Dictamen : 069 - del 10/03/2009
C-069-2009
10 de marzo de 2009
Señora
Lilliam Zamora Sandí
Secretaria Municipal a.i.
Municipalidad de Puntarenas
Estimada señora:
Con
la aprobación de la señora Procuradora General de
1)
Si una sesión se
realiza en horas laborales ¿se puede cobrar la dieta si solicita un permiso sin
goce de salario? ¿Se puede cobrar la dieta con un permiso con goce de salario?
2)
Si estando
incapacitado se asiste a las sesiones, ¿procede el pago de éstas, así como los
viáticos correspondientes?
3)
Si se asiste a una
actividad donde se brinda la alimentación por parte de
4)
¿Se puede cobrar la
dieta estando en vacaciones?
Antes de entrar al fondo de las consultas
que se nos plantean, ofrecemos nuestras disculpas por el atraso en que hemos
incurrido para dar respuesta a su gestión, todo
justificado por motivos de fuerza mayor, fundamentalmente en virtud del elevado
volumen de juicios que atendemos, así como de consultas previamente planteadas
por otros entes estatales.
1)
Si una sesión
se realiza en horas laborales ¿se puede cobrar la dieta si solicita un permiso
sin goce de salario? ¿Se puede cobrar la dieta con un permiso con goce de
salario?
Este
primer aspecto ya ha sido analizado en anteriores oportunidades por parte de
esta Procuraduría, tema en el cual nuestro criterio ha sido que resulta
improcedente el otorgamiento de un permiso sin goce de salario para asistir a
una sesión de un órgano colegiado que se realice en horas laborales, período
durante el cual el funcionario que ocupa una plaza asalariada en otra
institución debe encontrarse laborando en ésta.
Por
resultar plenamente aplicable al asunto que aquí nos interesa, nos permitimos
retomar en lo conducente nuestro dictamen N° C-396-2005 del 15 de noviembre del
2005, el cual explica las razones que justifican esa posición, con base en las
siguientes consideraciones:
“7.- Quien desempeña un cargo dentro de la función pública, labora a
tiempo completo en una institución pública, ¿puede participar en sesiones de
órganos colegiados (Juntas Directivas, Comisiones, Comités) de empresas o
instituciones públicas devengando dietas, si dichas sesiones se realizan dentro
del horario de la institución en la cual está registrado en planillas, alegando
que le dan permiso sin goce de salario en la institución en la cual labora para
asistir a las sesiones en horas dentro de la jornada laboral?
Para dar cabal respuesta a esta última cuestión, resulta necesario, en
primer término, hacer una breve consideración general acerca de los permisos
sin goce de salario en las relaciones de empleo público.
Ciertamente existen determinadas circunstancias que pueden justificar que
al servidor se le otorgue un permiso sin goce de salario, condición en la cual
se suspende la obligación del funcionario de prestar los servicios y a su vez
deja de recibir ordinariamente su salario. Tomando como referencia general las
disposiciones contenidas en el numeral 33 del Reglamento al Estatuto de
Servicio Civil, por ejemplo, se faculta al jerarca para otorgar licencia sin
goce de salario hasta por un mes mediante resolución interna, y tratándose de
períodos más prolongados, se exige el estricto cumplimiento de las condiciones
que se establecen en cuanto a plazos y motivos que pueden invocarse, entre
ellos, asuntos personales del servidor, tratamiento médico, la realización de
estudios, ejecución de proyectos especiales, desempeño de cargos en sindicatos,
en el extranjero, en organismos internacionales o en otras instituciones del
Estado, o cuando su cónyuge sea becario o sea nombrado en el Servicio Exterior
y el funcionario deba acompañarlo.
En todo caso, tratándose de personas sujetas a una relación de servicio
–sea que provengan del Banco Popular o de cualquier otra entidad de
Asimismo, no sobra recordar que el otorgamiento de esta clase de
permisos constituye una mera facultad y no una obligación para el jerarca, el
cual tiene la potestad de valorar los motivos en que se fundamenta la
correspondiente solicitud y determinar discrecionalmente si cabe la concesión
de tal beneficio, sopesando las consecuencias que ello pueda tener sobre la
prestación de los servicios en la institución, las condiciones del funcionario
de que se trate, etc., con apego a principios de justicia, conveniencia y
objetividad.
Ahora bien, tratándose de la separación temporal del puesto para
desempeñar otro distinto dentro de
Asimismo, aunque el permiso no fuera concedido invocando esta causal
específica, el servidor público que se separa temporalmente de su puesto por
varios meses o años igualmente está facultado para desarrollar otras
actividades, de tal suerte que eventualmente podría ser nombrado dentro de ese
período como miembro de junta directiva o de otros órganos colegiados
pertenecientes a órganos, entes y empresas de
Bajo este orden de ideas, puede advertirse que la licencia sin goce de
salario gestionada con la intención de ocupar otro cargo, por su propia
naturaleza y en apego a un sentido lógico, implica que ese otro nombramiento si
bien es temporal, conlleva una vocación de permanencia mínima en el tiempo, es
decir, que se formalice por un período razonable, determinado y continuo, de
tal suerte que se produzca una verdadera separación temporal de su puesto.
Por ello no cabe pensar en su otorgamiento por tan solo unas horas, o
por ciertos días de forma discontinua o irregular a lo largo del mes
calendario, pues ahí no existe una verdadera separación del puesto y por ende
tampoco del cumplimiento de las responsabilidades normales de éste, tan es así que
el funcionario no podría ser excluido de la planilla. Esto último sumado a los
problemas o inconvenientes de carácter administrativo que tal cosa podría
implicar, en relación con el efectivo control del tiempo utilizado y su cálculo
para ser rebajado del salario.
Incluso dejando de lado los inconvenientes administrativos que tal cosa
aparejaría de modo inevitable, ubicándonos en el supuesto específico que aquí
se consulta, es necesario detenerse a analizar el espíritu de la regla
instaurada por
Por un lado, se persigue impedir una doble remuneración, es decir, que
el funcionario no perciba su salario y a la vez la dieta por su asistencia a
las sesiones de un órgano colegiado cuya celebración coincide con su horario de
trabajo.
Pero además, entendemos que la inteligencia de la norma está igualmente
orientada a asegurar que el servidor público se dedique íntegramente a las
funciones y responsabilidades que le demanda su puesto durante su horario de
trabajo, lo que a su vez garantiza la sana prestación del servicio público en
condiciones de eficiencia y continuidad, postulado consagrado con rango legal
por virtud del artículo 4° de
Bajo este entendido, y en armonía con el deber de probidad recogido en
el artículo 3° de
Nótese que la modificación que sufrió el numeral 17 analizado se aprobó
con una intención de flexibilizar la regla, al autorizar la posibilidad de
percibir simultáneamente dietas y salario, pero sin soslayar la premisa
fundamental de la que parte esa norma, cual es que las actividades adicionales
ajenas a su puesto que un funcionario pueda desempeñar se realicen una vez
cumplida su jornada, pues a fin de cuentas el objetivo que permea estas
disposiciones es que el funcionario no desatienda indebidamente las labores
sustantivas de su puesto, pues con ello se deteriora la eficiente y adecuada
prestación del servicio público.
Así, como es bien sabido,
Así las cosas, a nuestro entender no cabe adoptar una interpretación que
favorezca evadir la exigencia que quiso imponer esta nueva legislación,
avalando un mecanismo que pretende buscar un amparo en el ordenamiento –en este
caso mediante un permiso sin goce de salario– el cual resultaría legítimo sólo
en apariencia, habida cuenta de que en el fondo persigue sustraerse
abiertamente de la regla impuesta por el legislador, mediante una deformación o
desnaturalización de esta clase de licencias.
A esta altura de la exposición, reviste particular importancia recordar lo
dispuesto por la misma Ley N° 8422, cuando señala:
“Artículo 5°. Fraude de ley. La función
administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos, así como la
conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con estos que se realicen
al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que no se
conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se
considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de
la norma jurídica que se haya tratado de eludir.”
Con fundamento en todo lo expuesto, y a partir de una interpretación y
aplicación integral de los principios que fluyen de
Dada la claridad de la explicación
que antecede, no estimamos necesario extendernos en mayores consideraciones
sobre el tema, tratándose de un criterio que resulta plenamente aplicable al
caso de las sesiones que celebre el Concejo Municipal.
Únicamente resulta conveniente agregar que si –tal como quedó visto– no
resulta legalmente válido pretender el otorgamiento de un permiso sin goce de
salario para acudir a una sesión del Concejo y cobrar así la dieta respectiva,
por supuesto que deviene aún más improcedente la concesión de un permiso con goce de salario para acudir a la
sesión del Concejo y cobrar la dieta respectiva en
Tal cosa aparejaría una indebida superposición horaria, con la
consecuente doble remuneración, toda vez que en un mismo período de
tiempo el funcionario se encontraría recibiendo su salario de la institución en
la que ocupa una plaza regular, y además estaría percibiendo la dieta por
asistir a la sesión del Concejo, lo cual a todas luces resulta legalmente
improcedente.
En efecto, como hemos señalado en reiteradas ocasiones, debe tenerse
presente que la superposición horaria en el desempeño de cargos públicos
conlleva un enriquecimiento sin causa, pues para uno de los puestos el
funcionario estaría laborando un tiempo menor al que se le ha remunerado
efectivamente (ver dictamen N° C-015-2007
del 29 de enero del 2007).
Recordemos que tal exigencia
tiende a evitar que las labores y responsabilidades públicas se descuiden o
sean atendidas en una forma indebida o ineficiente, lo cual cobra importancia
al tomar en cuenta que justamente la eficiencia es uno de los principios
que inspiran la prestación de los servicios públicos, de conformidad con el
artículo 4º de
A mayor abundamiento,
reviste importancia resaltar que ello constituye una regla de principio que
debe respetarse incluso si no estuviera recogida de modo expreso como lo hace
el artículo 17 de
Lo anterior, por cuanto
el salario con el cual se retribuye la relación de servicio con el Estado
apareja una serie de obligaciones, siendo una de las más importantes el
efectivo cumplimiento de las labores del cargo, obligación que no puede
atenderse apropiadamente si dentro de la jornada el funcionario se distrae en
actividades o funciones ajenas a su puesto, aún cuando se trate de labores para
otra institución pública.
Por las razones indicadas, la
reforma legal operada respecto del numeral 17 de
Por
todas esas razones, es evidente que sería absolutamente ilegítimo para
Así
las cosas, si se llegara a presentar alguna situación excepcional que amerite,
por razones muy calificadas e impostergables, efectuar una sesión
extraordinaria del Concejo a una hora distinta de la usual, que podría
eventualmente coincidir con el horario normal de trabajo que pueda tener algún
miembro en otra Administración –situación que, de los términos de la
recomendación que contiene el criterio legal que se adjuntó a la consulta,
parece ser la hipótesis que le interesa a ese gobierno local (v. gr., en una
ocasión especial tal como el recibimiento de un cuerpo representativo de alguna
organización, que por razones de tiempo y programa debe ser atendido en horas
laborales)– habría de entenderse que dicho funcionario se encontraría
legitimado y autorizado para no asistir a tal sesión extraordinaria, dado que,
por las razones indicadas, el mismo régimen jurídico se lo impide.
En virtud de lo anterior, no
cabría tomar su eventual inasistencia como una falta que pueda acarrearle una
sanción, toda vez que existe causa justificada que le impide presentarse a la
sesión. Asimismo, su lugar habrá de ser tomado por un miembro suplente del
Concejo, si fuera del caso, a fin de completar el quórum requerido.
2)
Si estando incapacitado se asiste a las sesiones,
¿procede el pago de éstas así como los viáticos correspondientes?
La respuesta a esta segunda interrogante es
absolutamente negativa, en razón de que si un funcionario se encuentra
incapacitado, no puede desempeñar ningún tipo de labor en su puesto, ni tampoco
en otra Administración. En efecto, sobre la naturaleza y efectos de las
incapacidades, esta Procuraduría en anteriores ocasiones ha señalado lo
siguiente:
“I. LAS
INCAPACIDADES COMO CAUSALES JURIDICAS DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE TRABAJO O
RELACIÓN DE SERVICIO.
Nuestra legislación laboral establece que es tiempo
de trabajo efectivo, aquel en que el trabajador deba permanecer a las órdenes o
disposición del patrono o su representante (numeral 137 del Código de Trabajo).
Consecuentemente, tanto el contrato de trabajo, como las relaciones de
servicios laborales, tratándose éstas de
Uno de los efectos de esa relación es precisamente
la prestación de servicio como uno de sus elementos integrantes y distintivos.
Así lo encontramos enunciado en el artículo 18 del Código de Trabajo.
Consecuentemente, la relación de servicio está caracterizada por ser de tracto
sucesivo y sólo en determinadas situaciones puede ser suspendida, interrumpida
o finalizada con las respectivas consecuencias previstas por el ordenamiento
jurídico. No obstante, existen diversas razones o causas por las cuales la
prestación efectiva del trabajo o del servicio, se ve interrumpida o
suspendida. Entre ellas podemos citar las licencias y permisos, las vacaciones,
la suspensión disciplinaria o para investigación, y las incapacidades por
enfermedad o accidente. (numerales
Sobre las incapacidades, el artículo 79 del Código
de Trabajo dispone en lo que interesa que:
"Igualmente es causa de suspensión del
contrato, sin responsabilidad para el trabajador, la enfermedad comprobada que
lo incapacite para el normal desempeño de sus labores durante un período no
mayor de tres meses."
II. EFECTOS
JURIDICOS DERIVADOS DE LAS INCAPACIDADES.
En nuestro Pronunciamiento C-040-98, se expresó que
tratándose de las incapacidades con motivo de enfermedad,
"La suspensión entraña la cesación temporal de
los efectos constitutivos o definidores de la relación, es decir, la relación
de la prestación del servicio acordado y del salario o retribución
correspondiente." (ALONSO GARCIA, Manuel, Curso de Derecho de Trabajo,
Madrid, Editorial Ariel, Séptima Edición, 1981, p.518.)
Con motivo de la referida suspensión, además de la
no prestación de servicio, cesa temporalmente la obligación patronal del pago
remunerativo, ya que como se sabe, lo que percibe el servidor es un subsidio
mientras permanezca incapacitado (artículo 35 del Reglamento de Enfermedad y
Maternidad de
Durante la incapacidad, obviamente el servidor no
puede prestar servicios remunerados en la misma institución o administración
patronal, lo que también supone que según el criterio médico, la persona no
podría desempeñarse en la misma actividad laboral en la que fue incapacitada,
valoración que quedará a cargo de la respectiva autoridad médica bajo su
responsabilidad. Así, el servidor o funcionario que se encuentre incapacitado,
está impedido para que preste servicios en el mismo centro de trabajo, aunque
sea en una unidad diferente, pues encontrándose suspendida la relación laboral
resulta incompatible, excluyente e inconveniente, ofrecerle servicios o aceptar
que los preste en otra unidad administrativa de la misma institución, aunque se
trate de labores diferentes.
Ahora bien, estimamos de importancia dejar en claro
que las incapacidades (motivadas en enfermedades justificadas) provocan como
efecto sobre la relación de servicio, únicamente la suspensión de la relación,
sin que se afecte la continuidad de la relación o contrato de trabajo, la cual
se mantiene, conforme lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 153 del
referido Código. Así, esta Procuraduría General, mediante el Dictamen No.
C-068-2000, señaló, en lo que interesa que:
"En la acción de inconstitucionalidad
promovida por el Sindicato de Profesionales del Ministerio de Salud contra el
artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 22343-MP-J-MTSS de ocho de julio de mil
novecientos noventa y tres (mediante el cual se modificó el párrafo segundo del
artículo 29 del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil) se emitió, en
efecto, el pronunciamiento de cita, que en lo conducente, dice: "V).-
En esa tesitura, debe ponerse de manifiesto el
hecho claro de que el artículo 37 inciso b) del Estatuto de Servicio Civil, que
es el único que se refiere al tema de las vacaciones de los servidores
adscritos a ese régimen estatutario, únicamente regula - como bien lo señaló el
Procurador General Adjunto- el aspecto positivo de ese derecho, al disponer que
estos disfrutarán de una vacación anual de quince días hábiles durante el
primer lustro de servicios, de veinte días hábiles durante el segundo y un mes
después de diez años de servicios y que esos servicios podrán no ser
consecutivos. Como se ve, no existe ninguna disposición -legal- que impida
contabilizar, a los efectos de determinar el cumplimiento de las cincuenta
semanas necesarias para adquirir el derecho a vacaciones, los permisos con goce
de salario o sin él, por enfermedad del servidor o por cualquier otra causa
legal, y de allí que deba declararse que el Poder Ejecutivo, al dictar el
decreto número 22343-MP-J-MTSS que reformó el artículo 29 del Reglamento al
Estatuto del Servicio Civil, excedió los límites de la potestad reglamentaria,
al introducir aspectos relacionados con la continuidad del plazo de las
cincuenta semanas que debe cumplir el servidor público para disfrute de su
derecho fundamental al descanso anual; con lo que incursionó arbitrariamente en
una materia que, por disposición expresa del constituyente (artículo 191 de
Suponemos que la pregunta específica contenida en
este punto se refiere al supuesto de que el funcionario haya sido incapacitado
con respecto al cargo que ocupa remunerado salarialmente, y pretenda, durante
ese período de incapacidad, presentarse a las sesiones del Concejo Municipal y
cobrar las dietas correspondientes, o bien el pago del viáticos si es que éste
procediera.
No puede perderse de vista que la naturaleza y el
sentido de la incapacidad parte de la acreditación, por valoración del médico
competente, de que la persona está afectada por una disminución o alteración de
sus capacidades normales físicas o psíquicas que le impiden la normal de su
trabajo, de ahí que temporalmente se suspende para el servidor su obligación de
presentarse a laborar, con el fin de que reciba el tratamiento adecuado y
guarde el reposo necesario para su recuperación.
Bajo ese entendido, si un funcionario ocupa una
plaza ordinaria en
No podemos dejar de expresar que admitir lo
contrario significaría desacatar abiertamente las prescripciones médicas que le
fueron indicadas al funcionario, pero sobre todo conllevaría un irrespeto y
finalmente un fraude al régimen de seguridad social, habida cuenta de que se
estaría desnaturalizando el sentido de
la protección que brinda el seguro de salud, o bien cometiéndose un fraude, si
es que el funcionario ha obtenido este beneficio sin necesitarlo realmente,
pues si no está en condiciones de asistir a su trabajo durante el día, tampoco
puede estarlo para acudir a las sesiones del Concejo que se celebran fuera de
su jornada laboral.
Por todas las razones indicadas, la respuesta es
que no cabe el pago de dietas ni viáticos a un funcionario que está
incapacitado, por razón de que deviene absolutamente irregular e ilegal
que un servidor participe de las sesiones del Concejo mientras se encuentre
bajo esa condición.
A mayor abundamiento, valga mencionar que la
anterior posición resulta congruente con las regulaciones dictadas por
“Artículo 10.—Para
los efectos de este Reglamento se entiende por:
(…)
Incapacidad: Período de reposo
ordenado por los médicos u odontólogos de
Artículo 37º. De la pérdida del derecho al pago de
subsidios.
El asegurado que incurra en fraude, adultere
documentos o haya inducido a engaño al médico tratante, pierde el derecho al
subsidio. Igual sanción rige respecto del asegurado que se ocupe de labores
remuneradas durante el período de incapacidad, o se niegue a cumplir las prescripciones médicas que se le
impartan. En estas dos últimas hipótesis, el pago, sin derecho al reintegro de
los subsidios suspendidos, se reanudará en cuanto el asegurado haya modificado
su conducta.”
Por su parte, el Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades y
Licencias a los Beneficiarios del Seguro de Salud (N° 7897 del 14 de octubre
del 2004), dispone en lo conducente:
“Artículo
2º—Del campo de aplicación y de la responsabilidad
administrativa, civil y penal sobre el otorgamiento de incapacidades y
licencias.
a)
Del campo de aplicación: (…)
El
otorgamiento de una incapacidad formaliza un compromiso recíproco entre el
profesional en Ciencias Médicas tratante autorizado por
El
trabajador (a) incapacitado queda inhabilitado legalmente para el desempeño
de sus labores y para realizar otras actividades que sean remuneradas o que vayan
en contra de los principios de lealtad y buena fe a los cuales se obliga con su
patrono; así como aquellos actos que puedan constituir falta de respeto
hacia el empleador o competencia desleal.” (el subrayado es nuestro)
Del
elenco de normas citadas queda en evidencia que el sentido y finalidad del
otorgamiento de una incapacidad para el funcionario exige que guarde el reposo
recomendado por el médico tratante, puesto que se parte de la premisa básica de
que la persona no está en condiciones de trabajar.
De ahí
que el funcionario en esa condición no puede ni debe efectuar otras labores o
actividades, menos aún con el propósito de obtener algún tipo de remuneración,
de tal suerte que, reiteramos, la respuesta a la interrogante que nos ocupa en
este punto ha de ser negativa, pues el funcionario que se encuentra
incapacitado no puede ni debe asistir a una sesión del Concejo, y mucho menos
percibir el pago de la correspondiente dieta o de viáticos.
3)
Si se asiste a
una actividad donde se brinda la alimentación por parte de
En el tema del pago de viáticos, la línea que en la
actualidad sostiene esta Procuraduría General es que, por tratarse del uso y
disposición de fondos públicos, nos encontramos ante materia que se ubica
dentro de la esfera competencial de
Así, mediante nuestro dictamen N°
C-070-2003 del 13 de marzo del 2003 –precisamente en un tema relacionado con el
pago de viáticos– señalamos lo siguiente:
“En vista de que estamos en
presencia de una materia –Hacienda Pública-, en la cual
“En relación con la segunda
consulta el órgano asesor es incompetente para emitir un dictamen, en vista de
que estamos frente a un asunto en el cual
‘
En el caso que nos ocupa, estamos
frente a un asunto propio de
Sin perjuicio de lo
anterior, simplemente valga hacer la observación de que la filosofía que parece
inspirar la normativa general sobre la materia parece incompatible con la
posibilidad consultada. Lo anterior, por cuanto el actual “Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte
para Funcionarios Públicos” emitido por
“Artículo 2º.- Concepto. Por viático debe
entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje,
alimentación y otros gastos menores, efectivamente realizados, que los
entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en
forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones
de su cargo.
Artículo
39º.- Gastos financiados por el órgano auspiciador.
Ningún
ente del sector público podrá girar suma alguna por concepto de gastos de viaje
y de transporte, si éstos son financiados por el organismo
auspiciador de un cónclave, seminario o congreso, al funcionario que asistiere
en su representación. Si se determina que la asignación otorgada por el
organismo auspiciador resulta inferior a la tarifa autorizada en el Artículo
34º para el lugar a visitar, la autoridad superior del ente público respectivo,
podrá conceder al funcionario una suma complementaria, de forma que,
conjuntamente con la asignación financiada o dada, no exceda el monto de la
tarifa autorizada ni la limitación indicada en el artículo anterior.”
Así las cosas, y sin pretender
ahondar en el análisis del tema –dado el aspecto de competencia ya explicado–
simplemente valga hacer notar que las disposiciones parecen partir de la
premisa de que el aporte económico que se brinda al funcionario mediante los
viáticos se encuentra destinado a sufragar los gastos en que efectivamente deba
incurrir el funcionario con motivo de las actividades en las que representa a
la institución.
En
consecuencia, si a
Tal es la lectura que, a nuestro
entender, cabría darle a las regulaciones existentes sobre esta materia. No
obstante, un supuesto como el consultado finalmente debe ser definido por
4)
¿Se puede cobrar la dieta
estando en vacaciones?
Del planteamiento de esta interrogante no queda
claro a cuál supuesto se refiere puntualmente: a) si se trata de que a un funcionario asalariado en otra
Administración se pretenda otorgarle vacaciones para asistir a sesiones que
vayan a realizarse dentro de su jornada ordinaria, es decir, en horas hábiles,
o bien, b) que se trate de que un
funcionario se encuentre disfrutando de sus vacaciones normalmente, y fuera de
la jornada, asista a las sesiones. Nótese que en este segundo supuesto el
funcionario estaría asistiendo bajo las mismas condiciones en las que lo hace
aún si no estuviera disfrutando de vacaciones, pues se trataría de sesiones
realizadas fuera de la jornada habitual de trabajo.
El primer supuesto ya ha sido objeto de consulta a
esta Procuraduría en anteriores ocasiones, de tal suerte que lo procedente es
remitirnos a nuestro dictamen N° C-271-2006 del 5 de julio del 2006, en el
cual, luego de explicar la naturaleza del instituto de las vacaciones, y los
alcances del artículo 17 de
“Así las cosas, debe tenerse presente que, a pesar de que el funcionario
se encuentre disfrutando de su período de vacaciones, ello no enerva la
sujeción al régimen de empleo público, y bajo ese esquema, el funcionario
tampoco puede apartarse de los deberes éticos que se hayan ínsitos en su
relación de servicio.
Desde esa perspectiva, debe tenerse presente que las reglas instauradas
por
Bajo ese entendido, estimamos improcedente que, con el fin de evadir esa
restricción, se acuda al disfrute de las vacaciones, pretendiendo por esa vía
legitimar la asistencia a las sesiones de junta directiva que se celebran
durante la jornada laboral.
Además, en armonía con el deber de probidad recogido en el artículo 3°
de
Así las cosas, nótese que la modificación que sufrió el numeral 17
analizado se aprobó con la intención de autorizar la percepción simultánea de
dietas y salario, pero sin soslayar la premisa fundamental de la que parte esa
norma, cual es que las actividades adicionales ajenas a su puesto que un
funcionario pueda desempeñar se realicen una vez cumplida su jornada, pues a
fin de cuentas uno de los objetivos que permea estas disposiciones es que no se
gire una doble remuneración dentro de un mismo lapso de tiempo.
Y, como quedó visto, durante el período de vacaciones el funcionario
sigue percibiendo normalmente su salario, aunque se encuentra suspendida de
modo temporal su obligación de presentarse a laborar, justamente con la
finalidad de que disfrute de un período de descanso efectivo, tal como se
explicó ampliamente líneas atrás.
Así las cosas, a nuestro entender no cabe adoptar una interpretación que
favorezca evadir la exigencia que quiso imponer esta nueva legislación –en el
sentido de que el asalariado sólo puede devengar dietas fuera de su jornada
ordinaria– avalando un mecanismo que pretende buscar un amparo en el
ordenamiento, el cual resultaría legítimo sólo en apariencia, habida cuenta de
que en el fondo persigue sustraerse abiertamente de la regla impuesta por el
legislador, mediante una deformación o desnaturalización del beneficio de las
vacaciones.
A esta altura de la exposición, reviste particular importancia recordar
lo dispuesto por la misma Ley N° 8422, cuando señala:
“Artículo 5°. Fraude de ley. La función
administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos, así como la
conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con estos que se
realicen al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que
no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento
jurídico, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida
aplicación de la norma jurídica que se haya tratado de eludir.”
En consecuencia, y a partir de una interpretación y aplicación integral
de los principios que fluyen de
A mayor abundamiento, y dados los términos del criterio legal que se
aportó en la primera de las consultas sobre el tema planteadas ante esta
Procuraduría, valga señalar que igualmente en la ya citada opinión jurídica N°
OJ-107-2004 se explicó profusamente el aspecto de que una práctica o costumbre
administrativa contra legem bajo ninguna
circunstancia puede convertirse en fuente de derecho, y mucho menos generar
derechos adquiridos para el funcionario. Antes bien,
A la luz de las anteriores
consideraciones, queda claro que, al igual que lo manifestamos en relación con
los permisos con o sin goce de salario, no es procedente que se otorguen
vacaciones para asistir a sesiones del Concejo que se celebren en horas hábiles
dentro de las cuales el funcionario normalmente se encontraría laborando en la
otra Administración en la que ocupa una plaza ordinaria.
Ahora bien, pasando al segundo supuesto, en donde simplemente
el funcionario se encuentre disfrutando de sus vacaciones en otra institución,
y asiste –en horario fuera de horas hábiles– a las sesiones del Concejo,
estimamos que en este caso estaría legitimado tanto para asistir como para
cobrar la dieta correspondiente, toda vez que mientras la sesión se celebre en
horas que no coincidan con su horario de trabajo en la otra institución, no se
estaría incurriendo en una superposición horaria (que es la exigencia contenida
en el artículo 17 de
Esto último en razón de que, durante las horas de
la jornada habitual de trabajo en la institución en la que ocupa una plaza
remunerada salarialmente, el funcionario sí estaría disfrutando en forma
efectiva sus vacaciones, (período en el cual se encuentra percibiendo
normalmente su salario) y luego de ello, estaría asistiendo fuera de ese
horario a las sesiones del Concejo, como igual lo podría hacer si encontrara laborando
normalmente.
En otras palabras, mientras las sesiones del
Concejo se realicen fuera del horario normal de trabajo que el
funcionario tiene en la otra institución donde ocupa una plaza remunerada
salarialmente, puede asistir a las
sesiones y cobrar la dieta correspondiente, tanto si ha laborado normalmente
durante el día o si ha estado disfrutando de vacaciones.
CONCLUSIONES
1.-
Si el funcionario es asalariado en otra
Administración, no resulta posible que acuda a las sesiones del Concejo dentro de
su jornada laboral, alegando que cuenta con un “permiso sin goce de salario”
concedido durante las horas en que se celebran tales sesiones (lo cual
conllevaría una desnaturalización de esta clase de licencias), pues con ello se
produce un fraude de ley a la regla de que esa posibilidad está sujeta
estrictamente a que no se produzca superposición horaria entre esa jornada y
las sesiones de tales órganos.
2.- Deviene
aún más improcedente la concesión de un permiso con goce de salario para acudir a la sesión del Concejo y cobrar la
dieta respectiva en
3.- Si
se llegara a presentar alguna situación excepcional que amerite efectuar una
sesión extraordinaria del Concejo a una hora que coincida con el horario normal
de trabajo que pueda tener algún miembro en otra Administración, habría de
entenderse que dicho funcionario se encontraría legitimado y autorizado para no
asistir, de tal suerte que no cabría tomarlo como una falta que pueda
acarrearle una sanción, toda vez que existe causa justificada que le impide
presentarse a la sesión.
4.- Si el funcionario está incapacitado para laborar en
el puesto que ocupa como asalariado, por paridad de razón tampoco se encuentra
en condiciones de asistir a las sesiones del Concejo durante el período por el
cual se le otorgó la incapacidad. Es decir, el funcionario que
se encuentra incapacitado no puede ni debe asistir a una sesión del Concejo, y
mucho menos percibir el pago de la correspondiente dieta o de viáticos.
5.- En
el tema del pago de viáticos, por tratarse del uso y disposición de fondos
públicos, nos encontramos ante materia que se ubica dentro de la esfera
competencial de
6.- Sin perjuicio de lo anterior, nótese que
la normativa sobre la materia parece partir de la premisa de que el aporte
económico que se brinda al funcionario mediante los viáticos se encuentra
destinado a sufragar los gastos en que efectivamente deba incurrir el
funcionario con motivo de las actividades en las que representa a la
institución. En consecuencia, si a ese gobierno local le consta que los gastos
de alimentación serán cubiertos efectivamente por alguna institución
organizadora del evento de que se trate, pareciera que no cabe pensar en la
asignación de ese pago, toda vez que estaría ausente el motivo que lo
justifica. Ergo, mucho menos procede tal erogación en caso de que sea la propia
Municipalidad la que cubre los gastos de la actividad.
7.- No es procedente que se otorguen vacaciones para asistir a sesiones del
Concejo que se celebren en horas hábiles dentro de las cuales el funcionario
normalmente debe estar laborando en la otra Administración en la que ocupa una
plaza ordinaria.
8.- Mientras las sesiones del Concejo se realicen fuera
del horario normal de trabajo que el funcionario tiene en la otra institución
donde ocupa una plaza remunerada salarialmente, estando en vacaciones otorgadas
por dicha institución puede asistir a tales sesiones y cobrar la dieta
correspondiente.
De
usted con toda consideración, suscribe atentamente,
Andrea Calderón Gassmann
Procuradora Adjunta
ACG/msch
C-069-2009
CONCEJOS MUNICIPALES. SESIONES. PAGO DE DIETAS. UN
ASALARIADO NO PUEDE SOLICITAR PERMISO O VACACIONES PARA ASISTIR A
1)
Si una sesión se
realiza en horas laborales ¿se puede cobrar la dieta si solicita un permiso sin
goce de salario? ¿Se puede cobrar la dieta con un permiso con goce de salario?
2)
Si estando
incapacitado se asiste a las sesiones, ¿procede el pago de éstas, así como los
viáticos correspondientes?
3)
Si se asiste a una
actividad donde se brinda la alimentación por parte de
4)
¿Se puede cobrar la
dieta estando en vacaciones?
Mediante nuestro
dictamen N° C-069-2009 del 10 de marzo del 2009 suscrito
por Andrea Calderón Gassmann, Procuradora Adjunta,
luego de evacuar cada una de las interrogantes planteadas, arribamos a las
siguientes conclusiones:
1.-
Si el funcionario es asalariado en otra
Administración, no resulta posible que acuda a las sesiones del Concejo dentro
de su jornada laboral, alegando que cuenta con un “permiso sin goce de salario”
concedido durante las horas en que se celebran tales sesiones (lo cual
conllevaría una desnaturalización de esta clase de licencias), pues con ello se
produce un fraude de ley a la regla de que esa posibilidad está sujeta
estrictamente a que no se produzca superposición horaria entre esa jornada y
las sesiones de tales órganos.
2.- Deviene
aún más improcedente la concesión de un permiso con goce de salario para acudir a la sesión del Concejo y cobrar la
dieta respectiva en
3.- Si
se llegara a presentar alguna situación excepcional que amerite efectuar una
sesión extraordinaria del Concejo a una hora que coincida con el horario normal
de trabajo que pueda tener algún miembro en otra Administración, habría de
entenderse que dicho funcionario se encontraría legitimado y autorizado para no
asistir, de tal suerte que no cabría tomarlo como una falta que pueda
acarrearle una sanción, toda vez que existe causa justificada que le impide
presentarse a la sesión.
4.- Si el funcionario está incapacitado para laborar en
el puesto que ocupa como asalariado, por paridad de razón tampoco se encuentra
en condiciones de asistir a las sesiones del Concejo durante el período por el
cual se le otorgó la incapacidad. Es decir, el funcionario que
se encuentra incapacitado no puede ni debe asistir a una sesión del Concejo, y
mucho menos percibir el pago de la correspondiente dieta o de viáticos.
5.- En
el tema del pago de viáticos, por tratarse del uso y disposición de fondos
públicos, nos encontramos ante materia que se ubica dentro de la esfera
competencial de
6.- Sin perjuicio de lo anterior, nótese que
la normativa sobre la materia parece partir de la premisa de que el aporte
económico que se brinda al funcionario mediante los viáticos se encuentra
destinado a sufragar los gastos en que efectivamente deba incurrir el
funcionario con motivo de las actividades en las que representa a la
institución. En consecuencia, si a ese gobierno local le consta que los gastos
de alimentación serán cubiertos efectivamente por alguna institución
organizadora del evento de que se trate, pareciera que no cabe pensar en la
asignación de ese pago, toda vez que estaría ausente el motivo que lo
justifica. Ergo, mucho menos procede tal erogación en caso de que sea la propia
Municipalidad la que cubre los gastos de la actividad.
7.- No es procedente que se otorguen vacaciones para asistir a sesiones del
Concejo que se celebren en horas hábiles dentro de las cuales el funcionario
normalmente debe estar laborando en la otra Administración en la que ocupa una
plaza ordinaria.
8.- Mientras las sesiones del Concejo se realicen fuera
del horario normal de trabajo que el funcionario tiene en la otra institución
donde ocupa una plaza remunerada salarialmente,
estando en vacaciones otorgadas por dicha institución puede asistir a tales
sesiones y cobrar la dieta correspondiente.