Dictamen : 014 - del 14/01/1986

C-014-86

San José, 14 de enero de 1986.

Licenciado

Eugenio Rodríguez

Ministerio de Educación Pública

S.D

Estimado señor Ministro:

            Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, doy respuesta a su oficio Nº 2.898 del 3 de diciembre último, mediante el cual solicita el criterio de este Despacho en relación con la autonomía del Colegio San Luis Gonzaga, de la cuidad de Cartago. A su gestión acompaña el criterio emitido por la División Jurídica de ese Ministerio, en cuanto al asunto sometido a nuestro conocimiento. Por parte del citado Colegio se nos hizo llegar un estudio jurídico del caso, suscrito por el Lic. Eduardo Ortiz Ortiz.

            Para dar respuesta a su planteamiento, es preciso hacer referencia a los siguientes principios jurídicos fundamentales, ciertamente muy conocidos, pero que no por ello pierden su carácter de esenciales: son el del Estado de Derecho, que impera en Costa Rica y –como consecuencia de éste- el de la prevalencia absoluta de las normas constitucionales dentro de todo nuestro ordenamiento jurídico positivo.

            En efecto, toda la actividad, todo el quehacer nacional, está regulado y dirigido por normas jurídicas, las cuales, a su vez, se hallan indefectiblemente enmarcadas por las disposiciones constitucionales, marco del cual no pueden salir, so pena de perder por completo su vigencia y aplicabilidad pues en tal caso adolecerían de un vicio jurídicamente irreductible, como lo es el de la inconstitucionalidad. Esta es la razón por la cual es de principio entender que todas las normas legales vigentes están dentro del referido marco constitucional.

            En el caso sometido por usted a estudio y dictamen de esta Procuraduría General, resulta ineludible hacer el siguiente razonamiento: nuestra Carta Magna señala en su artículo 189 cuáles son las instituciones autónomas del Estado, y en el numeral precedente (188) establece las particularidades jurídicas que las caracterizan, cuales son, que gozan de independencia administrativa y que están sujetas a la ley en materia de gobierno. Pues bien, si ello es así –como en efecto lo es- le está absolutamente vedado a la ley común  venir a crear una institución autónoma con mayores prerrogativas legales que éstas que la Constitución Política autoriza y pone como límite de la autonomía. Nótese que cuando el legislador patrio quiso establecer una “superautonomía” (como puede válidamente denominarse la que ostenta la Universidad de Costa Rica y las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado) lo hizo mediante norma constitucional (artículo 84).

            De lo argumentado hasta aquí, cabe hacer la afirmación de que aunque la ley diga que “Se reconoce de modo terminante y explícito la autonomía plena del Colegio San Luis Gonzaga de Cartago…”, tal autonomía no puede –jurídicamente hablando- ir más allá de los límites fijados por el artículo 188 de la Carta Fundamental a las instituciones autónomas del Estado.

            Por otra parte, no es posible admitir como válido o procedente el argumento de que

“… la educación que imparte el Colegio (San Luis Gonzaga) es pública pero no estatal, con lo que quede dicho que no es ni oficial ni privada. Luego, no le son aplicables las normas – constitucionales y legales- para la educación “oficial” (estatal) ni para la privada…”

            Y resulta inadmisible porque toda la educación nacional es pública (tanto la oficial como la privada), pues es “perteneciente a todo el pueblo” (acepción castiza del término “público”). Y es indudablemente en esta acepción que usa nuestra Constitución Política el adjetivo “pública” en su artículo 77, cuando establece que:

“La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria”.

            Siendo ello así, como lo es en efecto, nuestra educación –constitucionalmente hablando- sólo admite la alternativa de ser privada (artículo 79) u oficial (artículo 81), sin posibilidad ninguna de que exista otro tipo de educación, pues la Carta Magna no dio margen alguno para ello, ya que expresamente establece “la inspección del Estado” para la primera y “la dirección general” para la segunda (por medio del Consejo superior de Educación).

            Como consecuencia de todo lo anterior, es ineludible llegar a las siguientes conclusiones finales:

a):        El Colegio San Luis Gonzaga es una institución autónoma del Estado, con independencia administrativa pero sujeta a la ley en materia de gobierno (numeral 188 de la Constitución Poítica); y

b):        Por ser una institución autónoma de enseñanza oficial, se halla sujeta a la supervisión estatal establecida en la Carta Fundamental.

Atentamente,

Lic. Fernando Albertazzi Herrera

Procurador Asesora (Contencioso Administrativo)

XCV

C-014-86.

COLEGIO SAN LUIS GONZAGA. INSTITUCIÓN AUTÓNOMA DE ENSEÑANZA OFICIAL.

El Licenciado Eduardo Ortiz Ortiz, mediante oficio Nº 2.898 del 3 de diciembre de 1985, mediante el cual solicita el criterio de este Despacho en relación con la autonomía del Colegio San Luis Gonzaga, de la cuidad de Cartago. A su gestión acompaña el criterio emitido por la División Jurídica de ese Ministerio, en cuanto al asunto sometido a nuestro conocimiento. Por parte del citado Colegio se nos hizo llegar un estudio jurídico del caso.

Por lo cual, según dictamen número C-014-86 con fecha de 14 de enero de 1986, emitido por el Procurador Asesor del Contencioso Administrativo Fernando Albertazzi Herrera, resulta ineludible hacer el siguiente razonamiento: nuestra Carta Magna señala en su artículo 189 cuáles son las instituciones autónomas del Estado, y en el numeral precedente (188) establece las particularidades jurídicas que las caracterizan, cuales son que gozan de independencia administrativa y que están sujetas a la ley en materia de gobierno. Pues bien, si ello es así –como en efecto lo es- le está absolutamente vedado a la ley común  venir a crear una institución autónoma con mayores prerrogativas legales que éstas que la Constitución Política autoriza y pone como límite de la autonomía. Nótese que cuando el legislador patrio quiso establecer una “superautonomía” (como puede válidamente denominarse la que ostenta la Universidad de Costa Rica y las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado) lo hizo mediante norma constitucional (artículo 84).

            De lo argumentado hasta aquí, cabe hacer la afirmación de que aunque la ley diga que “Se reconoce de modo terminante y explícito la autonomía plena del Colegio San Luis Gonzaga de Cartago…”, tal autonomía no puede –jurídicamente hablando- ir más allá de los límites fijados por el artículo 188 de la Carta Fundamental a las instituciones autónomas del Estado.

Por otra parte, no es posible admitir como válido o procedente el argumento de que

“… la educación que imparte el Colegio (San Luis Gonzaga) es pública pero no estatal, con lo que quede dicho que no es ni oficial ni privada. Luego, no le son aplicables las normas – constitucionales y legales- para la educación “oficial” (estatal) ni para la privada…”

Y resulta inadmisible porque toda la educación nacional es pública (tanto la oficial como la privada), pues es “perteneciente a todo el pueblo” (acepción castiza del término “público”). Y es indudablemente en esta acepción que usa nuestra Constitución Política el adjetivo “pública” en su artículo 77, cuando establece que

“La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria”.

Siendo ello así, como lo es en efecto, nuestra educación –constitucionalmente hablando- sólo admite la alternativa de ser privada (artículo 79) u oficial (artículo 81), sin posibilidad ninguna de que exista otro tipo de educación, pues la Carta Magna no dio margen alguno para ello, ya que expresamente establece “la inspección del Estado” para la primera y “la dirección general” para la segunda (por medio del Consejo superior de Educación).

Como consecuencia de todo lo anterior, es ineludible llegar a las siguientes conclusiones finales:

a):        El Colegio San Luis Gonzaga es una institución autónoma del Estado, con independencia administrativa pero sujeta a la ley en materia de gobierno (numeral 188 de la Constitución Política); y

b):        Por ser una institución autónoma de enseñanza oficial, se halla sujeta a la supervisión estatal establecida en la Carta Fundamental.