Opinión Jurídica : 105 - del 15/12/2010

15 de diciembre, 2010

OJ-105 -2010

 

Licda. Flor Sánchez Rodríguez

Jefe de Área de la Secretaría Técnica

Asamblea Legislativa

 

Estimada licenciada:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República,  Ana Lorena Brenes Esquivel, nos es grato responder al oficio número 12-CRI-2010 de 03 y recibido el día 4, ambas fechas del mes de junio del año en curso, mediante el cual se solicita a este Órgano Asesor que vierta su criterio técnico-jurídico en relación con el proyecto denominado: "APROBACIÓN DEL TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE COREA SOBRE EXTRADICIÓN", expediente legislativo número 17.276, publicado en La Gaceta N° 124 de veintinueve de junio de dos mil nueve.

I. Alcances del presente pronunciamiento.

Tal y como es de su estimable conocimiento, en vista de que la gestión formulada por la Comisión Legislativa no se ajusta al procedimiento de solicitud de dictámenes, establecido en el artículo 4° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los comentarios siguientes no obligan al órgano consultante ni constituyen jurisprudencia administrativa de acatamiento obligatorio, sino que deviene como una colaboración a los señores Diputados en sus faenas legislativas. En consecuencia, este pronunciamiento es una opinión jurídica, que emana de este Órgano Asesor como un apoyo a la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, atendiendo a la delicada labor a su cargo.

Asimismo, conviene advertir que -dado que esta Institución no se encuentra dentro de los supuestos que informan lo preceptuado por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa-, no le es aplicable el plazo dispuesto en dicho numeral.

Por otra parte, es importante destacar que este pronunciamiento se limitará a llamar la atención sobre aspectos que -prima facie y según nuestro criterio- puedan contravenir el bloque de legalidad y constitucionalidad, por supuesto sin pretender de ninguna manera suplantar el control concentrado de constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza, que por disposición expresa del artículo 10 de la Constitución Política y el artículo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, le atañe a la Sala de la materia[1].

Bajo este entendimiento, es pertinente efectuar las siguientes consideraciones extraídas del estudio integral del documento:

 

II. - Objetivo y conveniencia del Tratado.

Se desprende del preámbulo de la propuesta sometida a consideración de este Despacho, que las Repúblicas de Costa Rica y Corea, en el año dos mil cinco, suscribieron el presente Tratado en aras de reprimir la criminalidad a través del establecimiento de un mecanismo efectivo en la lucha contra la impunidad y la evasión de la justicia.

Estima esta Procuraduría acertada la iniciativa planteada, en virtud de la carencia de un instrumento jurídico particular que regularice el procedimiento de extradición entre ambas naciones, con el propósito de hacer más eficaz la colaboración bilateral. Esa intención es evidente desde el inicio de su articulado, el que se apega a las normas comunes que rigen esta institución y en forma general, al Tratado Modelo de Extradición aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas[2].

 

III.- Comentario sobre los alcances del Tratado suscrito.

 

1.-De las causas de denegación obligatoria de la extradición (artículo 3°).

Entre las causas que se establecen para denegar en forma obligatoria la extradición, debemos destacar que a pesar de que en el inciso 3) no se distingue si se refiere a la prescripción de la acción o bien de la pena, dicha falencia parece enmendarse mediante una lectura integral del resto del Tratado. Según se dispone en el artículo 6° inciso 2) al referirse a los requisitos que debe contener la solicitud de extradición, sostiene el parágrafo e) que se tiene que adjuntar al legajo de pruebas “… e) Una declaración de los textos legales aplicables a la prescripción de la acción penal o de la pena;”, lo que se denota que la intención del Tratado es que se impida la extradición tanto en caso de que la acción o bien la pena se encontraren prescritas.

Por otra parte, llama poderosamente la atención que no se contempla en el artículo 3°, como parte del elenco de hipótesis propuestas para ordenar el rechazo obligatorio de la extradición, la posible imposición de una pena de muerte, pena perpetua, tratos crueles o degradantes, salvo que se acuerde aplicar el Principio de Conmutación[3], que tiene como propósito imponerle al Estado Requirente la obligación de rendir garantía o promesa de que la sanción a aplicar al extraditable será un castigo distinto a alguno de los antes citados, adecuándose eso sí al Ordenamiento jurídico del Estado requerido.

Lo anterior, por cuanto bajo los parámetros de un Estado Democrático de Derecho como el costarricense, no es plausible admitir la exclusión u omisión de tales exigencias al Estado Requirente para conceder la entrega, ya que esas garantías se constituyen en pilares de validez de la extradición[4].

Sobre el particular, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido la importancia de hacer efectivo el Principio de Conmutación, ya que en el proceso extraditacional se reviste de suma relevancia el resguardo de los derechos fundamentales de la persona requerida:

“El proceso de extradición tiene una finalidad garantista de los derechos del extraditable, aunque sea, simultáneamente, un medio de cooperación entre estados nacionales, dispuesto para el servicio de la justicia, en el sentido de que promueve o implica esta cooperación como instrumento destinado a asegurar la pronta y eficaz acción de la justicia, y descansa en una comunidad de intereses de los estados en cuanto al aseguramiento de la persecución de los delitos. En cuanto a la mencionada finalidad garantista, por lo que hace al caso concreto hay que agregar que desde la perspectiva del derecho costarricense es correcta la apreciación de que un juez o tribunal costarricense no puede lícitamente autorizar la entrega de un extraditable al estado requirente, y, por ende, ha de rehusarse a hacerlo, si no obtiene de dicho estado garantías suficientes de que no se impondrá a aquél la pena de muerte ni una pena perpetua, que el derecho nacional proscribe y que, en consecuencia, son penas incompatibles con el Derecho de la Constitución.”[5]

En ese sentido, dado que el Tratado sometido a nuestro análisis se encuentra debidamente firmado y sólo resta para su ejecución la aprobación legislativa conforme al mandato constitucional[6] (resultando vedada la posibilidad de alterar o corregir el texto, ya que esas facultades se encuentran reservadas al Poder Ejecutivo[7]), se sugiere instar a ese Poder del Estado a efecto de que se adicione una reserva al Instrumento Internacional de marras.

Lo anterior, con el propósito de incluir como una causal para denegar en forma obligatoria la extradición, el supuesto de cuando la pena a imponer al extraditable consista en una pena de muerte, pena perpetua, tratos crueles o degradantes, salvo que se acuerde incorporar el Principio de Conmutación. De esa forma, se podrá establecer la obligación para el Estado Requirente del otorgamiento de garantías suficientes a favor de los extraditables que resulten acordes con lo preceptuado en los numerales 21[8] y 40[9] de nuestra Constitución Política, así como en concordancia con el conglomerado de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos que se reconocen en nuestro país.

Debe advertirse que la incorporación de reservas es un mecanismo viable, de conformidad con lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Ley N° 7615 de veinticuatro de julio de 1996 (que es pilar básico en materia de Derecho Internacional), la cual define la figura de la reserva en su numeral 2° inciso d) como:

“d) (…) una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado;” (el resaltado no es del original).

Además, es preciso mencionar que la Sala Constitucional ha avalado la introducción de reservas a los tratados, ya que “… constituye un mecanismo especial para la adaptación al régimen constitucional de los países participantes”.[10] Es decir, este remedio jurídico del Derecho Internacional permite armonizar el texto jurídico suscrito con las exigencias constitucionales de los países firmantes.

De igual forma, la doctrina nacional ha establecido que incluso es posible que sean los legisladores quienes sugieran al Poder Ejecutivo la utilización de las reservas: “Aunque no se acepta que la Asamblea Legislativa tenga competencia para modificar el texto de los tratados sometidos a su consideración, nada le impide recomendarle al Poder Ejecutivo la renegociación total o parcial del convenio o la formulación de reservas o declaraciones ...”.[11]

En consecuencia, nos permitimos plantear en forma respetuosa- sin que implique un rebasamiento del Principio de División de Poderes- que la Asamblea Legislativa inste al Poder Ejecutivo para que analice la posibilidad de incorporar una reserva en relación con la denegatoria obligatoria en caso de pena capital, pena perpetua y tratos degradantes e inhumanos, salvo que se aplique el Principio de Conmutación, para así lograr su adecuada implementación conforme al Derecho interno costarricense.

 

2.- De las causas para denegar facultativamente la extradición (artículo 4°).

Del repertorio de causales que se contemplan para denegar en forma facultativa la extradición, nos interesa comentar la hipótesis definida en el inciso b). En efecto, en el caso de esta causal, la norma prescribe: “(b) Si la persona cuya extradición se solicita ha sido absuelta o condenada definitivamente en un tercer Estado por el mismo delito por el que se solicita la extradición y, si hubiere sido condenada, la pena impuesta ha sido cumplida en su totalidad o ya no puede exigirse su cumplimiento.”

En ese supuesto, no sería plausible de ninguna forma conceder la extradición, sino que en una correcta interpretación de dicho instituto, correspondería efectuar el rechazo absoluto y obligatorio de las diligencias, por cuanto el juzgador, en representación del país Requerido, carecería de motivo legítimo para aprobarla, ya que implica la vulneración del principio constitucional de "non bis in idem", conforme lo ha expuesto la doctrina y reiterado por nuestra Sala Constitucional:

“El principio de "non bis in idem" atiende al hecho de que nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. Está previsto en los artículos 14 inciso 7) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, -que establece que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país- y 8 .4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, -que refiere que el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos-. De igual modo, lo contempla la Constitución Política en el artículo 42 al señalar que nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. Para que opere dicha garantía, debe darse identidad de sujeto, objeto y causa. “[12]

Casualmente, hace un par de años se hizo una Consulta Judicial de Constitucionalidad en donde se cuestionó el artículo 6° del Tratado de Extradición suscrito entre Costa Rica y Estados Unidos, por no contener como causal de denegatoria de la extradición el juzgamiento o conocimiento de la causa por los mismos hechos por parte de un tercer Estado; en su lugar, dicho tenor únicamente contempla como posible rechazo que el extraditable hubiera sido juzgado o lo estuviera siendo en el país requerido.

La Sala Constitucional, mediante voto 13.432-08 de las catorce horas treinta minutos del 3 de setiembre de 2008, consideró que la no inclusión de la causal de rechazo involucrando a un tercer Estado no era inconstitucional (que se asemejaba más a una laguna jurídica), pero determinó que:

“…es claro que si se está frente a un caso donde la persona cuya entrega se solicita, está siendo juzgada o ya lo ha sido en un tercer país, la detención y entrega no resulta legítima, pues ha desaparecido la causa que legitima la colaboración del país requerido y la legitimidad de reprimir del país requirente.”

Ese pronunciamiento provocó que el Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Segunda (San Ramón) que conocía en alzada la apelación de la sentencia estimatoria de extradición (y que a su vez fue el Tribunal consultante de la consulta arriba reseñada), emitiera el voto 457-08 de las diez horas cuarenta y cinco minutos de 26 de setiembre de 2008, revocando la sentencia que había concedido las diligencias de extradición.

Por lo dicho, compartimos la redacción y espíritu del citado inciso b) del artículo 4° en comentario.

 

3.- De la extradición de nacionales (artículo 5°).

El artículo 5º inciso 2), establece que “... si la extradición es denegada por motivo de la nacionalidad de la persona, la Parte Requerida debe, a la petición de la Parte Requirente, someter el caso a conocimiento de sus autoridades nacionales...”.

Con la introducción del citado texto en el presente convenio, se hacen evidentes dos circunstancias: la primera, se busca la aplicación del principio “aut dedere aut judicare” (entregar o juzgar), tratándose del rechazo de la extradición por razones de nacionalidad; la segunda, que solamente se dispone como posible –a través del Tratado- que los Tribunales del Estado requerido juzguen al extraditable si la solicitud es rechazada por razones de nacionalidad. Es decir, cualquier otro evento que provoque el rechazo de la gestión extradicional (como los que de paso relataremos) no permitirá el juzgamiento en el Estado requerido, así se lo pida el Estado requirente, así sea un delito evidente que merezca castigo.

La única excepción sería la aplicación del principio de Nacionalidad activa, que es la potestad o legitimación que tendría el Estado requerido para juzgar delitos cometidos por sus nacionales empleando su legislación penal,  independientemente del lugar de su comisión.

Permítasenos una breve pausa del tema de la entrega de nacionales, para desarrollar someramente este principio de personalidad activa. En efecto, el principio de marras originalmente no estaba contemplado en nuestro ordenamiento jurídico interno, pero había sido incluido en forma aceptable a través de tratados internacionales; claro está, únicamente para la aplicación de éstos, contando con el aval de la Sala Constitucional. A este respecto, véase lo acotado por esa Sala que en Voto N° 6766-94 de las dieciséis horas con treinta minutos del 21 de noviembre de 1994, refirió lo siguiente:

“(…) la Sala encuentra que es jurídicamente aceptable la solución expresada en el Tratado, en el sentido de que en esos casos, siempre a solicitud del requirente, se podrá juzgar en Costa Rica al nacional que haya delinquido en México, para lo cual, también se consagra la obligación de aquél Estado, de entregar todas las pruebas que tenga en relación con el caso. La Sala acepta como viable esta hipótesis, siempre que se cumpla previamente con la solicitud formal y que el Estado requirente se acoja a lo previsto por el 7.2. del tratado, pidiendo que al costarricense se le juzgue en el territorio nacional, conforme a su legislación... IV.- OTRAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL. Por otra parte, el ordenamiento jurídico penal costarricense ha ido cediendo, para casos calificados, el principio de territorialidad de la ley penal, al menos en lo que se refiere al Código Penal, Libro Segundo, Título XVII (DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS), y también con respecto a la CONVENCION DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, suscrita en Viena, el 19 de diciembre de 1988 y que es ley de la República, en el sentido de que no importa quién y dónde se haya cometido un delito de los tipificados en esas normas, cualquier Estado está legitimado para perseguir y juzgarlo, conforme al principio de justicia universal. En otras palabras, el avance de la capacidad e imaginación para delinquir, posibilita que, sin alterar sustancialmente tesis que razonablemente se han sostenido en el pasado, hoy las circunstancias permiten que se adopten otras soluciones y principios (…)”

 

Sin embargo, con la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de cuatro de marzo de 2009, cuyo artículo 1° punto 2, aparte a) adicionó al artículo 6º del Código Penal costarricense un inciso 4), se estableció la posibilidad de incoar proceso por hechos punibles cometidos en el extranjero a aquellos cometidos por un costarricense (principio de personalidad activa). La norma en cuestión reza en su texto lo siguiente:

“Posibilidad de incoar proceso por hechos punibles cometidos en el extranjero.  ARTÍCULO 6º.- Podrá incoarse proceso por hechos punibles cometidos en el extranjero y en ese caso aplicarse la ley costarricense, cuando: 1) Produzcan o puedan producir sus resultados en todo o en parte, en el territorio nacional; 2) Hayan sido cometidos por personas al servicio de Costa Rica y no hubieren sido juzgadas en el lugar de comisión del hecho, en virtud de inmunidad diplomática o funcional; 3) Se perpetraren contra algún costarricense o sus derechos. 4) Hayan sido cometidos por algún costarricense.” (el resaltado es nuestro).

Bajo estos claros parámetros, al haberse implementado un mecanismo interno destinado al enjuiciamiento de costarricenses que delinquen en el exterior, en concordancia con el principio de personalidad activa (que refuerza el contenido del convenio que nos ocupa), es viable señalar que el Estado costarricense puede ahora honrar plenamente su compromiso dirigido a evitar la impunidad a través del juzgamiento de nacionales ante sus propios estrados judiciales.

Pero –se insiste- dicho principio es aplicable únicamente a nacionales; por ello, en casos ya tramitados ante nuestros Tribunales de solicitudes de extradición de extranjeros y que dicha petición es rechazada por otras razones (refugio, protección por su condición de víctima, etc.), la posibilidad de juzgarlos conforme a nuestra legislación no es viable.

Ahora bien, ya enfocados al comentario que nos interesa sobre la imposibilidad de juzgamiento en esos casos particulares, nuestra historia judicial reciente recoge dos procesos de dos mujeres norteamericanas a las que se le dictó, a una, la condición de refugiada y a la otra, se privilegió su difícil situación en la que podía peligrar su vida si era entregada en extradición a su país natal y ello provocó sendos rechazos de las gestiones extradicionales en su contra.

Empero, de acuerdo con la literalidad de la norma bajo estudio, dichas condiciones no se encuentran incluidas como elementos para el juzgamiento del requerido en territorio nacional, lo que implica que no se puede enjuiciar a las personas a las cuales se les rechaza la extradición en virtud de tales circunstancias, lo cual conduce a su vez en facilitar la impunidad que pretende combatirse mediante el Tratado.

Véase por ejemplo, lo ocurrido con la mujer a quien se le concedió el carácter de refugiada, motivo suficiente por el cual la Sala Constitucional se decantó por su liberación y el archivo del proceso extradicional, según se observa del voto 11.576-08 de las nueve horas veintinueve minutos del 25 de julio de 2008 (proceso de extradición de Estados Unidos vs Tomayko).

  Por su lado, tratándose de la mujer cuya vida estaba en riesgo, el precedente jurisprudencial evidencia que los jueces de uno de nuestros Tribunales de Casación Penal consideraron que no procedía la extradición, pues a pesar de la comisión del delito común por parte de la extradida,  estimaron que podría presentarse una eventual violación de los derechos humanos de la mujer aparejado a un gravísimo riesgo en su integridad personal, si era regresada al país que la solicitaba. Para ello, se utilizó como plataforma sustantiva los postulados del Derecho de la Constitución y aquellos derivados de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que son de imperioso acatamiento:

“…el Juez A quo debió valorar en forma global la situación fáctica y jurídica de acuerdo con los principios del Estado de Derecho y el Derecho de la Constitución que implicaron una errónea  valoración del Derecho sustantivo ya que en nuestro  régimen jurídico se le otorga un valor preponderante a los Tratados Internacionales sobre Derechos humanos, los que tienen un valor supra-constitucional. Apartándose de otros votos no vinculantes de Tribunales de Casación nacionales muy respetables desde el punto de vista jurídico, esta Cámara ha optado por valorar las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos suscritas y ratificadas por Costa Rica y que están directamente relacionadas con los puntos controvertidos en este caso. A la vez que nuestro Estado está vinculado al cumplimiento y observancia no sólo desde el ámbito formal, sino en el  ámbito real  y en los resultados de la aplicación de los Tratados de Derechos Humanos, los que definitivamente no han sido ratificados por el Estado requirente... Por tanto...se declara sin lugar la extradición de la señora N, requerida por los Estados Unidos de Norte América.  Póngase inmediatamente en libertad a la señora N, si otra causa no lo impide....”[13]

Como se observa, estos razonamientos son absolutamente válidos para denegar la extradición en aplicación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos con supremacía incluso sobre la misma Constitución Política, pero ello no condice con la evitación de la impunidad.

Por lo dicho, parecería sano que en futuras ocasiones, a propósito de la suscripción de Convenios bilaterales de extradición, se incorporase una cláusula abierta que permita juzgar al extraditable por los Tribunales del Estado requerido, si la gestión fuera rechazada ya sea por su condición de nacional o por circunstancias similares a la naturaleza relatada.

 

4.- De la solicitud de extradición (artículo 6°).

            Se estila en los Tratados de extradición disponer en el artículo que menciona los documentos que deben aportarse en sustento de la solicitud, el plazo de detención de la persona, mientras se realiza el trámite respectivo.

            Concretamente en el artículo 6° de comentario, se echa de menos esa mención; no obstante, si nos atenemos al tenor del artículo 1° de la Ley de Extradición, la supuesta falencia estaría superada.

            En efecto, dispone el artículo 1° de la mencionada Ley:

“A falta de tratados, tanto las condiciones como el procedimiento y los efectos de la extradición, estarán determinados por la presente ley, que se aplicará también a los aspectos que no hayan sido previstos por los tratados.”

 

5.-De la detención preventiva (artículo 8°).

El numeral de comentario dispone en su inciso 1), que es plausible la imposición de la medida de detención provisional “… en caso de urgencia…”

El análisis del artículo bajo estudio, nos permite manifestar que la redacción no resulta la más favorable, por cuanto podría interpretarse en forma restrictiva y literal, en virtud de los derechos de tránsito que asisten a los habitantes del país, que sólo en caso de “urgencia” se podría solicitar la detención.

Asimismo, este inciso no resulta idóneo para los pretensiones de una extradición, como ya lo hemos evidenciado en otras opiniones jurídicas[14], ya que en vez de representar un beneficio de celeridad para la detención de un individuo requerido en extradición, en la práctica es, por el contrario, un elemento debilitante del proceso, ya que limita o somete en forma estricta la prisión del sujeto a la demostración absoluta y contundente de la citada urgencia, sin lo cual, la excarcelación es el resultado inmediato a esa falta de confirmación.

En otras palabras, si el Estado Requirente solicita una detención preventiva de urgencia, tendría obligatoria e inequívocamente que demostrar los motivos de ese evento, siendo que si la justificación brindada no es satisfactoria de acuerdo con la consideración de las autoridades judiciales del Estado requerido, el sujeto extraditable tendría derecho a ser liberado.

Para ilustración, considérese lo que al respecto señaló la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes votos:

“... En efecto, para que a la luz del Tratado proceda la detención, debe estarse en presencia de un "caso urgente". En el expediente principal que se ha tenido a la vista se evidencia que el auto de detención provisional no está fundamentado, ni lejanamente contiene elementos que nos permitan establecer la urgencia con base en la cual se decretó. Es cierto que la Ley de Extradición parte de la premisa de la detención, y que solamente en casos excepcionales esta no procede, pero ya hemos analizado por qué en el subexámine no es de aplicación. Es cierto también que en la nota de la Embajada de la República de Colombia, dirigida a nuestra Cancillería, se solicita la detención del recurrente, pero también en ella hay ausencia de elementos justificativos de la medida -excepcional, según el Tratado- que legitimaran su imposición(...)“[15] (el resaltado no es del original).

 

“(...)IV.- … En el caso concreto se observa que dentro de la solicitud de arresto provisional con el propósito de extradición de Mary Lou French, visible a folio 6 de expediente judicial, no se indica cuál es la urgencia para el dictado de la prisión preventiva. De igual forma, la Sala verifica que en las resoluciones de las trece horas diez minutos del veinticinco de enero del dos mil y la resolución del siete de febrero del dos mil (expediente judicial folio 97, y ex. Folio 52) no se observan elementos que permitan establecer la urgencia (sic) a la extraditable se le prive de su libertad para concluir el proceso de extradición. Bajo estas circunstancias la amenaza a la libertad es ilegítima y el recurso debe declararse con lugar únicamente en lo relativo a la orden de detención. Por esta razón, la medida cautelar debe dejarse sin efecto, se ordena la libertad inmediata de Mary Lou French ...”[16] (el subrayado es suplido).

En esta misma línea, si se observa el artículo 7º de nuestra Ley de Extradición, Nº 4795 del dieciséis de julio de 1971, reformada por Leyes Nº 5497 del veintiuno 21 de marzo de 1974 y 5991 del nueve de noviembre de 1976, puede extraerse de su texto que es totalmente permisible y viable la detención, sin señalarla expresamente como “de urgencia”, ya que –por doctrina- se entiende que la detención física es el medio idóneo para garantizarse la entrega final del extraditable.

Al respecto de la detención preventiva, la Sala Constitucional ha expresado en reiteradas ocasiones que esa medida cautelar tiene como propósito asegurar la presencia del extraditable “… mientras se cumplen los requisitos y trámites necesarios para resolver sobre la procedencia de la extradición y la entrega del extraditable, determina, en principio, la legitimidad de su detención durante todo el plazo en que se tramite tal procedimiento, y no son aplicables las reglas del Código Procesal Penal sobre los plazos y reglas de la prisión preventiva al procedimiento de extradición.” [17]

Por todo ello, considera este Órgano Asesor que lo dispuesto en el inciso en estudio con respecto a la detención urgente, impone una condición más gravosa que la que establece la propia Ley de Extradición, pues compromete al Estado Requirente a justificar debidamente ante el Estado Requerido la urgencia de un pedido de detención preventiva, lo cual no sólo implica complejidad para el proceso sino, asimismo, no es indispensable para que la detención sea pronta y efectiva.

De esta forma, se deja externado el criterio técnico- jurídico en torno a los aspectos más relevantes del instrumento sometido a conocimiento de este Órgano Consultivo. 

Reciba las muestras de nuestra mayor estima y consideración.

Cordialmente,

 

Licdo. José Enrique Castro Marín

Procurador Director                                                                       

 

JEC/sac

Ci archivo

 

 

OJ-105 -2010

 

PROYECTO DE LEY "APROBACIÓN DEL TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE COREA SOBRE EXTRADICIÓN". EXPEDIENTE LEGISLATIVO NÚMERO 17.276.

 

La Sra. Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente Especial  de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa de la República, solicita a  esta Procuraduría General mediante oficio de fecha 12-CRI-2010 de 3 de junio del 2010, que vierta criterio técnico jurídico sobre el Proyecto de Ley “Aprobación del Tratado de Extradición entre la República de Costa Rica y la República de Corea sobre extradición”, el cual introduce disposiciones en materia de extradición entre esa Nación y nuestro país.

 

El Licdo. José Enrique Castro Marín, Procurador Coordinador, mediante Opinión Jurídica 0 -2010 dan respuesta a la solicitud remitida y concluyen que el proyecto en general se ajusta a los principios de legalidad y constitucionalidad que deben caracterizar a los instrumentos internacionales, ello con ciertas excepciones.  Estas excepciones se refieren a la carencia esencial dentro las causas de denegación obligatoria de la extradición la posible imposición de una pena de muerte, pena perpetua, tratos crueles o degradantes; la problemática existente dentro de las causas para denegar facultativamente la extradición (artículo 4°), en el caso de que la persona cuya extradición se solicita ha sido absuelta o condenada definitivamente en un tercer Estado por el mismo delito por el que se solicita la extradición y, si hubiere sido condenada, la pena impuesta ha sido cumplida en su totalidad o ya no puede exigirse su cumplimiento, pues esto ha presentado problemas de aplicación a nivel constitucional.  Se avala la inclusión del juzgamiento de nacionales en caso de su no entrega, más sin embargo se evidencia omisión en cuanto al juzgamiento de requeridos cuya extradición no se conceda por variados motivos (refugio, riesgo de muerte en la nación requirente, etc.).   Se echa de menos el plazo de detención de la persona, mientras se realiza el trámite respectivo y la problemática en cuanto al concepto de detención preventiva de urgencia y sus quebrantos en la práctica.