Dictamen : 203 - del 21/08/2012
21 de
agosto de 2012
C-203-2012
Señora
Damaris
Espinoza Guzmán
Auditora
Municipalidad
de Pérez Zeledón
Estimada señora:
Con la anuencia de la señora Procuradora General de la República me es grato dar respuesta a su Oficio OFI-0147-12-AIM del 23 de mayo del 2012, por medio del cual solicita nuestro criterio técnico jurídico acerca de lo siguiente:
“¿Aplican para los otros miembros de los Concejos de Distrito, propietarios o suplentes, las mismas restricciones que para los síndicos propietarios o suplentes, exceptuando el desempeño de dos cargos públicos de forma simultánea, o las demás prohibiciones señaladas para regidores propietarios y suplentes tampoco aplican para los demás miembros de los Consejos de Distrito que no son el síndico propietario y el suplente?”
Se
indica que la duda planteada surge a raíz
de lo dispuesto en el artículo 58 del Código Municipal, el cual establece que a
los Síndicos (suplentes o propietarios) les aplican las mismas restricciones
que a los regidores municipales, tema que
ha sido ampliamente desarrollado en varios dictámenes de la Procuraduría
General, pero que en ninguno de ellos se ha hecho referencia a las posibles
restricciones o impedimentos legales de los demás integrantes del Consejo de
Distrito, quienes de acuerdo con el artículo 55 del Código Municipal, son de
elección popular y desempeñan sus cargos gratuitamente.
Al mismo tiempo, se menciona que el
artículo 17 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la
Función Pública, establece que en la prohibición de desempeñar dos cargos
públicos de forma simultánea, es decir, cuando exista superposición horaria o
una jornada superior al tiempo completo de trabajo, se excluyen a los miembros
de los Concejos de Distrito, tal y como lo ha señalado el Tribunal Constitucional
mediante la sentencia No. 13431 de 02 de
setiembre de 2008.
I.-
CUESTIÓN PRELIMINAR:
Es preciso señalar de previo, que si bien de conformidad
con la reforma del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República –Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas-
los auditores internos pueden consultar directamente a este Órgano Consultor
Superior Técnico Jurídico de la Administración Pública, ciertamente debe
entenderse que esa posibilidad debe circunscribirse a la competencia que
ostenta el órgano auditor dentro de la entidad pública a la cual sirve. En tal sentido, dicha norma establece:
“ARTÍCULO
4º.—
CONSULTAS:
“Los órganos
de la Administración Pública por
medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán
consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso,
deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de
los auditores internos, quienes podrán realizar la consulta directamente.
(Así reformado
por el inciso c) del artículo 45 de la Ley N° 8292 de 31 de julio del
2002, Ley de Control Interno”
En otro orden cosas, es importante señalar, que no obstante
que en la citada norma transcrita se posibilita al auditor interno de la
Administración Pública para consultar de manera directa a esta Procuraduría, es
con fundamento en los artículos 1, 2, 3, inciso b), de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República (Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982)
que las consultas que se formulen deben versar únicamente sobre cuestiones
jurídicas y de carácter general, pues por la naturaleza vinculante que ostentan
nuestros dictámenes, éstos no podrían sujetar a la administración activa en
tratándose de asuntos concretos y particulares que incumben propiamente a ella
decidir o resolver. Así, esta Procuraduría ha señalado reiteradamente, que:
“…no obstante
la competencia consultiva general que el artículo 3 de la Ley Orgánica le
atribuye, la Procuraduría ha señalado reiteradamente que en virtud del efecto
vinculante de sus dictámenes no le corresponde entrar a pronunciarse sobre
situaciones concretas, así como tampoco le está permitido dirimir los distintos
conflictos que se sometan a decisión de los entes públicos. La función
consultiva no puede, en efecto, llevar a un ejercicio efectivo de la función de
administración activa. Ejercicio que implicaría una sustitución de la
Administración Activa, única competente de acuerdo con el ordenamiento jurídico
para resolver los casos sometidos a su conocimiento. La Procuraduría
desconocería su propia competencia si entrara a sustituir a la Administración,
resolviendo los casos concretos.
(C-141-2003 del
21 de mayo del 2003 y, en el mismo sentido C-203-2005 del 25 de mayo del 2005)
En suma, pese que esa auditoría no ha justificado
debidamente y dentro de sus funciones competenciales cuál es el interés de su
consulta, trataremos de presumir la
importancia requerida en la labor del departamento a su cargo.
II.- ANÁLISIS DE LA CONSULTA
PLANTEADA:
-Carácter Jurídico
de los Consejos de Distrito.
En
relación con la consulta planteada, los artículos 54 y 55 del Código Municipal,
establecen:
“ARTÍCULO 54.- Los Concejos
de Distrito serán los órganos encargados
de vigilar la actividad municipal y colaborar en los distritos de las
respectivas municipalidades. Existirán tantos Concejos de Distrito como
distritos posea el cantón correspondiente.”
“ARTÍCULO 55.- Los Concejos
de Distrito estarán integrados por cinco miembros propietarios; uno de ellos
será el síndico propietario referido en el artículo 172 de la Constitución
Política y cinco suplentes de los cuales uno será el síndico suplente
establecido en el referido artículo constitucional. Los suplentes
sustituirán a los propietarios de su mismo partido político, en los casos de
ausencia temporal u ocasional y serán llamados para el efecto por el Presidente
del Concejo, entre los presentes y según el orden de elección. Los miembros del Concejo de Distrito serán
elegidos popularmente por cuatro años, en forma simultánea con la elección de
los alcaldes municipales, según lo dispuesto en el artículo 14 de este código,
y por el mismo procedimiento de elección de los diputados y regidores
municipales establecido en el Código Electoral. Desempeñarán sus cargos
gratuitamente.”
(El resaltado en ambos textos es
nuestro)
Por
su lado, mediante los artículos 1 y 12 de la Ley No. 8489 de 22 de noviembre
del 2005 -“ Ley de Función de los Concejos de Distrito en el Control y
Eficiencia del Sector Público”- se
adicionan a los artículos 54 del Código
Municipal y 4 de la Ley
General de Concejos Municipales de Distrito, N° 8173, la función a estos
órganos distritales de promover la eficiencia de la actividad del sector
público y velar por ella dentro de la respectiva jurisdicción. Así, dichas
normas, en su orden, prescriben:
“Artículo 1º—Adiciónase al Código Municipal, las
siguientes disposiciones: a) Al artículo 54, un segundo párrafo, cuyo texto
dirá:
“Artículo 54.—
[...]
Sin perjuicio
de las atribuciones de otras instituciones del Estado, los consejos de distrito, dentro de su jurisdicción territorial y de
acuerdo con la presente Ley, promoverán la eficiencia de la actividad del
sector público y velarán por ella”. b) Al artículo 57, un inciso h); en
consecuencia, se corre la enumeración del inciso siguiente:
“Artículo 57.—
[...]
h) Recibir toda
queja o denuncia, que sea de su conocimiento, sobre la ilegalidad _ o
arbitrariedad de una actuación material, acto, omisión o ineficiencia de las personas
funcionarias públicas, trasladarla ante el órgano o ente público que
corresponda y darles seguimiento, hasta la resolución final, a los casos que lo
ameriten.”
“Artículo
12.—Adiciónase al artículo 4 de
la Ley general de concejos municipales de distrito, N° 8173, el segundo
párrafo, cuyo texto dirá:
“Artículo 4º—
[...]
Los concejos municipales de distrito, sin
perjuicio de las atribuciones de otras instituciones del Estado, promoverán la eficiencia de la actividad
del sector público y velarán por ella”.
(El
resaltado en negrilla en ambos textos es nuestro)
Se
observa de los textos transcritos, que esos concejos distritales son órganos
auxiliares y de gran utilidad en las
municipalidades del país, pues a través de ellos se procura velar por los intereses
y servicios del distrito al cual representan, adicionándose a partir de la
citada Ley No. 8489, la función de promover y velar dentro de la jurisdicción
territorial la eficiencia de la
actividad del sector público. No
poseen personalidad jurídica propia,
sino que están ligados a la administración municipal en aras de alcanzar los
beneficios y demás intereses de la comunidad distrital, tales como becas de
estudios, bonos de vivienda y alimentación,
así como proponer el orden de prioridad en la ejecución de obras
públicas, etc. También tienen la función de informar semestralmente a la
municipalidad, sobre el destino de los recursos asignados, así como a las
instancias ejecutoras de los proyectos, entre otros (véase artículo 57 Ibid).
En este sentido, y mediante el Dictamen C-367 de 11 de octubre del 2007, esta
Procuraduría ha señalado, en lo conducente:
“En relación con el tema de los Concejos de
Distrito ya esta Procuraduría en ocasiones anteriores ha manifestado que la
existencia de estos obedece a una necesidad real en atención a una efectiva
comunicación entre los distritos y la municipalidad de cada cantón [1], por lo que su
existencia y funcionamiento no rozan con el derecho de la constitución pues tal
y como lo ha explicado la Sala Constitucional “su identidad no lesiona en nada
los artículos 169 y 170 de la Constitución Política” [2].
Más concretamente, en el dictamen N° C-024-95
esta Procuraduría explicó:
"Es por
ello que la existencia de los Concejos de Distrito tiene sentido en atención a
una necesidad real de una efectiva comunicación entre los distritos y la
municipalidad de cada cantón. (…) Estos Concejos son desarrollados por la ley y
son elementos de la autonomía municipal consagrada en la Constitución
(…)." [3]
Por su parte, en la doctrina nacional,
concretamente el jurista Eduardo Ortiz Ortiz, en relación con los Concejos de
Distrito, explicó:
"(...)
Los Concejos de Distrito son auxiliares de las Municipalidades en la promoción
y gestión de los intereses y asuntos locales, en el ámbito territorial
correspondiente. (...) Sus funciones consisten en colaborar con las
Municipalidades, sea sirviéndoles de enlace con la comunidad distrital o
fiscalizando obras municipales en el distrito, sea preparando o ejecutando
actos o actuaciones municipales, como cuando elaboran listas de obras públicas
urgentes en el distrito o recogen contribuciones locales (sin que puedan
administrar fondos de ninguna especie, todos los cuales, de llegar a sus arcas,
tienen que pasar de inmediato a la Tesorería Municipal (...) El carácter
claramente subordinado de las funciones del Concejo de Distrito a las del
Concejo Municipal indica que se trata de órgano auxiliar de este último en la
promoción de los intereses locales, sin personalidad jurídica propia, no
obstante el aspecto territorial de su competencia y la índole electoral y
representantiva del síndico (...) Es simplemente un órgano periférico del
Municipio, con funciones no decisorias, respecto de las cuales el distrito es
límite espacial de competencia."
Por su parte, y en razón de ese carácter de
colaborador o auxiliar que revisten éstos órganos, se ha afirmado que con la
creación de los Concejos de Distrito lo que pretendía el legislador era
institucionalizar el canal de comunicación entre las organizaciones de base y
la Municipalidad [5].
Se continúa indicando en ese dictamen que la
figura de los concejos distritales ha sido desarrollada ampliamente por la
jurisprudencia nacional, por lo que en ese sentido, la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia ha explicado en lo que interesa, que:
“(…) I.-
CONCEJOS DE
DISTRITO.- (…) son las organizaciones comunales de base, presididas por el
síndico respectivo, que sirven de enlace entre el Gobierno Local y las
comunidades. Son simples órganos de colaboración, cuya principal función
es la de determinar las necesidades de la jurisdicción, para que, por medio
de la iniciativa del síndico, se intente incluir dentro del presupuesto
ordinario de la Municipalidad, el soporte económico necesario para satisfacerlas
(vid. artículos 64 y 116 Código Municipal). La Constitución Política no prevé
absolutamente nada sobre los Concejos de Distrito; carecen de potestades
imperativas que les permitan dictar actos con ese carácter y no tienen a su
cargo la organización y administración de servicios públicos. Son simples
órganos de colaboración, que sirven de contacto directo con la comunidad
respectiva, que fiscalizan las obras que se ejecutan en los respectivos
distritos o bien, proponiendo la realización de las que se estimen necesarias.
Como se ha dicho "El carácter claramente subordinado de las funciones del
Concejo de Distrito a las del Concejo Municipal indica que se trata de órgano
auxiliar de este último en la promoción de los intereses locales, sin personalidad
jurídica propia, no obstante el aspecto territorial de su competencia y la
índole electoral y representativa del síndico. Es simplemente un órgano
periférico del Municipio, con funciones no decisorias, respecto de las cuales
el distrito es límite espacial de competencia" (...)” [6] (El original no está subrayado)
En este mismo sentido, en un voto posterior, la
Sala Constitucional definió a los Concejos de Distrito como organizaciones
propias de las municipalidades, reafirmando que dichos órganos no rozan con las
normas y principios constitucionales [7]. “
Debe rescatarse del texto transcrito que por el
carácter de sus funciones, los concejos distritales evidentemente no ostentan
potestades de imperio ni poder de decisión, organización, fiscalización o administración
como generalmente lo poseen otros órganos de la respectiva municipalidad.
Al
mismo tiempo, se establece en el numeral 5 citado supra, que estos entes
pluralistas están compuestos por cinco miembros propietarios, de los cuales uno
de ellos es el síndico a que hace referencia el artículo 172 constitucional;
todos con sus respectivos suplentes. Son elegidos popularmente por cada cuatro
años, en forma simultánea con la elección
de los alcaldes municipales, según lo dispuesto en el artículo 14 de este
código. Aunado a ello, se dispone allí, que estos miembros distritales no devengan
ningún emolumento económico en el desempeño de sus cargos.
INEXISTENCIA
DE RESTRICCIONES O IMPEDIMENTOS LEGALES EN LOS CARGOS DE LOS MIEMBROS DEL
CONCEJO DE DISTRITO:
De un estudio exhaustivo del Código Municipal, de la Ley
General de Concejos Municipales de Distrito, y de la Función de los Concejos de
Distrito en el Control de la Eficiencia del Sector Público, así como del resto
de nuestro ordenamiento jurídico, no se logra extraer alguna norma que venga a
establecer de manera expresa alguna prohibición, restricción o impedimento a los miembros de un concejo distrital, en
orden a ejercer otras actividades ajenas,
o a desempeñar otros cargos públicos, tal y como se prevén generalmente
en otros funcionarios públicos. [1]
Oportuno es aclarar que si bien el
síndico forma parte de un concejo distrital, teniendo a cargo la presidencia
del órgano y la representación de la localidad ante la respectiva
municipalidad, ciertamente le rige en lo
conducente, las prohibiciones y restricciones establecidas en el mencionado
artículo 58 del Código Municipal, el cual
literalmente, expresa:
“ARTÍCULO 58.- En
lo conducente, serán aplicables a
los síndicos las disposiciones de este título respecto de requisitos, impedimentos, prohibiciones, reposición,
juramentación y toma de posesión del
cargo de los regidores.”
(El resaltado en negrilla es nuestro)
En ese sentido, este Despacho ha subrayado que “Por expresa disposición del cánon 58 del Código Municipal, a los síndicos les serán aplicables todas las disposiciones que norman los requisitos, impedimentos, prohibiciones, reposición, juramentación y toma de posesión del cargo de los regidores, lo que contemplaría también las causas que originan la pérdida de las credenciales de estos funcionarios de elección popular.” (Véase Dictamen No. C-185-2011 de 8 de agosto del 2011)
En similar pensamiento, y mediante Opinión
Jurídica No. 021, de 18 de febrero de 1999, este órgano consultivo, al analizar
la naturaleza jurídica de la figura de los síndicos municipales, señaló:
“(…)
Conforme se podrá apreciar, en cuanto a
requisitos, impedimentos, prohibiciones, reposición, juramentación y toma de
posesión del cargo de síndico, la norma transcrita establece que le serán
aplicables las disposiciones concernientes a los regidores. Una disposición
idéntica contenía el artículo 65, párrafo segundo, del Código Municipal
anterior. En consecuencia, en lo referente a tales aspectos, debe tenerse presente lo dispuesto en los numerales 22, 23, 28, 29,
30 y 31 del citado Código. “
(El resaltado en
negrilla es nuestro)
Como se ha podido observar en lo que
interesa a la presente consulta, y por expresa disposición del citado numeral
58, los requisitos del cargo de síndico,
así como las prohibiciones o restricciones existentes en el ejercicio de sus
funciones como tal, se deben remitir
a lo establecido actualmente bajo los artículos 22, 23,
24, y 31 del Código en referencia, que en su orden,
establecen:
“ARTÍCULO 22.- Para ser
regidor se requiere:
a) Ser ciudadano en ejercicio y costarricense.
b) Pertenecer al estado seglar.
c) Estar inscrito electoralmente, por lo menos con dos años de anterioridad,
en el cantón en que han de servir el cargo.
ARTÍCULO 23.- No podrán ser candidatos
a regidores, ni desempeñar una regiduría:
a) Los funcionarios o
empleados a los que, según el artículo 88 del Código Electoral, les esté
prohibido participar en actividades político- electorales, salvo emitir su
voto. Estas incompatibilidades afectarán a quienes, dentro de los seis
meses anteriores a la fecha de las elecciones, hubieren desempeñado tales
cargos.
b) Los inhabilitados por sentencia judicial firme para ejercer
cargos públicos.
c) Los afectados por prohibiciones de acuerdo con otras leyes.”
“ARTÍCULO 24.- Serán
causas de pérdida de la credencial de regidor:
a) La pérdida de un requisito o adolecer de un impedimento, según lo
dispuesto en los artículos 22 y 23 de este código.
b) La ausencia injustificada a las sesiones del Concejo por más de
dos meses.
c) La renuncia voluntaria escrita y conocida por el Concejo.
d) Enfermedad que lo incapacite permanentemente para el ejercicio.
e) Lo señalado por el artículo 63 de la Ley sobre la zona marítimo-
terrestre, No. 6043, de 2 de febrero de 1977, por el artículo 73 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, de 7 de setiembre
de
“ARTÍCULO 31.- Prohíbese
al alcalde municipal y a los regidores:
a) Intervenir en la discusión y votación en su caso, de los asuntos
en que tengan ellos interés directo, su cónyuge o algún pariente hasta el
tercer grado de consanguinidad o afinidad.
b) Ligarse a la municipalidad o depender de ella en razón de cargo
distinto, comisión, trabajo o contrato que cause obligación de pago o
retribución a su favor y, en general, percibir dinero o bienes del patrimonio
municipal, excepto salario o dietas según el caso, viáticos y gastos de
representación.
c) Intervenir en asuntos y funciones de su competencia, que competan
al alcalde municipal, los regidores o el Concejo mismo. De esta prohibición se
exceptúan las comisiones especiales que desempeñen.
d) Integrar las comisiones que se creen para realizar festejos
populares, fiestas cívicas y cualquier otra actividad festiva dentro del
cantón.
Si el alcalde municipal o el regidor no se excusare de participar en
la discusión y votación de asuntos, conforme a la prohibición establecida en el
inciso a) de este artículo, cualquier interesado podrá recusarlo, de palabra o
por escrito, para que se inhiba de intervenir en la discusión y votación del
asunto. Oído el alcalde o regidor recusado, el Concejo decidirá si la
recusación procede. Cuando lo considere necesario, el Concejo podrá diferir el
conocimiento del asunto que motiva la recusación, mientras recaban más datos
para resolver.”
De lo transcrito, puede observarse las hipótesis establecidas en los incisos a)
y c) del artículo 23, en virtud de los cuales
se prohíbe ocupar el cargo de
síndico aquellos funcionarios públicos que les están vedados de participar en actividades político-
electorales, salvo emitir su voto, según lo dispuesto en el artículo 88 del
Código Electoral; o bien, por la existencia de otra disposición legal que así
lo impida.
En lo que respecta a los demás miembros
del concejo distrital, se reitera, -salvo norma especial- no hay disposición legal expresa que venga a
inhibir, restringir o a impedir el ejercicio de cualquier otra actividad o
función ajena al desempeño de sus cargos, por lo que en esos términos, no es
posible ni siquiera por la vía de la interpretación analógica o extensiva
recurrir a disposiciones destinadas expresamente a otros funcionarios públicos,
pues como lo establece claramente el artículo 19 de la Ley General de la
Administración Pública, en plena concordancia con los numerales 28 y 39
constitucionales “El régimen jurídico
de los derechos constitucionales estará reservado a la ley,…” En ese sentido,
este órgano consultivo ha señalado con sustento en la jurisprudencia
constitucional, que:
“…, al estar frente a un derecho fundamental, la
interpretación de la ley debe ser restrictiva, y no extensiva, es decir, a
favor de su ejercicio. En este sentido, son oportunos los conceptos
expresados por el Tribunal Constitucional, cuando en el voto 3173-93, señaló lo
siguiente:
"… el principio pro libértate, el cual, junto
con el principio pro domine, constituyen el meollo de la doctrina de los
derechos humanos; según el primero, debe interpretarse extensivamente todo lo
que favorezca y restrictivamente todo lo que limite la libertad; según el
segundo, el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más
favorezca al ser humano." (el subrayado es nuestro) ”
Sobre este tema, existe profusa jurisprudencia dictada
por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Así, la referida
sentencia N° 3173-93 de las 14:57 horas del 6 de julio de 1993 explica:
“VI.-
El régimen de los derechos y libertades fundamentales
es materia de reserva de la ley. Este principio tiene rango constitucional
(artículo 39 de la Constitución); rango legal, en este sentido se encuentra
consagrado expresamente en la Ley General de Administración Pública -"el
régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la
ley" (artículo 19); "los reglamentos, circulares, instrucciones y
demás disposiciones administrativas de carácter general no podrán establecer penas
ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares" (artículo
124)-, y también tiene reconocimiento jurisprudencial, tanto constitucional
como administrativa, que han declarado aplicables a la materia disciplinaria,
las garantías de la legalidad penal.” (Opinión Jurídica N° OJ-006-2007 del 29 de enero de 2007) (Véase además, sentencia
constitucional No. 4869, de 15:01 horas de 05 de mayo del 2004)
En tesis de principio,
la inexistencia de disposiciones legales que establezcan impedimentos,
restricciones o prohibiciones a los
miembros distritales para el ejercicio de otras actividades o funciones ajenas
al desempeño de sus cargos- excepto al síndico- no autoriza en modo alguno
actuar en perjuicio de los servicios e intereses municipales.
Está demás enfatizar brevemente
que si bien los miembros de los concejos distritales son órganos meramente de
colaboración de las municipalidades, es claro que de conformidad con el artículo
111.1 de la Ley General de la Administración Pública, éstos son funcionarios
públicos y en consecuencia, se encuentran vinculados al principio de legalidad
regente en todo actuar de la Administración Pública, sea cual fuere la función
a cumplir.[2] Así, dicha norma establece:
“1. Es servidor público la persona que presta
servicios a la Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su
organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter
imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad
respectiva.
(…)”
(El resaltado en
negrilla es nuestro)
De acuerdo con el texto legal transcrito, los
miembros concejales en estudio, son funcionarios públicos, independientemente
de la forma de su nombramiento y aún
cuando en el desempeño de sus funciones no
perciben ningún tipo de remuneración. Por consiguiente, deben actuar conforme el ordenamiento jurídico que
les rige, aunado a los principios y cánones en orden a la función encomendada,
acuñados, por ejemplo, en el deber de
probidad a que hace referencia el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y
el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley No. 8422 de 06 de octubre del 2004) en cuanto establece,
que “El funcionario
público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés
público. Este deber se manifestará,
fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas
prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en
condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al
demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que
le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento
de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de
la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los
recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y
eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”[3]
Asimismo, debe evitar cualquier conflicto de
interés en el ejercicio de su cargo. Por lo tanto, el hecho de
que no se le aplique prohibición para el ejercicio de otros cargos públicos no
impide la aplicación de que se apliquen los motivos de recusación e
impedimento, y en general la prevención de conflictos de interés.
III.-CONCLUSIONES:
En virtud de todo lo expuesto,
este Despacho emite las siguientes conclusiones:
1.- De un estudio exhaustivo del Código Municipal,
de la Ley General de Concejos Municipales de Distrito, y de la Función de los
Concejos de Distrito en el Control de la Eficiencia del Sector Público, así
como del resto de nuestro ordenamiento jurídico, no existe norma expresa que
establezca alguna prohibición, restricción o impedimento a los miembros de un concejo distrital, en
orden a ejercer otras actividades ajenas,
o a desempeñar otros cargos públicos, tal y como se prevén en otra clase
de funcionarios públicos. Lo anterior, sin perjuicio de la existencia de norma
en alguna institución o ente público que
así lo impida o prohíba.
2.- De conformidad con el artículo 58 del Código Municipal, a
los síndicos les son aplicables todas las disposiciones del Título III del
mismo cuerpo normativo, relacionadas con los requisitos, impedimentos,
prohibiciones, reposición, juramentación y toma de posesión del cargo de los
regidores.
3.- En virtud del artículo 111.1 de la
Ley General de la Administración Pública, los miembros de un concejo distrital
son funcionarios públicos y como tales están vinculados al principio de legalidad
regente en todo actuar administrativo, según artículo 11 de la Constitución
Política y su homólogo de la citada Ley General de la Administración Pública.
De la forma expuesta, queda evacuada su consulta,
MSc.
Luz Marina Gutiérrez Porras Lic. Cinthya Castro
Hernandez
PROCURADORA
ABOGADA
LMGP/CCH/gvv
[1] Por ejemplo el “Artículo 17, de la Ley Contra
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública establece que:
“Ninguna persona podrá desempeñar, simultáneamente, en los órganos y las
entidades de la Administración Pública, más de un cargo remunerado
salarialmente. De esta disposición quedan a salvo los docentes de instituciones
de educación superior, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y los de
las bandas que pertenezcan a la Administración Pública, así como quienes
presten los servicios que requieran la Comisión Nacional de Prevención de
Riesgos y Atención de Emergencias para atender emergencias nacionales así
declaradas por el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones, durante
los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones nacionales y hasta tres
meses después de verificadas, así como otras instituciones públicas, en casos
similares, previa autorización de la Contraloría General de la República.
Para que los funcionarios públicos realicen
trabajos extraordinarios que no puedan calificarse como horas extras se
requerirá la autorización del jerarca respectivo. La falta de autorización
impedirá el pago o la remuneración.
(Así
reformado el párrafo anterior por el artículo 44° de la ley N° 8823 del 5 de
mayo de 2010)
Igualmente, ningún funcionario público, durante el disfrute de un permiso sin
goce de salario, podrá desempeñarse como asesor ni como consultor de órganos,
instituciones o entidades, nacionales o extranjeras, que se vinculan
directamente, por relación jerárquica, por desconcentración o por convenio
aprobado al efecto, con el órgano o la entidad para el cual ejerce su cargo.
Asimismo, quienes
desempeñen un cargo dentro de la función pública, no podrán devengar dieta
alguna como miembros de juntas directivas o de otros órganos colegiados
pertenecientes a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, salvo
si no existe superposición horaria entre la jornada laboral y las sesiones de
tales órganos.
(Así reformado el párrafo
anterior por el inciso a) del artículo 1° de la Ley N° 8445 del 10 de
mayo del 2005).
Quienes, sin ser
funcionarios públicos integren, simultáneamente, hasta tres juntas directivas u
otros órganos colegiados adscritos a órganos, entes y empresas de la Administración
Pública, podrán recibir las dietas correspondientes a cada cargo, siempre y
cuando no exista superposición horaria. Cuando, por razones de interés público,
se requiera que la persona integre más de tres juntas directivas u otros
órganos colegiados adscritos a órganos, entes y empresas de la Administración
Pública, deberá recabarse la autorización de la Contraloría General de la
República.
Los regidores y las
regidoras municipales, propietarios y suplentes; los síndicos y las síndicas,
propietarios y suplentes; las personas miembros de los concejos de distrito; las
personas miembros de los concejos municipales de distrito, propietarias y
suplentes, no se regirán por las disposiciones anteriores.
(Así adicionados los dos últimos
párrafos por el inciso b) del artículo 1° de la Ley N° 8445 del 10 de mayo del
2005).
(La Sala Constitucional mediante
resolución N° 13431-08 del 02 de setiembre del 2008, interpretó de este
artículo el término "simultáneamente", en el sentido de que este
implica una superposición horaria o una jornada superior al tiempo completo de
trabajo, en el desempeño de dos cargos públicos)”
[2] “ Artículo 11 de la
Constitución Política: Los funcionarios públicos son simples depositarios
de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y
no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento
de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles
la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en
sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados
y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los
funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para
que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que
cubra todas las instituciones públicas.
(Así reformado por Ley N° 8003 del 8 de junio del 2000) “
“Artículo
11 de la Ley General de la Administración Política”
1. La Administración Pública actuará
sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o
prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la
escala jerárquica de sus fuentes.
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa”
Mediante
el dictamen C-102-2004 de 2 de abril de
2004, esta Procuraduría ha dicho:
“En primer lugar, el ejercicio de la función
pública está regentada por un conjunto de valores, principios y normas de un
alto contenido ético y moral, con el propósito de garantizar la imparcialidad,
la objetividad (véanse, entre otros, los votos números 1749-2001 y 5549-99 del
Tribunal Constitucional, los cuales, aunque referidos a las incompatibilidades,
tienen un alcance general), la independencia y evitar el nepotismo en el
ejercicio de la función pública. Desde esta perspectiva, se busca “(…) dotar de
independencia a los servidores públicos, a fin de situarlos en una posición de
imparcialidad para evitar el conflicto de intereses y la concurrencia desleal.”
(Véase el voto n.° 3932-95). En esta materia, evidentemente, el interés público
prevalece sobre el interés particular (véanse el voto n.° 5549-95).” (...) De
lo anterior se concluye que el legislador recogió en esta norma los valores y
principios éticos que deben prevalecer en la función pública. El deber de
abstención es, así, parte de la Ética de la Función Pública. El funcionario
público no sólo debe actuar con objetividad, neutralidad e imparcialidad, sino
que toda su actuación debe estar dirigida a mantener la prevalencia del interés
general sobre los intereses particulares. La apreciación de ese interés general
puede sufrir alteraciones cuando el funcionario tiene un interés particular
sobre el asunto que se discute y respecto del cual debe decidir”.”
C-203-2012
NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO- INEXISTENCIA DE
RESTRICCIONES O IMPEDIMENTOS LEGALES:
Mediante Oficio No. OFI-0147-12-AIM
de 23 de mayo del 2012, la Auditora de la Municipalidad de Pérez Zeledón
consulta acerca de lo siguiente:
Previo estudio al respecto, la
Procuradora Luz Marina Gutiérrez Porras y Licda. Cinthya Castro Hernández
(Abogada), mediante el Dictamen No. C-203 de 21 de agosto del 2012, emiten las
siguientes conclusiones:
“1.- De un estudio
exhaustivo del Código Municipal, de la Ley General de Concejos Municipales de
Distrito, y de la Función de los Concejos de Distrito en el Control de la
Eficiencia del Sector Público, así como del resto de nuestro ordenamiento
jurídico, no existe norma expresa que establezca alguna prohibición,
restricción o impedimento a los miembros
de un concejo distrital, en orden a ejercer otras actividades ajenas, o a desempeñar otros cargos públicos, tal y
como se prevén en otra clase de funcionarios públicos. Lo anterior, sin
perjuicio de la existencia de norma en alguna institución o ente público
que así lo impida o prohíba.
2.- De conformidad con el artículo 58 del Código
Municipal, a los síndicos les son aplicables todas las disposiciones del Título
III del mismo cuerpo normativo, relacionadas con los requisitos, impedimentos,
prohibiciones, reposición, juramentación y toma de posesión del cargo de los
regidores.
3.- En virtud del artículo 111.1 de la Ley General de la
Administración Pública, los miembros de un concejo distrital son funcionarios
públicos y como tales están vinculados al principio de legalidad regente en
todo actuar administrativo, según artículo 11 de la Constitución Política y su
homólogo de la citada Ley General de la Administración Pública.”