Dictamen : 451 - del 18/12/2008

 

 

C-451-2008

18 de diciembre de 2008

 

 

Ingeniero

Oscar Bonilla

Presidente

Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y

Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica (FITTACORI)

 

 

Estimado señor:

 

            Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su oficio N° Fittacori-252-2008 de fecha 26 de noviembre del presente año, recibido en este Despacho el día 28 de noviembre siguiente, mediante el cual, luego de explicar una serie de antecedentes relacionados con el contrato suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y esa Fundación, así como respecto de la Ley N° 8408 que aprobó el Contrato de Préstamo N° 1436/OC-CR entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual se marcaron las pautas específicas sobre la forma en que deben efectuarse los desembolsos a favor de esa organización, se nos consulta concretamente lo siguiente:

 

a)                  Si se puede, por vía de una ley de modificación a la Ley de Presupuesto, introducir reformas a una ley especial, como lo es la Ley N° 8408, que aprobó el Contrato de Préstamo N° 1436/OC-CR.

 

b)                 Si una ley se puede modificar por un decreto, de conformidad con el principio de jerarquía de las normas.

 

 

Vistas las anteriores interrogantes, así como los antecedentes del caso a los cuales se hace referencia en su oficio, resulta necesario exponer las siguientes consideraciones sobre la admisibilidad de la consulta acerca de la cual se nos solicita emitir un dictamen vinculante.

 

 

 

 

I.         Imposibilidad para ejercer la función consultiva por razones de admisibilidad

 

En orden a la gestión que aquí nos ocupa, reviste fundamental importancia tener presente lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982) concretamente en sus numerales 1 y 3 inciso b), en los cuales se establece claramente la naturaleza jurídica y las funciones de este Órgano Asesor.

 

A efecto de mayor claridad, transcribimos los artículos citados:

 

“Artículo 1.- Naturaleza jurídica

 

La Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia. Tiene independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus funciones”.

 

“Artículo 3. Atribuciones

 

Son atribuciones de la Procuraduría General de la República:

 

b)                 Dar informe, dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que,            acerca de cuestiones jurídicas, le soliciten el Estado, los entes      descentralizados, los demás organismos públicos y las empresas   estatales.

 

            (...)”.

 

De la normativa citada se desprende claramente que la Procuraduría General de la República es el asesor técnico jurídico de las distintas dependencias de la Administración Pública, de tal suerte que no se encuentra facultada para responder consultas presentadas por particulares. 

 

En el caso que nos ocupa la gestión ha sido formulada por esa fundación, en su condición de persona jurídica privada, por lo que, de conformidad con las disposiciones legales señaladas, nos vemos obligados a rechazarla, toda vez que de lo contrario estaríamos excediendo nuestras competencias legales (ver en igual sentido, en punto a la denegatoria de trámite de la consulta cuando el solicitante es una persona privada, entre otros, los siguientes dictámenes: C-154-2006 del 20 de abril de 2006, C-209-2006 del 23 de mayo de 2006, C-284-2006 del 11 de julio de 2006, C-423-2006 del 23 de octubre de 2006, C-459-2006 del 14 de noviembre de 2006, C-113-2007 del 11 de abril del 2007, C-201-2008 del 12 de junio del 2008, C-272-2008 del 7 de agosto del 2008, C-277-2008 del 8 de agosto del 2008 y C-414-2008 del 20 de noviembre del 2008).

 

 

Valga acotar que si bien el Estado tiene especial interés en el desarrollo de las actividades de esa Fundación, además de que la misma funciona gracias a los fondos que recibe tanto en virtud del contrato de préstamo arriba referido, como a las transferencias de recursos que el Estado le otorga mediante el Presupuesto Nacional, e incluso con la prestación de servicios por parte de funcionarios públicos, por lo que se ha constituido en una organización que se podría pensar funciona paralelamente a la Administración, lo cierto del caso es que a pesar de ello formalmente conserva su naturaleza de persona jurídica privada, tanto así que precisamente por ello ha tramitado y recibido la “Calificación de Idoneidad” para la percepción de fondos públicos que, para tales efectos, otorga la Contraloría General de la República a sujetos privados.

 

En todo caso, cabe señalar que dada la estrecha coordinación bajo la cual opera esa fundación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, si se estima necesario contar con nuestro dictamen vinculante en relación con las inquietudes expuestas en su oficio, la consulta tendría que plantearla el jerarca de ese Ministerio, en caso de que la Administración tenga las mismas inquietudes que resultan de interés de esa Fundación.

 

 

 

II.        Conclusión

 

En virtud de lo expuesto, la consulta que aquí nos ocupa no cumple con los requisitos de admisibilidad señalados por el ordenamiento jurídico y por nuestra jurisprudencia administrativa en orden a este tipo de gestiones, en tanto no está planteada por la Administración Pública, por lo que lamentamos vernos obligados a declinar el ejercicio de nuestra función consultiva, en relación con la gestión que nos ha sido planteada.

 

            De usted con toda consideración, suscribe atentamente,

 

 

 

 

Andrea Calderón Gassmann

 Procuradora Adjunta

 

 

ACG/msch

 

c.c.          -Ministerio de Agricultura y Ganadería

                -Área de Servicios Públicos Ambientales y Agropecuarios (DFOE) de la Contraloría General de la República

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-451-2008

 

CONSULTAS. ADMISIBILIDAD. FITTACORI. FUNDACIONES PRIVADAS NO PUEDEN CONSULTAR. FUNDACIONES QUE RECIBEN FONDOS PÚBLICOS Y TRABAJAN PARALELAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN.

 

 

El Ingeniero Oscar Bonilla, Presidente de la Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica (FITTACORI), luego de explicar una serie de antecedentes relacionados con el contrato suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y esa Fundación, así como respecto de la Ley N° 8408 que aprobó el Contrato de Préstamo N° 1436/OC-CR entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual se marcaron las pautas específicas sobre la forma en que deben efectuarse los desembolsos a favor de esa organización, se nos consulta concretamente lo siguiente:

 

a)                  Si se puede, por vía de una ley de modificación a la Ley de Presupuesto, introducir reformas a una ley especial, como lo es la Ley N° 8408, que aprobó el Contrato de Préstamo N° 1436/OC-CR.

 

b)                 Si una ley se puede modificar por un decreto, de conformidad con el principio de jerarquía de las normas.

 

Mediante nuestro dictamen N° C-451-2008 de fecha 18 de diciembre del 2008 suscrito por Andrea Calderón Gassmann, Procuradora Adjunta, señalamos que la Procuraduría General de la República es el asesor técnico jurídico de las distintas dependencias de la Administración Pública, de tal suerte que no se encuentra facultada para responder consultas presentadas por particulares. 

 

A lo anterior agregamos que si bien el Estado tiene especial interés en el desarrollo de las actividades de esa Fundación, además de que la misma funciona gracias a los fondos que recibe tanto en virtud del contrato de préstamo arriba referido, como a las transferencias de recursos que el Estado le otorga mediante el Presupuesto Nacional, e incluso con la prestación de servicios por parte de funcionarios públicos, por lo que se ha constituido en una organización que se podría pensar funciona paralelamente a la Administración, lo cierto del caso es que a pesar de ello formalmente conserva su naturaleza de persona jurídica privada, tanto así que precisamente por ello ha tramitado y recibido la “Calificación de Idoneidad” para la percepción de fondos públicos que, para tales efectos, otorga la Contraloría General de la República a sujetos privados.

 

En todo caso, cabe señalar que dada la estrecha coordinación bajo la cual opera esa fundación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, si se estima necesario contar con nuestro dictamen vinculante en relación con las inquietudes expuestas en su oficio, la consulta tendría que plantearla el jerarca de ese Ministerio, en caso de que la Administración tenga las mismas inquietudes que resultan de interés de esa Fundación.