregado, indispensable para el logro de los objetivos empresariales frente a la apertura del mercado. Convenios que pueden asumir diversas formas: joint venture, libre asociación, licencias, alianzas estratégicas, entre otras. Con lo cual empresas que participan dentro de un mismo sector de actividad, que han desarrollado tecnologías, procesos o estrategias en un ámbito similar pueden colaborar entre sí, aglutinando sus esfuerzos y ventajas comparativas. En razón de lo cual el artículo 8 de la citada Ley preceptúa:(…)

                        Disposición de alcances muy amplios, en el tanto permite la asociación empresarial no solo con entes públicos sino también con entes privados nacionales y  extranjeros y para fines diversos: investigación, desarrollo tecnológico, comercialización, prestación de servicios. Es decir, la autorización para suscribir alianzas estratégicas y otros convenios de cooperación empresarial es lo suficiente amplia e indeterminada para abarcar toda forma contractual de cooperación que el ordenamiento o el mercado lleguen a concebir y para realizarla en cualquier ámbito de la actividad de la Empresa”.

Resulta claro que estas asociaciones empresariales, incluidas las alianzas estratégicas, deben enmarcarse dentro de los objetivos y principios de la Ley 8660, particularmente sus artículos  6 y 8. En lo no regulado por dicha Ley y en tanto no resulte contrario a lo allí dispuesto, esas asociaciones se sujetarán a normas de derecho común, particularmente el Código de Comercio.

            En general, cabría señalar que una actividad en régimen de competencia  requiere un régimen más flexible en materia de operación y funcionamiento. Régimen que no puede ser sino de Derecho Común. En ese sentido, se le autoriza a RACSA como empresa del ICE a aplicar las  “prácticas comerciales usuales y legales en la industria y el comercio en general”, así como a adoptar prácticas usuales en el mercado en orden a la gestión de personal y a recurrir al arbitraje como forma de solución de los conflictos, artículo 10 de la Ley 8660.  Lo anterior sin excluir la posibilidad de administrar bienes a través de fideicomisos, artículo 11 de la Ley. Aplicación que implica necesariamente el regirse por las disposiciones de Derecho Comercial Costarricense.

            Puede decirse, entonces, que las facultades que la Ley 8660 reconoce a RACSA como empresa del ICE  conducen a la aplicación del Derecho mercantil común, reafirmando la naturaleza de Derecho Privado de las normas sobre funcionamiento operacional de la empresa. 

            En materia de empleo público, la Ley 8660 ratifica la facultad de la Junta Directiva de cada empresa del ICE y, por ende, de RACSA de dictar normas y políticas que regulen las condiciones laborales, la creación de plazas, los esquemas de remuneración, las obligaciones y derechos de los trabajadores, reconoce la posibilidad de celebrar negociaciones colectivas de acuerdo con la ley, artículo 32. Así como desaplica disposiciones de Derecho Público que tienen incidencia directa en la política de empleo y en el otorgamiento de beneficios a los servidores públicos, como la Ley de Administración Financiera  de la República y Presupuestos Públicos y la Ley para el equilibrio financiero del Sector Público. Esa desaplicación no cambia, empero, el régimen jurídico de la relación de empleo dentro de RACSA, que continúa siendo mixto: una relación de empleo que en orden a los servidores que no participan en la gestión pública está regida predominantemente por el derecho laboral y excepcionalmente, reglada en algunos aspectos – moralidad y legalidad administrativas, según lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley General de la Administración Pública- por el derecho público.

            Tomando en cuenta los cambios generados por la Ley 8660, cabe considerar que la apertura del mercado de las telecomunicaciones que informa dicha Ley reafirma la sujeción de la actividad de RACSA al Derecho Común. Nótese que nos referimos a la actividad, ya que la Ley 8660 no contempla normas específicas sobre organización de RACSA. En consecuencia, se mantienen las disposiciones de la Ley 3293, particularmente en lo que se refiere a organización. Recalcamos, el carácter público de las normas sobre organización no fue modificado por la Ley 8660. Consecuentemente, tampoco puede afirmarse que con base en los objetivos de dicha ley 8660 y la sujeción a un régimen de competencia, RACSA como entidad jurídica tiene la facultad de disponer sobre su propia organización, de manera de adoptar en su pacto constitutivo o a través de reglamentos, disposiciones que tenderían a desconocer las normas legales que regulan su organización o control.

            En el tanto en que ello así, el legislador se mantiene apegado a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley General de la Administración Pública. Dicho numeral dispone que la actividad de producción, comercialización o distribución de bienes y servicios, sea la actividad empresarial, se rige por el Derecho Privado, pero que la organización se rige por el Derecho Público. Establece la norma:

"Artículo 3º.-

1. El derecho público regulará la organización y actividad de los entes públicos, salvo norma expresa en contrario.

2. El derecho privado regulará la actividad de los entes que por su régimen de conjunto y los requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas industriales o mercantiles comunes".

            Aplicado el artículo 3. 1 a las empresas públicas organizadas como sociedades privadas, se sigue que aun cuando la empresa se constituya como sociedad anónima, las disposiciones específicas dispuestas por el legislador en orden a esa creación y a su organización prevalecen por sobre las normas del Código de Comercio o del Código Civil que resultaren aplicables. Aspecto que es importante cuando la ley contempla disposiciones respecto de los órganos de dirección, administración o control de la empresa. Esas normas son de Derecho Público y prevalecen por sobre lo dispuesto en el Derecho Común.

            Este es el caso de las normas que regulan la integración, la reunión de la asamblea de accionistas, de la junta directiva, de los requisitos para integrar dicho órgano o para que funcionen o bien, los requisitos para ser administrador de una empresa pública.

            A propósito de la aplicación del Derecho Público a la organización de una empresa pública,  ha señalado la Procuraduría:

“En el asunto específico que nos ocupa, considera esta Procuraduría que el acto mediante el cual la Junta Directiva de RECOPE nombra a uno de los gerentes de la institución no está relacionado con la “actividad” industrial o mercantil de la empresa, ni con su giro habitual, sino con su organización, por lo que se trata de un acto regido por el Derecho Público. Además, no podría afirmarse que la relación que une a los gerentes de RECOPE con esa institución, esté regida por el Derecho Laboral, ni siquiera que se trate de una relación de naturaleza mixta, pues quien ocupa ese tipo de cargos, participa de la gestión pública del Estado y, en esa medida, su relación con la empresa se encuentra regida por el Derecho Público”. Dictamen C-185-2009 de 2 de julio de 2009.

“A nuestro juicio, todo lo relativo a la conformación y el funcionamiento de la Junta Directiva de CORBANA, se rige por las normas y principios del derecho público, precisamente porque se trata de aspectos relacionados con la organización del ente y no con su actividad. (…).

En todo caso, obsérvese que la Ley de Creación de CORBANA no excluye la aplicación del derecho administrativo en lo relativo a la organización del ente. Por el contrario, en esa ley se regula lo concerniente a la existencia de un órgano deliberativo superior (Asamblea General), de un órgano director (Junta Directiva), de un órgano ejecutor (Gerente General), de un órgano contralor (Auditor), etc. Específicamente, en cuanto a la Junta Directiva, se regula lo relacionado con su integración (artículo 8), con los impedimentos para formar parte de ese órgano (artículo 9), con las incompatibilidades de sus miembros (artículo 10), con el plazo de nombramiento y causas de cesación en el cargo (artículo 11), con lo relativo al quórum (artículo 13), etc.

Tomando en cuenta lo anterior, no podría afirmarse que en lo que concierne a la organización de CORBANA y particularmente, en lo relativo a la conformación y funcionamiento de su Junta Directiva, rijan supletoriamente las normas del Código de Comercio y el derecho común, pues en ese aspecto impera el derecho administrativo y sus principios”. Dictamen C-258-2002 de 30 de setiembre del 2002.

            Esa aplicación del Derecho Público impide considerar, reiteramos,  que la empresa pública tenga una facultad de disposición sobre las normas de organización, pudiendo modificarlas para “adaptarlas” a las disposiciones de Derecho común que rijan su accionar.

CONCLUSION:

            Por lo antes expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República, que:

1-. La función consultiva de la Procuraduría General de la República tiene como objeto esclarecer, orientar, asesorar a los organismos consultantes sobre las normas jurídicas que le resulten aplicables y particularmente sobre su competencia, de manera que su accionar se conforme con el ordenamiento jurídico. Es por ello que la consulta debe preceder la toma de la decisión administrativa.

 

2-. Según se deriva  del criterio legal que se adjuntó a la consulta, la Asamblea General de Accionistas de RACSA modificó el pacto constitutivo de la sociedad para disminuir la cantidad de los miembros de su Junta Directiva de cinco a cuatro miembros; acuerdo que fue presentado ante el Registro Nacional para su inscripción. Por consiguiente, no es admisible  la consulta relativa a la competencia de esa Asamblea para adoptar dicho acuerdo, ya que el dictamen versaría sobre una decisión adoptada y en vía de ejecución

 

3-. El régimen de funcionamiento de RACSA es mixto, en el tanto se le aplican disposiciones de Derecho Público y de Derecho Privado. Entre las primeras, baste recordar las disposiciones sobre fondos públicos y su control que le sean aplicables, así como las que  regulan la especialidad de su objeto social, como es el caso de su Ley de creación, N. 3293, la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y obviamente la Ley General de Telecomunicaciones.

 

4-. La Ley 8660 amplía el ámbito de acción de RACSA como empresa del ICE y le otorga la  facultad de ejercer diversos instrumentos de Derecho Privado, a efecto de que pueda enfrentar la apertura de las telecomunicaciones. En ese sentido, es válido considerar que la apertura del mercado de las telecomunicaciones que informa la Ley 8660 reafirma la sujeción de la actividad operacional de RACSA al Derecho Común.

5-. La Ley 8660 no contempla normas específicas sobre organización de RACSA. Por lo que no es dable concluir que, con base en los objetivos de dicha ley y la sujeción a un régimen de competencia, RACSA como entidad jurídica tiene la facultad de disponer sobre su propia organización, de manera de adoptar en su pacto constitutivo o a través de reglamentos, disposiciones que tenderían a desconocer las normas legales que regulan su organización o control.

6. Por el contrario,  con  base en su Ley de creación y lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley General de la Administración Pública, debe sostenerse la vigencia y prevalencia de las disposiciones específicas dispuestas por el legislador en orden a esa creación y a su organización. Entre ellas, las normas  respecto de los órganos de dirección, administración o control de la empresa. Esas normas son de Derecho Público y prevalecen por sobre lo dispuesto en el Derecho Común.

 

                                                                       Atentamente,

                                                                       Dra. Magda Inés Rojas Chaves

                                                                       PROCURADORA GENERAL ADJUNTA

 

 

MIRCH/gap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-042-2013

FUNCION CONSULTIVA. INADMISIBILIDAD. RACSA. REGIMEN JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD. APLICACIÓN DE DERECHO PUBLICO A LA ORGANIZACIÓN. LEY 8660.

 

El Gerente General de Radiográfica de Costa Rica S. A., en  oficio N. GG-135-2013 de 13 de febrero 2013,  por disposición de la Junta Directiva, consulta el criterio de la Procuraduría General de la República respecto de su régimen jurídico. En concreto, se pregunta lo siguiente:

 

“1. Con la apertura del mercado de las telecomunicaciones y siendo que RACSA es uno de los competidores del mercado, ¿cuál es el ámbito jurídico y el bloque de legalidad en el que debe desenvolverse RACSA, tanto a nivel comercial empresarial así como empresa pública?

 

2. ¿Ostenta la Asamblea General de Accionistas de RACSA las competencias necesarias para disminuir la cantidad de sus miembros de su Junta Directiva de cinco a cuatro miembros, tomando en cuenta la necesidad de reducción de gasto en que se encuentra temporalmente?”.

            La Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta, en dictamen C-042-2013 de 18 de marzo siguiente, concluye que:

1-. La función consultiva de la Procuraduría General de la República tiene como objeto esclarecer, orientar, asesorar a los organismos consultantes sobre las normas jurídicas que le resulten aplicables y particularmente sobre su competencia, de manera que su accionar se conforme con el ordenamiento jurídico. Es por ello que la consulta debe preceder la toma de la decisión administrativa.

 

2-. Según se deriva  del criterio legal que se adjuntó a la consulta, la Asamblea General de Accionistas de RACSA modificó el pacto constitutivo de la sociedad para disminuir la cantidad de los miembros de su Junta Directiva de cinco a cuatro miembros; acuerdo que fue presentado ante el Registro Nacional para su inscripción. Por consiguiente, no es admisible  la consulta relativa a la competencia de esa Asamblea para adoptar dicho acuerdo, ya que el dictamen versaría  sobre una decisión adoptada y en vía de ejecución

3-. El régimen de funcionamiento de RACSA es mixto, en el tanto se le aplican disposiciones de Derecho Público y de Derecho Privado. Entre las primeras, baste recordar las disposiciones sobre fondos públicos y su control que le sean aplicables, así como las que  regulan la especialidad de su objeto social, como es el caso de su Ley de creación, N. 3293, la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y obviamente la Ley General de Telecomunicaciones.

 

4-. La Ley 8660 amplía el ámbito de acción de RACSA como empresa del ICE y le otorga la  facultad de ejercer diversos instrumentos de Derecho Privado, a efecto de que pueda enfrentar la apertura de las telecomunicaciones. En ese sentido, es válido considerar que la apertura del mercado de las telecomunicaciones que informa la Ley 8660 reafirma la sujeción de la actividad operacional de RACSA al Derecho Común.

5-. La Ley 8660 no contempla normas específicas sobre organización de RACSA. Por lo que no es dable concluir que, con base en los objetivos de dicha ley y la sujeción a un régimen de competencia, RACSA como entidad jurídica tiene la facultad de disponer sobre su propia organización, de manera de adoptar en su pacto constitutivo o a través de reglamentos, disposiciones que tenderían a desconocer las normas legales que regulan su organización o control.

6. Por el contrario,  con  base en su Ley de creación y lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley General de la Administración Pública, debe sostenerse la vigencia y prevalencia de las disposiciones específicas dispuestas por el legislador en orden a esa creación y a su organización. Entre ellas, las normas  respecto de los órganos de dirección, administración o control de la empresa. Esas normas son de Derecho Público y prevalecen por sobre lo dispuesto en el Derecho Común.