Dictamen : 174 - del 19/07/2011

19 de julio, 2011

C-174-2011

Doctor.

Luis Paulino Hernández Castañeda

Hospital Dr. R.A. Calderón Guardia

Director General

Estimado señor:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy respuesta a su oficio DM-5409-10.08 de 28 de octubre de 2008. Lamentamos la demora en la atención de la respuesta.

A través del memorial recién citado, se consulta si las personas que suscriban contratos administrativos con la Caja Costarricense del Seguro Social se encuentran en la obligación de pagar las especies fiscales que el Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa exige en su artículo 190 y que vienen impuestos por los numerales 170 y 172 del Código Fiscal.

A efecto de fundamentar su consulta, la Dirección explica que el artículo 4 de la Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones (LEVDE), N.° 7293 de 31 de marzo de 1992, exime a las contrataciones de medicamentos del pago de tributos yde sobretasas, excepto los derechos arancelarios. Razón por la que estima que las contrataciones que se suscriban con la Caja Costarricense del Seguro Social se encuentran exentas del pago de especies fiscales.

Se transcribe además el informe de la Sub Gerencia Jurídica institucional, oficio DJ-5850-2008. En este informe, la Sub Gerencia Jurídica indica que la Constitución (CPCR) establece un principio constitucional de exención general a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Asimismo, se señala que el artículo 58 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (LCCSS), N.° 17 de 22 de octubre de 1943, establece expresamente una exoneración del pago del timbre, y que se extiende a favor de los particulares que suscriban contratos con la CCSS.

Luego, se cita el artículo 4 LREVDE en el cual se prescribe que se exime a las contrataciones de medicamentos del pago de tributos, ni de sobretasas, excepto los derechos arancelarios

A partir de lo anterior, la Sub Gerencia Jurídica concluye que existe una exención de pago de timbres en materia de contrataciones de medicamentos y de escrituras que deban ser inscritas en el Registro Nacional.

La Dirección consultante también acota que ya la Contraloría General declinó la atención de la presente consulta a través de su memorial DAGJ-1392-2008 de 21 de octubre de 2008. Oficio en el que se indica que la materia consultada no es un aspecto propiamente referido a la contratación administrativa, por lo que existiría una imposibilidad legal para responder la consulta.

La consulta, sin embargo, es inadmisible.

I. LA CONSULTA ES INADMISIBLE.

El artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General (LOPGR) establece un importante presupuesto de admisibilidad de las consultas que la Administración Pública puede formular ante este Órgano Superior Consultivo.

Al efecto, el artículo 4 LOPGR establece que las consultas que realicen las Administraciones Públicas deben formularse a través de sus jerarcas superiores, salvo el caso de las auditorías internas:

“ARTÍCULO 4º.—CONSULTAS:

Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos, quienes podrán realizar la consulta directamente.”

Importa señalar, sin embargo, que nuestra jurisprudencia administrativa ha admitido la posibilidad de que los órganos desconcentrados de la Administración puedan consultar ante la Procuraduría General. En estos supuestos la consulta debe ser formulada por el superior jerárquico del órgano desconcentrado.

No obstante lo anterior, esa misma jurisprudencia administrativa ha señalado que el ámbito material de la consulta que puedan formular los órganos desconcentrados está circunscrito a aquellas materias que guarden relación con las competencias que efectivamente han sido desconcentradas en cabeza del órgano consultante. Al respecto, debemos transcribir, en lo conducente, el dictamen C-263-2005 del 20 de julio de 2005:

“En tratándose de la materia asignada a los Ministerios, el jerarca es el Ministro respectivo o en su defecto, el Viceministro. Se exceptúan, sin embargo, los casos en que por ley se han desconcentrado competencias. Así, el superior jerárquico del órgano desconcentrado puede consultar el criterio de la Procuraduría respecto de la competencia desconcentrada. Procede recordar que la desconcentración es una técnica de distribución de competencias, que se produce en favor de órganos de una misma persona jurídica o de un mismo órgano, por la cual un órgano inferior se ve atribuida una competencia en forma exclusiva, para que la ejerza como propia, en nombre propio y bajo su propia responsabilidad. Con lo cual se rompe el principio fundamental en materia de organización: el principio de jerarquía.

La competencia que se desconcentra es una competencia para resolver, para decidir sobre una materia determinada por el ordenamiento.” (Criterio reiterado en el dictamen 393-2005 de 15 de noviembre de 2005)

Corolario de lo anterior: No es procedente que los órganos desconcentrados consulten sobre materias inconexas con las competencias que les han delegado.

Ahora bien, ciertamente la Ley N.° 7852 de 30 de noviembre de 1998, habilita a la Caja Costarricense del Seguro Social a organizar sus clínicas y hospitales como órganos desconcentrados. Considérese lo establecido en el numeral 6 de la Ley de cita:

“ARTÍCULO 6.-

La Caja podrá organizar los hospitales y las clínicas como órganos desconcentrados, mediante la suscripción de un compromiso de gestión entre la Institución y los centros de salud. Asimismo, determinará el grado de gestión que regule las relaciones interorgánicas y ese compromiso con los centros de salud.”

En este sentido, debe constatarse que este Órgano Superior Consultivo ha admitido y atendido, entonces, consultas formuladas por los Hospitales de la Caja debidamente constituidos como órganos desconcentrados. Al respecto, se impone tomar en consideración el dictamen C-316-2005 de 5 de setiembre de 2005.

Sin embargo, resulta claro que no es dable que, en ejercicio de su facultad de consultar ante la Procuraduría General, los órganos desconcentrados de la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente sus Hospitales y Clínicas, puedan realizar consultas relacionadas con las competencias de la Caja como institución. Por el contrario, es evidente que en tales casos se excedería el ámbito material de la consulta que pueden realizar dichos órganos desconcentrados.

Lo anterior resulta de la mayor relevancia para el examen de la presente consulta.

Efectivamente, es claro que la consulta formulada por el Hospital Calderón Guardia se refiere a un tema atinente, no directamente al Hospital y sus competencias, sino al ámbito de acción de la Caja Costarricense del Seguro Social.

En este orden de ideas, debe advertirse que la consulta concreta que se somete a examen versa sobre el alcance del régimen de exenciones de la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente si este régimen cubre a las personas que contraten con dicha institución, y no sobre ninguna materia relacionada con las competencias desconcentradas del Hospital Calderón Guardia.

Ergo, es notorio que la consulta formulada por el Hospital Calderón Guardia no es admisible.

I. CONCLUSIONES

Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la consulta no es admisible.

Jorge Andrés Oviedo Álvarez

Procurador Adjunto.

JOA/cna