Dictamen : 130 - del 16/06/2011
16 de junio,
2011
C-130-2011
Señor
Jorge Chaves
Gutiérrez
Alcalde Municipal Puriscal
Estimado señor:
Con aprobación de la señora Procuradora General de
“1. ¿Qué
alcances tiene la autonomía municipal como gobierno local?
2. ¿Es
obligación de las municipalidades coordinar con
3. ¿En qué otras
situaciones es obligación de las municipalidades coordinar con otros entes del
Gobierno Central?
I.
CRITERIO DE
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de
En dicho criterio se concluye que a partir de lo dispuesto
en los numerales 1 y 2 de
II.
SOBRE LOS ALCANCES DE
La primera interrogante planteada por el consultante
se refiere a los alcances de la autonomía municipal, ante lo cual debemos
remitirnos necesariamente a lo dispuesto en los numerales 169 y 170 de
El
artículo 169 de la norma fundamental dispone que:"La administración de los intereses y servicios locales en cada
cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, ..."
Por su parte, el artículo 170 de dicho cuerpo normativo señala que: “las corporaciones municipales son
autónomas”
Aún cuando
"ARTÍCULO 4.-
La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y
financiera que le confiere
(…)”
Sobre esta autonomía reconocida constitucionalmente,
“(…) Desde un punto de vista
jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la capacidad que tienen las municipalidades
de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la
organización de determinada localidad (el cantón, en nuestro caso). Así,
algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica libre elección
de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su competencia;
la creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos; y
específicamente, se refiere a que abarca
una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa,
definiéndolas, en términos muy generales, de la siguiente manera: autonomía
política: como la que da origen al autogobierno, que conlleva la elección de
sus autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y
representativo, tal y como lo señala nuestra Constitución Política en su
artículo 169; autonomía normativa: en virtud de la cual las municipalidades
tienen la potestad de dictar su propio ordenamiento en las materias de su
competencia, potestad que en nuestro país se refiere únicamente a la potestad
reglamentaria que regula internamente la organización de la corporación y los
servicios que presta (reglamentos autónomos de organización y de servicio
); autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se
refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o
exención de los tributos municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta
a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13) de
De lo anterior
se desprende que existen varias vertientes o manifestaciones de la autonomía
municipal, específicamente la posibilidad de dichos entes de autogobernarse
(autonomía política), de dictar los reglamentos autónomos de organización y
servicio (autonomía normativa), de ejercer potestad impositiva (autonomía
tributaria), y la potestad de autoadministración (autonomía administrativa), lo
cual en principio le otorga libertad o independencia frente al Estado para la
adopción de todas sus decisiones.
Consecuentemente, las competencias
“locales” atribuidas a la municipalidad a partir del reconocimiento de su
autonomía, se
contraponen a las competencias de carácter nacional que deben ser ejercidas por
el Estado.
Ahora bien, existen
algunas materias donde el campo competencial entre uno y otro ente no puede
deslindarse, pues el ejercicio de atribuciones nacionales también puede
desarrollarse dentro de las circunscripciones territoriales de las
corporaciones municipales. Esto lleva a señalar que éstas no necesariamente son excluyentes y que pueden
coexistir en un mismo ámbito territorial.
Es precisamente esta
interrelación de competencias nacionales y locales, la que exige que deban
estar perfectamente definidas, a fin de garantizar la política del Estado sin
menoscabo de las atribuciones municipales, exigiendo relaciones de coordinación
entre ambos entes.
Sobre este tema,
“V. Las Municipalidades. El artículo 169 de
En
esa misma línea,
“Ahora bien, esa
autonomía de las Municipalidades otorgadas por el Constituyente en el artículo
170 de
De lo anterior podemos concluir que la autonomía
municipal abarca únicamente aquellas atribuciones que pueden enmarcarse dentro
del concepto de lo “local”, pues fuera de él, coexisten otras competencias que
pueden ser ejercidas por los demás órganos del Estado dentro de la
circunscripción territorial de las municipalidades. Por tratarse de un concepto
jurídico indeterminado, deberá analizarse en cada caso concreto si una
competencia determinada queda englobada o no dentro de dicho concepto.
III.
SOBRE
Según lo señalado en el apartado anterior, procederemos
a analizar cuál es la naturaleza de la competencia sobre la cual se consulta en
esta oportunidad, para determinar si ésta puede enmarcarse o no dentro del
concepto de lo “local”, o si por el contrario, se trata de una atribución
encomendada a otro órgano del Estado diferente a la municipalidad.
Al respecto, el artículo 1 de
“a) Carreteras primarias: Red de
rutas troncales, para servir de corredores, caracterizados por volúmenes de
tránsito relativamente altos y con una alta proporción de viajes
internacionales, interprovinciales o de larga distancia.
b) Carreteras secundarias: Rutas
que conecten cabeceras cantonales importantes -no servidas por carreteras
primarias- así como otros centros de población, producción o turismo, que
generen una cantidad considerable de viajes interregionales o intercantonales.
c) Carreteras terciarias: Rutas que
sirven de colectoras del tránsito para las carreteras primarias y secundarias,
y que constituyen las vías principales para los viajes dentro de una región, o
entre distritos importantes.
El Ministerio de Obras Públicas y
Transportes designará, dentro de
El segundo supuesto que
contempla el artículo 1 de la ley de cita, es
“a) Caminos vecinales: Caminos
públicos que suministren acceso directo a fincas y a otras actividades
económicamente rurales; unen caseríos y poblados con
b) Calles locales: Vías públicas
incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no clasificadas como travesías
urbanas de
c) Caminos no clasificados: Caminos
públicos no clasificados dentro de las categorías descritas anteriormente,
tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que proporcionen acceso a muy
pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento.
(Así reformado por ley N° 6676 de 18 de setiembre de
1981, artículo 1º).”
De lo anterior, se
desprende que a manera de principio, el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes es el encargado de administrar la red vial nacional, mientras que
las municipalidades son las asignadas por ley para administrar la red vial
cantonal. Sin embargo, sólo aquellos caminos que no sean incluidos por el Ministerio
dentro de su red vial nacional, serán administrados por las municipalidades de
los cantones respectivos.
Por otro lado, el artículo 17 del Reglamento sobre
el Manejo, Normalización y Responsabilidad para
“Artículo 17.-
Competencia del MOPT en la red vial. En particular el MOPT se encargará de:
a) Asesorar a las Juntas Viales Cantonales en
la elaboración de los Planes de Desarrollo y Conservación de
b) Emitir directrices y políticas para el
desarrollo y funcionamiento eficiente de la red vial nacional y cantonal del
país, que faciliten la coordinación y uniformidad de criterios de gestión y
uso.
c) Definir, mediante
d) Velar porque las redes viales nacional y
cantonal del país, se desarrollen en forma complementaria, independientemente
de los límites político administrativos cantonales o provinciales.
e) Velar por la armonía que debe prevalecer
entre el desarrollo y conservación de la red vial y el ambiente.
f) Emitir, mediante
g) Regular y estandarizar a nivel nacional, mediante
h) Mantener, mediante
i) Propiciar la implementación de
programas de innovación y transferencia de tecnología que beneficien la gestión
vial al nivel nacional y cantonal, dirigidos a las municipalidades,
organizaciones comunales y a la empresa privada, según corresponda.
j) Mantener en operación, por parte de
k) Incluir caminos inventariados en el SIGVI
o similar, para lo cual, deberá contar con código definitivo.
l) Mantener disponible, mediante
ll) Atender mediante las dependencias
especializadas de
m) Colaborar mediante las dependencias
especializadas de
n) Elaborar, coordinar y ejecutar, a cargo de
ñ) Impulsar programas de educación escolar en
el tema del mantenimiento y rehabilitación de caminos y transferir
conocimientos a los escolares de III, IV y V año, acerca de
o) Elaborar y oficializar, a cargo de
p) Brindar cooperación técnica en materia de
planificación a mediano y largo plazo de forma directa y o triangular. Dicha
asistencia será a través de organismos nacionales o de cooperación
internacional.”
De lo anterior, se desprende que el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes mantiene algunas competencias genéricas sobre la
red vial, aun cuando las vías sean administradas por la municipalidad, por lo
que esos supuestos constituyen una típica competencia nacional que confluye en
la circunscripción territorial del cantón.
Por otro lado, específicamente en materia de
circulación vial,
“Tal y como
tuvimos ocasión de analizar en el apartado anterior, las competencias municipales
refieren directamente a lo "local". Aclaración que resulta necesaria
en tanto las competencias de carácter nacional deben ser ejercidas por el
Estado aún en el ámbito territorial de las municipalidades. Ahora bien, es el
legislador y el juez quienes definen lo "local" y, por ende, el
ámbito de intereses y servicios que las corporaciones municipales están
llamadas a administrar. (Véase en este sentido las sentencias de
Entonces, las
competencias nacionales, emanación directa de los intereses de carácter
nacional, existen y coexisten a la par y en respeto de la autonomía municipal.
Los intereses nacionales pueden ser también locales y viceversa, pero su
administración debe estar claramente definida a fin de garantizar la armónica
aplicación de la política gubernamental –estatal y municipal-.
Lo local y lo
nacional no puede ni debe ser objeto de contradicción. Por el contrario, de lo
que se trata es de garantizar su simbiosis en aras del bien común. En este
sentido
Esta aclaración resulta de vital importancia en
tanto la seguridad vial, como tema integrante de la ordenación general de las
vías públicas, es una competencia de carácter nacional, definida
así expresamente por el legislador que, sin embargo, debe ser ejercida en
coordinación con las municipalidades. El artículo 2 de
"La
ejecución de esta Ley compete al Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
por medio de
"(...) la
regulación de la circulación de los vehículos, personas y semovientes en las
vías, de las gasolineras y estacionamientos públicos, la definición de la
seguridad vial, su financiamiento, pago de impuestos, multas y derechos de
tránsito y lo referente a la propiedad de los vehículos automotores (artículo
1° de
(Sentencia N° 5445-99. El subrayado no es del original).
Además,
"Sin
embargo, de conformidad con lo señalado en el Considerado X de esta sentencia,
ésta es una labor que el MOPT debe desarrollar en coordinación con las
funciones locales, en los términos señalados en la norma impugnada y en lo
dispuesto en el analizado artículo 5 del derogado Código Municipal y del
artículo 7 del nuevo cuerpo legal, de manera que al dictarse la ordenación de
las vías públicas debe hacerse respetándose el ordenamiento jurídico local, lo
que equivale en esta materia, que debe hacerse conforme a los planes
reguladores dictados por las municipalidades para su jurisdicción territorial
en donde existan, o en coordinación con ellas para resolver lo que mejor
convenga, en las jurisdicciones en las que no existan planes reguladores. En
atención a las anteriores consideraciones, el artículo 2 de
De los criterios que se
desprenden de la anterior cita, se desprende que la regulación del tránsito, la
seguridad vial y la señalización de las vías públicas, no son servicios estrictamente
locales, por lo que no pueden considerarse cubiertos por la autonomía municipal
reconocida en los artículos 169 y 170 de
La noción de "coordinación"
se convierte entonces, en un elemento clave en las relaciones
interinstitucionales entre el Ministerio y la respectiva municipalidad, tal
como lo establece el artículo 6 del Código Municipal al señalar que:
“Artículo
6. — La municipalidad y los demás órganos y entes de
Por esta razón,
De todo lo anterior,
debemos concluir que aun en el supuesto de la red vial cantonal administrada
por las municipalidades, éstas deben coordinar con
IV.
SOBRE LOS SUPUESTOS EN QUE
Finalmente, el consultante solicita a esta Procuraduría que indique en cuáles otras
situaciones las municipalidades deben coordinar con otros entes del gobierno
central.
Sobre
este aspecto, debemos reiterar que el hecho de que
Para
realizar la determinación de cuáles son esos supuestos, debe analizarse cada caso
concreto, teniendo como norte el principio de legalidad, a partir del cual
Por
otro lado, por tratarse “lo local” de un concepto jurídico indeterminado, será
la interpretación judicial la que determine caso por caso, cuáles atribuciones
pueden enmarcarse dentro de las competencias nacionales y cuáles dentro de las
competencias estrictamente locales.
V.
CONCLUSIONES
De lo anteriormente expuesto podemos llegar a las
siguientes conclusiones:
a)
La autonomía municipal reconocida en los
artículos 169 y 170 de
b)
A partir de lo dispuesto en los artículos
1 de
a)
Para determinar en cuáles otros supuestos
es necesaria una relación de coordinación entre autoridades nacionales y
municipales, debe tenerse como norte el principio de legalidad y estarse a la
normativa que rige cada materia. Asimismo, por tratarse “lo local” de un
concepto jurídico indeterminado, será la interpretación judicial la que
determine caso por caso, cuáles atribuciones pueden enmarcarse dentro de las
competencias nacionales y cuáles dentro de las competencias estrictamente
locales.
Atentamente,
Silvia Patiño Cruz
Procuradora Adjunta
SPC/gcga
C-130-2011
ALCANCES DE LA
AUTONOMÍA MUNICIPAL. DEBER DE COORDINACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES CON EL MOPT
EN MATERIA DE CIRCULACIÓN VIAL. COMPETENCIAS NACIONALES FRENTE A COMPETENCIAS
LOCALES.
El señor Jorge Chaves Gutiérrez, Alcalde
Municipal Puriscal solicita a este órgano asesor que se emita criterio sobre lo
siguiente:
“1. ¿Qué alcances tiene la
autonomía municipal como gobierno local?
2. ¿Es obligación de las
municipalidades coordinar con la Dirección General de Ingeniería de Tránsito lo
referente a circulación vial, aunque sea en calles de nuestra jurisdicción,
basado en el artículo 2 de la Ley de Tránsito en Vías Terrestres n° 7331 y sus reformas, donde dice que la aplicación de esa
ley le corresponde al MOPT?
3. ¿En qué otras
situaciones es obligación de las municipalidades coordinar con otros entes del
Gobierno Central?
Mediante dictamen N° C-130-2011 del 16
de junio de 2011, suscrito por Silvia Patiño Cruz, Procuradora Adjunta, se
llegó a las siguientes conclusiones:
a)
La autonomía municipal reconocida en los artículos 169 y 170 de la
Constitución Política, no implica la eliminación de las competencias asignadas
constitucionalmente a otros órganos del Estado, de manera que existen intereses
locales cuya custodia corresponde a las Municipalidades y junto a ellos,
coexisten otros cuya protección constitucional y legal es atribuida a otros
entes públicos;
b)
A partir de lo dispuesto en los artículos 1 de la Ley General de Caminos
Públicos, 17 del Decreto Ejecutivo N°
34624-MOPT del 27 de marzo del 2008, 2 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas
Terrestres, así como jurisprudencia de la Sala Constitucional, la regulación
del tránsito y la seguridad vial no son servicios estrictamente locales, por lo
que aun en el caso de la red vial cantonal administrada por las
municipalidades, dichos entes deben coordinar con la Dirección General de
Ingeniería de Tránsito del MOPT, todo lo relativo a la circulación vial.
c)
Para determinar en cuáles otros supuestos es necesaria una relación de
coordinación entre autoridades nacionales y municipales, debe tenerse como
norte el principio de legalidad y estarse a la normativa que rige cada materia.
Asimismo, por tratarse “lo local” de un concepto jurídico indeterminado, será
la interpretación judicial la que determine caso por caso, cuáles atribuciones
pueden enmarcarse dentro de las competencias nacionales y cuáles dentro de las
competencias estrictamente locales.