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Dictamen : 166 - del 11/07/2011
11 de julio,
2011
C-166-2011
Ingeniero
Ronald Peters Seevers
Director Ejecutivo
Instituto del Café de Costa Rica
Estimado señor:
Me refiero
a su atento oficio DEJ/913/2011 de 17 de junio último, por medio del cual
consulta a la Procuraduría:
“¿Se
encuentra obligado el ICAFE a suministrar información de carácter comercial a
las Municipalidades (número de beneficios que operan en la zona y datos de
procesamiento de los mismos), de las firmas beneficiadoras que se encuentran
inscritas en los Registros de este Instituto, bajo la justificación de que
dichos datos constituyen información oficial que bajo la potestad municipal
puede servir para verificar el cumplimiento del impuesto de patente, de acuerdo
con lo contemplado en el artículo 99 y 105 del Código de Normas y
Procedimientos Tributarios”.
Adjunta
Ud. el criterio de la Asesoría Jurídica de ICAFE, oficio N. UAJ/036/2011 de 14 de
junio anterior. Sostiene la Asesoría que los gobiernos municipales se
encuentran plenamente legitimados para comprobar el correcto cumplimiento por
parte de los sujetos pasivos del impuesto de patente. Agrega que ICAFE es un
ente público no estatal que debe llevar un registro de los productores,
beneficiadores, exportadores, torrefactores e
industriales. Información que desean las Municipalidades para fines de
verificación, registros que han sido solicitados por las municipalidades
concernidas. La Unidad Jurídica es del criterio que las municipalidades están
legitimadas y poseen la suficiente potestad legal para requerir al ICAFE la
información de los beneficiadores de café que operan en sus caminos.
Información que solo podría ser utilizada para verificar el cumplimiento
tributario de los contribuyentes de cada una de las municipalidades. Se agrega que las Municipalidades carecen de
potestad para sancionar a quienes incumplan con la obligación de suministrar
información. Por lo que no podrían
iniciar un procedimiento sancionatorio contra el
ICAFE en caso de que no suministre información. Instituto que se encuentra
obligado a cumplir con el ordenamiento jurídico, incluido lo dispuesto en los
artículos 105 y 107 del Código Tributario. Recomienda consultar si existe para
el ICAFE algún impedimento para otorgar la información solicitada en virtud del
deber legal de proteger al sector cafetalero. Así como que debe analizarse si
la no entrega de una información de trascendencia tributaria “protege”
realmente al sector cafetalero o bien lo “encubre” en relación con obligaciones
tributarias.
El
sector cafetalero está obligado a suministrar información al Instituto del Café
de Costa Rica para el cumplimiento de sus funciones. Parte importante de esa
información es de interés privado, protegida por lo dispuesto en el artículo 24
de la Constitución Política. No obstante, dicha información puede ser
suministrada por la Administración para fines fiscales.
A-. EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A ICAFE
La Ley del Régimen de Relaciones de Productores, Beneficiadores
y Exportadores de Café, N. 2762 de 21 de junio de 1961, crea el Instituto de
Café de Costa Rica y le atribuye una participación muy activa en el proceso cafetalero, de
forma que dirige y controla esa actividad y los distintos factores de
producción, industrialización y comercialización. Así, corresponde al Instituto
determinar las cuotas distributivas de cada cosecha por beneficio (artículo
28), el establecimiento de los procedimientos oficiales de venta del café por
el beneficiador para consumo local (artículos 30 y 31), autorizar los
mecanismos de abastecimiento del café para comerciantes y torrefactores
de café (artículo 33), la fijación de cuotas para cada cosecha, con indicación
de los porcentajes para el consumo nacional y para la exportación (artículo 40)
y la de suspender la inscripción de contratos de compra-venta para la
exportación (artículo 40), la facultad exclusiva de teñir el café para
diferenciar el café para consumo interno (artículo 44) y la consecuente
prohibición de que los particulares tiñan el café (artículo 122), el registro
de los contratos de exportación (artículo 78), otorgar la autorización para que
las Aduanas permitan la exportación del producto (artículo 88) y otorgar la
licencia para que los beneficios puedan operar plantas torrefactoras
(artículo 120). De dichas competencias se deriva que el Instituto del Café debe
velar por la producción del café y, por ende, porque las condiciones en que se
desenvuelve el proceso productivo sean las óptimas tanto para la producción
nacional en general, como para los productores en su condición de tales. La
acción del Instituto debe tender a desarrollar la actividad cafetalera, en
cuanto tradicionalmente se ha considerado, como esencial en el proceso de
desarrollo y crecimiento económico y social del país.
La Ley establece un sistema de información y control
sobre la producción y comercialización del grano que en última instancia
tienden a proteger al productor nacional, con lo que se contribuye a mantener el
equilibrio en las relaciones entre cada subsector, creando relaciones
equitativas entre estos y, por ende, fortalecer la actividad cafetalera en
general, artículo 1 en relación con el 101 de la Ley.
Ese sistema de información es
esencial para efecto de los registros que tiene a su cargo el Instituto. La Ley
prevé la inscripción o
registro tanto de los productores, artículo 3, de las plantas de beneficio del
café (artículo 7), como la inscripción o registro del exportador (artículo 8).
Además, se dispone:
“Artículo 10.- El Instituto del Café de Costa Rica deberá llevar
registros de productores, de beneficiadores, de exportadores, de torrefactores y de industriales que realicen cualquier
proceso ulterior del café y sus subproductos. El registro de productores se
confeccionará de oficio, con base en las nóminas de clientes que cada año
deberán presentar los beneficiadores al Instituto del Café de Costa Rica,
conforme con lo dispuesto en la reglamentación de esta ley. Los registros de
beneficiadores, de exportadores, de torrefactores y
de otros industriales del café se formarán con la lista de interesados que así
lo soliciten, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto señale
la Junta Directiva del Instituto del Café de Costa Rica, con la reglamentación
de esta ley”.
La redacción de la norma permitiría
considerar que el registro es voluntario. No obstante, de diversas
disposiciones de la Ley se deriva que ese registro es obligatorio, ya que es el
presupuesto para realizar determinadas actividades en torno a la actividad
cafetalera. La inscripción de una persona como productora
implica determinar el volumen de la cosecha que entrega para la
industrialización, artículo 3, inciso c), el de beneficiador y torrefactor la capacidad máxima de elaboración diaria,
inciso e, artículo 4. Por consiguiente, en los registros del ICAFE debe constar
la lista y nombres de todas y cada una de las personas que se dedican
directamente a la producción, beneficiado y exportación del café. Asimismo,
consta en esos registros el cantón o cantones donde ejercen la actividad y el
volumen de ésta. Datos que, conforme el artículo 6 de la Ley, deben ser
actualizados dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que
ocurra una modificación.
Disposiciones específicas permiten
conocer, incluso, el monto de la actividad económica desplegada y el beneficio
o utilidad individual generada. Para los beneficiadores se establece la
obligación de presentar al Instituto informe quincenal sobre la cantidad de
café ingresado a sus instalaciones, artículo 20 de la Ley. Del artículo 57 legal se deriva
que los beneficiadores deben suministrar al ICAFE la información relativa a
todas las compras de café que realizan a los productores y el precio de esa
negociación, pero también de las ventas que realicen, el precio de las mismas,
los distintos gastos incurridos y cualquier otra información adicional que se
le solicite . El deber de reportar las ventas a los exportadores deriva
igualmente del artículo 49 en cuanto impone a los beneficiadores enviar al
Instituto un informe sobre el café entregado a los exportadores. Datos que le
permiten a la Junta de Liquidaciones y en última instancia a la Junta Directiva
fijar el precio definitivo al productor. Va de suyo que en el ICAFE queda
determinado el monto recibido por el productor pero igualmente por el
beneficiador, ya que la confrontación de la información recibida permite al
ICAFE establecer la utilidad que corresponde a este último.
En
relación con los exportadores, el principio es que toda negociación para
exportación se expresará en contratos escritos cuya eficacia requiere
inscripción en el Instituto, art. 78 de la Ley. Esa
inscripción implica que en el registro queda constando el precio “real pactado”
por la compra venta del café para exportación. El artículo 80 de la Ley prohíbe
a las partes consignar un precio que no sea real, así como deducir cualquier
suma por intereses, comisiones u otro concepto diferente de la utilidad legítima del
exportador, establecida conforme el artículo 95 de la ley. Por otra parte, los
artículos 92 y 93 de la Ley atribuyen potestad al Instituto para establecer las
condiciones de registro de los contratos de exportación.
Nótese
que respecto de estos contratos se establece, artículo 94, que los nombres y
direcciones de la casa compradora en el exterior son confidenciales.
Confidencialidad que la ley no extiende a otros datos personales, ni del
exportador ni de los otros intervinientes en el proceso cafetalero.
Se sigue de lo
expuesto que el Instituto del Café registra información precisa y detallada
sobre la actividad económica que desarrollan los productores, beneficiadores y
exportadores. Información relevante para efectos de determinar no solo la
actividad que se realiza sino los ingresos que perciben productores, beneficiadores y exportadores y
en algunos casos, los gastos en que incurren.
En razón de sus
funciones, el ICAFE recaba y registra información de carácter económico que es
de interés privado. Información que los particulares están obligados a entregar
en virtud del mandato legal pero que no pierde su carácter de información
privada. Se trata de información que es suministrada para fines
determinados y que no puede ser divulgada sin el consentimiento de su titular. En esa medida, el principio es
que la información debe ser utilizada exclusivamente para los fines por los
cuales se entregó, sea el ejercicio de las potestades del Instituto. Por
consiguiente, que no sea transferida a terceros sin el consentimiento
del derecho habiente o bien, en los supuestos en que el ordenamiento lo
establece para satisfacer un interés público, manteniéndose en todo caso un deber de reserva para el ICAFE y para
la Administración que recibe la información. Deber de reserva que protege en
último término la intimidad, incluyendo la libertad de disposición de los datos
que le conciernen.
Se
sigue de lo expuesto que para que el ICAFE pueda ceder la información privada
que consta en sus registros se requiere de norma legal que autorice dicho
traslado como forma de satisfacción del interés público. Por lo que debe
determinarse si existe esa autorización para que la información sea trasladada
a las municipalidades.
B-. DEBER DE
COMUNICAR LA INFORMACION DE TRASCENDENCIA TRIBUTARIA A LA MUNICIPALIDAD
Es interés del ICAFE se establezca
si puede comunicar la información que consta en sus registros a
municipalidades, para efectos de su competencia tributaria.
Elemento fundamental para la
labor de fiscalización realizada por la Administración Tributaria es disponer
real y oportunamente de información sobre sus contribuyentes. Por ello, dentro de ese contexto es
importante que se dote a las administraciones tributarias de las facultades necesarias
para requerir información relevante.
Ahora bien, el artículo 103 del
Código de Normas y Procedimientos Tributarios regula la facultad de
fiscalización de la Administración Tributaria mediante la verificación del
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. La norma establece que tal facultad se hará
“por todos los medios y procedimientos legales”, lo cual permite interpretar
que existe una amplia gama de medios de los que la Administración se sirve para
el logro de sus objetivos. En el mismo
sentido, la Sala Primera ha considerado que:
“Este tipo de acciones
(fiscalización) se realizan entre otros a través del examen de documentos,
libros, registros contables, facturas, justificaciones, correspondencia
trascendente, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos
informáticos relativos a actividades económicas, inspección de locales,
citación de sujetos pasivos o terceros, y
cualquier otro antecedente o información que deba facilitarse o que sea
necesario para determinar el hecho y su correlativa obligación tributaria”.
(Sentencia N° 871-F-2007 de las 10:55 horas del 4 de
diciembre de 2007).
Por su parte, la Sala
Constitucional ha considerado que:
“(…) existe un evidente interés público consistente en que los
contribuyentes cumplan en forma exacta y ajustada a la ley con sus obligaciones
tributarias, siendo de esta manera, el pago justo de los impuestos, un
principio de acatamiento obligatorio para los habitantes y el Estado. Las razones expuestas justifican el deber de
los contribuyentes de proveer la información necesaria con el objeto de
acreditar las situaciones jurídicas tributarias que les conciernan.
Por otra parte, el orden constitucional dispone y tutela los principios
esenciales y las garantías fundamentales de los contribuyentes. Lo
anterior también determina un equilibrio en el orden público, en el cual, justo
pago, buena fe, legalidad, objetividad, técnica y razonabilidad, entre otros,
son parámetros que no sólo protegen a las personas, sino que además, aseguran
la existencia del sistema tributario como fuente de recursos para la
realización de los intereses de la sociedad y la democracia.” La Administración debe contar con medios
efectivos de control, pues de lo contrario, la evasión y no el pago sería
la regla, con el eventual perjuicio para toda la sociedad. Por otra parte,
tampoco el principio de igualdad resulta lesionado.” (Sentencia N° 309-2009 de las 15:16 horas del 14 de enero del 2009).
Las potestades que el ordenamiento atribuye a la Administración
Tributaria se manifiestan por medio del correlativo deber de los contribuyentes
y de la misma Administración Pública de brindar la información solicitada. Disponen los artículos 105 y 107 del CNPT:
“Artículo
105.- Información de terceros.
Toda persona, física o jurídica, pública o privada, estará
obligada a proporcionar, a la Administración Tributaria, la información de
trascendencia tributaria, deducida de sus relaciones económicas, financieras y
profesionales con otras personas. La proporcionará como la Administración lo
indique por medio de reglamento o requerimiento individualizado. Este
requerimiento de información deberá ser justificado, debida y expresamente, en
cuanto a la relevancia tributaria. (…)”.
“Artículo 107.- Deberes de
información de los funcionarios públicos y otros.
Los funcionarios públicos de cualquier dependencia u oficina
pública, los de las instituciones autónomas, semiautónomas,
empresas públicas y las demás instituciones descentralizadas del Estado y los
de las municipalidades, estarán
obligados a suministrar, a la Administración Tributaria, cuantos datos y
antecedentes de trascendencia tributaria recaben en el ejercicio de sus
funciones.”
De dicha norma se
desprende que existe no sólo un deber de información sino también un deber de
colaboración del sujeto pasivo y de la Administración Pública; la obligación
que impone el legislador tiende a permitir a la Administración Tributaria el cumplimiento de sus atribuciones, de ahí
que pueda acceder a aquella información necesaria para la correcta
determinación del pago de tributos y de manera consecuente para evitar la
posible comisión de ilícitos tributarios, lo cual reviste un obvio interés
público.
Importa
recalcar que del artículo 107 se deriva que la Administración Tributaria
obtiene la información que requiere no sólo de los contribuyentes sino también
de la misma Administración Pública. Lo
anterior en el tanto se trate de información de trascendencia tributaria. El
punto es qué debe entenderse por tal. Los artículos 105 y 107 del Código antes
transcritos no lo definen. El Decreto
Ejecutivo N° 30190-H del 6 de marzo del 2002 tiene la
pretensión de precisar ese concepto. En ese sentido, su numeral 1° dispone:
“Artículo 1°.-
Los funcionarios públicos, tanto de la Administración Central como de las
instituciones autónomas y semiautónomas, empresas
públicas, demás instituciones descentralizadas y Municipalidades, estarán en la
obligación de trasladar de oficio, toda información a la Administración
Tributaria de los trámites cuyo monto sea de trascendencia tributaria, obtenida
en el ejercicio de sus funciones que por mandato legal o constitucional les han
sido atribuidas.
Por información de trascendencia tributaria se entenderá:
aquella que directa o indirectamente conduzca a la aplicación de los tributos,
incluyendo los antecedentes, datos generales, autorizaciones, permisos como el
fitosanitario, entre otros. Esta
información se enviará mediante el formato que por Directriz interna defina la
Administración Tributaria.”
De
dicho artículo se desprende que información de
trascendencia tributaria es la
que conduce a la aplicación de los tributos. Sobre este mismo concepto, en la Opinión
Jurídica N° 101-2000 del 11 de setiembre del 2000,
sostuvimos lo siguiente:
“(…) Trascendencia tributaria
que implica que la información permite a la Administración Tributaria el
ejercicio de sus propias funciones, referidas a la determinación y liquidación
de tributos, fiscalización y revisión de los actos administrativos de contenido
tributario, y, por ende, eventualmente el ejercicio de la potestad de sancionar
administrativa las infracciones que procedan, o en su caso, instar a la
autoridad judicial el conocimiento de las infracciones penales. (…)”.
Concluyéndose
que la información de trascendencia tributaria es aquella indispensable para que la Administración
Tributaria ejerza la gestión tributaria en sus diversas fases.
Es de advertir, empero, que el
requerimiento de información debe tener como único objeto la realización de los
fines propios de la Administración Tributaria, que necesariamente están
relacionados con la eficacia y eficiencia de la recaudación de los tributos.
Por lo que el suministro de información de trascendencia tributaria se
constituye en un mecanismo eficaz de prevención contra la evasión fiscal.
Debemos reiterar que mediante el artículo 107 antes citado se
obliga a los funcionarios públicos a suministrar a la Administración Tributaria
la información de trascendencia tributaria que en el ejercicio de sus funciones
recaben, un deber de colaboración que se sujeta al
principio de legalidad y a la tutela del interés público, que debe guiar la
actuación de todo organismo público.
El Instituto del Café es un ente
público no estatal, según se deriva del artículo102 de la Ley N° 2762 de 21 de junio de 1961. En esa medida surge el deber de sus funcionarios de
suministrar a la Administración Tributaria los datos de trascendencia
tributaria que reciban en ejercicio de sus funciones.
Se
consulta si esta información puede ser dada a las Municipalidades. No existe
duda de que estas Corporaciones son Administraciones Tributarias conforme lo
dispuesto en el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
En efecto, ese numeral dispone que Administración
Tributaria es “el órgano administrativo encargado de
percibir y fiscalizar los tributos, se trate del Fisco o de otros entes
públicos que sean sujetos activos, conforme a los artículos 11 y 14 del
presente Código”. Las Municipalidades no solo reúnen las condiciones
establecidas en el artículo 99 de cita sino que la Constitución les reconoce
una potestad tributaria local, desarrollada luego por el Código Municipal, Ley
N. 7794
de 30 de abril de 1998. Dispone ese
cuerpo normativo en lo que interesa:
“Artículo
4.-La municipalidad posee la
autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución
Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:
a)
Dictar los
reglamentos autónomos de organización.
b)
(…)
d) Aprobar las tasas, los precios y las
contribuciones municipales, así como proponer los proyectos de tarifas de
impuestos municipales.
e) Percibir y administrar, en su carácter
de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales”.
“Artículo
13. — Son
atribuciones del concejo:
(…).
b) Acordar los presupuestos y aprobar las
contribuciones, tasas y precios que cobre por los servicios municipales, así
como proponer los proyectos de tributos municipales a la Asamblea Legislativa”.
Potestad tributaria que desarrollan en
concreto los artículos 68, 69 y siguientes del Código Municipal.
“Artículo 68. — La municipalidad
acordará sus respectivos presupuestos, propondrá sus tributos a la Asamblea
Legislativa y fijará las tasas y precios de los servicios municipales. Solo la
municipalidad previa ley que la autorice, podrá dictar las exoneraciones de los
tributos señalados.
Artículo 69. — Excepto lo señalado en
el párrafo siguiente, los tributos municipales serán pagados por períodos
vencidos, podrán ser puestos al cobro en un solo recibo.
Las patentes municipales se cancelarán
por adelantado. A juicio del Concejo, dicho cobro podrá ser fraccionado.
La municipalidad podrá otorgar
incentivos a los contribuyentes que, en el primer trimestre, cancelen por
adelantado los tributos de todo el año”.
La
jurisprudencia constitucional ha desarrollado la potestad tributaria de las
Municipalidades, recalcando su fundamento constitucional. Así en resolución N.
9677-2001 de 11:22 hrs. de 26 de setiembre de 2001, manifestó:
“ IV.- DE LA POTESTAD TRIBUTARIA
RECONOCIDA A LAS MUNICIPALIDADES. Con anterioridad, y en forma
reiterada, esta Sala ha reconocido que en virtud de lo dispuesto en el artículo
170 de la Constitución Política se deriva el poder impositivo o tributario de
las municipalidades para procurarse los ingresos necesarios y para sufragar el
costo de los servicios públicos que el particular recibe de los
gobiernos locales, siempre que cumplan con los procedimientos legales
necesarios, y se manifiesten en tributos que se sujeten a los principios
constitucionales propios de esa materia. Es así, como la iniciativa para la
creación, modificación o extinción de los impuestos municipales le corresponde
en exclusiva a los Concejos Municipales, así como también la potestad de eximir
de los tributos municipales (en este sentido, entre otras ver sentencias número
1631-91, de las quince horas quince minutos del veintiuno de agosto de mil
novecientos noventa y uno; 0140-94, de las quince horas cincuenta y un minutos
del once de enero de mil novecientos noventa y cuatro; 2494-94, de las catorce
horas cincuenta y cuatro minutos del doce de julio de mil novecientos noventa y
cuatro; 4496-94; 4497-94, de las quince horas treinta y nueve minutos del
veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y cuatro; 4510-94, de las
catorce horas cincuenta y un minutos del veinticuatro de agosto de mil
novecientos noventa y cuatro; 4512-94, de las catorce horas cincuenta y siete
minutos del veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro;
6362-94, de las quince horas treinta y nueve minutos del primero de noviembre
de mil novecientos noventa y cuatro; 1269-95, quince horas cuarenta y ocho
minutos del siete de marzo de mil novecientos noventa y cinco; 2311-95, de las
dieciséis horas doce minutos del nueve de mayo de mil novecientos noventa y
cinco; 2631-95, de las dieciséis horas tres minutos del veintitrés mayo mil
novecientos noventa y cinco; 1974-96, de las nueve horas del treinta de abril
de mil novecientos noventa y seis; 4982-96, de las diez horas doce minutos del
veinte de setiembre de mil novecientos noventa y seis, y 5445-99, de las
catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y
nueve); donde la Asamblea Legislativa se limita a emitir un "acto de
autorización típicamente tutelar", cuando ejercita la facultad que le
confiere el inciso 13) del artículo 121 de la Constitución Política.
"Las
Municipalidades no hacen a la Asamblea Legislativa una mera proposición, sino
que deben poder someterle verdaderas fijaciones impositivas. Esto significa que
el acto impositivo municipal es terminal y definitivo, creador del impuesto en
un procedimiento tributario abierto al efecto por cada municipalidad, no
inicial en un presunto procedimiento legislativo con igual función, como si
fuera una simple proposición sujeta a la voluntad constitutiva y libre del
legislador. Por consiguiente, la fijación tributaria municipal enmarca la
materia del pronunciamiento legislativo, cuya función es tutelar y no constitutiva
del impuesto municipal, y cuyo resultado consecuente sólo puede ser la
autorización o desautorización de lo propuesto, no la sustitución de la
voluntad municipal"
(sentencia número 1631-91, supra citada).
Esta competencia está establecida en el artículo
68 del vigente Código Municipal que dispone: (…).
Asimismo, de la autonomía propia de estas
corporaciones, deriva la posibilidad de administración de sus recursos, en
tanto cada gobierno local es libre para definir los límites de su propio poder
impositivo, de donde los sistemas de imposición tributaria municipal para su
cobro y aplicación concretos son de los más variados”.
Esa potestad tributaria de las Municipalidades está limitada por
el concepto de lo local, de lo que se
sigue que cada una de las municipalidades está impedida para gravar con
tributos actividades que se desarrollan fuera de su territorio. Así lo
estableció la Sala Constitucional en la resolución 9677-
“De la anterior definición, es que es dable concluir que
constitucionalmente no resulta legítimo que los impuestos municipales se
impongan sobre actividades que escapan a la competencia constitucionalmente
asignada, definida y delimitada a la esfera de lo local; de tal suerte que no
puede pretenderse el establecimiento un tributo de tal naturaleza -de orden
municipal- sobre hechos imponibles o gravables por el Estado, debiendo, en
consecuencia, limitarse a la competencia municipal, cuyo ámbito o esfera fue
delimitado por la voluntad del constituyente, según se acaba de explicar….”
Aplicado lo anterior a la actividad
cafetalera, tenemos que actividades relacionadas con el café en tanto sean de
carácter lucrativo pueden ser gravadas por las Municipalidades del cantón en el
que se desarrolle la actividad.
Definido que las municipalidades son
Administraciones Tributarias, se sigue que deben contar con las facultades
suficientes para recaudar y fiscalizar los tributos establecidos. Para ese
efecto, les resulta aplicable supletoriamente el Código de Normas y
Procedimientos Tributarios, artículo 1, excepto en las disposiciones del Título
III, relativas al régimen sancionador. El artículo 69 del Código Tributario
expresamente establece que para efectos de ese Título, “la frase Administración
Tributaria debe entenderse como los órganos de la Administración Tributaria
adscritos al Ministerio de Hacienda”. Fuera de ese supuesto, para efectos de
fiscalización y verificación de la obligación tributaria, las entidades
municipales pueden supletoriamente aplicar los procedimientos de verificación,
fiscalización y determinación de la obligación tributaria establecidos en los
artículos 103, 105, 107, 116, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 del Código de
Normas y Procedimientos Tributarios. Por
consiguiente, pueden solicitar información de trascendencia tributaria a los
entes públicos.
La información que puede ser
solicitada a los entes públicos es aquella de trascendencia tributaria. No
existe duda de que los registros del Instituto del Café sobre beneficiadores,
productores y exportadores contienen información de ese tipo. Como ya se
indicó, allí se registra la información relativa no solo al nombre de los
productores, beneficiadores y exportadores de café, sino los volúmenes de café
producidos, industrializados o exportados, los cantones en que se realiza la
actividad, el monto de la actividad económica desplegada y el beneficio o
utilidad individual generada, en su caso los gastos incurridos. Asimismo, se
registran los contratos de venta y en general, la utilidad percibida.
Información económica y financiera de cada sector que tiene un evidente
contenido y alcance tributario.
Se consulta si el suministro de
información no es contrario al deber de protección de la actividad cafetalera
que pesa sobre el ICAFE. El Instituto ha sido
constituido para la defensa de los intereses que giran en torno a la
actividad cafetalera y, para propiciar su desarrollo. No obstante,
debe tomarse en cuenta que la protección que el ICAFE acuerda a la actividad
cafetalera es activa y se ejerce a través de cada una de las potestades que le
corresponde. En particular, la regulación y control dirigidos a mantener las
relaciones equitativas entre los sectores. La protección se
cumple, entonces, en el ejercicio concreto de las diversas facultades que la
Ley otorga al ICAFE y que le permiten una fuerte intervención dentro del
sector. La protección no significa ocultamiento de las condiciones económicas en
que se desarrollan los sectores y sus miembros individualmente considerados.
Proteger no conlleva impedir que la actividad cafetalera sea gravada o bien,
que una vez gravada, favorecer que los sectores no cumplan con sus obligaciones
tributarias. Luego, la información se
proporciona porque existe un mandato del legislador a efecto de que la
Administración Tributaria pueda cumplir sus funciones. Por demás, se suministra
la información en tanto la actividad del productor, exportador o beneficiador
se desarrolle en el cantón de la Municipalidad solicitante. Con eso indicamos
que una Municipalidad no está facultada para solicitar información de personas
que no ejercen actividad lucrativa en su cantón. Por demás, la municipalidad
que recibe la información está imposibilitada de trasladarla a terceros que no
sean Administración Tributaria. Por el contrario, debe mantener la
confidencialidad, resultándole prohibido darla a terceros.
CONCLUSIÓN:
Por lo antes expuesto, es
criterio de la Procuraduría General de la República que:
1.
El Instituto del Café de Costa Rica registra información precisa y
detallada sobre la actividad económica que desarrollan los productores,
beneficiadores y exportadores. Información relevante para efectos de determinar
no solo la actividad que se realiza sino los ingresos que perciben los intervinientes en esa actividad y, en su
caso, los gastos en que incurren para el desarrollo de esta.
2.
Esta
información por su carácter privado no es accesible a terceros, entendiendo por
tales no solo las personas privadas sino la propia Administración Pública. Se
exceptúan los supuestos expresamente previstos por la ley.
3.
En el caso de que la información recabada tenga una trascendencia
tributaria, el ICAFE está obligado a trasladar la información a la
Administración Tributaria.
4.
En efecto, la Administración Tributaria está facultada para
requerir a los funcionarios públicos, toda información de trascendencia
tributaria para el adecuado ejercicio de las competencias tributarias.
5.
La
información de trascendencia tributaria es aquella que permite a la
Administración Tributaria, dentro de sus potestades, cumplir con la obligación
de determinar, recaudar y fiscalizar los tributos y, en general, aplicar la ley
tributaria. En ese sentido, información de trascendencia tributaria es la que
requiere la Administración Tributaria para el logro y la realización de los fines fiscales.
6.
Las Municipalidades del país son Administración Tributaria, por lo
que están facultadas para solicitar a otros organismos públicos información de
trascendencia tributaria respecto de sus contribuyentes. En consecuencia, en la
dicha condición pueden actuar lo dispuesto en el artículo 107 del Código de
Normas y Procedimientos Tributarios, pidiendo información recabada o registrada
por el ICAFE.
7.
La información que así se suministre solo puede ser utilizada para
fines tributarios, estando la Municipalidad obligada a guardar la
confidencialidad de la información.
8.
La protección que el ICAFE está obligado a desarrollar respecto de
la actividad cafetera se ejerce dentro del marco del ordenamiento jurídico. Por
consiguiente, con respeto a lo dispuesto en el artículo 107 del Código de
Normas y Procedimientos Tributarios. No forma parte de esa protección el
incumplimiento de las normas jurídicas, así como tampoco el ocultamiento de
información que pueda tener consecuencias tributarias.
Atentamente,
Dra. Magda Inés Rojas Chaves
PROCURADORA GENERAL ADJUNTA
MIRCH/gap
C-166-2011
INFORMACION DE INTERES PRIVADO. REGISTRO. INFORMACION DE TRASCENDENCIA
TRIBUTARIA. INSTITUTO DE CAFÉ DE COSTA RICA. ACTIVIDAD CAFETALERA.
MUNICIPALIDADES. ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
El Director
Ejecutivo del Instituto del Café de Costa Rica, en oficio DEJ/913/2011 de 17 de
junio 2011, consulta a
“¿se encuentra obligado el ICAFE a
suministrar información de carácter comercial a las Municipalidades (número de
beneficios que operan en la zona y datos de procesamiento de los mismos), de
las firmas beneficiadoras que se encuentran inscritas en los Registros de este
Instituto, bajo la justificación de que dichos datos constituyen información
oficial que bajo la potestad municipal puede servir para verificar el
cumplimiento del impuesto de patente, de acuerdo con lo contemplado en el
artículo 99 y 105 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios”.
- El Instituto del Café de Costa Rica registra
información precisa y detallada sobre la actividad económica que
desarrollan los productores, beneficiadores y exportadores. Información
relevante para efectos de determinar no solo la actividad que se realiza
sino los ingresos que perciben los
intervinientes en esa actividad y, en su caso, los gastos en que incurren
para el desarrollo de esta.
2.
Esta
información por su carácter privado no es accesible a terceros, entendiendo por
tales no solo las personas privadas sino la propia Administración Pública. Se
exceptúan los supuestos expresamente previstos por la ley.
- En el caso de que la información recabada tenga una
trascendencia tributaria, el ICAFE está obligado a trasladar la información
a
- En efecto,
- La información de trascendencia tributaria es aquella que permite
a
- Las Municipalidades del país son Administración
Tributaria, por lo que están facultadas para solicitar a otros organismos
públicos información de trascendencia tributaria respecto de sus
contribuyentes. En consecuencia, en la dicha condición pueden actuar lo
dispuesto en el artículo 107 del Código de Normas y Procedimientos
Tributarios, pidiendo información recabada o registrada por el ICAFE.
- La información que así se suministre solo puede ser
utilizada para fines tributarios, estando
- La protección que el ICAFE está obligado a desarrollar
respecto de la actividad cafetera se ejerce dentro del marco del
ordenamiento jurídico. Por consiguiente, con respeto a lo dispuesto en el
artículo 107 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. No forma
parte de esa protección el incumplimiento de las normas jurídicas, así
como tampoco el ocultamiento de información que pueda tener consecuencias
tributarias.