Dictamen : 200 - del 01/10/2010
(Reconsiderado de oficio parcialmente)
01 de octubre del 2010
C-200-2010
Señor
MATI. Karino Alberto Lizano Arias
Auditor Interno a.i.
Universidad Estatal a Distancia
Estimado señor:
Con la anuencia del señor Procurador General Adjunto de la República,
según artículo 12, párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, me es grato
dar respuesta a su Oficio AI-036-2010,
de 11 de marzo de
Las
hipótesis formuladas son las que a continuación se transcriben:
“En el caso del Rector, Vicerrector,
Auditor Interno, Consejal Interno, Director y Jefe, en la UNED,
1.- ¿Procede o no el pago de cesantía, cuando se dé por concluido el
contrato de trabajo, en los siguientes casos?
a) Por renuncia del funcionario, antes del vencimiento del plazo por el
cual fueron nombrados?
b) Por renuncia del funcionario y concesión del pago de auxilio de cesantía
a la luz del artículo 51 del Estatuto de Personal de la UNED,
c) Por despido con responsabilidad patronal,
d) Por despido sin responsabilidad patronal,
e) Por muerte del funcionario,
f) Por renuncia del funcionario para acogerse a su jubilación,
g) Por renuncia del funcionario para trasladarse de la UNED a otra
institución pública,
h) Por vencimiento del plazo por el cual fueron nombrados.
Dado que la Ley de Asociaciones
Solidaristas establece en su
artículo 21 lo siguiente:
“Artículo 21(…)”
Las cuotas patronales se utilizarán
para el desarrollo y cumplimiento de los fines de la asociación y se destinarán
prioritariamente a constituir un fondo para el pago del auxilio de cesantía.
Este fondo se dispondrá de la siguiente manera:
a) Cuando un afiliado renuncie a la asociación pero no a la empresa,
el aporte patronal quedará en custodia y administración de la asociación para
ser usado en un eventual pago del auxilio de cesantía a ese empleado, según lo
dispuesto en los incisos siguientes.
b) Si un afiliado renunciare a la empresa, y por lo tanto a la
asociación, recibirá el aporte patronal, su
ahorro personal y cualquier otro ahorro o suma a que tuviere derecho, más los
rendimientos correspondientes.
c) Si un afiliado fuere despedido por justa causa, tendrá derecho a
recibir el aporte patronal acumulado, sus ahorros, más los rendimientos
correspondientes.
ch) Si un afiliado fuere despedido sin justa causa, tendrá derecho a
recibir sus ahorros, el aporte patronal y los rendimientos correspondientes. Si
el aporte patronal fuere superior a lo que le corresponde por derecho de
auxilio de cesantía, lo retirará en su totalidad. Si el aporte patronal fuere
inferior a lo que le corresponde, el patrono tendrá obligación de cubrir la
diferencia.
d) En caso de retiro de un trabajador por invalidez o vejez, el
pago total de lo que le corresponda se le hará en forma directa e inmediata.
Si fuere por muerte, se hará la
devolución de sus fondos conforme con los trámites establecido en el artículo
85 del Código de Trabajo.”
En el caso de que cualquier funcionario que ocupe el puesto de Rector,
Vicerrector, Auditor Interno, Concejal interno, Director o Jefe, estén
afiliados a la Asociación Solidarista de la UNED:
2.- ¿Procede o no el pago del aporte patronal por parte de dicha
Asociación, en el caso de que se dé por concluido el contrato de trabajo, en los
siguientes casos?
a) Por renuncia del funcionario, antes del vencimiento del plazo por el
cual fueron nombrados.
b) Por renuncia del funcionario y concesión del pago de auxilio de cesantía
a la luz del artículo 51 del Estatuto de Personal de la UNED
c) Por despido con responsabilidad patronal,
d) Por despido sin responsabilidad patronal,
e) Por muerte del funcionario,
f) Por renuncia del funcionario para acogerse a su jubilación,
g) Por renuncia del funcionario para trasladarse a la UNED a otra institución
pública.
h) Por vencimiento del plazo por el cual fueron nombrados.
De acuerdo con lo que establece el artículo 586 del Código de Trabajo, en
el caso de que cualquier funcionario que ocupe el puesto de Rector,
Vicerrector, Auditor Interno, Consejal Interno, Director o Jefe, esté afiliado
a la Asociación Solidarista de la UNED y al dejar de laborar se le haya pagado
cesantía e ingrese a laborar en otra
institución del sector público:
3.¿Debe dicho funcionario hacer devolución a la UNED, tanto del pago
recibido por concepto de cesantía por parte de la institución, como el aporte
patronal recibido por parte de la Asociación Solidarista?, ó
4.¿Debe dicho funcionario depositar tanto el pago recibido, por concepto
de cesantía por parte de la institución, como el aporte patronal recibido por
parte de la Asociación Solidarista, en la institución donde ingresa a laborar?,
ó
5. ¿Puede dicho funcionario devolver a la UNED, el pago recibido por
concepto de cesantía por parte de la institución y depositar, también como
aporte patronal, el aporte patronal recibido, en la Asociación Solidarista de
la institución donde ingresa a laborar?
Si la UNED nombra en el puesto de Rector, Vicerrector, Auditor Interno,
Director o Jefe por un plazo determinado, a un funcionario que viene de otra
institución pública, donde existe Asociación Solidarista y éste goza de permiso
sin goce de salario, pero luego de un período renuncia a la institución de
donde venía, recibiendo el aporte patronal, por parte de la Asociación.
6. ¿Podría estar dicho funcionario
incurriendo en un enriquecimiento ilícito?
7. ¿Se debe despedir a dicho
funcionario por haber recibido el aporte patronal y haber seguido trabajando
para el Estado?
En el caso de los funcionarios de la UNED nombrados en propiedad por plazo
indefinido:
8. Procede o no el pago de cesantía, cuando se dé por concluido el contrato
de trabajo, en los siguientes casos?
a)Por renuncia del funcionario,
b)Por renuncia del funcionario y concesión del pago de auxilio de cesantía
a la luz del artículo 51 del Estatuto de Personal de la UNED,
c)Por despido con responsabilidad patronal,
d)Por despido sin responsabilidad patronal,
e)Por muerte del funcionario
f)Por renuncia del funcionario para acogerse a su jubilación,
g) Por renuncia del funcionario para trasladarse de la UNED a otra
institución pública.
En el caso de los funcionarios de la UNED nombrados en propiedad por plazo
indefinido y afiliados a la Asociación Solidarista de la UNED:
9.- ¿Procede o no el pago del aporte patronal por parte de dicha
Asociación, en el caso de que se de por concluido el contrato de trabajo, en
los siguientes casos?
a)Por renuncia del funcionario,
b)Por renuncia del funcionario y concesión del pago de auxilio de cesantía
a la luz del artículo 51 del Estatuto de Personal de la UNED,
c)Por despido con responsabilidad patronal,
d)Por despido sin responsabilidad patronal,
e)Por muerte del funcionario
f)Por renuncia del funcionario para acogerse a su jubilación,
g) Por renuncia del funcionario para trasladarse de la UNED a otra
institución pública.
De acuerdo con lo que establece el artículo 586 del Código de Trabajo, en
el caso de los funcionarios de la UNED nombrados en propiedad por plazo
indefinido y afiliados a la Asociación Solidarista y que se le haya pagado
cesantía y éste (a) haya ingresado a laborar en otra institución del sector
público:
10. ¿Debe dicho funcionario hacer a la UNED, tanto del pago recibido, por
concepto de cesantía por parte de la institución, como del aporte patronal
recibido por parte de la Asociación Solidarista? Ó
11. ¿Debe dicho funcionario depositar tanto del pago recibido, por concepto
de cesantía por parte de la institución, como el aporte patronal recibido por
parte de la Asociación Solidarista, en la institución donde ingresa a laborar?,
ó
12. ¿Puede dicho funcionario devolver a la UNED, el pago recibido por
concepto de cesantía por parte de la institución y depositar, también como
aporte patronal, el aporte patronal recibido, en la Asociación Solidarista de
la institución donde ingresa a laborar?
Si la UNED nombra en propiedad y por
plazo indefinido, a un funcionario que viene de otra institución pública, donde
existe Asociación Solidarista y éste goza de permiso sin goce de salario, pero
luego de un período renuncia a la institución de donde venía, recibiendo el
aporte patronal, por parte de la Asociación.
13. ¿Podría estar dicho funcionario incurriendo en un enriquecimiento
ilícito?
14. ¿Se debe despedir a dicho funcionario por haber recibido el aporte
patronal y haber seguido trabajando para el Estado?. “
I.- CUESTIÓN PRELIMINAR:
Previo a evacuar
cada una de las hipótesis formuladas, es de observar que, en virtud de la
reforma habida en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, así como la jurisprudencia administrativa que lo informa, los
Auditores Internos de la Administración Pública, pueden consultar directamente
a este órgano superior consultivo, siempre y cuando
su contenido se relacione naturalmente con la materia de su competencia, y en
ese sentido se le dispensa de aportar el criterio legal correspondiente. Así, dicha norma establece:
“ARTÍCULO 4º.—CONSULTAS:
Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los
diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio
técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la opinión
de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos,
quienes Es
(Así reformado por el inciso c)
del artículo 45 de la Ley N° 8292 de 31 de julio del 2002, Ley de
Control Interno)”
En
consecuencia, y desprendiéndose que el
interés de su consulta está íntimamente ligado con la actividad competencial de
esa Auditoría Interna, procederemos al análisis correspondiente.
II.- DEL PAGO DE LA CESANTÍA A LA
LUZ DEL ARTÍCULO 51 DEL ESTATUTO DE PERSONAL DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA:
Para la respuesta de
lo planteado, es importante tener en cuenta que en virtud del artículo 84 de
nuestra Constitución Política, las universidades públicas de este país, gozan
de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacitad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su
propia organización y gobierno. En ese sentido, es reiterado el criterio del
Tribunal Constitucional, al señalar que “Esa
autonomía, que ha sido clasificada como especial, es completa y por esto,
distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento
jurídico (regulados principalmente en otras normas de la Carta Política:
artículos 188-190), y significa, para empezar con una parte de sus aspectos más
importantes, que aquéllas están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de
su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos
necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha
encomendado: que pueden autodeterminarse, en el sentido de que están
posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización
interna y estructurar su gobierno propio.
Tienen poder reglamentario
(autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse, repartir sus competencias
en el ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito,
regular el servicio que prestan, y decidir libremente sobre su personal.(…) son
estas las modalidades administrativa, política, organizativa, y financiera de
la autonomía que corresponde a las universidades públicas.
(Lo resaltado en negrilla no es
del texto original)
(Sentencia No. 1313, de las 13:54
horas de 26 de marzo de 1993. En similar sentido, véanse sentencias Números, 55
de 14:30 horas de 10 de enero y 3183 de 10:45 horas de 09 de marzo, ambas del
2007)
Dentro de ese concepto
de autonomía administrativa, política y organizativa que ostentan las
universidades públicas del país a nivel constitucional, se promulga la Ley No. 6044 de 03 de mayo de
1977, que crea a la Universidad Estatal a Distancia, dirigida por un Consejo Universitario,
que entre sus importantes atribuciones, tiene la potestad de aprobar los
reglamentos necesarios para el desarrollo y funcionamiento de esa entidad
superior educativa, así como nombrar, en lo que al presente estudio interesa,
al Rector, al Auditor Interno, a los Directores o Jefes de las unidades
académicas y administrativas, lo mismo que a cualquier funcionario de alta
jerarquía que se especifique en la respectiva reglamentación (véanse los
artículos 7,11,14 y 15 de la citada Ley), o normativa correspondiente.
En ese ámbito de
acción, el artículo 51 del Estatuto de Personal de la UNED[1], establece lo siguiente:
“Artículo 51: Derecho de Prestaciones
Los funcionarios de la UNED
tendrán el derecho al pago del auxilio de cesantía cuando la relación laboral
se extinga por jubilación, despido sin justa causa, o por cualquier otra ajena
a la voluntad del trabajador.
Será calculado en la forma establecida por el artículo 30 inciso b) del
Código de Trabajo y equivalente a veintidós días por cada año de servicio o fracción igual o mayor a
seis meses y hasta un máximo de veinte años.
Tal reconocimiento no excluye el pago de preaviso y otros componentes
que procedan con ocasión de la terminación de la relación de servicio.
En dicho cálculo se tomará en cuenta todos los años laborados para la UNED,
siempre y cuando no hubiere mediado pago del auxilio de cesantía por parte de
la institución de procedencia.
Igual derecho tendrán los causahabientes del funcionario fallecido conforme
a lo indicado en el artículo 85 del Código de Trabajo.
El Rector podrá conceder,
discrecionalmente, el pago del auxilio de cesantía a los servidores que los
soliciten y estén dispuestos a renunciar a su puesto, salvo que tengan un
procedimiento disciplinario en curso. A quienes se les conceda este pago no podrán
laborar para la UNED, excepto después que hayan transcurrido ocho años desde
que se le otorgó el mismo.
En caso de renuncia, si el
funcionario es asociado tendrá derecho a recibir el aporte patronal que a su
nombre hubiere hecho la UNED en la Asociación Solidarista.”
(Lo
resaltado no es del texto original)
Del primer párrafo
de esa norma, en plena armonía con el artículo 29 del Código de Trabajo, y en
consecuencia del propio artículo 63 constitucional, se observa que el derecho
del trabajador, empleado o funcionario
al pago del auxilio de cesantía, resulta procedente cuando la relación
laboral de carácter indefinido concluye por despido sin justa causa, o bien se
extinga para acogerse al derecho de la jubilación, o por cualquier otra causa
ajena a su voluntad. De ahí que, este
Despacho, mediante el Dictamen No. C-078 de 15 de marzo del 2007, claramente indicó en lo que
interesa, que:
“Desde la aprobación del Código de Trabajo nuestro
ordenamiento ha conocido la figura del auxilio por cesantía. Una indemnización
que, de acuerdo con la jurisprudencia, constituye una expectativa de derecho,
no un derecho real (Sala de Casación N° 24 de las 16 hrs. de 28 de marzo de
1980). Fuera de los supuestos previstos en la Ley 5173, el principio es que el
derecho a la indemnización de cesantía surge sólo en caso de que el patrono
decida unilateralmente poner fin a la relación de trabajo, sin que haya
ocurrido una de las causales previstas por la legislación laboral, sea un
despido sin causa.
En efecto, de
conformidad con el artículo 29 del Código de Trabajo, el auxilio de cesantía es
un derecho que surge a favor de los trabajadores cuando existe un despido
injustificado y se concluye el contrato de trabajo por tiempo indeterminado o
cuando finaliza la relación laboral debido a alguna de las causales
establecidas en el artículo 83 del Código de Trabajo u otra ajena a la voluntad
del trabajador. Se trata de un derecho del trabajador establecido en la ley que
no puede ser vendido, cedido, embargado -excepto por pensión alimenticia-, ni
objeto de compensación (artículo 30 del Código de Trabajo). De esta forma, y
según disposición expresa de la ley, el patrono se encuentra obligado de forma
ineludible a cancelar la suma correspondiente a la cesantía cuando concurra
alguna de las causales establecidas en la ley.”
Como puede verse, la regla general para el
pago de la cesantía es en cuanto medie un despido sin justificación alguna, o
bien cuando la persona se acoja al beneficio de la pensión o jubilación, o por
cualquier otra causa ajena a su voluntad. De manera que, de no darse estos
presupuestos fácticos, no es posible cancelar dicho rubro de carácter
indemnizatorio. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, ha subrayado:
“En cuanto a su naturaleza jurídica, la
indemnización por cesantía, es compleja. Se trata de un resarcimiento de los
daños causados al trabajador por la decisión patronal mediante la cual se
decidió la terminación del contrato, así como la creación de un obstáculo que
disuada al patrono de utilizar el despido injustificado, tratándose de mitigar
el desempleo. Desde esa doble percepción, se entiende la razón por la que el
Constituyente estableció como requisito para el surgimiento del derecho, que el
contrato laboral terminara de forma incausada”.
(Véase, resolución N° 643-2000 de 14:30 hrs. de
20 de enero de 2000)
Sin embargo, el artículo 51 del Estatuto en referencia
establece otros dos presupuestos para el pago de la cesantía, según se puede
desprender de los dos últimos párrafos del mismo. El primero, deriva del poder discrecional del
Rector, en cuanto a solicitud del trabajador o trabajadora, convenga la
cancelación de la indemnización correspondiente, previa renuncia al cargo;
ello, siempre y cuando no exista un
procedimiento disciplinario en su contra. Y el segundo supuesto,
proviene de la mencionada Ley de Asociaciones Solidaristas, del cual se hará
alusión seguidamente.
III.- DEL PAGO DE LA CESANTÍA A LA LUZ DE LA LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS:
En relación con el
derecho al pago de la cesantía que prevé la Ley de Asociaciones Solidaristas,
No. 6970 de 07 de noviembre de 1984, este Despacho, a través del Dictamen No.
C-053, de 08 de febrero del 2005, en lo conducente, determinó:
“(…)
A partir de ese contexto
filosófico, derivan los objetivos propios de esas asociaciones, siendo que el
establecimiento de un fondo para el pago del auxilio de cesantía a los
trabajadores mediante el aporte económico, que mensualmente deposita el patrono
en ellas, se constituye en uno de los más importantes presupuestos de la
normativa en comentario, y al que le ponemos especial énfasis en este estudio.
Pues como veremos, ese concepto dentro de la Ley de análisis, deja de ser una
mera expectativa de derecho, -a tenor del artículo 29 del Código de Trabajo
(1)- para convertirse en un real derecho del trabajador, a través de una
reserva de fondo, que la Asociación se compromete a mantener para el
otorgamiento respectivo. Al respecto señala el inciso b) del artículo 18, y
artículo 19 de la Ley de Asociaciones Solidaristas, lo siguiente:
"ARTICULO 18.-
Las asociaciones solidaristas contarán con los
siguientes recursos económicos:
"(a)
b) El aporte mensual del patrono en favor de sus trabajadores afiliados,
que será fijado de común acuerdo entre ambos de conformidad con los principios
solidaristas. Este fondo quedará en custodia y administración de la asociación
como reserva para prestaciones.
Lo recaudado por este concepto, se considerará como parte del fondo
económico del auxilio de cesantía en beneficio del trabajador, sin que ello lo
exonere de la responsabilidad por el monto de la diferencia entre lo que le
corresponda al trabajador como auxilio de cesantía y lo que el patrono hubiere
aportado.
Artículo 19.-
Las asociaciones solidaristas necesariamente establecerán un fondo de
reserva para cubrir el pago del auxilio de cesantía y la devolución de ahorros
a sus asociados. La asamblea general fijará la cuantía de la reserva.
(…)
Asimismo, es
importante tener en cuenta a la respuesta de su consulta, lo dispuesto en el
artículo 21 de la mencionada Ley, que a la letra dice:
“ARTICULO 21.-
Las cuotas patronales se utilizarán para el
desarrollo y cumplimiento de los fines de la asociación y se destinará
prioritariamente a constituir un fondo para el pago del auxilio de cesantía.
Este fondo se dispondrá de la siguiente manera:
a) Cuando un afiliado renuncie a
la asociación pero no a la empresa, el aporte patronal quedará en custodia
y administración de la asociación para ser usado en un eventual pago del
auxilio de cesantía a ese empleado, según lo dispuesto en los incisos
siguientes.
b) Si un afiliado renunciare a la empresa, y por lo tanto a la
asociación, recibirá el aporte patronal, su ahorro personal y cualquier otro
ahorro o suma a que tuviere derecho, más los rendimientos correspondientes.
c) Si un afiliado fuere despedido por justa causa, tendrá derecho a
recibir el aporte patronal acumulado, sus ahorros, más los rendimientos
correspondientes.
ch) Si un afiliado fuere despedido sin justa causa, tendrá derecho a
recibir sus ahorros, el aporte patronal y los rendimientos correspondientes. Si el aporte patronal fuere superior a lo
que le corresponde por derecho de auxilio de cesantía, lo retirará en su
totalidad. Si el aporte patronal fuere inferior a lo que le corresponde, el
patrono tendrá obligación de cubrir la diferencia.
d) En caso de retiro de un trabajador por invalidez o vejez, el pago
total de lo que le corresponda se le hará en forma directa e inmediata.
Si fuere por muerte, se hará la devolución de sus fondos conforme con
los trámites establecido en el artículo 85 del Código de Trabajo.”
(Lo subrayado en
negrilla no es del texto original)
De la lectura de lo
transcrito, podemos observar que las hipótesis a que refieren,
fundamentalmente, los incisos b) y c), establecen expresamente otras causas
para recibir la cesantía, y por consiguiente amplían de forma relativa, el
texto del numeral 29 del Código de Trabajo, en el sentido de que al encontrarse
los trabajadores afiliados a una asociación solidarista, la Ley de
análisis les autoriza el derecho al pago del referido rubro, no sólo cuando el
contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por despido
injustificado, o algunas de las causas previstas en el artículo 83 u otra ajena
a la voluntad del trabajador, sino además, cuando el trabajador o funcionario
renuncie al puesto, o fuere despedido por justa causa. Así, la misma Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia, se ha encargado de indicar, en lo
conducente:
“… en el sistema solidarista, la cesantía es un derecho que percibe
siempre el trabajador, sea cual sea la causa de la finalización de la relación
laboral. El “eventual” pago del auxilio de cesantía que se menciona
en el inciso a), de ese artículo 21, de la Ley de Asociaciones Solidaristas, no
se refiere al modo de finalización de la relación laboral (con o sin
responsabilidad patronal), sino simplemente a la indeterminación de la fecha en
que ésta tenga lugar; acaecido lo cual
el trabajador siempre conservará su pleno derecho a que se le entreguen
los respectivos aportes patronales, depositados en su cuenta, por concepto del
auxilio de cesantía. Si bien el mutuo
consentimiento, como forma de terminación de la relación laboral, no figura
expresamente en el dicho ordinal 21, por vía de interpretación cabe concluir
que, esa otra modalidad extintiva, sí se encuentra cubierta por dicha norma –
la cual no es taxativa-, cuya clara finalidad (parámetro de interpretación,
contemplado en el artículo 10 del Código Civil) es la de reconocer el auxilio
de cesantía como un derecho adquirido del trabajador; sea cual sea el motivo de
terminación de la relación laboral, lo que indudablemente incluye el mutuo
acuerdo…”
(Lo resaltado en
negrilla no es del texto original)
(Ver, Sentencia No.00373
de las 15: 10 horas del 26 de julio del 2002)
De manera que, pese que
el referido numeral 29 de la precitada normativa laboral (2) -en concordancia
con el artículo 63 constitucional- autoriza el pago de una indemnización
tarifaria sólo para el trabajador que es despedido sin justa causa, ciertamente
con la Ley de Asociaciones Solidaristas, se extiende ese derecho para los
trabajadores que están asociados a ese tipo de organización. Es decir,
hay una modificación de aquella disposición del Código de recién cita, para los
que se encuentran bajo los supuestos del numeral 21, transcrito supra.
Aunado a lo
anteriormente dicho, cabe destacar lo prescrito en el inciso c) del artículo
17, que a la letra dice:
“ARTICULO 17.-
Perderá sus derechos en la asociación el afiliado
que se separe de ella, con excepción de:
"(a,b)
c) Los derechos de
cesantía y demás beneficios que por ley le correspondan.
(Lo resaltado no es del
texto original)
De la relación
del numeral 21 ibid, -transcrito en líneas atrás- y lo subrayado en la recién
transcrita disposición, podemos observar con detenimiento, que los
supuestos ampliados del numeral 29 del Código de Trabajo, a los efectos de
otorgar el auxilio de cesantía a los trabajadores asociados en la organización
de estudio, sólo es dable para aquellos trabajadores que por ley les
corresponde el pago de ese rubro. Lo anterior, por virtud de que la
relación o contratación de trabajo, lo es o se considera por tiempo indefinido,
tal y como lo establece el precitado artículo 29, y doctrina que lo
informa …”
Como puede verse del texto transcrito, el derecho a la cesantía se amplía a
través de la Ley de Asociaciones Solidaristas para los servidores, empleados o
trabajadores que encontrándose bajo una relación de servicio de carácter
indefinido se encuentran afiliados a una asociación solidarista; por lo que, aún cuando renuncien al cargo ocupado
en la Administración Pública, o la relación de empleo se extingue por mediar un
despido sin responsabilidad patronal, a dicho trabajador en sentido lato del
término, le asistiría el derecho al pago de esa indemnización.
Evidentemente,
la idea del legislador para haber extendido dicho derecho mediante esa
normativa de carácter especial, fue con el propósito de incentivar al
trabajador a afiliarse a ese tipo de organización social.
Pese
la amplitud de esa ley en orden al derecho al pago de la cesantía, cabe
observar desde ya, que en tratándose de aquellos funcionarios de período legal,
o aquellos nombramientos en esencia de plazo fijo, es decir, en los términos de
los artículos 26, 27 y 31 del Código de Trabajo (como normativa supletoria del
Derecho Administrativo Laboral), no procede el reconocimiento de la mencionada
indemnización al acaecer el plazo de la contratación respectiva, tal y como
claramente lo establece el inciso a) del artículo 86 Ibid.[2], de la
siguiente manera:
“ El
contrato de trabajo terminará sin responsabilidad para ninguna de las partes
por las siguientes causas:
a)
Por el
advenimiento del plazo en los contratos a plazo fijo, salvo el caso de
prórroga, y por la conclusión de la obra en los contratos para obra
determinada;
(…)”
Por lo demás, se puede
resumir que si bien a partir de la vigencia de la Ley de Asociaciones
Solidaristas, se amplía el derecho a percibir la cesantía, sea cual fuere la
causa de la terminación de una relación de servicio o contrato de trabajo, ello
está referido a una relación de trabajo de carácter indefinido, habida cuenta
que es el único presupuesto fáctico y legal, que generaría el beneficio económico en consulta,
según se expondrá detalladamente más adelante.
IV.- SOBRE EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 586 DEL CÓDIGO DE TRABAJO:
El inciso b) del artículo 586 del
Código de Trabajo, expresa:
“(…)
b.- Los servidores que se acojan a los beneficios
de este artículo no podrán ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del
Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida en calidad
de auxilio de cesantía. Si dentro de ese lapso llegaren a aceptarlo, quedarán
obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas percibidas por ese concepto,
deduciendo aquellas que representen los salarios que habrían devengado durante
el término que permanecieron cesantes.”
Con toda claridad
se dispone en esa norma, que el servidor que reciba el pago del auxilio de
cesantía, no puede aceptar u ocupar un cargo remunerado en ninguna dependencia
del Estado, mientras no se cumpla el tiempo igual al representado por la suma
que por ese concepto percibió en su oportunidad. A contrario sensu, puede
reintegrarse u ocupar un cargo público en el tanto devuelva al Erario el dinero
en proporción al tiempo que le faltare de cumplir para prestar sus servicios en
el Sector Público.
Tal exigencia,
deviene, evidentemente, de dos presupuestos importantes en nuestro ordenamiento
jurídico, a saber, la teoría del Estado como Patrono Único, y en consecuencia,
la razón de ser del reconocimiento del derecho al pago de la cesantía al
trabajador que es despedido sin justificación alguna, al tenor del artículo 63
constitucional y 29 del Código de Trabajo. Así, es abundante la jurisprudencia
de esta Procuraduría, al señalar, en lo conducente, que:
“(…) son
trabajadores del Estado o sus instituciones, conforme a la definición contenida
en el artículo 585 del Código de Trabajo, que dispone:
“ Trabajador del Estado o de sus
Instituciones, es toda
persona que preste a aquél o a éstas un servicio material; intelectual o de
ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido por autoridad o
funcionario competente, o por el hecho de figurar en las listas de presupuestos
o en los pagos por planillas. Cualquiera de estas últimas circunstancias
sustituye, para todos los efectos legales, al contrato escrito de trabajo
Ahora bien, la
condición de trabajadores estatales los sujeta a ciertos principios generales
de las relaciones de empleo cuando el patrono es el Estado, dentro de las que
interesa resaltar la aplicación de la teoría del Estado como Patrono
Único.
La teoría del
Estado como patrono único parte de la premisa de que el Estado es un
único centro de imputación de derechos laborales, independientemente del ente u
organismo específico en el cual desarrolla su actividad productiva el
trabajador, por lo que al trasladarse el empleado de un lugar a otro dentro del
Estado, se mantiene su relación de empleo para efectos del reconocimiento de un
mínimo de beneficios que la ley contempla para cada caso en particular.
Esta teoría
había sido desarrollada por la jurisprudencia administrativa de este órgano y
posteriormente fue recogida en el artículo 12 de la Ley de Salarios de la
Administración Pública, cuya letra señala, en lo que interesa:
“Artículo 12. Los aumentos de sueldo a que
hace referencia el artículo 5 se concederán el primer día del mes cercano al
aniversario del ingreso o reingreso del servidor y de acuerdo a las siguientes
normas:…
d) A los servidores del Sector Público, en
propiedad o interinos, se les reconocerá, para efectos de los aumentos anuales
a que se refiere el artículo 5 anterior, el tiempo de servicio prestado en
otras entidades del Sector Público. Esta disposición no tiene
carácter retroactivo.” (el subrayado no es del original)
Sobre esta
teoría, hemos señalado que:
“Nos referimos a la llamada "Teoría del Estado
como patrono único", y su consecuencia, al decir de reiterados dictámenes
de este Despacho, de que cualquiera que sea la institución a la que se sirva,
se labora para un mismo patrono que es el Estado. Tal teoría fue ampliamente
desarrollada por nuestra jurisprudencia de empleo en el pasado (en la que se
fundamentaron aquellos dictámenes) y puede asegurarse que hasta sirvió de
inspiración a la citada ley Nº 6835, en cuanto quedó plasmado en ella el
reconocimiento de antigüedad contenido en el inciso d) que se adicionó el
numeral 12 de la Ley de Salarios de la Administración Pública.
Sí cabe hacer la observación de que tanto la
jurisprudencia judicial como la administrativa citadas, refirieron el
reconocimiento de antigüedad no sólo a la materia de aumentos anuales, sino
también a las llamadas prestaciones legales, así como a las vacaciones y
pensiones.
Con respecto a la jurisprudencia de empleo, y a
manera de ilustración, es del caso hacer mención de la sentencia de la Sala
Segunda de la Corte Nº 34 de 9:40 hrs. del 5 de marzo de 1993 (citada por la Nº
269 de 9:30 hrs. del 16 de septiembre de 1994, que constituye una verdadera
pieza jurídica sobre el tema del reconocimiento de la antigüedad en sus
diversas manifestaciones, y donde también se hace referencia a la evolución
jurisprudencial ocurrida en ese campo).
En una parte del fallo citado de primero, podría
decirse que se condensa lo expuesto hasta ahora en el presente estudio, al
sostenerse allí que: "...originalmente el reconocimiento de la antigüedad
se hizo aplicando la figura del ESTADO PATRONO UNICO, pero con no poca
debilidad, sobre todo, pensando en el principio de la unidad estatal como
patrono y en algunos casos, relacionándolo con la otra teoría de la relación
estatutaria, fundamentada esta última en el artículo 191 de la Constitución
Política...no cabe duda, que el reconocimiento de la antigüedad en cuanto a la
prestación de servicios para el Estado y sus instituciones ha venido avanzando
en cuanto a los derechos respecto de los que se hacía el correspondiente
reconocimiento, a saber, vacaciones, aguinaldo, preaviso, auxilio de
cesantía, aumentos anuales, jubilaciones y pensiones; ..." (el destacado
es nuestro).
De lo anteriormente expuesto, resulta claro que la
idea que siempre ha privado, y que se desprende tanto de la normativa escrita,
como de la doctrina patria y jurisprudencia que la informan, ha sido la del
reconocimiento de la antigüedad en el servicio público -para efecto de aumentos
anuales- únicamente por servicios prestados en el ámbito del sector público
estatal.
De ahí que si bien en el texto del inciso d) del
artículo 12 de la Ley de Salarios de la Administración Pública se utilizó el
término "Sector Público", deba necesariamente entenderse que el
legislador, siendo consecuente con los antecedentes a que se ha hecho
referencia, lo que tuvo en mente, también fue reconocer exclusivamente el
tiempo de servicios prestados en el sector estatal.”
(…)
Por su parte, la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho reiteradamente:
“Del principio de que el Estado es en realidad uno
sólo, se deriva la conclusión de que en la relación de servicio que lo liga con
sus servidores, el Estado es un mismo patrono y que no tiene importancia distinguir
en cuál de las diversas dependencias públicas se prestó el servicio al
establecer la antigüedad, servida para efectos de salario como servidor activo,
o como requisito para acceder a la jubilación”
(S.C.Voto No. 433-90 de las 15:30 horas del día 27
de abril de 1990)” (Dictamen C-358-2006 del 8 de setiembre del 2006)
A partir de los
anteriores criterios jurisprudenciales, se ha sostenido que al trasladarse un
funcionario de un puesto a otro dentro del Sector Público, la relación de
empleo que mantiene dicho funcionario en las diferentes dependencias públicas,
debe computarse como una sola, a efectos de proceder al reconocimiento de los
derechos laborales que le correspondan. “
(Véase Dictamen No. 332 de 02 de febrero del 2009.
En similar sentido, y entre otros, véase Dictamen No. 327, de 30 de noviembre
del 2009)
Como corolario de lo expuesto, es claro que el
Estado como Patrono Único, cubre a todos los servidores o funcionarios que
laboran en alguna de las instituciones, dependencias u órganos que lo integran. Y en esa medida,
dicho trabajador o trabajadora, -en el sentido lato del término- no puede
laborar dentro de ese ámbito, mientras se encuentre dentro de los presupuestos
a que hace referencia el precitado inciso b) del artículo 586 del Código de
Trabajo. Pues, la finalidad que se pretende con el pago de la cesantía, tal y
como lo ha puntualizado el Tribunal Constitucional, es
proteger por cierto tiempo al trabajador cesante como resultado del despido
injustificado. De ahí que se sostiene, que si al trabajador se le traslada a
trabajar a otra institución o dependencia del Estado, no es dable el pago de la
cesantía, pues continúa percibiendo el salario, a cargo del mismo patrono
Estado.[3]
V.- RESPUESTA A CADA UNA DE LAS INTERROGANTES PLANTEADAS:
Los anteriores
conceptos son suficientes para dar respuesta a cada una de las interrogantes en
el orden formulado en su Oficio.
1.-“En el caso del Rector, Vicerrector, Auditor Interno, Consejal Interno,
Director y Jefe, en la UNED,
1.- ¿Procede o no el pago de cesantía, cuando se dé por concluido el
contrato de trabajo, en los siguientes casos?
a) Por renuncia del funcionario, antes del vencimiento del plazo por el
cual fueron nombrados?
b) Por renuncia del funcionario y concesión del pago de auxilio de cesantía
a la luz del artículo 51 del Estatuto de Personal de la UNED,
c) Por despido con responsabilidad patronal,
d) Por despido sin responsabilidad patronal,
e) Por muerte del funcionario,
f) Por renuncia del funcionario para acogerse a su jubilación,
g) Por renuncia del funcionario para trasladarse de la UNED a otra
institución pública,
h) Por vencimiento del plazo por el cual fueron nombrados.
Para la respuesta de
estas hipótesis, es importante transcribir los artículos 5, inciso 9, apartado
a), 16, 17, segundo y último párrafo; 25, incisos c), cb) y cb); 26, y 31, último párrafo, todos del Estatuto
Orgánico de esa Universidad[4], que literalmente, dicen:
“Artículo
5.-
9. La
Asamblea Universitaria Plebiscitaria tendrá las siguientes competencias:
a.
Elegir al Rector y a los Miembros del Consejo Universitario.
(…)”
“Artículo
16.-
El
Consejo Universitario estará integrado por
a) El
Rector,
b)
Tres miembros elegidos por la Asamblea Universitaria Plebiscitaria que no sean
funcionarios de la Universidad.
c)
Cuatro Miembros internos, electos por la Asamblea Universitaria Plebiscitaria,
de los cuales habrá, por lo menos uno de cada Vicerrectoría, quienes no podrán
ejercer simultáneamente el cargo de
Consejal con el de Vicerrector, Director o Jefe de Oficina.
En
caso de que alguno de los que ocupan los puestos de Vicerrector, Director o
Jefe de Oficina sea electo al Consejo Universitario, se le concederá licencia en su plaza en propiedad hasta por el tiempo
de su nombramiento como Consejal, con pleno respeto a sus derechos laborales y
salariales. En el medio tiempo que no corresponda a las funciones propias
de Consejal, deberán asumir las funciones que les asigne el superior inmediato
respectivo y que sean compatibles con su formación académica.”
“ARTÍCULO 17.-
(…)
Los Miembros
Internos del Consejo Universitario deberán tener al menos, el grado de
Licenciado, ser funcionarios en propiedad, con al menos una jornada laboral de
1/2 tiempo y haber laborado en la Institución, al menos durante los dos últimos
años anteriores a la fecha de inicio del proceso electoral.(9)
(…)
Los
Miembros del Consejo Universitario a que se refieren los incisos b) y c) del
artículo 16 deberán ser costarricenses durarán
en sus cargos cinco años y sólo podrán ser reelegidos sucesivamente una
vez.
Artículo 23.—Solo los miembros del Consejo Universitario
a que se refiere el inciso b) y el inciso ch) del artículo 16 de este Estatuto
recibirán dietas por la asistencia a las sesiones del Consejo Universitario y
de sus comisiones. Las dietas no podrán exceder el monto y el número que
fija la ley respectiva. Los Miembros Internos podrán emplear hasta medio tiempo
para dedicarse a sus funciones.(11)
“ARTICULO 25: El Consejo Universitario es el órgano directivo superior de la
Universidad. Le corresponden las siguientes funciones:
(…)
c) Nombrar a los Vicerrectores a propuesta del
Rector y removerlos de sus cargos,
también a propuesta del Rector por al menos dos terceras partes del total
de los votos. En este caso, los
Vicerrectores gozarán, como funcionarios, de la estabilidad que consigne el
Régimen de Carrera Universitaria;
cb) Nombrar por votación de al menos dos
terceras partes del total de sus
miembros, a los Directores y Jefes de
las Unidades Académicas, por períodos definidos de cuatro años.
cb) Nombrar al Auditor, a los Directores y Jefes de las Unidades Administrativas,
por plazos definidos de seis años, por votación de al menos dos terceras
partes del total de sus miembros.
cb) (…)
cb)
Que los nombramientos señalados en los incisos ch1) y ch2) podrán ser renovados
por una única vez, previa participación en la lista de elegibles
correspondiente.”
“ARTÍCULO
26.- El Rector de la Universidad durará en sus funciones cinco años, podrá
ser reelegido, pero no podrá permanecer en el cargo sucesivamente más de dos
períodos. Deberá cumplir los siguientes requisitos:
(…)”
(Todos los subrayados en negrilla no son de los textos
originales)
De las disposiciones transcritas, puede observarse
con meridiana claridad, que en lo que respecta a los nombramientos del Rector, Auditor
Interno, Directores y Jefes de las Unidades Académicas y Administrativas de esa
Universidad, estos lo son por tiempo definido; pues en el
primer caso y en concordancia con el artículo 12 de la Ley que crea a la UNED[5] el alto funcionario es
nombrado por la Asamblea Universitaria Plebiscitaria
y ejercerá sus funciones por un período de cinco años, con la posibilidad de ser reelegido sin que pueda pasar de dos períodos.
Asimismo, a ese
jerarca, una vez concluido el tiempo de su nombramiento, no le corresponde
ningún tipo de indemnización, pues, valga reiterar que es criterio de los Altos Tribunales de Trabajo y de esta
Procuraduría, que al ser equiparados esa
clase de nombramiento a la figura del
contrato a plazo fijo,- previsto en los artículos 26 y 27 del Código de Trabajo- no viene a generar ningún tipo de pago indemnizatorio al término de la contratación
correspondiente. En igual sentido, este Órgano Consultor ha dicho, en lo que
interesa:
“(…)
Como se ha podido observar del texto transcrito, la naturaleza jurídica
de los llamados funcionarios de período legal ha sido vastamente analizada por
esta Procuraduría, por lo que sus nombramientos se encuentran equiparados a la
figura del contrato a plazo fijo; criterio respaldado, no sólo con la
jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sino
de la Sala Segunda, en tanto han sostenido, que con el advenimiento del plazo,
no solo, no existe obligación por parte de la Administración de mantenerlos en
el puesto, sino que tampoco estos funcionarios adquieren el derecho a ser
indemnizados. (Veáse, entre otros el Voto constitucional No. 1119-90; y Votos
de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicias, Nos. 515-2001 de las
10:10 horas del 29 de agosto del 2001, 266-2002 de las 09:30 del 5 de junio del
2002).
(Véase, Dictamen No. C-127-2006 del 28 de marzo del 2006)
Sin embargo,- se
repite- de acuerdo con el artículo 31 Ibid, tanto el funcionario como el órgano
competente, pueden ponerle término a ese tipo de nombramiento, antes del
advenimiento del plazo legal, sin que medie justa causa, pagando a la otra los
daños y perjuicios correspondientes. Así, en una situación similar, esta
Procuraduría ha subrayado, en lo conducente, que:
“Igualmente, y como consecuencia de la naturaleza
temporal de tal vínculo, los funcionarios de ese Banco ubicados en los puestos
gerenciales y de fiscalización superior, sólo podrían adquirir derecho a ser
indemnizados cuando ocurra una terminación de la relación como producto de la
voluntad patronal; pero ya no con el pago del auxilio de cesantía -previsto
para el contrato a plazo indefinido- sino con la indemnización especial
contemplada en el numeral 31 del Código de Trabajo, que es muy distinta.
(…)”
(Dictamen No. C-004-2003, arriba
citado)
En
cuanto a los Directores y Jefes de las Unidades
Académicas, éstos son nombrados por el Consejo Universitario por votación de al
menos dos terceras partes del total de sus miembros. Durarán en sus cargos por
un período de cuatro años; y, en el caso del Auditor Interno, Directores y
Jefes de las Unidades Administrativas, son nombrados de la misma forma y por un
período de seis años. Formas de nombramiento que tienen su sustento en el
inciso c) del artículo 11 de la supracitada Ley[6], e incisos cb) del
artículo 25 del Estatuto Orgánico, arriba transcritos.
De modo que, tal y como
se ha indicado en líneas anteriores, al acaecer el plazo en que por esas normas
se nombra a dicho funcionariado, ello no viene a generar ningún tipo de
indemnización a su favor; excepto que sin existir causa, alguno de esos
funcionarios renuncie al cargo antes del tiempo por el cual fue nombrado,
pagándosele a la otra los daños y perjuicios correspondientes.
Luego, en lo que
respecta a los cargos de consejales, se puede ver a la luz del inciso c) del artículo 16 y
párrafo segundo del artículo 17, ambos del citado Estatuto Orgánico -arriba
transcritos- que estos cuatro miembros que integran el Consejo Universitario
son electos entre los funcionarios internos de la UNED por la Asamblea Universitaria
Plebiscitaria; de los cuales, habrá, por lo menos uno de cada
Vicerrectoría, quienes no podrán ejercer simultáneamente el cargo de Consejal
Interno con el de Vicerrector, Director o Jefe de Oficina, según sea el caso, excepto si
la administración les otorga una licencia en su plaza en propiedad hasta
por el tiempo de su nombramiento como Consejal, con el
resguardo de todos los derechos laborales y salariales. Lo anterior, a fin de
poder ocupar dichos puestos en el precitado Órgano Colegiado, durante cinco
años y sólo podrán ser reelegidos sucesivamente una vez más.
En
consecuencia, es nuestro criterio, que al terminar el período por el cual fueron
nombrados dichos miembros en el Consejo Universitario, no les asistiría tampoco
el derecho al pago por concepto de cesantía ni ninguna otra indemnización
similar, habida cuenta que por el carácter y nombramiento de esos cargos
directivos en nuestro ordenamiento jurídico, no existe una relación de servicio
contentiva del principal elemento que la
caracteriza como tal, a saber, la subordinación jurídica y fáctica. Así, para
aclarar este supuesto, válido es mencionar lo que este Órgano Consultor, en un
caso similar, apuntó:
" En lo
laboral, la subordinación equivale al Estado de limitación de la autonomía del
trabajador, sometido a la potestad patronal, por razón de su contrato y en el
desempeño de sus servicios, por autoridad que ejerce el empresario en orden al
mayor rendimiento de la producción y el mejor beneficio de la empresa"
Guillermo, CABANELLAS: Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, Buenos Aires,
Bibliografía OMEBA, 1968, p. 494.
El autor
agrega:
"La
subordinación, que tiene su fuente en el contrato de trabajo, se caracteriza
por la facultad reservada al patrono, puede delegarla, de dictar normas, instrucciones
y órdenes a los trabajadores dependientes de él". LOC.”
Es decir,
dentro de una relación de dependencia existe una instancia, el patrono, que
puede dirigir, ordenar la función que desempeña quien se encuentra sujeto a la
dependencia. Este, correlativamente está obligado a ejecutar las órdenes, a
acatar las directrices, su voluntad puede ser sustituida cuando el patrono lo
crea conveniente. Esa situación que se produce es incompatible con el mandato
(…)por cuanto el (…) participa o determina la formación de la voluntad estatal
y, en consecuencia, desde el punto de vista lógico-jurídico es difícil
conceptualizar que el Estado-patrono ejerza sobre el (….) un poder de
instrucción, de dirección y se establezca una relación de dependencia….”
(Dictamen C-003, de 04
de enero de 1989)
Está demás acotar
que, en tratándose de los consejales que disfrutan de una licencia para poder integrar el Consejo Universitario,
éstos se reincorporan a los puestos regulares inmediatamente después de
cumplido el plazo de su nombramiento, o bien se reubican en otros cargos
atinentes, de acuerdo con sus condiciones profesionales, laborales, o de
carácter técnico, según cada caso.
En cuanto al puesto
de Vicerrector, merece esta hipótesis un análisis aparte. Así, los artículos
25, inciso c), y 31 del Estatuto Orgánico en estudio, prescriben, en lo
conducente:
“ARTICULO 25: El Consejo Universitario es el órgano directivo superior de la
Universidad. Le corresponden las siguientes funciones:
(…)
c) Nombrar a los Vicerrectores a propuesta del
Rector y removerlos de sus cargos, también a propuesta del Rector por al
menos dos terceras partes del total de los votos. En este caso, los Vicerrectores gozarán, como
funcionarios, de la estabilidad que consigne el Régimen de Carrera
Universitaria;
(…)”
“Artículo 31.- Los Vicerrectores son los colaboradores inmediatos del Rector.
Deben dedicar tiempo completo a sus funciones. Para su nombramiento deberán
reunir los siguientes requisitos:
(…)
Cesarán en sus cargos en el momento en que
termine el período para el que fue nombrado el Rector que los propuso, o cuando a instancia de éste, el Consejo
Universitario los separe de sus funciones, conforme con lo estipulado en el
inciso c) del artículo 25 ó por las razones estipuladas en los literales a),
c), ch), d) y e) del artículo 19 de este Estatuto.”
(Lo resaltado en negrilla no es
del texto original)
Se puede observar de
esa normativa, que los Vicerrectores son nombrados y removidos por el Consejo
Universitario a propuesta del Rector, por al menos dos terceras partes del
total de los votos. Son los colaboradores directos de este alto funcionario,
pero además, y de una relación armoniosa entre los mencionados artículos 25 in fine y 31, los Vicerrectores durarán en
su puesto hasta el momento en que termine el período para el cual fue nombrado
el Rector que los propuso.
Analizado
lo anterior, de seguido se contestará cada uno de los puntos de la primera
parte consultada en su Oficio:
“a) Por renuncia del funcionario, antes del vencimiento del plazo por el
cual fueron nombrados?”
Al ser el nombramiento del Rector de período
legal, no se encuentra al término de su relación de servicio con la UNED,
dentro de las hipótesis previstas en los artículos 29 del Código de Trabajo y 51 del Estatuto de
Personal de la Universidad Estatal a Distancia, para los efectos del pago de la
cesantía. Por consiguiente, queda claro que este alto funcionario no tiene
derecho bajo ningún concepto a percibir tal indemnización cuando cumple con el
tiempo que legalmente se le nombró en
dicho cargo. En el eventual caso, de que renuncie al puesto por su propia
voluntad, antes del vencimiento de su nombramiento, debe pagar a la Universidad
los daños y perjuicios correspondientes, según el artículo 31 del Código de
Trabajo.
En el mismo sentido
expuesto, no es posible jurídicamente reconocer el derecho al pago de la
cesantía a los vicerrectores, auditor interno, directores y jefes de las
unidades administrativas y académicas, en virtud de que sus nombramientos lo
son a plazo fijo, según el inciso c) del artículo 11 de la supracitada Ley
que crea a la UNED, y artículos 25,
incisos cb y 31, del Estatuto Orgánico de esa entidad universitaria. En todo caso, y en sentido
estricto, si alguno de esos funcionarios renuncia al cargo antes del
vencimiento del plazo por el cual fueron nombrados, deben pagar a la
administración los daños y perjuicios correspondientes, al tenor del mencionado
artículo 31 del Código de Trabajo. (En el mismo sentido, véase Sentencia No.
No. 522-2006, dictada por la Sala Segunda, a
las 9:42 horas de 23 de junio del 2006)
Finalmente, por la
naturaleza de los cargos de los miembros concejales al tenor de los artículos
16 y 17, último párrafo, del Estatuto Orgánico en estudio, ciertamente, tampoco
les asistiría el derecho al pago de la cesantía si alguno de ellos renunciare
por su propia voluntad al cargo que ocupan dentro del Consejo Universitario.
“b) Por renuncia del funcionario y
concesión del pago de auxilio de cesantía a la luz del artículo 51 del Estatuto
de Personal de la UNED.”
En virtud de lo
explicado en el acápite anterior, y dadas las características y forma de
nombramiento de los puestos de Rector, Vicerrectores, Auditor Interno,
Consejales Internos, Directores y Jefes de las Unidades Académicas y
Administrativas, la respuesta a esta hipótesis ha quedado ya debidamente
evacuada.
“c) Por despido con responsabilidad patronal”
Cabe observar de
previo, que al establecer el artículo 31 del Código de Trabajo, que “En los contratos a tiempo fijo y para obra
determinada, cada una de las partes puede ponerles término, sin justa causa,
antes del advenimiento del plazo o de la conclusión de la obra , pagando a la
otra los daños y perjuicios concretos que demuestre…”, y en el caso de que sea el patrono quien decide
dar por concluido sin justa causa, ello no puede entenderse en modo alguno como un despido con
responsabilidad patronal, sino que se
trata propiamente de un rompimiento anticipado e ilegítimo del contrato; de ahí
que el legislador haya determinado
mediante la norma en referencia, que en
estos supuestos, lo que procede es que la parte contractual pague los daños y
perjuicios , según el tiempo de duración del contrato, la importancia de la
función desempeñada, con la dificultad que el trabajador o funcionario
tenga para procurarse empleo o cargo
equivalente, o el patrono para encontrar sustituto, todo a juicio de los
Tribunales de Trabajo, así como los demás importes salariales a que hacen referencia los
párrafos segundo y tercero de ese mismo texto legal. De esa manera, el
mencionado numeral, establece:
“ARTICULO 31.-
(…)
Cuando el patrono ejercite la facultad aludida en
el párrafo anterior, además deberá pagar al trabajador, en el mismo momento de
dar por concluido el contrato, el importe correspondiente a un día de salario
por cada siete días de trabajo continuo ejecutado o fracción de tiempo menor,
si no se hubiera ajustado dicho término; pero en ningún caso esta suma podrá
ser inferior a tres días de salario.
No obstante, si el contrato se ha estipulado por
seis meses o más o la ejecución de la obra, por su naturaleza o importancia,
deba durar este plazo u otro mayor, la referida indemnización adicional nunca
podrá ser inferior a veintidós días de salario.
(Así reformado por el artículo 88 de la Ley de
Protección al Trabajador N° 7983 del 16 de febrero del 2000)”
En relación con lo
dispuesto en esa norma, es reiterado el criterio de la Sala Segunda de la Corte
Suprema de Justicia, al expresar:
“(…)
IV.-
ACERCA DEL
CONTRATO A PLAZO O POR TIEMPO DETERMINADO EN GENERAL: En esta
modalidad de contratación laboral, patrono y trabajador, fijan el momento de su
término, desde la fecha misma de su inicio, o puede estar sometido a la
conclusión de determinadas tareas; puede ocurrir también que en el sector
público, el término de la relación laboral esté establecido legalmente.
Cabanellas cataloga, como contratos de trabajo a término, los siguientes: a)
aquellos en que las partes, de común acuerdo, fijan un plazo concreto de
finalización; b) cuando el término depende de un acontecimiento inevitable; c)
tratándose de una tarea perfectamente concretada; d) cuando se trata de obtener
un resultado, una vez que se obtiene el mismo o se desiste de él; e) si de la
naturaleza del trabajo se desprende una duración fijada de hecho y de antemano;
y, f) cuando los servicios se remuneran en un tanto alzado. Asimismo indica
que, por acuerdo, las partes pueden prorrogar expresa, implícita, o
tácitamente, la validez de los contratos; sin que ello signifique,
necesariamente, que el contrato se convierte en uno a tiempo indefinido e
indica que no son los contratos los que deben considerarse a tiempo determinado
o indefinido, sino la esencia y la naturaleza propias de la prestación. Al
respecto, señala que “... en los
contratos a plazo determinado, y sólo en estos, se admite la prórroga tácita.
En virtud de la misma, pueden producirse dos situaciones: a) que el contrato a
plazo determinado se convierta en uno a plazo indeterminado; b) que se
prorrogue por un nuevo período, pero subsistiendo el contrato a plazo
determinado.” (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Compendio de Derecho
Laboral, Tomo I, Buenos Aires, Editorial Heliasta, S.R.L., tercera edición,
1.992, pp. 601-602). En nuestro ordenamiento laboral, el contrato por tiempo
determinado, está regulado por los artículos 26, 27 y 31 del Código de Trabajo,
y de conformidad con esa normativa, este tipo de contratación puede pactarse,
únicamente, si la naturaleza de las prestaciones así lo requiere. Se establece
que no puede estipularse por más de un año, en perjuicio del trabajador; pero
que, tratándose de servicios que requieran una preparación técnica especial, su
duración puede, válidamente, alcanzar hasta los cinco años. Asimismo, se regula
la posibilidad de que el contrato por tiempo fijo se prorrogue expresa,
implícita y hasta tácitamente y, si vencido el término subsisten las causas que
le dieron origen y la materia de trabajo, el contrato se tendrá por uno a
tiempo indefinido, en cuanto beneficie al trabajador, siempre que la naturaleza
de las respectivas labores sea de permanencia. Por su parte, el artículo 31 del
mismo código, establece las eventuales indemnizaciones que surgen para las
partes, ante un posible rompimiento anticipado e ilegítimo del contrato. Esas
normas pretenden evitar que un contrato a plazo indeterminado sea disfrazado
fraudulentamente -para el trabajador- como un contrato por tiempo definido
-prorrogado en el tiempo-, para evitar las consecuencias legales que la ruptura
de ese otro contrato pueda significar para la parte empleadora.
(…)”
(Sentencia No. 666-2008, de 13 de agosto del 2008.
En el mismo sentido, véase Sentencia No. 522-2006, de las nueve horas
cuarenta y dos minutos del veintitrés de junio del dos mil seis,
En consecuencia, la responsabilidad que debe asumir el patrono
al dar por concluido, sin justa causa, una contratación antes del advenimiento
del plazo fijo o de la conclusión de la obra, es el pago al servidor o
funcionario de los daños y perjuicios a que refiere el artículo 31 del Código
de Trabajo en mención; excepto en el caso de los miembros consejales, habida
cuenta de que por integrar al Consejo Universitario, tal y como se ha explicado
arriba, no existe en el ligamen con ese órgano una relación de servicio
contentiva del principal elemento de subordinación que la califica como tal.
“d) Por
despido sin responsabilidad patronal,”
Por las mismas
razones expuestas en el apartado anterior, no es apropiado utilizar la
terminología “por despido con responsabilidad patronal” para los casos de
consulta, ya que esos conceptos son propios de una relación de servicio o de
trabajo de naturaleza indefinida, según la doctrina de los artículos 29 y 81
del Código de Trabajo, para mencionar alguna normativa.
Hecha la observación
que antecede, cabe enfatizar que la posibilidad de revocar los nombramientos,
por justa causa, a cualquiera de los funcionarios en mención, se encuentra
prevista en los artículos 9, inciso b),
19 y 25, inciso cb), del Estatuto
Orgánico de esa Universidad, que en su orden y en lo conducente, establecen:
“ 9. La
Asamblea Universitaria Plebiscitaria tendrá las siguientes competencias:
( )
b. Revocar el nombramiento del Rector y de los
Miembros del Consejo Universitario, en los casos que procede, según el artículo
19, por votación afirmativa de al menos dos terceras partes de los votos
electorales válidamente emitidos mediante los procedimientos establecidos en
dicho artículo
Artículo
19.—Los miembros del Consejo Universitario gozarán de plena independencia en el
ejercicio de sus funciones. Los elegidos
por la Asamblea dejarán de serlo antes de cumplir el período para el que fueron
nombrados por alguna de las siguientes razones, debidamente comprobadas por la
Asamblea Universitaria:
a) Incapacidad
permanente que impida el ejercicio de la función;
b) Ausencias
injustificadas a las sesiones del Consejo Universitario si exceden el 10% de
las realizadas en un plazo de seis meses;
c) Conducta
dolosa o negligencia o imprudencia graves en el desempeño de su cargo;
ch) Conducta
contraria a la moral que comprometa el buen nombre de la Universidad;
d) Condenatoria
por delitos comunes; y
e) Cese de
labores a tiempo completo para la UNED, en el caso de los miembros internos
Artículo 25.—El Consejo Universitario es el órgano
directivo superior de la Universidad. Le corresponden las siguientes funciones:
(…)
cb) Remover de sus cargos por justa causa
debidamente comprobada, a los funcionarios incluidos en los incisos cb) y cb), de
este artículo, con votación de al menos dos terceras partes del total de sus
miembros.
(Lo
subrayado en negrilla no son de los textos originales)
Como
se puede observar, si a alguno de los funcionarios de consulta, se les revoca el nombramiento
del puesto ocupado, en virtud de encontrarse y según sea el caso, en algunas de
las causales establecidas en dicha normativa, es evidente que no les
correspondería ningún pago por concepto indemnizatorio. A contrario sensu, si
no existe causa alguna para su remoción antes del vencimiento del plazo de su
nombramiento, es procedente el pago de los daños y perjuicios a que refiere el
tantas veces citado artículo 31 del Código de Trabajo; excepto en el caso de
los miembros concejales.
“e) Por muerte del funcionario,”
Como se ha
explicado en líneas anteriores, en
virtud de la forma y características del nombramiento de los puestos de Rector,
Vicerrectores, Auditor Interno, Consejales Internos, Directores y Jefes de las
Unidades Académicas y Administrativas, éstos no perciben el auxilio de
cesantía, ni ningún otro tipo de indemnización al acaecer el plazo por el cual
fueron nombrados, por lo que no es aplicable lo dispuesto en el artículo 85,
inciso a) del Código de Trabajo, al establecer:
“ARTICULO 85.- Son causas que terminan con el contrato de trabajo sin responsabilidad
para el trabajo y sin que extingan los derechos de éste o de sus causahabientes
para reclamar y obtener el pago de las prestaciones e indemnizaciones que
pudieran corresponderles en virtud de lo ordenado por el Código o por
disposiciones especiales:
a.
La muerte
del trabajador;
(…)
No está de más
indicar que, si al sobrevenir la muerte
de alguno de esos funcionarios, existe alguna deuda a su favor por concepto
salarial u otro, los causahabientes pueden reclamarlo por el procedimiento que
al respecto pudiera existir a lo interno de la institución, o en su defecto
bajo el trámite del inciso a) del artículo 85 del Código de Trabajo.
“f) Por renuncia del funcionario para acogerse a su jubilación,”
De acuerdo con el
inciso e) del mencionado artículo 85 del Código de Trabajo, el trabajador que
renuncia al cargo para acogerse a los beneficios de jubilación, pensión de
vejez, muerte o de retiro, concedidos por la Caja Costarricense del Seguro
Social, o por los diversos sistemas de pensiones de los Poderes del Estado, por
el Tribunal Supremo de Elecciones, por las instituciones autónomas y las
municipales, tiene derecho a obtener el pago de las prestaciones o
indemnizaciones que pudieran corresponderle. En ese sentido, dicha disposición
establece:
“ARTICULO
85.- Son
causas que terminan con el contrato de trabajo sin responsabilidad para el
trabajo y sin que extingan los derechos de éste o de sus causahabientes para
reclamar y obtener el pago de las prestaciones e indemnizaciones que pudieran
corresponderles en virtud de lo ordenado por el Código o por disposiciones
especiales:
(…)
e.- Cuando el trabajador se acoja a los beneficios
de jubilación, pensión de vejez, muerte o de retiro, concedidas por la Caja
pensiones de los Poderes del Estado, por el Tribunal Supremo y las
municipalidades.
(Así
adicionado este inciso por Ley Nº 5173 de 10 de
Queda
claro de esa norma, que el supuesto fáctico
que sustenta el derecho a percibir las prestaciones o indemnizaciones
legales, son aquellos trabajadores que se encuentran laborando bajo una
relación de servicio de carácter indefinido, en plena consonancia con el mencionado artículo 29 del Código de
Trabajo. De modo que, aún cuando pudiera tener derecho a una determinada
pensión o jubilación, ciertamente, el servidor o funcionario nombrado por un
período legal o a plazo fijo, -según la doctrina de los artículos 26, 27, y 86,
inciso a) del citado cuerpo normativo- no tiene derecho a obtener el pago de la cesantía o alguna
indemnización, al acaecer el plazo de su nombramiento; es decir, esa clase de
contratación termina sin responsabilidad para ninguna de las partes.
En
el caso de consulta, por las
características y forma del nombramiento de los puestos de Rector, Vicerrector,
Auditor Interno, concejales, Directores o Jefes de las Unidades Académicas y
Administrativas, no perciben ese tipo de indemnización al sobrevenir el plazo
por el cual fueron nombrados, tal y como quedó ampliamente explicado en líneas
atrás. En ese sentido, es importante
transcribir parte de uno de los pronunciamientos vertidos por este Órgano
Asesor, al señalar:
“De acuerdo a lo señalado por el numeral de cita, se encuentra previsto
en forma expresa, que al momento de acogerse a su jubilación, el trabajador
tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones o indemnizaciones que
establece la legislación en la materia. Debe tenerse presente, que esta
disposición es producto de la promulgación de
En este sentido, se denota que el
legislador, mediante una interpretación a las referidas leyes, tomó la
previsión de adicionar el inciso e) del artículo 85 de análisis, para que no
existiera duda respecto a su intención de reconocer las consabidas
indemnizaciones a los trabajadores, en el momento en que éstos se acojan a los
beneficios de jubilación, pensión de vejez, muerte o de retiro, concedidas por
la Caja Costarricense de Seguro Social, o por los diversos sistemas de
pensiones que la norma señala.
Téngase presente que según lo
analizáramos en el acápite anterior, el auxilio de cesantía, conforme a lo
dispuesto en el numeral 29 del Código de Trabajo, tiene el carácter de una indemnización pecuniaria, que se otorga al
trabajador cuando cesa su relación laboral (por tiempo indeterminado) y se
cumple con los presupuestos que señala la norma, examinados supra. De ahí
que es claro, que cuando el trabajador cumple con los requisitos establecidos
para acogerse a su pensión, y se le declara su derecho, necesariamente debe
reconocérsele el auxilio de cesantía en cuestión.
A este respecto, es importante
anotar que reconocida doctrina nacional ha discutido en torno a la naturaleza
que tiene el auxilio de cesantía en el supuesto específico que contempla el
artículo 85 inciso e). A mayor abundamiento, traemos a colación lo expuesto
sobre el punto, en el libro "Auxilio de Cesantía y Ajuste
Estructural", citado supra, en el sentido de que:
"En situaciones donde no media un incumplimiento contractual
(patronal o del trabajador), el legislador estableció el pago de sumas de
dinero a cargo del patrono constituyéndolas como una falsa indemnización o
supuesto "auxilio de cesantía". Se trata de aquellas situaciones que
hemos denominado como "supuestos taxativos impropios de terminación",
en los cuales se mantiene la obligación patronal de pagar una suma igual a la
cesantía, pero liberada por completo de su carácter indemnizatorio. Tales como
la muerte, jubilación, incapacidad permanente y pensión del trabajador. Las
consideramos sin carácter indemnizatorio, porque en tales circunstancias no
existe (y existiendo resultaría irrelevante) un incumplimiento contractual
grave del trabajador, por lo que procede siempre el pago de una prima de
antigüedad. En este caso, la opción legislativa, deficiente tal vez
técnicamente, al omitir la distinción en cuanto a la naturaleza de las sumas,
estableció una verdadera prima de antigüedad, solo para tales supuestos,
pagadera al momento de terminación de la relación laboral y mediante el sistema
tarifario utilizado para el cálculo de la verdadera indemnización. Asume así el
auxilio de cesantía en nuestra ley un doble y excluyente carácter: Por una parte,
se trata de una típica indemnización en los supuestos de terminación
injustificada de la relación laboral (Ibid artículos 29 y 82) y por otro, una
clara y evidente naturaleza de prima de antigüedad en los eventos admitidos por
la ley misma (Ibid artículo 85) y en los cuales no existe calificación respecto
a la naturaleza justa o injusta de la causa de terminación de la
relación."
(Véase, Opinión Jurídica
No, 20-2003, de 07 de febrero del 2003)
En consecuencia, de
la letra misma del inciso e) del artículo 85 en análisis, así como del criterio
emanado de esta Procuraduría, no hay duda alguna que el pago de la cesantía o
indemnización a que allí se hace referencia,
le corresponde al funcionario o servidor que prestando el servicio bajo una relación de carácter indefinido,
decide renunciar al cargo a fin de acogerse al derecho de la pensión
respectiva.
A mayor
abundamiento, la Sala Segunda, indicó en
lo que interesa:
“V.- Luego del estudio del expediente legislativo por el cual se aprobó la
Ley No. 5173, del 10 de mayo de 1973, por la que se dispuso la adición del
inciso e) del artículo 85 del Código de Trabajo, se desprende, sin duda alguna,
que la adición de ese inciso tenía como finalidad dejar claramente establecido
que el trabajador (servidor) que renunciara a su puesto, para acogerse a la
jubilación, no perdía el derecho de que
se le cancelara el auxilio de cesantía. En este sentido se indico:” En
síntesis, el proyecto lo que pretende es dejar claramente establecido en la
mente de la administración de justicia del país, que lo que se persigue es que
aquellas personas que tienen derecho a pensión y que se retiran de la actividad
laboral con el propósito de acogerse a uno de los regímenes de sistemas de
pensiones que tiene el país, tienen
además el derecho de recibir lo que le corresponde por concepto del pago de
auxilio de cesantía.”
(Lo resaltado en negrilla no es
del texto original)
(Sentencia No. 280-2003, de las
10:20 horas del 18 de junio de 2003)
De lo transcrito,
se comprende que la cesantía que percibe el trabajador cuando se acoge a una
pensión o jubilación, es un derecho que jurídicamente le corresponde, según la
precitada normativa. De manera que, si
alguno de los funcionarios de consulta pretende acogerse a una determinada
pensión, es claro que por encontrarse ocupando esa clase de puesto de período
legal o plazo fijo en la Universidad
Estatal a Distancia, no tiene derecho a percibir dicha indemnización, ya que no
hay norma legal que así lo autorice.
“g) Por renuncia del funcionario para trasladarse de la UNED a otra
institución pública.”
Tal y como se indicó
en líneas anteriores, en el eventual caso, de que el Rector renuncie al cargo antes del
advenimiento del plazo legal, por el
cual fue nombrado, debe pagar a la Universidad los daños y perjuicios
correspondientes, según el artículo 31 del Código de Trabajo. Rubros, que evidentemente son distintos al
concepto del auxilio de cesantía a que refiere el artículo 29 del Código de
Trabajo y 51 del Estatuto de Personal de la UNED, para los demás trabajadores o servidores que se les cesa con
responsabilidad patronal. Por consiguiente, y para dar cabida a esta pregunta,
es claro que si el alto funcionario renuncia al puesto para trasladarse de la
UNED a otra institución pública no procede ningún pago por concepto
indemnizatorio o cesantía.
En el mismo sentido
expuesto, lo es para los que renuncian a los cargos de vicerrectores, auditor,
directores y jefes de las unidades administrativas y académicas, antes del
tiempo para el cual fueron nombrados. Es decir, en el sentido estricto del
citado artículo 31 del Código de Trabajo, deben resarcir a la administración
los daños y perjuicios con ocasión de la renuncia a esa clase de puesto, de
plazo fijo. En consecuencia, no procede ningún pago a su favor por concepto de
cesantía al renunciar a sus cargos para trasladarse a laborar a otra
institución del Estado; menos procedería esa indemnización, para el que ocupa
un cargo de consejal en el Consejo Universitario, según se expuso claramente en
líneas anteriores.
“h) Por vencimiento del plazo por el cual fueron nombrados.”
La respuesta a esta
hipótesis se encuentra ampliamente evacuada en líneas anteriores.
“Dado que la Ley de Asociaciones Solidaristas
establece en su artículo 21 lo siguiente:
“Artículo 21
(…)
En el caso de que cualquier funcionario que ocupe el puesto de Rector,
Vicerrector, Auditor Interno, Concejal interno, Director o Jefe, estén
afiliados a la Asociación Solidarista de la UNED:
2. ¿Procede o no el pago del aporte patronal por parte de dicha Asociación,
en el caso de que se dé por concluido el contrato de trabajo, en los siguientes
casos?
a) Por renuncia del funcionario, antes del vencimiento del plazo por el
cual fueron nombrados.”
Como se ha
adelantado supra, es fundamentalmente el
artículo 21 de la Ley de Asociaciones Solidaristas, el que establece
expresamente que las cuotas que aporta el patrono a las asociaciones
solidaristas, se utilizarán prioritariamente para constituir un fondo para el
pago del auxilio de cesantía, que aunado a lo dispuesto en el mencionado
numeral 17 de esa legislación, se presupone la existencia de otras normas que
sustentan la procedencia del derecho del trabajador a dicho pago, tal y como lo
prevé el artículo 29 del Código de Trabajo, cuando prescribe, que “Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por despido
injustificado, o algunas de las causas previstas en el artículo 83 u otra ajena
a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle un auxilio de
cesantía…”
De manera que, y
como ha quedado claro del Dictamen emitido por este Despacho, Número
C-053-2005, de 08 de febrero del 2005, de la relación de los numerales 21 y 17, inciso c),
podemos observar con detenimiento, que los supuestos ampliados del numeral 29
del Código de Trabajo, -a los efectos de otorgar el auxilio de cesantía a los
trabajadores asociados en la organización de estudio- sólo es dable para
aquellos trabajadores que por ley les corresponde el derecho al pago de ese
rubro; es decir, para los que se encuentran laborando bajo una relación de
servicio de naturaleza indeterminada, tal y como lo establece el
precitado artículo 29, y doctrina que le informa.
Por consiguiente, en esta clase de puestos de
período legal o a plazo fijo como los de consulta, los funcionarios no tienen
derecho a percibir el pago de la cesantía o alguna indemnización al
advenimiento del plazo por el cual fueron nombrados, tal y como lo establece
categóricamente el inciso a) del artículo 86 del Código de Trabajo, y la vasta
doctrina jurisprudencial que lo informa. De ahí que, no les es aplicable la cesantía que se resguarda en el fondo
especial previsto en el artículo 21 de la Ley de Asociaciones Solidaristas para
los trabajadores o funcionarios que sí tienen el derecho a percibirlo en esa
Universidad, de conformidad con el artículo 29 del Código de Trabajo y 51 del
Estatuto de Personal, tantas veces citados.
De lo anteriormente expuesto, se concluye que, aún
cuando ese funcionariado puede estar afiliado a la asociación solidarista que
existe en esa entidad universitaria, es por el carácter y forma de su
nombramiento que no les asiste el derecho al pago de la cesantía ni ninguna
otra indemnización; y por ende, tampoco en caso de que renunciaren al cargo antes del vencimiento del plazo
por el cual fueron nombrados. Menos
procedería esa indemnización, para el que ocupa un cargo de consejal en el
Consejo Universitario, según se expuso claramente en líneas anteriores.
En cuanto a los demás
ordinales b,c,d,e,f,g y h de este aparte
de su consulta, cabe observar que,
en virtud de lo ampliamente explicado acerca de la naturaleza, forma y duración del nombramiento de los
cargos de Rector, Vicerrector, Auditor Interno, Concejales, Director y Jefe de
Unidades académicas y administrativas, así como la improcedencia del pago de la
cesantía al acaecer el plazo por el cual fueron nombrados, o bien el pago de los
daños y perjuicios en caso de renuncia por voluntad propia al cargo, los mismos
se encuentran debidamente evacuados en los anteriores acápites.
“De acuerdo con lo que establece el artículo 586 del Código de Trabajo, en
el caso de que cualquier funcionario que ocupe el puesto de Rector,
Vicerrector, Auditor Interno, Consejal Interno, Director o Jefe, esté afiliado
a la Asociación Solidarista de la UNED y al dejar de laborar se le haya pagado
cesantía e ingrese a laborar en otra
institución del sector público:
“3.- ¿Debe dicho funcionario hacer devolución a la UNED, tanto del pago
recibido por concepto de cesantía por parte de la institución, como el aporte
patronal recibido por parte de la Asociación Solidarista?, ó
4.- ¿Debe dicho funcionario depositar tanto el pago recibido, por concepto
de cesantía por parte de la institución, como el aporte patronal recibido por
parte de la Asociación Solidarista, en la institución donde ingresa a laborar?,
ó
5.- ¿Puede dicho funcionario devolver a la UNED, el pago recibido por
concepto de cesantía por parte de la institución y depositar, también como
aporte patronal, el aporte patronal recibido, en la Asociación Solidarista de
la institución donde ingresa a laborar?
En relación con
estas hipótesis, ya se ha indicado en líneas anteriores que en virtud del
artículo 51 del Estatuto de Personal de esa entidad universitaria, en
concordancia con el 29 del Código de
Trabajo, y en consecuencia del 63 constitucional, no es dable el pago de la
cesantía a los funcionarios de consulta, toda vez que por el carácter, forma y
duración de los cargos que ocupan en la Universidad Estatal a Distancia, sus
nombramientos son equiparados a la figura del contrato a plazo fijo, que estipulan los artículos 26 y
27 del Código en referencia. Y que por
disposición del inciso a) del artículo 86 del mismo cuerpo normativo, esta
clase de contratación o nombramiento, no genera ningún tipo de responsabilidad
para las partes al acaecer el plazo por el cual fueron nombrados.
Vale puntualizar que el concepto de cesantía que
se resguarda en la Ley de Asociaciones Solidaristas, constituye ya no una
simple expectativa de derecho, sino que se define como un derecho real,
regulado de una manera más favorable para los trabajadores afiliados que se encuentran
laborando bajo una relación de trabajo de carácter indefinido, al tenor del
tantas veces citado artículo 29 del Código de Trabajo.
En consecuencia, si
algún funcionario que ocupe el puesto de Rector, Vicerrector, Auditor Interno,
Consejal Interno, Director o Jefe de las Unidades Académicas o Administrativas,
se encuentra afiliado a la Asociación Solidarista de la UNED y al dejar de
laborar se le haya pagado el auxilio de cesantía, sin que le hubiese
correspondido legalmente, es claro que, independientemente que se traslade a
laborar a otra institución pública, debe reintegrar lo pagado por ese
concepto al órgano administrativo o a la
asociación que irregularmente realizó ese pago, (que es donde se originan los
recursos o fondos económicos, a través de los cuales se tomaron los dineros
para el pago de la cesantía), sin
existir fundamento jurídico que así lo autorizara. En lo que respecta al ahorro personal y
cualquier otro ahorro, más los rendimientos correspondientes, naturalmente,
tiene derecho dicho personal a recibirlos, una vez que renuncie a esa
organización solidarista, ya sea para trasladarse a otra institución del
Estado.
“Si la UNED nombra en el puesto de Rector, Vicerrector, Auditor Interno,
Director o Jefe por un plazo determinado, a un funcionario que viene de otra
institución pública, donde existe Asociación Solidarista y éste goza de permiso
sin goce de salario, pero luego de un período renuncia a la institución de
donde venía, recibiendo el aporte patronal, por parte de la Asociación.
6.- ¿Podría estar dicho funcionario incurriendo en un
enriquecimiento ilícito?
Para la respuesta
de esta interrogante, se parte del supuesto de que dicho funcionario o servidor
público, prestaba sus servicios en la
anterior institución bajo una relación de empleo de carácter indefinido; por lo
que en esos términos, y por razones que más adelante se dirán, no existiría
obstáculo jurídico alguno para que, una vez que presente su renuncia, perciba la
cesantía a que tenía o tiene derecho como afiliado de la Asociación Solidarista
de donde proviene. Ello, de conformidad con la filosofía y fines propios que
sustentan la Ley de Asociaciones Solidaristas (artículos 1 y 2 ), y en
consecuencia, lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21, según el cual,
los trabajadores asociados tienen
derecho a recibir el aporte patronal por concepto de cesantía, su ahorro
personal o alguna otra suma, más los rendimientos correspondientes, cuando “renunciare a la empresa, y por lo tanto a la
asociación.” En otras palabras, no le resultaría aplicable
lo dispuesto en el inciso b) del artículo 586 del Código en referencia, aún
cuando el funcionario o servidor se traslada ininterrumpidamente a las órdenes
del mismo patrono Estado, sea cual fuere el puesto a ocupar. Así, la Sala Constitucional, es del criterio siguiente:
“IV.-
La Constitución
reconoce la igualdad ante la ley y, en el presente caso, los recurridos y,
concretamente, la errónea interpretación e integración del ordenamiento por
parte de la Procuraduría General de la República, ponen al funcionario solidarista en una doble situación de desigualdad ante la ley:
la primera, con relación a los demás trabajadores solidaristas que no son funcionarios públicos, en cuanto a los
alcances de su propio régimen solidarista, específico y
voluntario, dado que a los solidaristas cuyo patrono
no es el Estado, en ninguna circunstancia se les exige devolución de los
aportes patronales. La segunda desigualdad ocurre, con relación a los
funcionarios públicos que no se han incorporado al régimen solidarista; en efecto, éstos no se han incorporado al
régimen, no han contribuido con sus aportes obreros al fondo solidarista respectivo; por esa razón, a éstos últimos si
resulta válido aplicarles el inciso b) del artículo 586 del Código de Trabajo,
el cual la Sala ha considerado conforme con la Constitución.
V.-
Las
asociaciones solidaristas son
organizaciones sociales que se inspiran en una actitud humana, por medio de la
cual el hombre se identifica con las necesidades y aspiraciones de sus
semejantes, comprometiendo el aporte de sus recursos y esfuerzos para
satisfacer esas necesidades y aspiraciones de manera justa y pacífica. Su
gobierno y su administración competen exclusivamente a los trabajadores
afiliados a ellas (art. 1 de la Ley 6970) y, concretamente, con relación a los
aportes patronales, la Ley dispone que “
si un afiliado renunciare a la
empresa, y por lo tanto a la asociación, recibirá el aporte patronal, su ahorro personal y cualquier otro
ahorro o suma a que tuviere derecho, más los rendimientos correspondientes”. De manera que,
en el presente caso, la Junta aplica erróneamente los alcances del artículo 586
inciso b) del Código de Trabajo, dado que no puede aplicarse en este caso, sin
vulnerar el derecho de igualdad de quienes se incorporan al régimen solidarista, cuya especificidad exige un tratamiento desigual,
con relación a los trabajadores no incorporados a ese régimen, entre otras
razones, por la naturaleza particular del régimen solidarista y, específicamente, porque el trabajador ha
contribuido con sus aportes al fondo solidarista. Al respecto,
la Sala Constitucional no está invadiendo competencias de la Jurisdicción
Laboral, también creada por la Constitución, sino que únicamente, aplica el
derecho tal como lo aplica e interpreta esa Jurisdicción y, concretamente, la
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha indicado que:
El aporte patronal a la asociación solidarista tiene sustento en la normativa especialmente
creada por la Ley de Asociaciones Solidaristas N° 6970 de 7 de noviembre de 1984. Dicha ley es
clara al señalar que el objeto prioritario de las cuotas patronales es
constituir un fondo para el pago del auxilio de cesantía, cuya administración
estará a cargo de la asociación. Pero esa
normativa no desconoce, ni limita, aquel otro derecho fundamental de todo
trabajador, a percibir, en los casos de despido con responsabilidad patronal,
el auxilio de cesantía, en los términos dispuestos por los numerales 29 y 30
del Código de Trabajo. De acuerdo con esas disposiciones, el auxilio de
cesantía constituye un derecho del trabajador, cuya fijación se realiza con
base en dos parámetros fundamentales, que son el tiempo de labores y el
promedio salarial devengado durante los últimos seis meses de vigencia de la
relación laboral. Los artículos 18 inciso b) y 21 inciso ch) de la Ley de
Asociaciones Solidaristas rezan:
“ Artículo 18.-
Las asociaciones solidaristas contarán con los siguientes recursos económicos:
...
b) El aporte mensual del patrono a favor de sus
trabajadores afiliados, que será fijado de común acuerdo entre ambos de
conformidad con los principios solidaristas. Este fondo quedará en custodia y administración
de la asociación como reserva para prestaciones.
Lo recaudado por este concepto, se considerará como
parte del fondo económico del auxilio de cesantía en beneficio del trabajador,
sin que ello lo exonere de la responsabilidad por el monto de la diferencia
entre lo que le corresponda al trabajador como auxilio de cesantía y lo que el
patrono hubiere aportado”.
“ Artículo 21.-
Las cuotas patronales se utilizarán para el
desarrollo y cumplimiento de los fines de la asociación, y se destinarán prioritariamente a constituir un fondo para el pago
del auxilio de cesantía. Este fondo se dispondrá de la siguiente manera:
...
ch) Si un afiliado fuere despedido sin justa causa,
tendrá derecho a recibir sus ahorros, el aporte patronal y los rendimientos
correspondientes. Si el aporte patronal fuere superior a lo que le corresponde
por derecho de auxilio de cesantía, lo retirará en su totalidad. Si el aporte
patronal fuere inferior a lo que le corresponde, el patrono tendrá la
obligación de cubrir la diferencia”.
De las normas trascritas, resulta claro que el
aporte patronal constituye un fondo que, conforme a la administración que le
brinde la asociación,
permitiría al trabajador la posibilidad de disfrutar de algunas ventajas
económicas y que, al término de la relación laboral, por cualquier causa, se le
reintegrará al trabajador como “parte” de la cesantía que el patrono debe cancelarle, pero ello no obsta
el cumplimiento de la obligación patronal, respecto del derecho del trabajador
al reconocimiento de la cesantía, cuando procede de acuerdo a la ley y en los
términos establecidos por los numerales 29 y 30 citados. La ventaja que
para el trabajador representa el solidarismo consiste en que el empleador paga
por anticipado, parcial o totalmente, la cesantía, la cual se transforma, así,
de una expectativa de derecho en un derecho adquirido. El aporte patronal se le
entrega, mensualmente, a la asociación solidarista, que es una persona jurídica independiente del
empleador (artículo 4 de la Ley de Asociaciones Solidaristas), saliendo de esa forma definitivamente de la
esfera de la empresa, lo que
constituye una protección contra el riesgo económico de ésta, puesto que pasa a
formar parte de otro patrimonio. Esos aportes se acreditan a la cuenta
individual del trabajador, durante todo el tiempo que dure la relación laboral
y se mantenga la afiliación a la asociación solidarista. Se va creando así un fondo al cual el
trabajador tiene acceso, independientemente de la causa de terminación del
contrato, pero a partir de ésta. En este sistema, la proporción de la cesantía
aportada, constituye un derecho adquirido (indiscutible, cierto, no litigioso)
y no ya una mera expectativa de derecho; aparte de que, eventualmente, se
rompe el tope de ocho años, fijado en el Código de Trabajo. Cabe recalcar que
ese fondo, constituido por los aportes patronales, pasa a ser propiedad del
trabajador . Esas
sumas salen del patrimonio de la empresa (la cual, por ese porcentaje y monto,
se descarga de ese pasivo), teniendo la asociación sobre dichos montos meras facultades de
administración y de custodia, no incorporando, dentro de su propio patrimonio,
esos aportes . Cuando se
termina la relación laboral de alguno de los trabajadores, la asociación solidarista debe girar al trabajador el monto del aporte
patronal depositado a su nombre; y, entonces, el empleador, si fuera del caso,
únicamente tendría que cancelar la diferencia, para cubrir el monto total,
legal o convencional, de la respectiva cesantía. En otras palabras, del total
del auxilio de cesantía a que tenga derecho el trabajador, se rebaja el aporte
patronal, el cual puede retirar el empleado en la propia asociación” (sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema
de Justicia, número 2005-00721de nueve horas treinta minutos del veintiséis de
agosto del dos mil cinco).
Estas razones
expresadas con toda claridad y contundencia por el Tribunal que encabeza la
Jurisdicción Laboral, ponen de manifiesto la naturaleza del aporte del empleador
en el régimen solidarista y cómo sale de
la esfera del empleador. De ahí que la presunta integración e interpretación de
la Ley en que los recurridos pretenden justificar el despojo patrimonial del
amparado no son integración del derecho ni interpretación, porque
desnaturalizan el régimen solidarista y el destino y
sentido del aporte patronal, así como los derechos de los solidaristas a recibir los aportes (suyos y del empleador) al
término de su relación laboral, por cualquier razón: renuncia, despido con
causa justa, o sin ella, fallecimiento, etc. Tal modificación del régimen, que
únicamente podría ser dispuesta por el Legislador, eliminaría el interés de
cualquier funcionario público para comprometer un porcentaje de su salario en
una Asociación Solidarista. Además de la
igualdad, el procedimiento para obligar al amparado a devolver la suma recibida
por aporte patronal lastima su derecho de asociación, en cuanto que
el trabajador se afilió, de buena fe, al régimen solidarista, al amparo de las reglas claramente establecidas
por el después, la Administración decide
que esas reglas que no le son aplicables: es decir, una especie de fraude a su
libertad de asociarse.-“
(Véase, Sentencia Constitucional No.
14787-2008, de 10:20 horas de 03 de setiembre del 2008)
Puede sintetizarse
de la extensa cita jurisprudencial, que
en virtud de la naturaleza que tiene la Ley de Asociaciones Solidaristas en
nuestro ordenamiento jurídico, no es posible interpretarla tal que se restrinja
lo que tuvo en mente el legislador para crearla; pues, de lo que en el fondo se
trata, es incentivar a los trabajadores para que puedan afiliarse a ese tipo de
asociaciones, y de esa manera, obtener mejores ventajas en orden a los que no
se encuentran afiliados. De ahí que el Tribunal Constitucional concluye que no
resulta aplicable lo establecido en el inciso b) del artículo 586, al
funcionario o servidor afiliado a una asociación solidarista, que al renunciar
a la institución para la cual labora haya recibido el pago de la cesantía y
demás beneficios económicos, e inmediatamente se traslada a laborar a otra
institución pública.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que para
el cálculo de un eventual pago por cesantía en el futuro, evidentemente, no se computaría
el tiempo que se tomó en consideración anteriormente al servidor o servidora
que percibió la cesantía como afiliado de una determinada asociación
solidarista, tal y como lo establece el segundo párrafo del mencionado artículo
51 del Estatuto Orgánico:
“
…En dicho cálculo se tomará en cuenta todos los años laborados para la
UNED, siempre y cuando no hubiere mediado pago del auxilio de cesantía por
parte de la institución de procedencia…”
Resta observar, que
esta Procuraduría, mediante el Dictamen No. C-186, de 31 de agosto del 2010, ha
reconsiderado algunos de sus
pronunciamientos, por sostener
una tesis contraria a la expuesta en dicha sentencia constitucional; toda vez
que se señalaba anteriormente, que aún cuando un trabajador o servidor público
se encontraba afiliado a una asociación solidarista, y percibía la cesantía por
encontrarse en algunos de los supuestos del artículo 21 de la Ley de
Asociaciones Solidaristas, no podía laborar en alguna de las instituciones del
Estado, si no era reintegrando las sumas correspondientes por ese concepto
al Erario, según el inciso b) del
artículo 586 del Código de Trabajo.
“7.- ¿Se debe despedir a dicho funcionario por haber recibido el aporte
patronal y haber seguido trabajando para el Estado?
Dadas las razones
expuestas anteriormente, no resulta procedente el despido de un funcionario que
al cancelársele la cesantía por haberse encontrado afiliado a una asociación solidarista, se
traslada a laborar a otra institución pública.
“En el caso de los funcionarios de la UNED nombrados en propiedad por plazo
indefinido:
8.- ¿Procede o no el pago de cesantía, cuando se dé por concluido el
contrato de trabajo, en los siguientes casos?
a)Por renuncia del funcionario,
b)Por renuncia del funcionario y concesión del pago de auxilio de cesantía
a la luz del artículo 51 del Estatuto de Personal de la UNED,
c)Por despido con responsabilidad patronal,
d)Por despido sin responsabilidad patronal,
e)Por muerte del funcionario
f)Por renuncia del funcionario para acogerse a su jubilación,
g) Por renuncia del funcionario para trasladarse de la UNED a otra
institución pública.”
De conformidad con
el artículo 29 del Código de Trabajo y la amplia doctrina que sobre esta norma
existe, no es procedente el pago de la cesantía a los servidores o funcionarios
que aún cuando se encontraren laborando bajo una relación de servicio de
carácter indefinido, renuncian al cargo de manera voluntaria.
No obstante ello, y
de conformidad con el artículo 51 del Estatuto de Personal de esa entidad
universitaria, “El Rector podrá conceder,
discrecionalmente, el pago del auxilio de cesantía a los servidores que los
soliciten y estén dispuestos a renunciar a su puesto, salvo que tengan un
procedimiento disciplinario en curso.”(Sic)
Asimismo, y de
conformidad con el artículo 51 en referencia, en plena consonancia con el
tantas veces citado artículo 29 del Código de Trabajo, los funcionarios que
prestan el servicio para la Universidad Estatal a Distancia bajo una relación
de empleo de carácter indefinido, tienen derecho al pago de la cesantía si el
contrato de trabajo concluye por despido injustificado. Igualmente tienen
derecho al pago de ese rubro indemnizatorio cuando se encuentren en alguna de
las causas previstas en los artículos 83
y 85 Ibid, de las cuales una de ellas, es cuando la relación laboral se
extinga por jubilación o muerte del trabajador.
En cuanto al despido
sin responsabilidad patronal, evidentemente, no es procedente el pago de dicho
auxilio, al tenor, específicamente del artículo 81 del Código de Trabajo, que
establece que son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado
el contrato de trabajo, cuando el trabajador incurre en alguna de las faltas
graves a las obligaciones que como tal está obligado a cumplir, constituyendo
ese hecho una ilegítima conducta, que
faculta al Estado o Patrono a terminar la relación de empleo, sin
responsabilidad de su parte. (ver, entres otras, Resolución de la Sala Segunda,
No. 2003-00274, de las nueve horas
veinte minutos del dieciocho de junio de dos mil tres.)
Finalmente, si el
funcionario o servidor público que ocupa un puesto bajo una relación de
servicio de carácter indefinido se traslada a ocupar un puesto en otra
institución pública no procede el pago de la cesantía, habida cuenta de que
continúa laborando con el mismo Estado como patrono único, según se explicó en
líneas anteriores.
La anterior premisa tiene su sustento en el inciso b) del artículo 586 del Código de
Trabajo, en virtud del cual, ningún servidor (a) que se le haya otorgado el pago de la cesantía
puede ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un
tiempo igual al representado por la suma recibida en calidad de auxilio de
cesantía. Si dentro de ese lapso llegaren a aceptarlo, quedarán obligados a
reintegrar al Tesoro Público las sumas percibidas por ese concepto, deduciendo
aquellas que representen los salarios que habrían devengado durante el término
que permanecieron cesantes. Así, el Tribunal Constitucional, ha enfatizado:
“(…)
Adicionalmente, tanto la jurisprudencia de esta Procuraduría como de la
Sala Constitucional, han señalado que la devolución de la indemnización
recibida como auxilio de cesantía tiene por finalidad evitar un enriquecimiento
sin causa del funcionario que ha sido recontratado por el Estado.
“
Aplicando
el marco conceptual que emplea la Sala a este asunto, tenemos que ciertamente
lo pretendido por la norma es legítimo, porque ordena al ex servidor empleado
nuevamente por el Estado, la devolución de parte de lo percibido por
el mismo Estado en su calidad de patrono, por concepto de auxilio de cesantía,
en la parte que corresponde al tiempo en que el servidor ya no está
cesante, por haber recuperado su condición de asalariado público. De
forma que, contrario a lo que afirma el accionante, el mecanismo
cuestionado no está prohibido por el artículo 63 constitucional, que lo que
prevé es el auxilio de cesantía o indemnización a favor del trabajador
despedido, para el período de desocupación. También resulta legítima la
norma cuestionada porque es una disposición que integra el Código de Trabajo,
que tiene rango legal. En cuanto al examen de idoneidad, la medida
dispuesta en el artículo cuestionado resulta apta para alcanzar el
objetivo fijado, pues al convertirse el servidor despedido nuevamente en
asalariado del Estado, desaparece la justificación de la indemnización por
auxilio de cesantía. Véase que el fin de la indemnización es proteger
al trabajador cesante como consecuencia del despido injustificado, situación
que desaparece cuando se hace acreedor del salario, a cargo del mismo
Estado patrono. A lo anterior se agrega que resulta incompatible percibir
a cargo del mismo patrono, el monto por salario y a la vez por
auxilio de cesantía correspondientes ambos rubros al mismo período.
Tal práctica no sólo resultaría desmedida sino que desnaturalizaría el sentido
de la indemnización por cesantía, que como se dijo extiende la protección
durante el tiempo que efectivamente estuvo cesante el servidor. Debe
quedar claro que la norma cuestionada impone únicamente la obligación de
reintegrar al Tesoro Público las sumas percibidas por concepto de cesantía,
las que no incluyen los salarios que habría devengado durante el término por
ese concepto en que sí permaneció cesante, lo que elimina toda amenaza al
derecho constitucional a la indemnización por despido sin justa causa. Ahora
bien, en el mismo sentido que expresan los informantes, la Sala estima que la
norma se ajusta al criterio de necesidad explicado, pues la adopción del
mecanismo de devolución de parte de lo percibido por concepto de indemnización
evita el enriquecimiento sin causa de una de las partes de la relación,
en este caso del servidor público, que al ser contratado nuevamente por el
Estado, pierde la condición de cesante y se convierte en asalariado.“
(Sala Constitucional, resolución 7180-2005 de
las quince horas con cuatro minutos del ocho de junio del dos mil cinco, el
subrayado no es del original)
Como se observa de lo expuesto, si
de conformidad con la doctrina del Estado como Patrono Único, que es el
postulado que informa el mencionado inciso b) del numeral 586 del Código de
Trabajo, surge la obligación del ex servidor de devolver parte de los dineros
percibidos por concepto de cesantía, a fin de poder laborar en cualquier
institución pública (si todavía le falta por cumplir el tiempo) entonces
es claro que con mayor razón no podría percibir aún el pago de esa
indemnización si continúa laborando en otro componente del Estado,
incluyendo en la Universidad Estatal a Distancia.
“En el caso de los funcionarios de la UNED nombrados en propiedad por plazo
indefinido y afiliados a la Asociación Solidarista de la UNED:
9.-Procede o no el pago del aporte patronal por parte de dicha Asociación,
en el caso de que se dé por concluido el contrato de trabajo, en los siguientes
casos?
a)Por renuncia del funcionario,
b)Por renuncia del funcionario y concesión del pago de auxilio de cesantía
a la luz del artículo 51 del Estatuto de Personal de la UNED,
c)Por despido con responsabilidad patronal,
d)Por despido sin responsabilidad patronal,
e)Por muerte del funcionario
f)Por renuncia del funcionario para acogerse a su jubilación,
g) Por renuncia del funcionario para trasladarse de la UNED a otra
institución pública.”
La hipótesis de este
aparte ya ha quedado debidamente evacuada en líneas anteriores, al analizarse
el artículo 21 de la Ley de Asociaciones Solidaristas, según el cual, el
trabajador (a) que se encontrare afiliado (a) a una asociación solidarista
tiene derecho a percibir la cesantía en cualquiera de los supuestos allí taxativamente
establecidos, que vale repetir, son las siguientes.
“a) Cuando un afiliado renuncie a la asociación pero no a la empresa,
el aporte patronal quedará en custodia y administración de la asociación para
ser usado en un eventual pago del auxilio de cesantía a ese empleado, según lo
dispuesto en los incisos siguientes.
b) Si un afiliado renunciare a la empresa, y por lo tanto a la
asociación, recibirá el aporte patronal, su
ahorro personal y cualquier otro ahorro o suma a que tuviere derecho, más los
rendimientos correspondientes.
c) Si un afiliado fuere despedido por justa causa, tendrá derecho a
recibir el aporte patronal acumulado, sus ahorros, más los rendimientos
correspondientes.
ch) Si un afiliado fuere despedido sin justa causa, tendrá derecho a
recibir sus ahorros, el aporte patronal y los rendimientos correspondientes. Si
el aporte patronal fuere superior a lo que le corresponde por derecho de
auxilio de cesantía, lo retirará en su totalidad. Si el aporte patronal fuere
inferior a lo que le corresponde, el patrono tendrá obligación de cubrir la
diferencia.
d) En caso de retiro de un trabajador por invalidez o vejez, el
pago total de lo que le corresponda se le hará en forma directa e inmediata.
Si fuere por muerte, se hará la
devolución de sus fondos conforme con los trámites establecido en el artículo
85 del Código de Trabajo.”
Por
consiguiente, si el trabajador afiliado a dicha asociación renuncia al cargo, o
bien se le despide sin o con responsabilidad patronal, puede recibir el aporte
patronal, su ahorro personal y cualquier otro ahorro o suma a que tuviere
derecho, más los rendimientos correspondientes. En la misma forma procede ese
pago, si renuncia del puesto para trasladarse de la UNED a otra institución
pública.
Asimismo,
cuando un asociado se acoja a la pensión o jubilación bajo el régimen de
pensiones de que se trate, tendrá derecho al pago de la cesantía, de
conformidad con el inciso e) del artículo 85 del Código de Trabajo, tal y como
se ha explicado en líneas anteriores.
“De acuerdo con lo que establece el artículo 586 del Código de Trabajo, en
el caso de los funcionarios de la UNED nombrados en propiedad por plazo
indefinido y afiliados a la Asociación Solidarista y que se le haya pagado
cesantía y éste (a) haya ingresado a laborar en otra institución del sector
público:
10.- ¿Debe dicho funcionario hacer a la UNED, tanto del pago recibido, por
concepto de cesantía por parte de la institución, como del aporte patronal
recibido por parte de la Asociación Solidarista? Ó
¿Debe dicho funcionario depositar tanto del pago recibido, por concepto de
cesantía por parte de la institución, como el aporte patronal recibido por
parte de la Asociación Solidarista, en la institución donde ingresa a laborar?,
ó
5.- ¿Puede dicho funcionario devolver a la UNED, el pago recibido por
concepto de cesantía por parte de la institución y depositar, también como
aporte patronal, el aporte patronal recibido, en la Asociación Solidarista de
la institución donde ingresa a laborar?
Si la UNED nombra en propiedad y por
plazo indefinido, a un
funcionario que viene de otra institución pública, donde existe Asociación
Solidarista y éste goza de permiso sin goce de salario, pero luego de un
período renuncia a la institución de donde venía, recibiendo el aporte
patronal, por parte de la Asociación.
13.- ¿Podría estar dicho funcionario incurriendo en un enriquecimiento
ilícito?”
14.- ¿Se debe despedir a dicho funcionario por haber recibido el aporte
patronal y haber seguido trabajando para el Estado?. “
Las respuestas de
estas hipótesis, ya han quedado debidamente evacuadas en líneas atrás.
VI.- CONCLUSIONES:
De conformidad con
todo lo expuesto, este Despacho emite las siguientes conclusiones:
1.- En virtud de la doctrina de los artículos 26, 27 y 29 del Código de Trabajo, así como el
artículo 51 del Estatuto de Personal de la Universidad Estatal a Distancia y 12
de la Ley que crea a esa entidad (No. 6044, de 03 de marzo de 1977), es claro que al ser el nombramiento del
Rector de la Universidad Estatal a Distancia de período legal, no le asiste el
derecho al pago de la cesantía, una vez acaecido el plazo por el cual fue
nombrado.
En el eventual caso, de que ese alto funcionario renuncie al puesto antes
del vencimiento del plazo legal por el cual fue nombrado, debe pagar a la
Universidad los daños y perjuicios correspondientes, según el artículo 31 del
Código de Trabajo.
En el mismo sentido
expuesto, y de conformidad con la doctrina de los artículos 26, 27 y 29 del Código de Trabajo, así como el
artículo 51 del Estatuto de Personal de la Universidad Estatal a Distancia, al
ser los nombramientos de los vicerrectores, auditor interno, directores y jefes
de las unidades administrativas y académicas,
equiparados a la figura del contrato a plazo fijo, no les asiste el
derecho al pago de la cesantía al acaecer el plazo por el cual fueron
nombrados. Lo anterior, al tenor del inciso c) del artículo 11 de
la supracitada Ley que crea a la UNED, y
artículos 25, incisos cb y 31, último párrafo, del Estatuto Orgánico de
esa entidad universitaria.
Por integrar el
Consejo Universitario, los denominados
miembros concejales, a la luz del inciso c) del artículo 16 y párrafo
segundo del artículo 17, del mencionado Estatuto Orgánico, no les asiste el derecho
al pago de la cesantía, habida cuenta de la inexistencia de una relación de
servicio entre ellos y la administración
universitaria.
2.- Al encontrarse el Rector, Vicerrectores, Auditor Interno, Directores y
Jefes Administrativos y Académicos, bajo una relación de servicio a plazo fijo,
no genera ese tipo de contratación ningún derecho al pago a la cesantía, que prevé el inciso e) del
artículo 85 del Código de Trabajo, una vez que sobreviene su finalización. Lo
anterior, aún cuando pudieran tener el
derecho a la pensión, en tanto reúnan los presupuestos establecidos en el
régimen de pensiones o jubilaciones de que se trate.
En el mismo sentido expuesto, no le asistiría
el derecho al pago de la cesantía a los miembros concejales, ya que por la
naturaleza de su nombramiento en el Consejo Universitario, no se genera al
término de su nombramiento ningún pago por ese concepto.
3.- Al encontrarse el Rector, Vicerrectores, Auditor Interno, Directores y Jefes Administrativos y
Académicos, bajo una relación de servicio a plazo fijo, no tienen derecho al
pago de la cesantía que establece la Ley de Asociaciones Solidaristas, Número
6970, de 07 de noviembre de 1984.
En el mismo sentido
expuesto, no le asistiría el derecho al pago de la cesantía a los miembros
concejales, ya que por la naturaleza de su cargo en el Consejo Universitario,
no se genera al término de su nombramiento ningún pago por ese concepto.
4.- De conformidad con la filosofía y fines propios que sustentan la Ley de
Asociaciones Solidaristas (artículos 1 y 2 ) y en consecuencia, lo dispuesto en
el inciso b) del artículo 21, los
trabajadores que laboran bajo una relación de servicio de naturaleza
indefinida, y se encontraren afiliados a una asociación solidarista tienen
derecho a recibir el aporte patronal por concepto de cesantía, su ahorro
personal o alguna otra suma, más los rendimientos correspondientes, cuando “renunciare a la empresa, y por lo tanto a la
asociación.” En otras palabras, no le resulta aplicable lo
dispuesto en el inciso b) del artículo 586 del Código en referencia, aún
cuando el funcionario o servidor se
traslada a ocupar otro cargo de forma ininterrumpida a las órdenes del mismo
patrono Estado, según Sentencia Constitucional Número 14787-2008, de 10:20
horas de 03 de setiembre del 2008, y Dictamen No. C-186, de 31 de agosto del
2010.
5.- Al tenor del artículo 51 del
Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal a Distancia, en plena consonancia
con el artículo 29 del Código de Trabajo, los funcionarios que prestan el
servicio para la Universidad Estatal a Distancia bajo una relación de empleo de
carácter indefinido, tienen derecho al pago de la cesantía si el contrato de
trabajo concluye por despido injustificado. Igualmente ese personal tiene
derecho a ese pago indemnizatorio cuando se encontrare en alguna de las causas
previstas en los artículos 83 y 85 Ibid,
de las cuales una de ellas, es cuando la relación laboral se extinga por
jubilación o muerte del trabajador.
No procede el pago
de la cesantía, a los servidores o
funcionarios que ocupando cargos bajo una relación de servicio de naturaleza
indefinida, son despedidos sin responsabilidad patronal, al tenor de lo
dispuesto en los artículos 29 y 81 del Código de Trabajo y doctrina que los
informan.
6.- De conformidad con el inciso b) del artículo 586 del Código de
Trabajo, ningún servidor (a) a quien se
le haya otorgado el pago de la cesantía puede ocupar cargos remunerados en
ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la
suma recibida en calidad de auxilio de cesantía. Si dentro de ese lapso
llegaren a aceptarlo, quedarán obligados a reintegrar al Tesoro Público las
sumas percibidas por ese concepto, deduciendo aquellas que representen los
salarios que habrían devengado durante el término que permanecieron cesantes; con
mayor razón no podría percibir aún el pago de esa indemnización si
continúa laborando en otro componente del Estado, incluyendo en la Universidad
Estatal a Distancia
7.- En virtud de la Ley de Asociaciones
Solidaristas, al trabajador que se
encontrare bajo una relación de empleo de carácter indefinido y se encontrare
afiliado a una asociación solidarista, le asistiría el derecho a percibir la
cesantía en cualquiera de los supuestos taxativamente establecidos en el
artículo 21 Ibid.
Evidentemente,
cuando dicho asociado se acoja a la pensión o jubilación bajo el régimen de
pensiones de que se trate, tendrá derecho al pago de la cesantía, al tenor del
inciso e) del artículo 85 del Código de Trabajo,
En la forma
expuesta, quedan evacuadas cada una de las interrogantes formuladas en su
Oficio.
De Usted, con toda
consideración,
M.Sc. Luz Marina Gutiérrez Porras
PROCURADORA
LMGP/gvv
[1] (Aprobado por el Consejo Universitario en Sesión
No. 464 ,
Artículo VI , acuerdo No.
549 de 29 de noviembre de 1983 )
(incluye últimas modificaciones
aprobadas por el consejo universitario en sesión no. 2032, art. ii, inciso 5)
de 6 de mayo del 2010)
[2]
“De esa
transcripción, podemos acotar que determinados cargos en la Administración Pública
son excluidos de los principios de idoneidad y estabilidad del cargo, habida
cuenta de que por sus especiales requerimientos subjetivos u objetivos, son
contratados de diversa forma a la de los del resto del Sector Público. Por
ende, no tienen derecho a percibir las prestaciones legales cuando sus
nombramientos son por períodos legales. No existen en esos cargos, una relación
de subordinación propiamente dicha, sino de coordinación o colaboración con
otros órganos superiores o paralelos, para el cumplimiento de fines y objetivos
a nivel superior. De ahí que, y en virtud del numeral 192 constitucional, el
constituyente dejó en manos del legislador su regulación.
Aunado a lo anteriormente expuesto, nuestros Altos
Tribunales de Trabajo, han señalado reiteradamente, que:
“La
jurisprudencia ya se ha pronunciado, respecto de esa especial naturaleza de los
servicios prestados, en cumplimiento de un mandato legal. Así, refiriéndose al
caso de los entonces Ejecutivos Municipales, señaló “Resulta ineludible acudir
al artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que dispone: “ La
jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son
vinculantes erga ommes, salvo para sí misma”. Lo anterior, en razón de que ya,
la Sala Constitucional, se manifestó en forma expresa, en cuanto al primero de
los puntos, desde su Voto 1119-90, de las 14 horas, del 18 de setiembre de
1990, en el cual estableció, de manera clara que el contrato que unía a un
Ejecutivo Municipal, con su Corporación, es un contrato por tiempo determinado
o definido. En dicha resolución y en lo que aquí interesa, estableció:
“…Es verdad que el Código de Trabajo dispone que los contratos a plazo fijo se
tendrán como de plazo indeterminado cuando al vencer el plazo subsistan las
causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Pero esta disposición
no puede prevalecer cuando la fijación es de origen legal, y no convencional,
pues en estos casos se tratará (cuando sea verdaderamente justificado, como se
expresó antes) de excepciones al régimen especial que la Constitución autoriza
por vía de ley.” (Sobre el punto se pueden consultar, además, los Votos
números 285, de las 10:40 horas, del 25 de noviembre de 1998;y, 260, de las
10:20 horas, del 16 de mayo del 2001).
Ese
antecedente es, “mutatis mutandis”, (…) perfectamente aplicable al caso de que
se conoce; dado que, el actor, en el último período en que prestó sus servicios
en el Tribunal Supremo de Elecciones, lo hizo al amparo de un mandato con rango
superior a la ley ordinaria; esto es, por disposición constitucional, por lo
cual la relación no podría tildarse, en forma alguna, como una por tiempo
indefinido; sino, a plazo fijo…”
(Lo resaltado en negrilla no es del texto original)
(Véase,
Resolución No. 2002-00266, de 9:30 horas de 5 de junio del 2000)
[4] Analizado y aprobado por la
Asamblea Universitaria en su sesión Nº. 0582000 del 30 de mayo del 2000 y publicado
en el diario oficial La Gaceta Nº. 201
del viernes 20 de octubre del 2000
(Incluye la última reforma realizada por la
Asamblea Universitaria en su Sesión Nº. 0782008
del 4 de diciembre del 2008. Publicado en La Gaceta
Nº.75 del lunes 20 de abril del 2009)
[5] El artículo 12 de la Ley que crea a la
Universidad Estatal a Distancia (Ley No. 6044), establece:
“El Rector de la Universidad será nombrado por un período de cinco años y deberá
reunir los siguientes requisitos:
a) Ser costarricense por nacimiento;
b) Ser mayor de treinta
años; y
c) Tener por lo menos cinco
años de experiencia académica
universitaria.”
(Lo resaltado en negrilla
no es del texto original)
[6]“Artículo 11.- Son funciones de la Junta
Universitaria: (ahora Consejo Universitario)
c) Nombrar el Rector, al
Auditor, a los directores de la Unidades Académicas y administrativas lo mismo que a cualquier otro funcionario
de alta jerarquía que se especifique en el respectivo
reglamento.
C-200-2010
IMPROCEDENCIA DEL
DERECHO A
Mediante Oficio AI-036-2010, de 11
de marzo del 2010, el Auditor Interno de
Previo estudio al respecto, y
mediante el Dictamen No. C-200-2010, de 01 de octubre del 2010,
“1.- En virtud de la
doctrina de los artículos 26, 27 y 29
del Código de Trabajo, así como el artículo 51 del Estatuto de Personal de
En el eventual caso, de que ese alto funcionario renuncie al puesto antes
del vencimiento del plazo legal por el cual fue nombrado, debe pagar a
En el mismo sentido expuesto, y de
conformidad con la doctrina de los artículos 26, 27 y 29 del Código de Trabajo, así como el
artículo 51 del Estatuto de Personal de
Por integrar el Consejo
Universitario, los denominados miembros
concejales, a la luz del inciso c) del artículo 16 y párrafo segundo del
artículo 17, del mencionado Estatuto
Orgánico, no les asiste el derecho al pago de la cesantía, habida cuenta de la
inexistencia de una relación de servicio
entre ellos y la administración universitaria.
2.- Al encontrarse el
Rector, Vicerrectores, Auditor Interno, Directores y Jefes Administrativos y
Académicos, bajo una relación de servicio a plazo fijo, no genera ese tipo de
contratación ningún derecho al pago a la
cesantía, que prevé el inciso e) del artículo 85 del Código de Trabajo, una vez
que sobreviene su finalización. Lo anterior, aún cuando pudieran tener el derecho a la pensión, en tanto
reúnan los presupuestos establecidos en el régimen de pensiones o jubilaciones
de que se trate.
En el mismo sentido expuesto, no les asistiría el derecho al pago de la
cesantía a los miembros concejales, ya que por la naturaleza de su nombramiento
en el Consejo Universitario, no se genera al término de su nombramiento ningún
pago por ese concepto.
3.- Al encontrarse el
Rector, Vicerrectores, Auditor Interno,
Directores y Jefes Administrativos y Académicos, bajo una relación de
servicio a plazo fijo, no tienen derecho al pago de la cesantía que establece
En el mismo sentido expuesto, no le asistiría el derecho al pago de la cesantía a los
miembros concejales, ya que por la naturaleza de su cargo en el Consejo
Universitario, no se genera al término de su nombramiento ningún pago por ese
concepto.
4.- De conformidad con la
filosofía y fines propios que sustentan
5.- Al tenor del artículo 51 del Estatuto Orgánico de
No procede el pago de la
cesantía, a los servidores o
funcionarios que ocupando cargos bajo una relación de servicio de naturaleza
indefinida, son despedidos sin responsabilidad patronal, al tenor de lo
dispuesto en los artículos 29 y 81 del Código de Trabajo y doctrina que los
informan.
6.- De conformidad con el
inciso b) del
artículo 586 del Código de Trabajo,
ningún servidor (a) a quien se le haya otorgado el pago de la
cesantía puede ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado,
durante un tiempo igual al representado por la suma recibida en calidad de
auxilio de cesantía. Si dentro de ese lapso llegaren a aceptarlo, quedarán
obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas percibidas por ese concepto,
deduciendo aquellas que representen los salarios que habrían devengado durante
el término que permanecieron cesantes; con mayor
razón no podría percibir aún el pago de esa indemnización si continúa
laborando en otro componente del Estado, incluyendo en
7.- En virtud de
Evidentemente, cuando dicho asociado se acoja a la pensión o jubilación
bajo el régimen de pensiones de que se trate, tendrá derecho al pago de la
cesantía, al tenor del inciso e) del artículo 85 del Código de Trabajo,”