Dictamen : 137 - del 04/06/2012

04 de junio del 2012

C-137-2012

                                                                         

Señor

Edgar Ayales Esna

Ministro

Ministerio de Hacienda

 

Estimado señor:

 

Con la anuencia de la señora Procuradora General de la República, me es grato dar respuesta a su Oficio DM-0457-2011, de 08 de mayo del 2012, a través del cual solicita nuestro criterio técnico- jurídico acerca de lo siguiente:

 

“ ¿Procede el pago de vacaciones para aquellos funcionarios que ocuparon puestos denominados de confianza, a saber Ministros y/o Viceministros y que por renuncia o revocación del nombramiento ya no ocupan ningún cargo dentro de la Organización Gubernamental?

 

 ¿Procede la compensación de vacaciones generadas en el período que estos funcionarios fueron Ministros o Viceministros una vez que dejan el puesto e ingresen a laborar en otra institución pública?

 

I.- CRITERIO LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

 

Mediante Oficio DJMH-993-2012, de 08 de mayo del 2012, la Subdirectora Jurídica del Ministerio consultante,  y con fundamento en la jurisprudencia de esta Procuraduría es del criterio “ …que procede el pago de las vacaciones no disfrutadas a los jerarcas de este Ministerio, cuando estos terminen su relación laboral, máxime si tomamos en cuenta que para el caso de los alcaldes municipales, éste figura dentro de los supuestos de excepción del artículo 586 del Código de Trabajo (puestos de elección popular) tal y como es el caso de los Ministros y Viceministros que son señalados en el artículo de cita, como puestos de confianza.”

 

En cuanto a la segunda interrogante planteada, sostiene la indicada Asesoría Legal que “…, se colige en principio que si un funcionario que ostentaba un cargo público renuncia para ocupar otro puesto en cualquiera de las instituciones del Estado, se aplica la teoría del Estado Patrono Único, procediendo el reconocimiento de las vacaciones generadas en la institución donde prestará sus servicios y salvo que ésta nueva institución no reconozca las mismas, se procederá con el pago o compensación de vacaciones no disfrutadas.” (Sic)

 

 

II.- ANÁLISIS DEL FONDO DEL ASUNTO:

 

1-Aunque en un principio este Despacho sostuvo que mientras no se regularan la vacaciones de la clase funcionarial a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 586 del Código de Trabajo,-incluidos los funcionarios de consulta- no se podían compensar las vacaciones al término de la relación de servicio, según la doctrina del párrafo cuarto del mismo numeral, es con fundamento en la Sentencia de la Sala Segunda, No. 401, de las 8:35 horas del 12 de mayo del 2011 y otros precedentes jurisdiccionales, que este  Órgano Consultor, mediante el Dictamen No. C-285-2011, de 21 de noviembre del 2011,  se pronunció en lo que interesa:

 

“Sobre ello, esta Procuraduría ha reiteradamente señalado, que si bien a la fecha aún no se ha emitido una normativa que venga a regular los derechos en general de esta clase funcionarial, tal y como se regulan en el Código de Trabajo para el resto de los trabajadores del país, o bien en el Código Municipal para los trabajadores municipales, ciertamente en lo que respecta a las vacaciones, este instituto resulta fundamental para la salud física y psíquica del trabajador. Así, este Despacho ha expresado, en lo conducente, que:

“…Se desprende, claramente, del texto citado, en plena concordancia con lo que dispone el artículo 59 de la Constitución Política, que, al consistir el derecho a las vacaciones en un derecho fundamental de todo trabajador, en virtud de las connotaciones que tiene en el ámbito del empleo en general -según se explicó en líneas anteriores- es incuestionable e indiscutible su ejercicio. Menos resultaría un derecho que se podría renunciar, negociar, o compensar, pues ello daría al traste con la naturaleza del beneficio en cuestión, y por ende, repercutiría negativamente en la salud del trabajador.  En todo caso, la norma suprema de recién cita, así lo ha asegurado, al establecer categóricamente el derecho de todo trabajador a “las vacaciones anuales pagadas”, salvo excepciones muy calificadas que el legislador establezca” En ese sentido, vale recordar lo que en materia de esta clase de derechos fundamentales, ha señalado reiteradamente la Jurisdicción del Derecho de la Constitución:

 

“ A la luz del principio de la supremacía constitucional, los derechos y garantías - éstas últimas, entendidas como instrumentos de servicio y eficacia de los primeros-sociales, son irrenunciables; sin embargo, esta especial condición debe entenderse referida a todos los derechos fundamentales (concepto más amplio que “constitucionales”), independientemente de la clasificación o categorización que se haga de ellos, precisamente en virtud de su especial naturaleza, al conformarse de la esencia y condición del ser humano y su dignidad, en tanto los derechos fundamentales no pueden estar sometidos a la libre disposición de su beneficiario.

(Sentencia No. 878-00, de 16:12 horas, del 26 de enero del 2000. En similar sentido, véanse Sentencias Números 890-00, de 16:48 horas de 26 de enero del 2000 y 4260-00, de 16:36 horas de 17 de mayo del 2000)

 

Como puede observarse del texto jurisprudencial de cita, los principios categóricos que informan a esa clase de derechos fundamentales, es por razón de su naturaleza, que no pueden ser restringidos o compensados, bajo ningún concepto, salvo que el legislador así lo autorice, según se deriva de las vacaciones, debe ser ejercido por el trabajador en virtud de su condición de ser humano y su dignidad, tal y como la autorizada doctrina, también lo ha señalado:

(Dictamen No. C-475-2006, de 28 de noviembre del 2006)

 

Al mismo tiempo, este Órgano Consultivo ha sostenido que, en virtud del carácter que tienen las vacaciones en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho que poseen los altos funcionarios como el de consulta, se agota con el ejercicio real del reposo, y que a la luz de lo que dispone el artículo 59 constitucional, así como la doctrina y jurisprudencia en torno a este numeral, no procedería el pago de las vacaciones no disfrutadas durante la especial relación de servicio con la Administración Pública; o bien, se ha indicado que, al no existir disposición legal que autorice el pago de las vacaciones, tampoco procedería esa posibilidad al terminarse o acaecer el plazo de su nombramiento. (Véanse Dictámenes Nos. C-466 de 21 de noviembre del 2006 y C-150-2007, de 21 de mayo de 2007)

No obstante, el último supuesto citado, es decir en cuanto a la tesis que esta Procuraduría ha sostenido en orden a la improcedencia en nuestro ordenamiento jurídico sobre un eventual pago de vacaciones no disfrutadas al cese de un nombramiento como el de consulta, resulta pertinente observar lo determinado por la Sala Segunda recientemente, en los siguientes términos:

“ (…) Por su parte, en cuanto al reclamo por vacaciones no disfrutadas ni pagadas oportunamente, así como los intereses respectivos (punto “D” de la petitoria de la demanda visible a folio 6), lo resuelto por el ad quem merece confirmatoria. Nótese que como bien lo expresa la municipalidad recurrente en sus agravios, las vacaciones constituyen un derecho de rango constitucional para toda persona trabajadora indistintamente del régimen de empleo que lo cobije (artículo 59 de la Constitución Política); sin embargo, el argumento que expresa la corporación demandada en el sentido de que al no haberlas disfrutado no procede su pago al no existir una norma que así lo autorice no resulta de recibo. El propio constituyente definió en la norma que la regulación en cuanto a la forma del disfrute de este derecho correspondería al legislador(a). Si bien, el artículo 146 inciso e) el cual regula la cantidad de días de vacaciones que le corresponden a los/las servidores/as municipales, -y es el que resulta de aplicación en el caso concreto-, no dispone nada en cuanto a la posibilidad de compensar las vacaciones no disfrutadas al momento de la terminación de la relación laboral; esta norma debe ser integrada con lo señalado por el numeral 156 inciso a) del Código de Trabajo -el cual resulta de aplicación supletoria tal y como expresamente lo dispone el párrafo cuarto del artículo 586 en relación con el 585 ambos de ese mismo cuerpo normativo-. Así las cosas, de conformidad con la normativa citada, resulta procedente el reclamo de la actora para que se le reconozca el pago de las vacaciones no disfrutadas durante la vigencia de municipalidad accionada.”

(El enfatizado es nuestro)

(Sentencia No. 401, de 8:35 horas de 12 de mayo del 2011)

 

Como puede verse, en un asunto como el que ocupa en este estudio, ese Alto Tribunal sostiene que nuestro constituyente al tutelar el derecho a las vacaciones de todo trabajador, dejó en manos del legislador el desarrollo de la forma del disfrute de ese beneficio; por lo que, en ese sentido, y ante ausencia de norma en el Código Municipal que regule el pago de las vacaciones no disfrutadas por el alcalde municipal demandante, es el artículo 156, inciso a) del Código de Trabajo, en carácter de norma supletoria, el que viene a integrar el ordenamiento municipal, tal y como expresamente lo permite el párrafo cuarto del artículo 586 en relación con el 585 de la citada legislación laboral.

Vale transcribir el mencionado inciso a) del artículo 156 del Código de Trabajo, que a la letra, dice:

“Artículo 156.-

Las vacaciones serán absolutamente incompensables, salvo las siguientes excepciones:

a. Cuando el trabajador cese en su trabajo por cualquier causa, tendrá derecho a recibir en dinero el importe correspondiente por las vacaciones no disfrutadas.

(…)”

Se colige claramente del texto legal transcrito, que por la naturaleza que ostentan las vacaciones en toda relación de trabajo o servicio, este derecho resulta absolutamente incompensable, sin embargo y como excepción, si el trabajador cesa en su trabajo por cualquier causa, tendría derecho a percibir en dinero el importe correspondiente por las vacaciones no disfrutadas.

Es oportuno también referirse al artículo 586, párrafo cuarto del Código de Trabajo, que es el que numeral al que se remite la Sala Segunda en dicha sentencia, a fin de integrar el inciso a) del artículo 156 del Código de Trabajo al ordenamiento jurídico municipal para la solución del caso sometido a su conocimiento. En efecto aquel numeral claramente establece:

 

“ARTICULO 586.-

El concepto del artículo anterior comprende, en cuanto al pago de prestaciones que prevén los artículos 28, 29 y 31, en su caso, de este Código, al Tesorero y Sub- Tesorero Nacionales y Jefe de la Oficina de Presupuesto; a los representantes diplomáticos de la República y Secretarios, Consejeros y Agregados de las Embajadas y Legaciones del país en el extranjero; a los Cónsules; al Procurador General de la República; al Secretario Particular del Presidente de la República y a los empleados de confianza directamente subordinados a él; a los Oficiales Mayores de los Ministerios, Secretarios Privados de los Ministros y empleados de su servicio personal; a los Gobernadores, Jefes Políticos y Agentes Principales y Auxiliares de Policía; a los miembros de los Resguardos Fiscales; de la Policía Militar, de la Guardia Civil, de la Guardia Presidencial, del personal de Cárceles y Prisiones, de los Oficiales e Inspectores de la Dirección General de Tránsito, de la Dirección General de Detectives, de los Departamentos de Extranjeros y Cédulas de Residencia y de Migración y Pasaportes y, en general, a todos aquellos que estén de alta en el servicio activo de las armas.

El concepto del artículo anterior no comprende a quienes desempeñen puestos de elección popular, de dirección o de confianza, según la enumeración precisa que de esos casos de excepción hará el respectivo reglamento.

Las personas que exceptúa el párrafo que precede no se regirán por las disposiciones del presente Código sino, únicamente, por las que establezcan las leyes, decretos o acuerdos especiales.

Sin embargo, mientras no se dicten dichas normas, gozarán de los beneficios que otorga este Código en lo que, a juicio del Poder Ejecutivo o, en su caso, de los Tribunales de Trabajo, sea compatible con la seguridad del Estado y la naturaleza del cargo que sirven.

(…)”

(El enfatizado es nuestro)

De lo señalado por la Sala Segunda mediante la mencionada sentencia No. 401-2011, le resulta claro a este Órgano Consultor que no obstante la inexistencia de norma expresa en el Régimen Jurídico Municipal que venga a regular el pago de las vacaciones no disfrutadas por un  alcalde (a) municipal al terminar el período de su nombramiento, es el precitado párrafo cuarto del artículo 586 del Código de Trabajo el que autoriza integrar el inciso a) del artículo 156 Ibídem en aquel ordenamiento, a fin de establecer que cuando esa clase funcionarial cese en su trabajo por cualquier causa, tendrá derecho a recibir en dinero el importe correspondiente por las vacaciones no disfrutadas. “

Es importante acotar, que hasta este momento solamente existe la citada sentencia en cuanto de manera expresa viene a resolver una situación concreta como la planteada en la consulta que aquí ocupa, y como tal no constituye en estricto sensu, y para los efectos legales correspondientes, jurisprudencia al tenor fundamentalmente de los artículos 9 del Código Civil, y 7 de la Ley General de la Administración Pública [1]. Así, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado:

“La jurisprudencia conforme la autoriza el ordenamiento jurídico, según se analizará en el considerando siguiente con estos medios tiende a darle a la vida social y económica respuestas más modernas, permitiendo al ordenamiento jurídico ir evolucionado, dentro de los límites lógicos del principio de legalidad. En esta perspectiva se orienta el Derecho costarricense a través de las últimas reformas legislativas. Entre otras, para citar solo los más recientes, por su orden, se encuentran la Ley General de la Administración Pública, la reforma al título preliminar del Código Civil, la Ley de la Jurisdicción Constitucional y últimamente la Ley Orgánica del Poder Judicial. La jurisprudencia adquiere un papel cardinal en el mundo jurídico moderno. A diferencia de antes, cuando no se le reconoció ningún valor, o en forma inexacta se le identificó con la tesis sostenida por algunos Tribunales, hoy tiene una personalidad muy definida. En primer lugar esta se encuentra constituida únicamente por los pronunciamientos de las Salas de Casación, la Sala Constitucional y la Corte Plena (Artículo 9 del Código Civil, conforme a la reforma operada por la Ley No. 7020 del 16 de diciembre de 1985, y el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Su fin es el de contribuir a interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento jurídico (Artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Para ello debe existir reiteración. Un fallo no crea jurisprudencia, necesariamente deberán existir dos o más sentencias con la misma interpretación (Artículo 9 del Código Civil) Cuando ello acontece la jurisprudencia adquiere el mismo rango de la norma interpretada, integrada o delimitada (artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Existen dos posibilidades de interpretación: 1) cuando las normas son oscuras, omisas o superadas, y 2) cuando no hay norma. En el primer caso el legislador ha confiado al Juez la misión de interpretar la Ley siguiendo un criterio normativo, pero a su vez sociológico, histórico y axiológico. Ha de aplicarse el principio de analizar la ley en su contenido normativo, pero el sentido de sus palabras tendrá relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, la realidad del tiempo de cuando han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad, tratando de recurrir a la equidad en cuanto la ley expresamente lo permita (Artículos 10 y 11 del Código Civil). En segundo lugar, frente a la ausencia de norma, el Juzgado no puede excusarse de resolver los casos sometidos a su conocimiento. En esta circunstancia debe recurrir a los principios generales del Derecho (Artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Habrá ausencia de norma, sobre todo respecto de las disciplinas jurídicas especializadas, cuando dentro de esa materia no haya una disposición concreta, si bien se encuentra otra – de igual o superior rango- en una rama jurídica distinta (Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública). Ello tiende a garantizar la autonomía de cada disciplina sin romper con la unidad del sistema.”

(Sentencia No. 62 de las 14:15 horas del 11 de agosto de 1994)

No obstante ello, conviene apuntar que la Sala Segunda ha venido resolviendo situaciones que aún cuando no analiza puntualmente el tema de interés, tal y como se hizo en la citada Sentencia No. 401-2011, sí deja ver la línea de pensamiento que se ha seguido en torno a este tipo de demandas de pago de vacaciones no disfrutadas por los alcaldes municipales, al término de sus nombramientos. Verbigracia, mediante sentencia Número 976-2010 de 15:40 horas de 30 de junio del 2010, ese Tribunal al confirmar lo otorgado por los Juzgadores de las instancias anteriores, señala en lo conducente:

“Según se tuvo por acreditado en autos, la relación de empleo del actor se suspendió (…), toda vez que el mismo enfrentó prisión preventiva y otra medida cautelar que hicieron imposible que pudiera prestar sus servicios a la corporación municipal demandada. Ahora bien, los sentenciadores de instancias anteriores concedieron al señor (…) el pago de aguinaldo y vacaciones proporcionales a los lapsos en que efectivamente ejerció las labores de alcalde, (…). Al haber operado una suspensión de la relación de empleo, las obligaciones recíprocas entre el accionante y su empleador se interrumpieron, razón por la cual mientras duró ese estado, no era exigible la prestación personal del servicio y correlativamente el pago de salario, situación que a la postre comprende la imposibilidad absoluta de disfrute dentro de ese intervalo de los derechos de vacaciones y aguinaldo.

(…)”

 “(…)

Aunado a lo dispuesto por la Sala Segunda en la Sentencia No. 401-2011, los citados precedentes judiciales coinciden en la procedencia del pago en cuestión a los alcaldes municipales cuando al terminar su relación de servicio con la Municipalidad no pudieron disfrutar las vacaciones que le correspondían en su oportunidad. Interpretación derivada de la conjugación de los artículos 59 constitucional, 156, inciso a) y 586 párrafo cuarto del Código de Trabajo….”

Cabe observar, que si bien lo expuesto en dicho pronunciamiento se circunscribe al cargo de alcalde municipal, es claro que lo allí dispuesto resulta aplicable también para los otros cargos a que alude el párrafo tercero del citado artículo 586 del Código de Trabajo, que en su tenor, establece:

“(…)”

El concepto del artículo anterior no comprende a quienes desempeñen puestos de elección popular, de dirección o de confianza, según la enumeración precisa que de esos casos de excepción hará el respectivo reglamento.

(…)”

     (El enfatizado no es del texto original)

 De manera que, en el eventual caso de que alguno de los  funcionarios como los de consulta, no puedan o no han podido disfrutar  de sus vacaciones oportunamente, tienen derecho a que se las cancelen una vez finalizada su relación de servicio con la Administración Pública, tal y como lo dispone el inciso a) del artículo 156 del Código de Trabajo; normativa ésta, que viene a integrarse en el régimen jurídico administrativo en virtud de no existir disposición legal expresa que autorice el pago en cuestión. Lo anterior, se colige claramente de la citada sentencia No. 401, emitida por la Sala Segunda a las 8:35 horas de 12 de mayo del 2011, allí citada, y en la que se indica en lo que interesa,  que: “esta norma debe ser  integrada con lo señalado por el numeral 156 inciso a) del Código de Trabajo -el cual resulta de aplicación supletoria tal y como expresamente lo dispone el párrafo cuarto del artículo 586 en relación con el 585 ambos de ese mismo cuerpo normativo-.”

 2-En cuanto a la segunda inquietud planteada, acerca de si ”¿Procede la compensación de vacaciones generadas en el período que estos funcionarios fueron Ministros o Viceministros una vez que dejan el puesto e ingresen a laborar en otra institución pública?”, debemos señalar en primer lugar, que en virtud de la naturaleza que ostentan las vacaciones en toda relación de trabajo por cuenta ajena, -según la amplia doctrina del artículo 59 constitucional- lo consecuente y conveniente es que el funcionario previo a ingresar a laborar a la otra institución pública, disfrute de sus vacaciones, si es que todavía no ha concluido su relación de servicio en la actual entidad ministerial; caso contrario, y en virtud de la Teoría del Estado como Patrono Único[1], la segunda institución pública podría asumir el costo vacacional del servidor, otorgándole el disfrute correspondiente, o el pago de las mismas si posteriormente, y antes del disfrute, se produzca un cese de labores por cualquier causa. Sin embargo, en una consulta similar a la de análisis, esta Procuraduría ha dicho que sería  injusta para la institución receptora  tener que asumir un pago de vacaciones no disfrutadas por el funcionario en la institución de origen; de ahí que, puntualiza, que aún cuando no se está ante una hipótesis como la establecida en el inciso a) del mencionado artículo 156 del Código en referencia, una solución práctica sobre todo de orden presupuestario, sería la posibilidad de que la institución de origen, cancele las vacaciones antes de que el funcionario ingrese a la otra entidad estatal.  Así, ha indicado, en lo conducente:

“…. En este caso pueden presentarse dos situaciones. Una, que de acuerdo con lo dicho sobre el Estado Patrono Único, la institución receptora asuma el costo vacacional del servidor, otorgándole el disfrute, o el pago de las mismas si posteriormente, y antes del disfrute, se produzca un cese de labores por cualquier causa. Pareciera a simple vista injusto asumir dicha obligación, en razón de que el derecho se generó en otra institución. Sin embargo, jurídicamente nada impide que se asuma ese costo, al igual que se asume cuando una institución debe reconocer antigüedad generada en otros sectores administrativos para efectos de anualidades, o bien con ocasión de cancelar indemnización por preaviso y cesantía que implique reconocer tiempo servido en otros repartos de la Administración Pública. Un tratamiento similar dispone el párrafo final del artículo 112 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, para el caso de traslados de servidores con carácter transitorio a otras instituciones del Estado, en el sentido de que: "El aumento en los salarios que tales circunstancias originen, puede ser cubierto tanto por la institución a que pertenece el servidor, como por la institución que se beneficie de sus servicios, …". La otra situación que podría ponderarse como eventual solución al punto sería sufragar el importe en dinero suponiendo un cese de labores en la institución de pertenencia. Sin embargo, un remedio en este sentido presenta el inconveniente de que no se está realmente ante un cese o extinción de la relación tal y como lo prevé el inciso a) del artículo 156 del Código de Trabajo. No obstante, como solución a un problema práctico sin regulación jurídica, es aceptable desde el punto de vista presupuestario proceder en esos términos, en razón de que el pago de vacaciones a los servidores constituye una obligación económica que deriva de la relación de servicio, y como tal, se encuentra legislativamente aprobado. De ahí que, reiteramos, con el propósito de solventar una situación práctica no regulada por el ordenamiento jurídico, es posible acudir al pago del referido derecho en aquellos casos de traslados de servidores a otra institución, que impliquen renuncia en la institución de origen. “

(Véase Dictamen No. C-229 de 05 de setiembre del 2002)

 

 

III.- CONCLUSIONES:

 

En virtud de todo lo expuesto, este Despacho, arriba a las siguientes conclusiones:

 

1.-De conformidad con el inciso a) del artículo 156 del Código de Trabajo y Dictamen No. 285, de 21 de noviembre del 2011, es procedente “el pago de vacaciones para aquellos funcionarios que ocuparon puestos denominados de confianza, a saber Ministros y/o Viceministros y que por renuncia o revocación del nombramiento ya no ocupan ningún cargo dentro de la Organización Gubernamental”-

 

2.-De conformidad con la naturaleza que ostentan las vacaciones en toda relación de trabajo por cuenta ajena, -según la amplia doctrina del artículo 59 constitucional - lo consecuente y conveniente es que el alto funcionario previo a ingresar a laborar a la otra institución pública, disfrute de sus correspondientes vacaciones, si es que todavía no ha concluido su relación de servicio en la actual entidad ministerial.

 

3.- De conformidad con la Teoría del “Estado como Patrono Único”, las vacaciones que no pudieron ser disfrutadas en la anterior institución, deben ser consideradas por la institución receptora para el disfrute correspondiente, o bien para el pago de las mismas en  el eventual caso del cese del puesto ocupado.

 

De Usted, con toda consideración,

 

 

 

MSc. Luz Marina Gutiérrez Porras.

PROCURADORA

 

LMGP/gvv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-137-2012

 

PROCEDENCIA DEL PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS DE CONFIANZA-INCOMPENSABILIDAD DE LAS VACACIONES- SALVO LAS EXCEPCIONES ESTIPULADAS EN EL ARTÍCULO 1 DEL CÓDIGO DE TRABAJO

 

El señor Ministro de la Hacienda, mediante Oficio DM-0457-2011, de de 08 de mayo del 2012, consulta acerca de lo siguiente:

 

“ . ¿ Procede el pago de vacaciones para aquellos funcionarios que ocuparon puestos denominados de confianza, a saber Ministros y/o Viceministros y que por renuncia o revocación del nombramiento ya no ocupan ningún cargo dentro de la Organización Gubernamental?

 

 .¿Procede la compensación de vacaciones generadas en el período que estos funcionarios fueron Ministros o Viceministros una vez que dejan el puesto e ingresen a laborar en otra institución pública?”

 

Previo estudio al respecto, y mediante el Dictamen No. C-137-2012, la Procuradora Luz Marina Gutiérrez Porras, concluye lo siguiente:

 

1.-De conformidad con el inciso a) del artículo 156 del Código de Trabajo y Dictamen No. 285, de 21 de noviembre del 2011, es procedente “el pago de vacaciones para aquellos funcionarios que ocuparon puestos denominados de confianza, a saber Ministros y/o Viceministros y que por renuncia o revocación del nombramiento ya no ocupan ningún cargo dentro de la Organización Gubernamental”-

 

2.-De conformidad con la naturaleza que ostentan las vacaciones en toda relación de trabajo por cuenta ajena, -según la amplia doctrina del artículo 59 constitucional - lo consecuente y conveniente es que el alto funcionario previo a ingresar a laborar a la otra institución pública, disfrute de sus correspondientes vacaciones, si es que todavía no ha concluido su relación de servicio en la actual entidad ministerial.

 

3.- De conformidad con la Teoría del “Estado como Patrono Único”, las vacaciones que no pudieron ser disfrutadas en la anterior institución, deben ser consideradas por la institución receptora para el disfrute correspondiente, o bien para el pago de las mismas en  el eventual caso del cese del puesto ocupado. “