Opinión Jurídica : 019 - del 20/04/2010
OJ-019-2010
20
de abril, 2010
Señor
Marvin
Rojas Rodríguez
Diputado
Partido
Acción Ciudadana
Estimado
señor:
Con
la aprobación de
¿Tendría
potestad legal el señor Director General de la Policía de Tránsito para hacer
nombramientos en escalas jerárquicas que no son protegidas por el Régimen del
Estatuto Policial? esto a pesar de que pudiera aducirse que tal situación es
factible porque dicho personal sería personal de confianza del Director?....
Por
otro lado también requiero de su apreciable criterio con relación a la potestad
legal del llamado Consejo de Personal para la Policía de Tránsito, que fue
creado por
¿Sería
procedente que funcionarios que pertenecen al Régimen Estatutario del Servicio
Civil pudieran estar administrando Oficiales de Tránsito que son protegidos por
el Régimen del Estatuto Policial?....
Finalmente
requiero su criterio con relación a que, siendo que, como se me ha informado,
la única institución para formar policías en este país es
De previo a pronunciarnos sobre los
puntos consultados, debemos expresar nuestras disculpas por la tardanza en la
emisión de la consulta requerida, todo justificado en la carga de trabajo que
se lleva en esta oficina.
I.
SOBRE
EL RÉGIMEN DEL ESTATUTO POLICIAL Y EL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL
De
previo a contestar las preguntas formuladas, conviene repasar la diferencia
entre el régimen del estatuto policial y el régimen de servicio civil.
El
Régimen de Servicio Civil ha sido diseñado por el constituyente como un régimen
de empleo general al que se encuentran sometidos, como regla de principio, todos los
funcionarios de los Ministerios que conforman el Estado. Decimos que esta afirmación es una regla de
principio, pues los mismos artículos constitucionales señalan por un lado, la
existencia de grupos de funcionarios excluidos del régimen de servicio civil; y
por otra parte, una reserva legal para la exclusión de otros grupos de
funcionarios del régimen general.
Sobre
este aspecto, ya nos hemos pronunciado en reiteradas ocasiones, por lo que nos
permitiremos reiterar lo señalado en el dictamen C-446-2007 del 14 de diciembre
del 2007, en el que nos referimos a los funcionarios del Servicio de Vigilancia
Aérea del Ministerio de Seguridad Pública:
“II. SOBRE EL REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL Y
El
Régimen de Servicio Civil es un sistema jurídico-administrativo, que busca
garantizar la eficiencia de
Artículo
191.-“Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y
los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la
administración”.
Artículo
192.-“Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de
servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de
idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido
justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción
forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor
organización de los mismos”.
Sobre este punto la jurisprudencia de
“(…)
Los artículos 191 y 192 de
De
lo anterior derivamos que entre el Estado y sus servidores públicos existe una
relación especial de empleo público, que encuentra su fundamento jurídico en
En concordancia con las normas anteriores, los
artículos 1 y 2 del Estatuto de Servicio
Civil, señalan que “el Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder
Ejecutivo y sus servidores” entendiendo por aquellos a los
trabajadores remunerados por el erario público y nombrados por acuerdo formal
publicado en el Diario Oficial.
A
partir de lo expuesto, como regla de principio, los funcionarios de los
respectivos Ministerios y sus órganos desconcentrados estarán sujetos al
régimen de Servicio Civil. Decimos que
la anterior es una regla de principio, por cuanto
Tal es el caso del artículo 140 inciso primero de
Artículo 140.- “Son deberes y atribuciones que corresponden
conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:
1) Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza
pública, a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los
demás que determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio Civil; “
Artículo 3º.-“No se
considerarán incluidos en este Estatuto:
b)
Los miembros de la fuerza pública, o sea aquéllos que estén de alta en el
servicio activo de las armas por la índole de las labores o funciones que
ejecuten, excepto el personal de los Departamentos de Extranjeros y Cédulas de
Residencia y de Migración y Pasaportes y el personal de las Bandas Militares;”
"...,
es lo cierto que los principios básicos del régimen (escogencia por idoneidad,
estabilidad en el empleo) cubren a todos los funcionarios al servicio del
Estado, tanto de
II.
En razón de lo anterior, no encuentra esta Sala que el inciso b.) del artículo 3 del Estatuto de Servicio Civil, que
dice:… sea contrario al principio de
igualdad -…. Además, la distinción en relación a "los miembros de la
fuerza pública" es de orden constitucional -artículo 140 inciso 1°)-, por
lo cual la norma impugnada lo que hace únicamente es desarrollar el concepto
dado en la Constitución, por lo que lejos de ser inconstitucional, es acorde
con sus enunciados. “(Sala Constitucional, resolución número 5222-1994 de
las catorce horas cincuenta y un minutos del trece de setiembre de mil
novecientos noventa y cuatro, el resaltado no es del original)
A partir de lo
expuesto, podemos señalar que la exclusión de los funcionarios del régimen de
servicio civil sólo puede ser efectuada a través de una norma de rango legal
que determine esa exclusión, por lo que podemos afirmar que en esta materia
existe una reserva de ley.
Sobre este
particular,
“Advierte esta Sala además que ni el Consejo Directivo
ni el Ministro de Educación Pública pueden ignorar que la persona que ocupa el
cargo de Director Ejecutivo del CEFOF es un funcionario público; que su
relación con
Ahora bien, como lo señalamos líneas atrás, la exclusión de los miembros
de las fuerzas de policía, está efectuada por
En desarrollo de
aquellos preceptos constitucionales, los artículos 6 y 32 de
"ARTÍCULO 6.
FUERZAS DE POLICÍA.
Son fuerzas de policía, encargadas de la seguridad pública, las
siguientes:
Artículo 32- Competencia
La Policía de Tránsito se
encargará de la vigilancia y el mantenimiento el orden en las vías públicas del
país, de conformidad con los principios que determinen
En el mismo
sentido, la Ley de Tránsito por Vías Terrestres, establece que los inspectores de
tránsito forman parte de las fuerzas de policía. Dispone el artículo 197 de ese cuerpo
normativo, lo siguiente:
“ARTÍCULO 197.- Los inspectores de
tránsito gozarán de los mismos derechos y facultades que ostentan los miembros
de
En lo que respecta al
transporte de madera en trozas o productos forestales, los inspectores de
tránsito deben velar porque se cumpla lo estipulado en
Al
tenor de lo expuesto, es claro que los oficiales de la Policía de Tránsito
forman parte de las fuerzas de policía cubiertas por el Estatuto Policial y
además, excluidos del régimen general de servicio civil por disposición
constitucional y legal.
Ahora
bien, hemos advertido en varios pronunciamientos, que no todo el personal que
labora para una dependencia policial, forma parte del Estatuto Policial, pues
únicamente podría considerarse como incorporados a las fuerzas de policía, a
aquellos funcionarios que realicen labor policial. Esto nos lleva a concluir, además, que en
una misma dependencia pueden laborar funcionarios cubiertos por el régimen del
estatuto policial, funcionarios cubiertos por el régimen de servicio civil o
funcionarios de confianza o libre remoción.
Así,
al analizar la situación de diversas dependencias del Ministerio de
Gobernación, Seguridad y Policía, esta Procuraduría advirtió que la Escuela de
Policía Francisco J. Orlich, no es un cuerpo
policial, y por lo tanto, sus funcionarios no están cubiertos por el estatuto
policial sino por el estatuto de servicio civil, a pesar de que en las labores
docentes participen miembros de la fuerza pública:
“A partir de lo expuesto, debemos efectuar una primera conclusión y es
que el concepto de función policial debe ser entendido en
concordancia con la función para la cual han sido creados dichos cuerpos
policiales, pero además, resulta un concepto que debe ser interpretado en forma
restrictiva, por un lado, por la existencia de una reserva de ley para ello
(artículo 7 de
Por
otra parte, al no existir una norma de rango legal que excluya a los miembros
de la Escuela de Policía del Régimen de Servicio Civil y los incluya dentro del
Régimen del Estatuto Policial, no es posible considerar que los funcionarios de
esas dependencias no están cubiertos por el régimen general que cobija a todos
los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública.
En
razón de lo expuesto, debemos concluir que la Escuela de Policía no es un
cuerpo policial y tampoco realiza función policial, por lo que sus funcionarios
deben considerarse cubiertos por el Régimen de Servicio Civil. Ello sin perjuicio de que miembros de las
fuerzas de policía integrantes de un cuerpo policial puedan brindar la
colaboración con la Escuela de Policía para capacitar a los funcionarios
policiales, como una labor adicional y ocasional a la que realizan.” (Dictamen C-100-2009 del 3 de abril del 2009)
Bajo
la misma inteligencia, al analizar la situación del Servicio de Guardacostas,
esta Procuraduría señaló:
Como
se desprende de la lectura del artículo, la norma regula dos situaciones diferentes:
por un lado, señala cuáles son los funcionarios incluidos dentro del régimen
especial de policía – párrafo primero- y por otro lado, establece un
procedimiento especial por el cual los funcionarios administrativos y de
policía del Servicio Nacional de Guardacostas, pueden ser trasladados a otras
dependencias – párrafo segundo-.
De
esta manera, deben considerarse incluidos dentro del régimen especial de
policía a los funcionarios del Servicio Nacional de Guardacostas que realicen
funciones policiales, así como a los funcionarios que expresamente señala
la norma, a saber, Los jefes de los Departamentos Administrativo y de
Operaciones, el asesor legal, el director de la Academia, los oficiales
directores de las estaciones” El
resto de funcionarios que no realicen función policial y que no hayan sido
incluidos expresamente en el régimen especial, no se encuentran cubiertos por
En
efecto, tal y como lo señalamos en el apartado anterior, los funcionarios del
Ministerio de Seguridad estarán cubiertos por el régimen de servicio civil,
salvo que una norma expresamente los excluya de ese régimen. Como adelantamos, los miembros de las fuerzas
de policía han sido excluidos del régimen por disposición expresa de
Ello
es así, por cuanto una interpretación que excluya a todos los funcionarios que
realizan labores administrativas del régimen general, violenta el sentido
literal del artículo 21, pero además
supone realizar una interpretación ampliativa de la norma que resulta contraria
a la doctrina y jurisprudencia que informan los artículos 191 y 192 de
II.
SOBRE
EL FONDO
Partiendo
del marco anterior, procederemos a responder las preguntas que nos hace el
Señor Diputado.
- ¿TENDRÍA POTESTAD
LEGAL EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE
Como lo indicamos líneas atrás, es
posible que en una misma dependencia de una fuerza policial, coexistan tanto
funcionarios sujetos al régimen policial, como funcionarios sujetos al régimen
de servicio civil o funcionarios de confianza.
Bajo esta inteligencia, es posible
establecer que dentro de la estructura administrativa de la Policía de
Tránsito, el Director General de la Policía de Tránsito tenga bajo su
responsabilidad tanto a funcionarios sujetos al régimen policial, como
funcionarios que no están sujetos a este régimen, en el tanto el Director
General de la Policía de Tránsito ejerza las competencias del superior
jerárquico, de conformidad con lo que establece el artículo 102 de
Artículo 102.-
El superior jerárquico
tendrá las siguientes potestades: a) Dar órdenes particulares, instrucciones o
circulares sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte del inferior, tanto
en aspectos de oportunidad y conveniencia como de legalidad, sin otras
restricciones que las que se establezcan expresamente;
b) Vigilar la acción del
inferior para constatar su legalidad y conveniencia, y utilizar todos los
medios necesarios o útiles para ese fin que no estén jurídicamente prohibidos;
c) Ejercer la potestad
disciplinaria;
d) Adoptar las medidas
necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y a la buena
administración, revocándola, anulándola o reformándola de oficio, o en virtud
de recurso administrativo;
e) Delegar sus funciones y
avocar las del inmediato inferior, así como sustituirlo en casos de inercia
culpable, o subrogarse a él ocupando temporalmente su plaza mientras no regrese
o no sea nombrado un nuevo titular, todo dentro de los límites y condiciones
señalados por esta ley; y f) Resolver los conflictos de competencia o de
cualquier otra índole que se produzcan entre órganos inferiores.
Ahora bien, el órgano competente para
realizar el nombramiento del funcionario, dependerá del régimen al que se
encuentra sujeto el funcionario, así como del puesto que desempeñe, por lo que
no sería posible establecer una regla general en torno a la competencia para el
nombramiento de los funcionarios que estén sujetos a la relación de jerarquía
con el Director General de la Policía de Tránsito.
- POR OTRO
LADO TAMBIÉN REQUIERO DE SU APRECIABLE CRITERIO CON RELACIÓN A
De conformidad con los
artículos 54 y 55 de
De
la Organización del Consejo de Personal
Artículo
54°—Constitución y rango
Para
las fuerzas de policía, en cada ministerio existirá un Consejo de Personal cuya
competencia fundamental es la seguridad pública.
Ese
Consejo lo integrarán los siguientes miembros: el Oficial Mayor, el Jefe del
Departamento Legal, el Jefe del Departamento de Personal, el Director de
Artículo
55°—Atribuciones
Son
atribuciones del Consejo de Personal:
a)
Conocer los reclamos originados en disposiciones emanadas de cualquier jerarca
de las dependencias de las fuerzas de policía.
Los
jerarcas del Consejo de Personal deberán abstenerse de votar, en asuntos que
previamente hayan conocido y sobre los que hayan emitido criterio.
b)
Determinar las políticas generales del Departamento de Personal respectivo.
c)
Refrendar las listas de servidores elegibles confeccionadas por el Departamento
de Personal, a fin de que el ministro respectivo efectúe los nombramientos
correspondientes.
d)
Conocer y resolver, en primera instancia, las recomendaciones de despido y las
suspensiones temporales, al aplicar el régimen disciplinario, así como elevar
el asunto ante el ministro respectivo, se apele o no la resolución de que se
trate.
e)
Las demás atribuciones que
De conformidad con lo señalado en las
normas anteriores, el Consejo de Personal no tiene la competencia de nombrar o
remover a los miembros de las fuerzas de policía, ya que dicha competencia ha
sido asignada por
Bajo esta inteligencia, debemos
interpretar que las competencias asignadas al Consejo de Personal en materia de
nombramiento y remoción de funcionarios, son competencias asesoras del Poder
Ejecutivo, tal y como lo ha advertido ya esta Procuraduría General de la
República, que en el pronunciamiento C-419-2006 del 20 de octubre del 2006,
señaló:
“
La potestad de remover a los miembros de la fuerza
pública es, por consiguiente, una competencia reservada, por la Constitución, a
favor del Poder Ejecutivo en sentido estricto; es decir, del Presidente y el
Ministro del Ramo (artículo 140 constitucional y 21.2 de
En este sentido, se ha pronunciado
“Único: De los
documentos allegados al expediente, se desprende que a la amparada se le
despidió de conformidad con lo previsto en el artículo 140 inciso 1) de
En consecuencia, resultaría contrario al Derecho de
la Constitución, cualquier norma de orden legal o inferior que atribuya a otro
órgano, aún cuando perteneciera al Poder Ejecutivo en sentido lato, la potestad
de remoción de los miembros de la fuerza pública, limitando las potestades
reservadas al Presidente y el respectivo Ministro. Sobre el particular se ha
pronunciado
“Por disposición Constitucional -y seguramente por
motivos históricos ya que en ellas descansaba como único cuerpo armado, el
poder que apareja la tenencia y el uso de las armas- la Constitución no sólo confiere
el mando supremo de ella al Poder Ejecutivo, sino que, por razones obvias deben
ser funcionarios de absoluta lealtad establece también -como atribución del
Presidente y del respectivo Ministro- nombrar, remover a los miembros que
componen dicha fuerza pública.
Sería así, inconstitucional cualquier ley que -en
contra de aquella disposición- dejara sin efecto la facultad del Presidente y
su Ministro, aunque -sin entrar a analizarlo por no ser motivo de consulta- en
determinados casos y por las especiales características y circunstancias de su
particular desempeño algunos cuerpos de policía (que se desempeñan en la
función de policía del Estado) podrán gozar de estabilidad (policía
administrativa en sentido lato).” (…)
Efectivamente, una interpretación que atribuyera al
Consejo de Personal la potestad para dictar el despido de un policía, devendría
contraria al propio texto de
Por consiguiente, lo propio es interpretar el
inciso d) del numeral 55 relacionándolo con lo prescrito en el artículo 53, y,
por supuesto, considerando lo establecido en el ordenamiento constitucional.
En este orden de ideas, debe decirse que la función
del Consejo de Personal no es en modo alguno sustituir al Ministro en su
potestad de resolver y dictar el despido, sino que la competencia del Consejo
se circunscribe a conocer las recomendaciones de despido, que por causa
justificada, se deriven de los procedimientos administrativos abiertos, y
elevarlos para conocimiento del Poder Ejecutivo. El órgano constitucional,
previo pronunciamiento del Consejo de Personal, deberá resolver en definitiva
sobre el despido. …
En conclusión, a la luz de una interpretación
sistemática del numeral 55, inciso d) de
Se sigue de lo anterior que el artículo 53 del
Reglamento de Organización y Servicio de las Autoridades de Tránsito no puede
ser considerado una norma atributiva de competencia al Consejo de Personal para
decidir “en primera instancia”, sobre el despido de un funcionario.”
Ahora bien, como lo indicamos líneas
atrás, tanto la competencia de nombramiento como la de remoción de los miembros
de las fuerzas de policía, está otorgada por
En efecto, de acuerdo con el artículo 55 inciso c) de la Ley de Policía transcrito líneas atrás, el
Consejo de Personal debe “refrendar” las listas de servidores elegibles, a
efectos de que el Ministro correspondiente efectúe el nombramiento. En estos supuestos, debemos interpretar que
el Consejo de Personal verifica que los procesos de nombramiento sean
efectuados conforme a la ley y recomienda al órgano competente que continúe con
el procedimiento de nombramiento.
Bajo ningún supuesto podríamos
interpretar que la norma está autorizando al Consejo de Personal a efectuar
nombramientos, pues tal interpretación sería contraria al texto del artículo
140 inciso 1 de
- ¿SERÍA
PROCEDENTE QUE FUNCIONARIOS QUE PERTENECEN AL RÉGIMEN ESTATUTARIO DEL SERVICIO
CIVIL PUDIERAN ESTAR ADMINISTRANDO OFICIALES DE TRÁNSITO QUE SON PROTEGIDOS POR
EL RÉGIMEN DEL ESTATUTO POLICIAL?....
De acuerdo con los valores que se
incorporaron a nuestra Constitución Política, las fuerzas de policía que puedan
llegar a existir, siempre estarán sujetas al control del poder civil, por lo
que como regla de principio, podemos decir que todos los funcionarios que
formen parte de los cuerpos policiales del país están sujetos al mandato de
funcionarios civiles.
En efecto, de conformidad con los
artículos 12, 139 y 140 de
ARTÍCULO 12.-
Se proscribe el Ejército como institución
permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá
las fuerzas de policía necesarias.
Sólo por convenio continental o para la defensa
nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre
subordinadas al poder civil: no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o
declaraciones en forma individual o colectiva.
ARTÍCULO 139.- Son deberes y atribuciones
exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la República: ….
3) Ejercer el mando supremo de la fuerza pública;
ARTÍCULO
140.-
Son deberes y atribuciones
que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de
Gobierno:
1) Nombrar y remover
libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y funcionarios
que sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine, en casos muy
calificados, la Ley de Servicio Civil;…
6) Mantener el orden y la
tranquilidad de la Nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo
de las libertadas públicas;….
16) Disponer de la fuerza
pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país;
De acuerdo con las normas
constitucionales, cualquier fuerza de policía que pueda llegar a integrarse,
estará siempre sujeta al poder civil, tal y como lo ha expresado la
jurisprudencia de
“En
nuestra Constitución Política, los constituyentes de 1949 trazaron las líneas
maestras del civilismo costarricense, siendo una de ellas el " repudio al
ejército como institución permanente ", quedando precisamente plasmado el
rechazo legal y moral de nuestra sociedad a todo resabio de corte militar en la
aplicación de nuestras leyes, aún las que regulan las fuerzas de policía.
(Sala Constitucional,
resolución número 782-95 de las diecisiete horas del ocho de febrero de mil
novecientos noventa y cinco)
Aplicando
las normas anteriores al caso concreto, podemos advertir que los funcionarios
de la Policía de Tránsito, en el tanto forman parte de las fuerzas de policía
destinadas a resguardar la seguridad y el orden de la Nación, están sujetas al
poder civil ejercido por el Presidente de la República y el Ministro de Obras
Públicas y Transportes.
En
atención a lo expuesto, es claro que no existe ningún reparo jurídico en
establecer, como regla de principio, que
un miembro de las fuerzas de policía pueda estar sujeto a la relación
jerárquica de un funcionario que no sea miembro de estas fuerzas de policía, ya
que como lo indicamos, ese era el esquema ideado por nuestros constituyentes al
promulgarse
Cabe
advertir, no obstante, que la existencia de un deber de obediencia derivado de
la relación de jerarquía, debe ser determinado en cada
caso concreto.
- FINALMENTE
REQUIERO SU CRITERIO CON RELACIÓN A QUE, SIENDO QUE, COMO SE ME HA INFORMADO,
CAPITULO
IX
ADIESTRAMIENTO
Y CAPACITACION
ARTICULO 93.- ENTES
ENCARGADOS DE BRINDARLOS.
Las labores de adiestramiento
y capacitación policial estarán a cargo de
(Así corrida su numeración por el artículo
1° de
ARTÍCULO
94.- CRITERIOS.
El adiestramiento y la
capacitación policial se fundamentarán en los siguientes criterios:
a) Tendrán carácter
profesional y permanente.
b) Serán convalidados por
el Ministerio de Educación Pública.
c) No tendrán carácter
militar y, en consecuencia, su orientación será civilista, democrática y
defensora de los derechos humanos.
(Así corrida su numeración por el artículo 1° de
Como se desprende de las normas anteriores,
Cabe señalar que el artículo 93 antes
transcrito no ha presentado modificaciones en su texto durante su vigencia, por
lo que podemos afirmar que la posibilidad de que existan otras escuelas
destinadas a la formación de policías, ha existido desde la promulgación de
III. CONCLUSIONES
Con base en lo antes expuesto, este
Órgano Asesor concluye lo siguiente:
1.
Es posible
que en una misma dependencia de una fuerza policial, coexistan tanto
funcionarios sujetos al régimen policial, como funcionarios sujetos al régimen
de servicio civil o funcionarios de confianza. Bajo esta inteligencia, es posible
establecer que dentro de la estructura administrativa de la Policía de
Tránsito, el Director General de la Policía de Tránsito puede tener bajo su
responsabilidad tanto a funcionarios sujetos al régimen policial, como
funcionarios que no están sujetos a este régimen.
2.
El
Consejo de Personal no tiene la competencia de nombrar o remover a los miembros
de las fuerzas de policía, ya que dicha competencia ha sido asignada por
3.
Las
competencias asignadas al Consejo de Personal en materia de nombramiento y
remoción de funcionarios, son competencias asesoras del Poder Ejecutivo, tal y
como lo ha advertido ya esta Procuraduría General de la República en el
pronunciamiento C-419-2006 del 20 de octubre del 2006.
4.
Los funcionarios de la Policía de Tránsito, en el
tanto forman parte de las fuerzas de policía destinadas a resguardar la
seguridad y el orden de la Nación, están sujetas al poder civil ejercido por el
Presidente de la República y el Ministro de Obras Públicas y Transportes, tal y
como lo establece
5.
En atención a lo expuesto, es claro que no existe
ningún reparo jurídico en establecer, como regla de principio, que un miembro de las fuerzas de policía
pueda estar sujeto a la relación jerárquica de un funcionario que no sea
miembro de estas fuerzas de policía, ya que como lo indicamos, ese era el
esquema ideado por nuestros constituyentes al promulgarse
6.
Atentamente,
Grettel Rodríguez Fernández
Procuradora Adjunta
GRF/Kjm
OJ-019-2010
FUERZAS DE POLICÍA. SUJETAS AL
PODER CIVIL. POSIBILIDAD DE QUE
COEXISTAN TANTO FUNCIONARIOS DEL RÉGIMEN POLICIAL COMO DEL REGIMEN DE SERVICIO
CIVIL. COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE
PERSONAL EN ORDEN AL NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE FUNCIONARIOS. ESCUELA NACIONAL DE POLICIA.
El señor Diputado Marvin Rojas Rodríguez del Partido Acción Ciudadana, nos consulta en relación con diversos aspectos de la Policía de Tránsito. Específicamente se requiere de nuestro criterio, en relación con las siguientes interrogantes:
¿Tendría potestad legal el señor Director
General de la Policía de Tránsito para hacer nombramientos en escalas
jerárquicas que no son protegidas por el Régimen del Estatuto Policial? esto a
pesar de que pudiera aducirse que tal situación es factible porque dicho
personal sería personal de confianza del Director?....
Por otro lado también requiero de su
apreciable criterio con relación a la potestad legal del llamado Consejo de
Personal para la Policía de Tránsito, que fue creado por
¿Sería procedente que funcionarios que
pertenecen al Régimen Estatutario del Servicio Civil pudieran estar
administrando Oficiales de Tránsito que son protegidos por el Régimen del
Estatuto Policial?....
Finalmente requiero su criterio con relación
a que, siendo que, como se me ha informado, la única institución para formar
policías en este país es
Mediante
Opinión Jurídica OJ-19-2010 del 20 de abril del 2010,
1.
Es posible
que en una misma dependencia de una fuerza policial, coexistan tanto
funcionarios sujetos al régimen policial, como funcionarios sujetos al régimen
de servicio civil o funcionarios de confianza. Bajo esta inteligencia, es posible
establecer que dentro de la estructura administrativa de la Policía de
Tránsito, el Director General de la Policía de Tránsito puede tener bajo su
responsabilidad tanto a funcionarios sujetos al régimen policial, como funcionarios
que no están sujetos a este régimen.
2.
El Consejo de
Personal no tiene la competencia de nombrar o remover a los miembros de las
fuerzas de policía, ya que dicha competencia ha sido asignada por
3.
Las
competencias asignadas al Consejo de Personal en materia de nombramiento y
remoción de funcionarios, son competencias asesoras del Poder Ejecutivo, tal y
como lo ha advertido ya esta Procuraduría General de la República en el
pronunciamiento C-419-2006 del 20 de octubre del 2006.
4.
Los funcionarios de la Policía de
Tránsito, en el tanto forman parte de las fuerzas de policía destinadas a
resguardar la seguridad y el orden de la Nación, están sujetas al poder civil
ejercido por el Presidente de la República y el Ministro de Obras Públicas y
Transportes, tal y como lo establece
5.
En atención a lo expuesto, es claro
que no existe ningún reparo jurídico en establecer, como regla de
principio, que un miembro de las fuerzas
de policía pueda estar sujeto a la relación jerárquica de un funcionario que no
sea miembro de estas fuerzas de policía, ya que como lo indicamos, ese era el
esquema ideado por nuestros constituyentes al promulgarse
6.