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Dictamen : 084 - del 20/03/2009
C-084-2009
20 de marzo de 2009
Licenciado
Mario Zamora Cordero
Director General de
Migración y Extranjería
Estimado señor:
Con
la aprobación de la señora Procuradora General de
En cumplimiento de lo establecido
en el numeral 4º de nuestra Ley Orgánica –Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982 y
sus reformas-, la presente consulta se acompaña de la opinión de
Concretamente
nos consulta lo siguiente:
En caso de funcionarios:
- ¿Cuál
es el procedimiento que debe realizarse y cuál es (sic) ente u órgano
llamado a realizarlos, el Ministerio de Gobernación o
- ¿Debe
la institución competente, realizar previo al procedimiento, enviar dos
avisos al funcionario?
- ¿Puede
- Si
fuera esta Dirección General la encargada de realizar dichos cobros,
¿puede fijar montos mínimos para archivo, particularmente tomándose en
cuenta que las sumas recuperadas no resulten superiores a los costos administrativos
relacionados con el
procedimiento?
- Será
el Ministro de Gobernación o
- Qué
oficina determina –según se trate del Ministerio de
Adicionalmente,
con fundamento en el criterio vertido por
- ¿Es
procedente un arreglo de pago extrajudicial en sede administrativa?
- ¿Cuál
instancia es la competente para firmar dicho arreglo, el Ministerio de
Gobernación y Policía o
- En
cuántos tractos debe pagarse la deuda, si el funcionario no está de
acuerdo a cubrirla en uno solo?
- ¿Debe
realizarse el procedimiento administrativo ordinario o puede procederse al
rebajo de planillas?
- ¿Qué
entidad realiza el procedimiento administrativo ordinario para determinar
la deuda, el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Gobernación o
- En
caso de que sea
- De
ser el Misterio, ¿Sería su Dirección Jurídica la que realiza el
procedimiento o puede delegarse dicha función en un funcionario de
En caso de ex
funcionarios consulta:
- ¿Se
le puede llamar para un arreglo de pago extrajudicial o debe realizarse el
procedimiento administrativo ordinario?
- Si
el funcionario (sic) al llamarlo para arreglo de pago o dentro del
procedimiento administrativo solicita un arreglo de pago ¿Puede realizarse
éste o no?, ¿quién lo firma?, de proceder ¿cuántos tractos deben
aceptarse? De no estar de acuerdo en realizar el pago, ¿la resolución
final es título ejecutivo? En caso de que así sea, ¿procede el envío a
- Si
se realiza un estudio que refleje el monto que se puede recuperar y el
gasto que implica el procedimiento para
- Si
el deudor se apersona en el procedimiento administrativo, ¿puede llegarse
a un arreglo de pago con éste?, de ser posible esto, ¿Quién tiene la
competencia para firmar dicho arreglo, el Ministro o
- De
no estar de acuerdo el ex funcionario de las sumas establecidas como
deuda, la resolución final del procedimiento administrativo ¿se convierte
en título ejecutivo?, de ser así, ¿procede su remisión a
- Al
ser el preaviso una deuda por motivos laborales y fundamentado en un daño
a
I.- Consideraciones
previas.
A) Inadmisibilidad parcial de la presente gestión, por
incumplimiento de al menos un requisito de admisibilidad para el ejercicio de
la función consultiva.
En atención al principio de
legalidad o juridicidad administrativa (artículos 11 de
Por ejemplo, se exige que toda
gestión se acompañe del criterio legal que sobre el tema o temas en consulta
tenga la respectiva asesoría jurídica del órgano u institución pública. Salvo el caso de los auditores
internos, quienes podrán realizar la consulta directamente, siempre y cuando
tenga relación con sus funciones específicas (art. 4 de la citada Ley Nº 6815).
Dicho dictamen o informe de
Esto es así, por cuanto el ámbito
de nuestra competencia se enmarca dentro de los presupuestos que vienen
contenidos en la gestión de
Por consiguiente, no podemos obviar, y
mucho menos excepcionar, la obligación de presentar un criterio jurídico
completo y específico para la consulta que interesa al órgano o institución,
máxime cuando aquellos cuentan con su respectiva asesoría legal, pues se parte
del supuesto de que la decisión de someter formalmente la consulta a este
Órgano Asesor, ha sido sopesada, seria y concienzudamente, por el jerarca institucional,
teniendo para ello como base las consideraciones y conclusiones del criterio
jurídico de su asesor legal; esto especialmente por la naturaleza vinculante
del dictamen que se llegue a emitir, de nuestra parte, al respecto (artículo
2 de nuestra Ley Orgánica). (Véase al respecto, entre otros, los
dictámenes C-074-2004 del 2 de marzo y C-018-2004 del 16 de enero del 2004).
Se ha considerado entonces que la
consulta sometida a nuestro conocimiento enuncia los puntos sobre los cuales
persiste la duda en
Lamentablemente, en el presente
caso no se estaría cumpliendo, al menos parcialmente, con la exigencia aludida,
ya que
En consecuencia, como no se adjunta el criterio del
respectivo departamento o asesor legal en relación con la totalidad de las
dudas que aquejan al consultante, la presente gestión resulta parcialmente
inadmisible. Pero aún cuando ello en principio nos
habilitaría para atender únicamente las interrogantes concernidas en dicho
criterio legal, pues con respecto de ellas sí se cumplió con el requisito de
admisibilidad aludido, lo cierto es que existen otras circunstancias,
especialmente referidas al objeto de la presente consulta, que nos impiden
abordar puntualmente sus preguntas y que seguidamente pasamos a enunciar.
B) Delimitación del objeto de la
consulta y alcances de nuestro pronunciamiento.
El ámbito de nuestra competencia
consultiva se enmarca dentro de los presupuestos que vienen contenidos en la
gestión formulada por
Por
ello, si bien en
apariencia la consulta ha sido planteada en términos generales y abstractos por
Cabe advertir que esta particular
forma de requerir nuestro criterio técnico jurídico ha sido considerada
improcedente, y así lo hemos expresado en reiteradas ocasiones, pues no
corresponde a
Sin embargo, tomando en cuenta el
indudable interés de su promotor en obtener criterios jurídicos que le permitan
esclarecer las dudas que formula y a sabiendas de que hemos emitido infinidad
de pronunciamientos atinentes a los temas de interés, como una forma de
colaboración institucional y actuando siempre dentro de nuestras facultades
legales como asesores técnico-jurídicos de la administración pública, procederemos a emitir en abstracto nuestro criterio al
respecto; esto con base en lineamientos jurídico-doctrinales emanados de
nuestra jurisprudencia administrativa sobre las materias atinentes, en los que
podrá encontrar, por sus propios medios, concretas respuestas a cada una de sus
interrogantes.
Por ello, se omitirá cualquier referencia a las posiciones administrativas de
comentario.
En caso de persistir la controversia
de fondo, en cuanto al órgano u órganos internos competentes al efecto, debe quedar
claro que se estaría en presencia de un evidente conflicto de competencia[1],
y frente a tal fenómeno jurídico, nuestra Ley General de
Debe quedar claro entonces, que
Como el efecto primordial de nuestro
pronunciamiento será, en razón de nuestra labor consultiva, orientar, precisar
y uniformar los criterios de interpretación, integración y delimitación del
ordenamiento jurídico, en cuanto al alcance de diversas normas que lo integran,
y con ello, se facilita la toma de decisiones de los entes y órganos que
integran la administración activa, insistimos en que le corresponderá a
ésta aplicar lo aquí interpretado a cada caso en concreto con el objeto de
encontrarle una solución justa y acorde con el ordenamiento jurídico (Dictámenes N°s C-233-2003 de 31 de junio de 2003, C-294-2003 del 29 de
setiembre del 2003 y C-216-2007 de 3 de julio de 2007 ).
II.- Sobre el fondo.
Siendo que las interrogantes
formuladas en su consulta, referidas al proceso de cobro de pagos en exceso,
aluden una relación de especial sujeción entre servidores o ex servidores y
A.- La Dirección General de Migración
y Extranjería como órgano de desconcentrado del Ministerio de Gobernación y
Policía.
Según se logra inferir de lo
dispuesto por el ordinal 12 de
Sin lugar a dudas, esta especial conformación de
aquella Dirección General alude a un fenómeno organizacional de
“desconcentración administrativa” (art. 83 de
Tal y como lo ha señalado nuestra
jurisprudencia administrativa, “(...) la desconcentración es una
técnica de organización de competencias administrativas que permite una
ordenada distribución de las funciones encomendadas a un órgano o a un ente
público. Mediante ese instrumento, se encarga a un órgano especializado el
ejercicio de determinadas competencias, con la finalidad de alcanzar mayor
eficiencia. A pesar de ello, la aplicación de dicha figura no desliga a los
funcionarios que prestan sus servicios en los órganos desconcentrados de su
relación con el ente u órgano al que originalmente estaban atribuidas las
competencias desconcentradas. A diferencia de lo que ocurre con la
descentralización (...) con la desconcentración no se crea una persona jurídica
nueva, sino que solamente ocurre una distribución de competencias entre
órganos. Así, las competencias que no hayan sido expresamente desconcentradas
en las normas respectivas, deben seguir siendo ejercidas por el órgano o por el
ente que desconcentra (...) En el caso de un ministerio, es posible afirmar que
constituye un “órgano de órganos”. Es un órgano porque forma parte de un ente,
como lo es el Estado; y es un órgano de órganos, porque está integrado por una
serie de dependencias, cada una de ellas con una naturaleza jurídica específica
(...) En todo caso lo que interesa destacar es que un órgano a favor del cual
se desconcentraron determinadas competencias, no deja de formar parte de la
estructura orgánica de aquél a quien pertenecían originalmente las funciones
desconcentradas. Como consecuencia de ello, los funcionarios que prestan sus
servicios en los órganos desconcentrados (…) pueden ser válidamente catalogados
como servidores de ese Ministerio” (Dictámenes C-282-2004 de 4 de octubre de 2004 y C-113-2006 de 16 de
marzo de 2006).
Así las cosas, sin querer ahondar más
sobre el grado de desconcentración administrativa operado en aquella Dirección
General, porque obviamente ello
desbordaría el objeto y alcance de la presente consulta[2],
y considerando que el Director General es el jerarca superior de
B.- La recuperación de pagos
indebidos, erróneos o en exceso.
Tanto el trámite para recobrar sumas dinerarias pagadas de más, como el
plazo de prescripción dentro del cual debe ejercerse aquella acción cobratoria
por parte de
Por la
amplitud, coherencia y claridad de los criterios jurídicos vertidos sobre esas
materias, estimamos innecesario ahondar en vastas exposiciones al respecto, más
que no existen elementos de juicio que nos inclinen a cambiar nuestra posición
sobre esos temas. Será suficiente entonces, extraer de nuestra doctrina
administrativa –basada especialmente en
la jurisprudencia vinculante constitucional- los siguientes corolarios de
interés para abordar, de algún modo, la puntual respuesta a sus interrogantes.
Dichos
corolarios son los siguientes:
1) De la integración normativa de lo dispuesto por los artículos 803 del
Código Civil, 173, párrafo segundo del Código de Trabajo y 51 del Estatuto de Servicio Civil y 203,
siguientes y concordantes de
2) Para efectos de recuperación de sumas dinerarias
pagadas en exceso o indebida o erróneamente reconocidas por parte de la
Administración Pública, independientemente de que éstas sean o hayan sido
giradas a favor de servidores públicos o ex servidores, con base en lo
dispuesto por los numerales 198, 207 y 208 de la Ley General de la
Administración Pública, se tendrá siempre un plazo de cuatro años como límite
para gestionar la acción cobratoria respectiva, ya sea a través del cobro administrativo
pertinente (arts. 308 y siguientes, en relación con el 148 y siguientes, todos
de la Ley General de la Administración Pública) o bien, en caso de
resultar infructuoso aquél, planteando el proceso ejecutivo correspondiente en
sede jurisdiccional (Dictamen C-307-2004
de 25 de octubre de 2004. Y en sentido similar, los dictámenes C-376-2004 de 13 de diciembre
de 2004, C-111-2002 de 7 de mayo de 2002, C-250-97 y C-226-97, respectivamente,
de 24 y 1° de diciembre de 1997, C-124-97 de 8 de julio de 1997, C-061-96 y
C-137-96 ambos de 6 de agosto de 1996, así como el C-068-2006 y el C-126-2008 op. cit.).
3) De previo a que la Administración decida iniciar
cualquier gestión cobratoria, es aconsejable que analice y valore
detenidamente, si aquél pago indebido o en exceso se fundamenta o no
formalmente en un acto declaratorio de derechos, pues la existencia o no de
aquella manifestación formal de la voluntad administrativa determinará la
exigencia inexcusable de ejercer o no, de previo a la gestión cobratoria[6]
aludida en el párrafo anterior, la potestad de autotutela
administrativa para revertir aquel acto administrativo, según corresponda en
atención del grado de disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico
que contenga, ya sea a través del instituto de la lesividad (numerales
183.1 de la Ley General de la Administración Pública, 10 inciso 5) y 34 del
Código Procesal Contencioso Administrativo) o bien, de manera excepcional, de
la potestad anulatoria administrativa (artículo 173 de la citada Ley General);
procedimientos diferenciados[7]
que deberán de seguirse con estricto respeto del principio constitucional de
intangibilidad de los actos propios y siempre dentro del plazo de caducidad
previsto por el ordenamiento (artículos 173.4 de la citada Ley General y 34.1
del Código Procesal Contencioso Administrativo). (Dictámenes C-068-2006 y el C-126-2008 op. cit.).
En estos
supuestos, en tratándose eventuales actos administrativos emanados por parte
del Ministro del ramo, o bien por un órgano que integra la estructura
administrativa de ese Ministerio –caso de los órganos desconcentrados-, será el
órgano superior constitucional o superior jerárquico supremo, en este caso el
señor Ministro, el competente en tramitar lo pertinente (arts. 173 y 183 de la
citada Ley General y 34.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, según oficio-circular
de
4) Si el pago efectuado indebidamente
deviene de un simple error aritmético o material de
Si bien la determinación
de cuántos tractos y qué monto se va a rebajar, es un asunto de resorte exclusivo de
Este criterio procede –ha insistido la Sala y la propia Procuraduría
General- en defecto de un arreglo de pago entre el patrono y el
trabajador, ya que ante la existencia de un acuerdo de esa naturaleza, debe
prevalecer éste en donde ha mediado la participación del empleado, quien -se
supone- pactó la opción menos gravosa a sus intereses. (Resolución Nº 2008-02653 y
pronunciamiento OJ-252-2003 op. cit.).
Cabe indicar que esta posibilidad de
finiquitar por mutuo acuerdo un determinado arreglo de pago sobre sumas pagadas en exceso o
indebida o erróneamente reconocidas por parte de
C.- Emprender acciones para cobrar créditos cuyo monto es menor al costo
efectivo de la gestión cobratoria, no puede ser calificado ni enmarcarse dentro
el principio de buena gestión, dado que ello no implica un uso racional de los
recursos públicos
Este igualmente ha sido tema recurrente en nuestra jurisprudencia
administrativa (Véanse al respecto, entre otros, los pronunciamientos
OJ-057-2000 de 30 de mayo de 2000, OJ-148-2002 de 18 de octubre de 2002,
OJ-204-2003 de 22 de octubre de 2003, OJ-126-2003 de 30 de julio de 2003 y
dictámenes C-174-2000 de 4 de agosto de 2000, C-197-2000 de 9 de agosto del 2002, C-054-2004 de 5 de
febrero de 2004, C-240-2008 del 11 de julio del 2008 y C-438-2008 de 15 de diciembre de 2008).
Por la amplitud, coherencia y claridad de los criterios jurídicos
vertidos sobre la materia, estimamos innecesario ahondar en vastas exposiciones
al respecto, más que no existen elementos de juicio que nos inclinen a cambiar
nuestra posición sobre esos temas. Será suficiente entonces, extraer de nuestra
doctrina administrativa –basada
especialmente lineamientos esbozados por
Dichos corolarios son los siguientes:
1) Las decisiones administrativas en relacionadas con la obtención, manejo
uso y administración de los recursos públicos deben sujetarse a los principios
de economía y eficiencia y eficacia, lo que implica, que el gasto público
conlleva el uso racional de los recursos públicos.
2) Por ello, como regla de principio, para que una suma
sea declarada incobrable debe
3) Sin embargo, excepcionalmente, el uso racional de los
recursos públicos, el coste efectivo de la administración de justicia y el
funcionamiento de la Administración, pueden determinar la improcedencia de
incoar procesos cobratorios por sumas reducidas, y en general cuando los gastos
de recuperación del crédito en descubierto superan razonablemente lo que
eventualmente se obtendría con la acción.
4)
Por ello, que a juicio de la Procuraduría General, emprender acciones para cobrar créditos cuyo monto es menor al
costo efectivo de la gestión cobratoria, no puede ser calificado ni enmarcarse
dentro el principio de buena gestión, dado que ello no implica un uso racional
de los recursos públicos.
5)
En definitiva son los principios de racionalidad y economicidad que rigen la
gestión financiera de
6)
Con base en parámetros objetivos que demuestren fehacientemente de que el costo
real del cobro supera razonablemente la suma por recuperar,
D.- En cuanto a la procedencia
jurídica de renunciar, de forma excepcional, al cobro del preaviso.
Interesa
indicar que a partir del criterio contenido en el dictamen C-364-2004 de 3 de
diciembre de 2004[9],
1) Siendo que el cobro del preaviso permite a la
entidad patronal resarcirse los perjuicios causados por la ruptura
repentina que del contrato de trabajo hace el funcionario, cuando es evidente
que ese perjuicio no se ha producido porque el proceso de reclutamiento y
selección de la Institución permite contar, de manera expedita, con
la persona idónea para desempeñar el puesto de trabajo, es jurídicamente
posible eximir de su pago al funcionario, mediante una resolución
razonada y debidamente fundamentada que así lo justifique.
2) Con base en las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica,
en los principios elementales de justicia, lógica y conveniencia, a
los que alude el numeral 16 de
3) O bien, cuando habiéndose realizado todas las gestiones o
procedimientos pertinentes para recuperar el monto adeudado, exista una
verdadera imposibilidad material de recuperación de éstos, en virtud de que los
deudores no poseen ingresos ni bienes para responder por lo adeudado.
En todo caso, es de resorte
exclusivo de
Conclusión:
Por todo lo expuesto, con base en nuestra
jurisprudencia administrativa
Sin otro particular,
MSc. Luis
PROCURADOR
Licda. Sandra Tenorio
Sánchez
ABOGADA DE PROCURADURÍA
LGBH/STS/gvv
[1] “De
conformidad con la doctrina, los conflictos de competencia pueden ocurrir por
dos vías: por acción o por omisión. En el primer caso, estamos en presencia de
un conflicto positivo, es decir, donde los sujetos involucrados en él reclaman
para sí y, en forma exclusiva y excluyente, el ejercicio de una competencia o
atribución. Parafraseando la doctrina española, se puede afirmar que los
conflictos positivos no sólo constituyen un instrumento exclusivamente diseñado
para reinvindicar competencias usurpadas, sino
también para reaccionar frente a una lesión de una respectiva esfera de
potestad derivada de un ejercicio incorrecto de las competencias ajenas por sus
titulares. En el segundo caso, estamos ante un conflicto negativo, donde
los actores rehúsan asumir la competencia o atribución, ya que consideran
recíprocamente que corresponde al otro” (Dictamen OJ-025-2004 de 3 de marzo de 2004).
[2] Sobre el particular, y en el caso específico de
[3] Conforme al criterio de interpretación contenido en el numeral 83.5 de
la citada Ley General de
[4] Nuestra jurisprudencia administrativa insistido en que “(…) la excepción de los poderes del jerarca
ha de ser expresa ya que el principio establecido en la ley es que todo órgano
distinto del jerarca estará plenamente subordinado a éste y al superior
jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada al efecto (artículo 83 de
[5] “(…) dentro
del procedimiento administrativo existen dos órganos de importancia: el órgano
decisor y el órgano director, ambos con funciones diferentes. El órgano
decisor, conforme a la jurisprudencia administrativa de este Órgano Asesor (Véanse al respecto, entre otros, los
pronunciamientos C-173-95 de 7 de agosto de 1995, C-343-2001 de 11 de diciembre
del 2001, C-353-2001 de 20 de diciembre de 2001 y C-261-2001 de 27 de setiembre del 2001.),
será el órgano competente para dictar la decisión final de un asunto determinado;
es quien debe iniciar el procedimiento administrativo, (Según lo ha sostenido
[6] Gestión cobratoria que alude la realización
del respectivo procedimiento ordinario (art. 308 y ss
LGAP) y las intimaciones de ley (art. 150.2 Ibídem). Para mayor detalle, véase
el dictamen C-014-2008 de 18 de enero de 2008.
[7] Por ejemplo, hemos insistido en que la declaratoria de lesividad, a
diferencia de la anulación administrativa, no debe ir precedida por un
procedimiento administrativo ordinario, sino que basta la declaratoria de
lesividad por parte del órgano superior de la jerarquía administrativa
correspondiente. Véase “Manual de Procedimiento Administrativo”, Procuraduría
General de
[8] FOE-U-234
(referencia Nº 6415) de 18 de julio 2003; DAJ N°01991
de 2 de marzo del 2000; DAJ-2643 de 21 de noviembre de 1996.
[9] Reconsideró el criterio
jurídico anteriormente sostenido al efecto en los dictámenes C- 018-96 del 1 de febrero de 1996, C- 102-99 de 26 de mayo
de 1999 y C-090-2001 de 26 de marzo del 2001.
[10] Véanse al respecto, entre
otras, las resoluciones Nºs 63 de las 10:10 horas del
25 de febrero de 1998, 2002-00587 de las 09:30 horas del 22 de noviembre de
2002, ambas de
C-084-2009
DESCONCENTRACIÓN
ADMINISTRATIVA DE
Por oficio AJ-860-2007,
de 9 de marzo de 2007, el Director General de Migración nos consulta una serie
de inquietudes referidas a los procedimientos de cobro administrativo
gestionados contra funcionarios y ex
funcionarios de esa dependencia, a quienes por determinadas situaciones se les
ha realizado pagos en exceso, o bien porque en otras ocasiones le adeudan al
Estado algunas sumas por concepto de extremos laborales como preaviso no
otorgado oportunamente a la Administración, daños en activos de la institución,
incapacidades no rebajadas, ausencias, etc.
La Procuraduría General de la
República, por su dictamen C-084-2009, de 20 de marzo de 2009, suscrito por
Luis Guillermo Bonilla Herrera, Procurador Adjunto, luego de establecer para
efectos de inadmisibilidad que la gestión formulada presenta problemas, y de
aclarar que por el especial interés de su promotor en obtener criterios jurídicos que le permitan
esclarecer las dudas que formula y a sabiendas de que la Procuraduría ha
emitido infinidad de pronunciamientos atinentes a los temas de interés, como
una forma de colaboración institucional y actuando siempre dentro de nuestras
facultades legales como asesores técnico-jurídicos de la administración
pública, procede a emitir en abstracto el
criterio al respecto en los siguientes términos de interés:
“(…) La recuperación de pagos indebidos,
erróneos o en exceso (…)
1) De la integración normativa de lo dispuesto por los artículos 803 del
Código Civil, 173, párrafo segundo del Código de Trabajo y 51 del Estatuto de Servicio Civil y 203,
siguientes y concordantes de
2) Para efectos de recuperación de sumas dinerarias pagadas en exceso o indebida o erróneamente reconocidas por
parte de
3) De previo a que
En estos supuestos,
en tratándose eventuales actos administrativos emanados por parte del Ministro
del ramo, o bien por un órgano que integra la estructura administrativa de ese
Ministerio –caso de los órganos desconcentrados-, será el órgano superior
constitucional o superior jerárquico
supremo, en este caso el señor Ministro, el competente en tramitar lo
pertinente (arts. 173 y 183 de la citada Ley General y 34.1 del Código Procesal
Contencioso Administrativo, según oficio-circular
de
4) Si el
pago efectuado indebidamente deviene de un simple error aritmético o material
de
Si bien la determinación de
cuántos tractos y qué monto se va a rebajar, es
un asunto de resorte exclusivo de
Este criterio procede –ha insistido
Cabe indicar que esta
posibilidad de finiquitar por mutuo acuerdo un determinado arreglo de pago
sobre sumas pagadas en exceso o indebida o erróneamente reconocidas por parte
de
(…) Emprender acciones para cobrar créditos cuyo monto es menor al costo
efectivo de la gestión cobratoria, no puede ser calificado ni enmarcarse dentro el principio de buena gestión,
dado que ello no implica un uso racional de los recursos públicos (…)
1) Las decisiones
administrativas en relacionadas con la obtención, manejo uso y administración
de los recursos públicos deben sujetarse a los principios de economía y
eficiencia y eficacia, lo que implica, que el gasto público conlleva el uso
racional de los recursos públicos.
2) Por ello, como regla de
principio, para que una suma sea declarada incobrable debe
3) Sin embargo,
excepcionalmente, el uso racional de los recursos públicos, el coste efectivo
de la administración de justicia y el funcionamiento de la Administración,
pueden determinar la improcedencia de incoar procesos cobratorios por sumas
reducidas, y en general cuando los gastos de recuperación del crédito en
descubierto superan razonablemente lo que eventualmente se obtendría con la
acción.
4) Por ello, que a
juicio de la Procuraduría General, emprender acciones para cobrar créditos cuyo monto es menor al costo efectivo de la
gestión cobratoria, no puede ser calificado ni enmarcarse dentro el principio
de buena gestión, dado que ello no implica un uso racional de los recursos públicos.
5) En definitiva son los
principios de racionalidad y economicidad que rigen la gestión financiera de
6) Con base en
parámetros objetivos que demuestren fehacientemente de que el costo real del
cobro supera razonablemente la suma por recuperar,
(…) En cuanto a la
procedencia jurídica de renunciar, de forma excepcional, al cobro del preaviso (…)
1) Siendo que el cobro del preaviso permite a la
entidad patronal resarcirse los perjuicios causados por la ruptura
repentina que del contrato de trabajo hace el funcionario, cuando es evidente
que ese perjuicio no se ha producido porque el proceso de reclutamiento y selección de
2) Con base en las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica,
en los principios elementales de justicia, lógica y conveniencia, a
los que alude el numeral 16 de
3) O bien, cuando habiéndose realizado todas las gestiones o
procedimientos pertinentes para recuperar el monto adeudado, exista una
verdadera imposibilidad material de recuperación de éstos, en virtud de que los
deudores no poseen ingresos ni bienes para responder por lo adeudado.
En todo caso, es de resorte
exclusivo de