Dictamen : 247 - del 18/10/2012
18 de octubre, 2012
C-247-2012
Señor
Leonardo
Herrera Sánchez
Municipalidad
de Vásquez de Coronado
Alcalde
Estimado
señor:
Con la aprobación de la señora
Procuradora General de la República, procedo a dar respuesta a su oficio AL-200-1727-09
de 26 de noviembre de 2009. Se lamenta la demora.
Específicamente, la Alcaldía
solicita que este Órgano Superior Consultivo emita un criterio sobre una
solicitud planteada por el Departamento de Ingeniería en orden a abrir un
proceso de lesividad para invalidar el visado del plano de una propiedad de Inversiones Rosil S.A.
En efecto, en el oficio
AL-200-1727-09 se adjunta una copia del memorial IN-300-1069 de la Dirección de Ingeniería Municipal. En
este documento, se indica que el visado del plano con número de presentación
1-2455611 y otorgado el 19 de agosto de 2009 – a nombre de Inversiones Rosil
S.A.– adolece de un vicio invalidante, puesto que el
mismo señala que el lindero este es calle pública – denominada La Pradera – lo
cual no es cierto en el tanto la naturaleza de dicha vía ha sido objeto de
controversia.
Igualmente, se aporta el dictamen
L-501-242-2009 del Departamento Legal de la Municipalidad en el cual se señala
que efectivamente el plano con número de presentación 1-2455611 consigna como camino público, una
vía cuya naturaleza pública o privada ha sido controvertida.
La consulta es inadmisible, sin
embargo, se adjuntan algunos criterios jurisprudenciales que son de utilidad
para la Municipalidad Consultante.
I.
LA CONSULTA ES INADMISIBLE
La consulta planteada es
inadmisible. El artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
prescribe que es facultad de las diferentes Administraciones Públicas consultarle
su criterio técnico jurídico. Esta facultad se ejerce a través de los Jerarcas
de los diferentes niveles administrativos.
Es criterio reiterado de este
Órgano Superior Consultivo que dichas consultas deben ser planteadas en forma
general y abstracta, pues la
función consultiva no puede implicar un
ejercicio de la función de Administración activa. La función consultiva
no debe conllevar, de ningún modo, una sustitución de las competencias de la
administración activa consultante. La Procuraduría desconocería su propia
competencia si entrara a sustituir a la Administración, resolviendo los casos
concretos. (Un buen recuento de este criterio jurisprudencial se encuentra en
el dictamen C-290-2011 de 28 de noviembre de 2011)
En este mismo orden de ideas, la jurisprudencia administrativa ha
señalado que no es competencia de la Procuraduría General valorar si las
opiniones externadas por las asesorías o dependencias internas, son conforme con el ordenamiento jurídico.
Nuevamente, la función consultiva debe ser ejercida respecto de competencias u
organización de la Administración, de la interpretación normas jurídicas o de
sus efectos, pero no sobre actuaciones o criterios concretos elaborados por la
Administración, sus dependencias o sus asesorías. Al respecto, conviene citar
el dictamen C-207-2010 de 11 de octubre de 2010:
“En segundo término, en lo concerniente a la
valoración de un acto concreto, cabe advertir que esta particular forma de
requerir nuestro criterio técnico jurídico ha sido considerada improcedente, y
así lo hemos expresado en reiteradas ocasiones, pues no corresponde a la
Procuraduría General, como órgano superior consultivo de la Administración
Pública, valorar si una determinada decisión administrativa, o incluso la
opinión externada por asesorías o dependencias internas, son conformes o no al
ordenamiento jurídico. La función consultiva debe ser ejercida respecto de
competencias u organización de la Administración consultante, de la
interpretación de normas jurídicas e incluso de sus efectos, pero no sobre
actuaciones o criterios concretos –actuales o potenciales- vertidos por la
Administración, sus dependencias o asesorías (Dictámenes C-277-2002 de 16 de
octubre de 2002, C-196-2003 de 25 de junio de 2003, C-241-2003 de 8 de agosto de
2003 y C-120-2004 de 20 de abril de 2004, C-315-2005 de 5 de setiembre de 2005,
C-328-2005 de 16 de setiembre de 2005, C-418-2005 de 7 de diciembre de 2005 y
C-392-2006 de 6 de octubre de 2006, entre otros muchos).”
Ahora
bien, en el presente caso, el objeto de la consulta implicaría, de un lado, que
mediante su función consultiva, la Procuraduría sustituya a la Municipalidad de
Vásquez de Coronado en una decisión que es competencia activa, a saber la
determinación de si procede o no interponer un proceso de lesividad contra un
visado municipal.
Luego,
por la forma en que ha sido planteada, la consulta conduciría a que este Órgano
Superior Consultivo emita un criterio sobre la conformidad jurídica de la
solicitud planteada por el Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de
Vásquez Coronado.
En efecto, debe advertirse que, de acuerdo
con el artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, tanto la
decisión de declarar lesivo un acto declaratorio de derechos subjetivos, como
la determinación de interponer el subsecuente proceso de lesividad, es una
competencia de las Administraciones Activas. (Al respecto, ver la sentencia de
la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, N.° 619-2011 de las 9:10 del
26 de mayo de 2011).
Por
claridad se transcribe el artículo 34 del Código Procesal Contencioso
Administrativo:
“ARTÍCULO 34.-
1) Cuando la
propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda
demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previamente
el superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses
públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza. El plazo máximo para ello
será de un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que haya sido
dictado, salvo si el acto contiene vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso,
dicha declaratoria podrá hacerse mientras perduren sus efectos. En este último
supuesto, el plazo de un año correrá a partir de que cesen sus efectos y la
sentencia que declare la nulidad lo hará, únicamente, para fines de su
anulación e inaplicabilidad futura.
2) La lesividad
referente a la tutela de bienes del dominio público no estará sujeta a plazo.
3)
Corresponderá al Consejo de Gobierno la declaratoria de lesividad de los actos
administrativos dictados por dos o más ministerios, o por estos con algún ente
descentralizado. En tales supuestos, no podrán ser declarados lesivos por un
ministro de distinto ramo.
4) La
declaratoria de lesividad de los actos dictados por órganos administrativos con
personalidad jurídica instrumental, será emitida por el superior jerárquico
supremo.
5) La
pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la contrademanda.”
Así las cosas, la solicitud de consulta de la
Municipalidad de Vásquez de Coronado para que la Procuraduría determine si
procede o no declarar lesivo a los
intereses públicos un acto de visado de plano, es ajena a la competencia
consultiva de este órgano, pues si tal pronunciamiento se vertiera, se estaría
invadiendo una esfera de atribuciones que es propia de la Administración Activa
en general y en específico, de la Municipalidad de Vásquez de Coronado.
En todo caso, debe advertirse que amén de solicitar
un pronunciamiento sobre la declaratoria de lesividad de un acto de visado, la
Municipalidad ha requerido un criterio sobre la conformidad jurídica del
memorial IN-300-1069 del Departamento de Ingeniería Municipal.
Esto también es improcedente, pues como se ha explicado en líneas anteriores,
la naturaleza de la función consultiva de la Procuraduría General impide que
ésta emita dictámenes que valoren la juridicidad de actuaciones o criterios concretos elaborados por
la Administración, sus dependencias o sus asesorías.
II.
ALGUNOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES.
Sin perjuicio de lo anterior, y
en un afán de colaborar con la Administración consultante se ha estimado
oportuno reseñar algunos criterios jurisprudenciales de utilidad para el asunto
a decidir.
En primer lugar, debe indicarse
que mediante un reciente dictamen, sea el C-76-2012 de 20 de marzo de 2012, se
determinó – en consonancia con la jurisprudencia administrativa -, que la
declaratoria de una calle pública no depende de su consignación en un plano
catastrado. Luego, se indicó que para “eliminar” la calle pública de un plano
catastrado, la Administración debía abrir un procedimiento de lesividad, o si
fuera el caso, un procedimiento administrativo de nulidad absoluta, evidente y
manifiesta. En todo caso, en dicho dictamen se ha señalado también que la declaratoria
de lesividad del visado de un plano – en el caso que éste hubiese provocado una
inscripción catastral -, conlleva la necesidad de coordinar con el Ministerio
de Justicia y Paz para qué éste declare la lesividad de esa inscripción:
“Como puede verse, la declaratoria de una calle
pública no depende de su consignación en un plano catastrado, sino de que se
hayan dado en la especie fáctica en particular los requerimientos que el
ordenamiento jurídico fija para caso específico (llámese proyecto urbanístico,
terreno demanial entregado por ley o de hecho al uso público, mutación
demanial, o adquisición del terreno privado para destinarlo a ese uso).
Como se dijo en el dictamen No C-116-94 de 14 de julio
de 1994: “los topógrafos carecen de
atribuciones para calificar un camino de público o privado. Solo les incumbe
dar fe del uso público, una vez hecha la declaratoria. Mas, si existiese duda,
deberán consultar la calificación al órgano administrativo competente y
conviene acreditarla con los documentos que se remiten a la Oficina de Catastro
para celeridad de los trámites y corroboración de terceros”.
De ahí que, aunque se consigne la existencia de una
calle pública en un plano catastrado, tal inclusión no puede hacerse valer por
sobre los requerimientos que la ley fija en cada caso para tenerla por
constituida, por lo que si no se han cumplido éstos, aquella consignación no
tiene el efecto de suplirlos y tener por declarado el carácter público del
acceso inserto.
En cuanto a la posibilidad de eliminar una “calle
pública” de un plano catastrado que no se encuentra reconocida como tal por la
autoridad administrativa competente; al formar parte del cuerpo del plano, lo
propio es combatir la existencia jurídica de éste; lo cual podría hacerse por
dos vías: la primera, donde es el propio administrado quien procede a la
inscripción de un nuevo plano ante Catastro Nacional haciendo la corrección
debida y solicitando la cancelación del anterior; y la segunda, mediante la
anulación del plano, ya sea mediante la declaratoria de una nulidad absoluta
evidente y manifiesta en sede administrativa (artículo 173 de la Ley General de
la Administración Pública), si los presupuestos fácticos y jurídicos del caso
así lo sugieren, o bien, por vía de un proceso de lesividad ante la
jurisdicción contencioso administrativa, para lo cual previamente deberán
declararse lesivos los actos (artículos 183 de la Ley General de la
Administración Pública y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo). En
la hipótesis planteada de un plano catastrado con visado municipal, deberá
declararse la lesividad tanto del visado por la Municipalidad como de la
inscripción en Catastro Nacional por el Ministerio de Justicia y Paz.”
Como segundo punto,
debe señalarse que conforme lo dispone expresamente el artículo
“Por su parte, el inciso primero del canon 34 del CPCA, dispone: “Cuando
la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos,
pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, previamente el superior jerárquico supremo deberá declararlo
lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza. El
plazo máximo para ello será de un año, contado a partir del día siguiente a
aquel en que haya sido dictado, salvo si el acto contiene vicios de nulidad
absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá hacerse mientras perduren sus
efectos. En este último supuesto, el plazo de un año correrá a partir de que
cesen sus efectos y la sentencia que declare la nulidad lo hará, únicamente,
para fines de su anulación e inaplicabilidad futura.” Como se determina con
claridad, la LRJCA, a diferencia del CPCA, no prevé la posibilidad de que,
cuando el acto cuestionado sea de efecto continuado, la declaratoria
administrativa de lesividad pueda efectuarse pasado el plazo cuatrienal para
que su nulidad sea con efectos hacia futuro.”
Finalmente, es necesario hacer hincapié
en que corresponde al Órgano Superior Jerárquico Supremo de la Municipalidad,
sea el Concejo Municipal, declarar la lesividad de los actos declarativos de
derechos que considere viciados. Esto a efectos de interponer el
correspondiente proceso jurisdiccional. Al respecto, se transcribe el dictamen
128-2008 de 21 de abril de 2008:
“La segunda vía, regulada en los
artículos dichos del Código Procesal Contencioso Administrativo , puede llevar a que el Juez de esta materia anule
el acto cuestionado, en cuyo caso, no es necesario que deba ir precedido por un
procedimiento administrativo ordinario, sino que basta la declaratoria
fundamentada de lesividad por parte del órgano superior jerárquico supremo
correspondiente (que en este caso sería el Concejo Municipal), de que dicho
acto es lesivo a los intereses públicos, para luego proceder a la interposición
de la demanda correspondiente. En la cual, aquí sí, esa Municipalidad puede
solicitar al Juez todas las medidas cautelares (artículos
III.
CONCLUSION
Con fundamento en lo expuesto, se
concluye que la consulta es inadmisible.
Atentamente,
Jorge Oviedo Álvarez
Procurador Adjunto
JOA/jmd
C- 247-2012
INADMISIBLE.
COMPETENCIA PARA INICIAR LESIVIDAD. DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA NO DEPENDE DE
PLANO CATASTRADO.
Se solicita que este Órgano Superior Consultivo emita un criterio sobre una solicitud planteada por el Departamento de Ingeniería en orden a abrir un proceso de lesividad para invalidar el visado del plano de una propiedad de Inversiones Rosil S.A.
se adjunta una copia del memorial IN-300-1069 de
Por dictamen C-247 -2012, Jorge Oviedo Alvarez, concluye:
Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la consulta es inadmisible.