Accesibilidad
Dictamen : 434 - del 11/12/2008
C-434-2008
11 de diciembre, 2008
Señor
Marvin Orozco Barrantes
Presidente
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur
JUDESUR
Estimado señor:
Con la aprobación de la
señora Procuradora General, me refiero a su atento oficio N°
JDJ-O-088-2008 de 21 de noviembre último, por medio del cual consulta cuáles
son las organizaciones y asociaciones calificadas para ser sujetos de crédito
en el Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR. Es su criterio que los
artículos 1 y 3 del citado Reglamento no precisan cuáles organizaciones pueden
devenir sujetos de crédito.
Adjunta Ud. el criterio de la Asesoría Legal, oficio ALJ-M-317-2008
de 21 de misma fecha. Es criterio de la Asesoría que sujetos de crédito en el
artículo 3 son las organizaciones que cumplan con lo que establece la Ley de
Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito así como el Reglamento de
mérito, las directrices y criterios de idoneidad de la Contraloría. Por lo que
pueden ser sujetos de crédito asociaciones u organizaciones de Osa, Golfito,
Corredores, Coto Brus y Buenos Aires. Estima que le
corresponde al Área de Desarrollo verificar si las entidades son sujetos de
crédito.
Los recursos que JUDESUR recibe deben ser dirigidos a
financiar el desarrollo económico y social de los cantones de Osa, Golfito, Corredores, Coto Brus y Buenos
Aires. Para ese efecto, JUDESUR puede otorgar financiamiento a diversas
entidades públicas y privadas que cumplan los requisitos legalmente
establecidos. En tratándose de las entidades privadas estas deben ser idóneas
para administrar fondos públicos.
A.- UN
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
La Ley N° 7012 de 4 de
noviembre de 1985 crea el Depósito Libre Comercial de Golfito con el objeto de
promover el desarrollo de la zona sur del país. Un desarrollo que debe ser
generado a través del fomento de nuevas actividades productivas y de servicios.
Desde el punto de vista fiscal estos objetivos se logran no solo con el otorgamiento
de un régimen fiscal de favor, propio del "depósito libre comercial",
sino también con la creación de un tributo. Se establece así un impuesto único
de 18% sobre la venta de las mercaderías almacenadas en el depósito libre
comercial de Golfito.
Dicho
impuesto se crea a favor de un nuevo organismo creado para administrar los
distintos recursos que deben promover el desarrollo de la zona. En efecto,
conforme el artículo 6 de la citada Ley, el impuesto se destina a favor de la
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de
Puntarenas, creada en el artículo 10 de la Ley:
“Artículo 10.- Créase la Junta de
desarrollo regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, llamada en
esta ley la Junta, como Institución semiautónoma del
Estado, con personalidad jurídica propia e independencia administrativa,
domiciliada en el cantón de Golfito.
La Junta tendrá entre sus fines
primordiales el desarrollo socioeconómico integral de la Zona Sur de la
provincia de Puntarenas, así como la administración y operación del giro
comercial del depósito libre comercial de Golfito.
La Junta estará integrada por
representantes de las siguientes instituciones y organizaciones de la Zona Sur:
a) Uno por las Asociaciones de
Desarrollo Integral.
b) Uno por las cooperativas.
c) Uno por la Asociación de
Concesionarios del Depósito Libre
Comercial de Golfito.
d) Uno por el Poder Ejecutivo,
nombrado por el Consejo de Gobierno,
con residencia permanente
en la Zona Sur.
e) Uno por cada concejo de los
cantones de Osa, Buenos Aires,
Golfito, Corredores y Coto Brus.
(….)”.
El accionar de la Junta debe dirigirse al desarrollo
socioeconómico integral de la Zona Sur de Puntarenas. La administración y
operación del depósito libre comercial de Golfito, en cuanto gestión, es un
medio de lograr ese desarrollo. Es por ello que los recursos que JUDESUR reciba
deben ser dirigidos al cumplimiento de los fines, tal como lo dispone el
artículo 11 de la Ley:
“Artículo 11.- El impuesto establecido
en el artículo 6 de la presente ley, será recaudado por medio del Banco Central
de Costa Rica o sus cajas auxiliares, al tramitarse la póliza de desalmacenaje en la aduana en cuanto a las importaciones, y
con respecto a los productos de fabricación nacional, al confeccionar el
fabricante la factura. Este impuesto será girado directamente en favor de la
Junta, una vez deducidas las sumas que le corresponden por comisión bancaria.
El Ministerio de Hacienda ejercerá
las atribuciones de fiscalización y verificación, tanto en materia tributaria
como aduanera, sobre el ingreso, la permanencia y el destino de las mercancías.
Para los efectos citados, la Junta
queda autorizada para celebrar un convenio con el Ministerio de Hacienda, a fin
de coordinar y facilitar las funciones tributarias y aduaneras, y determinar
las sumas anuales que transferirá para cubrir el costo de las tareas a cargo
del citado Ministerio. Si no existiere acuerdo, la Contraloría General de la
República, a solicitud de cualquiera de estas instituciones y previa audiencia,
determinará el monto de acuerdo con los costos en que deba incurrir este
Ministerio, para cumplir con las funciones referidas en el párrafo anterior.
La totalidad del impuesto generado
será administrada y distribuida por la Junta, la cual destinará los recursos al
financiamiento de proyectos de desarrollo regional y local, presentados por
organizaciones constituidas y con personería jurídica debidamente inscrita,
incluidas las municipalidades de los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto
Brus y Buenos Aires.
Previo desembolso de recursos a
favor de la Junta para ejecutar los citados proyectos de desarrollo, las
entidades no gubernamentales que administren recursos públicos de ella deberán
ser calificadas por la Contraloría General de la República, como entidades
privadas idóneas para administrar fondos públicos. También se calificarán así
cuando la organización administrativa así como la contable y los controles de
estas entidades, se ajusten a las normas legales y reglamentarias vigentes, y a
los manuales técnicos y contables fijados por la Contraloría para el uso
correcto de los recursos públicos.
Los recursos se utilizarán para
financiar proyectos productivos y de servicios, para ejecutar obras de
infraestructura, programas de salud, educación, capacitación técnica y
proyectos de interés social a favor de los grupos más vulnerables de los
cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y
Buenos Aires.
Para los efectos anteriores, se
aplicará el siguiente criterio de distribución de los recursos:
a) Hasta un ocho por ciento (8%) de
los ingresos netos, luego de deducir las comisiones bancarias y el pago al
Ministerio de Hacienda en los términos del párrafo segundo de este artículo, se
destinará a gastos de operación y funcionamiento de la Junta.
b) Un diez por ciento (10%) del
remanente se destinará a la creación de un programa de becas para estudiantes
de escasos recursos económicos, que
residan en los cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus.
(Así reformado por el artículo 1 de
la Ley N° 8036 del 19 de octubre del 2000)
c) El saldo resultante después de
las rebajas practicadas conforme a los incisos anteriores, se distribuirá así: un treinta por ciento
(30%) para el cantón de Golfito; un veinte por ciento (20%) para el cantón de Osa; un veinte por
ciento (20%) para el cantón de Corredores;
un quince por ciento (15%)
para el cantón de Coto Brus y un quince por ciento
(15%) para el cantón de Buenos Aires.
La Ley regla en forma estricta el destino del
financiamiento y quiénes pueden recibir ese financiamiento.
En ese sentido, se ha estipulado que los recursos deben
destinarse a financiar proyectos de desarrollo regional y local. Dichos
proyectos pueden ser presentados por entidades públicas, incluidas las
municipalidades de los cantones beneficiarios, pero también por entidades
privadas en tanto cumplan con determinados requisitos.
Interesa recalcar que del conjunto de reglas que contiene
el artículo 11 pareciera desprenderse que el destinatario privado de los fondos
es una persona jurídica, no personas físicas. Es por ello que se habla de
organizaciones constituidas. Además, estas personas deben tener un personero y
esa personería debe estar inscrita. Sea, se requiere una representación legal.
Luego, tanto si se trata de una entidad pública como si
es privada, el financiamiento debe dirigirse a “proyectos productivos y de
servicios”, así como obras de infraestructura, programas de salud, educación,
capacitación técnica y proyectos de interés social a favor de los grupos más
desfavorecidos de los cantones beneficiarios. Es de advertir que el legislador
no especificó cuáles proyectos podían realizar los entes públicos y cuáles los
entes privados. En ese sentido, cualquiera de esos proyectos puede ser
realizado tanto por una entidad pública como por una privada. Importa, empero,
que el proyecto sea susceptible de promover el desarrollo económico y social
local o regional, por lo que no puede tratarse de un proyecto personal o que no
sea susceptible de provocar un desarrollo de la zona. Ergo, el proyecto debe
generar un impacto en lo económico o en lo social para la zona sur.
La posibilidad de que organizaciones privadas obtengan
financiamiento de JUDESUR es regulada en el Reglamento General de
Financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, Decreto Ejecutivo N°
33763-MP de 30 de abril de 2007. En sus artículos 1 y 3 dicho Reglamento regula
quiénes son sujetos de crédito. Disponen dichas normas:
“ARTICULO 1: Objeto:
regular los procedimientos, requerimientos, garantías, gestión de cobro,
sanciones y en general todos los aspectos relacionados con el otorgamiento de
financiamiento de recursos reembolsables o no reembolsables por parte de la
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas,
conforme a las potestades conferidas a ésta en la Ley 7012 y sus reformas.
Estos recursos se destinarán a las organizaciones no gubernamentales tales como
cooperativas, asociaciones, fundaciones, cámaras, Juntas de Educación, Juntas
Administrativas y las Municipalidades de los cantones de Osa, Golfito,
Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, así como otras
organizaciones incluidas ONG’S y MIÝMES, siempre que
cumplan con los criterios de idoneidad, establecidos por la Contraloría General
de la República y demás requisitos que al respecto establezca JUDESUR.
Ambito de aplicación.
a)
Los recursos provienen del impuesto establecido en el artículo 1, las
reformas al artículo 6 de la Ley 7730 de JUDESUR, modificación de la Ley 7012
de creación del Depósito Libre de Golfito.
b)
Los recursos serán utilizados de
acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 7730 que reforma artículo
11 de la Ley 7012 y lo estipulado en el presente reglamento.
c)
Se contará también como
referencia el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Regional
confeccionado por JUDESUR y revisado por MIDEPLAN”.
“Artículo 3 Serán sujetos de crédito todas aquellas
organizaciones que cumplan con lo establecido en la Ley 7012 y sus reformas,
este reglamento, las directrices dispuestas por la Contraloría y que estén
constituidas con personería jurídica debidamente inscrita ante el registro
correspondiente, incluyendo las municipalidades de los cantones de Golfito,
Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires”.
El artículo 1, cuya
redacción no es muy feliz, reafirma que el financiamiento puede ser destinado
tanto a entidades públicas como privadas. Entidades públicas que pueden ser las
Juntas de Educación, las Juntas Administrativas o bien, las Municipalidades de
los cantones favorecidos, las que están contempladas en el artículo 11 de la
Ley. Se precisa que las entidades privadas sujeto de crédito pueden estar
organizadas como cooperativas, asociaciones, fundaciones, pueden ser entidades
corporativas o bien, pueden ser MYPMES.
La redacción del artículo permite considerar que cualquier organización
privada, independientemente de su forma de organización, puede recibir
financiamiento. Lo que no significa, empero, que la ausencia de enumeración de
las organizaciones que pueden ser sujetos de crédito constituya una laguna
jurídica. Simplemente, el operador jurídico cuenta con elementos suficientes
para determinar qué organización puede ser sujeto de crédito.
El proyecto productivo
que propongan debe estar obviamente dentro del objeto social de la entidad tal
como es definido en su estatuto de constitución. La entidad privada, además, debe
cumplir con los requisitos de idoneidad para el manejo de fondos públicos. El
artículo 3 reitera que la personería jurídica de la entidad debe estar
debidamente inscrita en el registro correspondiente. Lo que viene a reafirmar
que se trata de personas jurídicas.
Dichos artículos
insisten en el requisito de idoneidad para la administración de fondos
públicos, lo que obliga a analizar lo dispuesto en las normas sobre el punto.
B.- IDONEIDAD
PARA EL MANEJO DE FONDOS PÚBLICOS
Al definir el destino de los fondos, la Ley 7012 dispone
la obligación de las organizaciones privadas beneficiarias del financiamiento
de JUDESUR de sujetarse a la calificación de la Contraloría General de la
República respecto de su idoneidad para administrar fondos públicos. El
artículo 11 de dicha Ley establece que se calificarán como idóneas las
entidades cuya organización administrativa y contable, así como los controles
que haya establecido se ajusten a las normas legales y reglamentarias y a los
manuales técnicos y contables fijados por el Órgano Contralor para el uso
correcto de los fondos públicos.
No obstante, deberá entenderse que ese cumplimiento de requisitos no
exime de sujetarse a la calificación expresa por parte de la Contraloría
General. La competencia del Órgano
de Control deriva no sólo de lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 6 de su Ley
Orgánica, 4 de la Ley General de Control Interno, sino de esta expresa
disposición del artículo 11 de la ley que nos ocupa. Por consiguiente, JUDESUR
no es libre de otorgar un financiamiento a una entidad privada que cumple con
los requisitos legales, reglamentarios o directrices que regulan la gestión de
los fondos públicos, pero que no cuenta con la calificación de idoneidad de
parte de la Contraloría General. La constatación de esa idoneidad corresponde
en último término a dicho Órgano.
Se sigue de lo expuesto
que la entidad privada interesada en recibir el financiamiento de parte de
JUDESUR debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 7012, así
como con lo establecido en el Reglamento sobre la
Calificación de Sujetos Privados Idóneos para Administrar Fondos Públicos,
emitido por la Contraloría General de la República.
El
Reglamento establece los requisitos para obtener la calificación de idoneidad,
así como el procedimiento correspondiente. El Reglamento se dirige al “sujeto
privado”, a las “entidades privadas”, sin que de su texto puedan derivarse
condiciones especiales en orden a la organización o naturaleza de dicho sujeto
privado. Ergo, del Reglamento no se deriva si la entidad debe ser una
asociación, una fundación o si debe ser una sociedad anónima. En igual forma y
por el hecho mismo de que reglamenta en forma general y uniforme la
calificación requerida por varias leyes, el Reglamento no dispone sobre los
proyectos a que pueden destinarse los fondos públicos y, por ende, la
orientación de ese financiamiento. Se entiende, sin embargo, que se trata de
proyectos susceptibles de satisfacer el interés público y, en su caso,
contribuir con el desarrollo socioeconómico. Lo que significa que para
determinar qué proyectos pueden recibir el financiamiento de parte de JUDESUR
deberá estarse a lo dispuesto en la Ley 7012.
En orden al procedimiento, de
acuerdo con el Reglamento, corresponde a la Administración hacer una
precalificación sobre la idoneidad de una determinada organización para manejar
fondos públicos.
En ese
sentido, es la Administración concedente la que analiza la información
presentada por la entidad privada a efecto de valorar la capacidad de esta
para administrar fondos públicos. Para esos efectos debe llevar un expediente
foliado de cada sujeto privado que realice una solicitud, a lo cual se acompaña
necesariamente un dictamen que recomiende el otorgamiento de la calificación.
Se establece la responsabilidad de la Administración de verificar que el
particular cumpla con todos los requisitos que debe reunir una gestión de
fondos públicos. Dicha valoración no vincula a la Contraloría General de la
República pero sí a la Administración concedente. En ese sentido, se establece
que el dictamen es “responsabilidad expresa y exclusiva de la administración
concedente” y es un requisito que debe acompañarse con la solicitud de
calificación. El dictamen implica una apreciación de la capacidad legal,
administrativa y financiera y de la capacidad técnica del sujeto privado. Ergo, se valora la
titularidad de condiciones que permitan prejuzgar que la entidad podría
desarrollar exitosamente el programa, proyecto o actividad financiados con
fondos públicos, así como el posible cumplimiento de las normas, legales y
reglamentarias, dirigidas a controlar los beneficios recibidos; en particular,
la posibilidad de la entidad de someterse a un sistema de control interno para
la asignación, giro y verificación del uso de esos beneficios, para lo cual
deben disponer de mecanismos de control idóneos (artículo 4 de la Ley General
de Control Interno).
El
dictamen emitido por la Administración no vincula a la Contraloría pero es un
requisito indispensable para el otorgamiento de la calificación. Determinada
por la Contraloría la idoneidad de una entidad privada para manejar fondos
públicos, corresponderá a la Administración decidir si le asigna o no recursos
públicos.
Aplicado
lo anterior a JUDESUR significa que le corresponde presentar ante la Contraloría General de la
República la candidatura de las organizaciones privadas que pueden recibir su
financiamiento. Lo que implica una valoración no sólo de las condiciones
propias de la entidad sino de la idoneidad del proyecto que esta pretende
realizar respecto del desarrollo económico y social de la zona sur. Se reitera,
entonces, la necesidad de que JUDESUR valore el impacto económico y social del
proyecto cuyo financiamiento se solicita, para lo cual deberá dar las
justificaciones correspondientes. Esta valoración culminará con un dictamen que
deberá presentar ante el Órgano Contralor. Ese dictamen así como la
calificación de la Contraloría no otorgan un derecho a la entidad privada, por lo
que tanto si esta no es calificada de idónea pero aún si lo es, no puede
pretender que JUDESUR le otorgue el financiamiento que le interesa.
De otorgarle el financiamiento, JUDESUR deberá velar por la forma en que
la entidad privada cumple sus obligaciones y mantiene la idoneidad recibida.
Deberá, entonces, establecer mecanismos de control para verificar el correcto
uso y destino de los beneficios otorgados a los sujetos privados, así como la
permanencia de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas que determinan
la idoneidad en el manejo de los fondos públicos.
Conforme lo dispuesto en los
artículos 22 y 33 de la Ley General de Control Interno, la auditoría
interna de JUDESUR ejercerá su competencia sobre la entidad privada a que se
otorgue financiamiento y, por ende, sobre el proyecto que esta ejecute.
CONCLUSION:
Por lo antes expuesto, es criterio
de la Procuraduría General de la República, que:
1.
La Ley N°
7012 de 4 de noviembre de 1985, que crea el Depósito Libre Comercial de Golfito
tiene como objeto promover el desarrollo
de la zona sur del país. Un desarrollo que debe ser generado a través del
fomento de nuevas actividades productivas y de servicios a cargo de entidades
públicas o privadas.
2.
Para este efecto se crea la Junta de Desarrollo
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR). Esta entidad semiautónoma tiene como fines principales el desarrollo
socioeconómico integral de la Zona Sur, así como la administración y operación
del giro comercial del depósito libre comercial de Golfito.
3.
Estos fines deben ser cumplidos con el producto de un
impuesto que grava la venta de las
mercaderías almacenadas en el depósito libre comercial de Golfito. JUDESUR es
el sujeto activo de dicho tributo.
4.
Estos recursos deben
destinarse al financiamiento de
proyectos de desarrollo regional y local. Estos proyectos pueden estar a cargo
de entidades públicas o privadas.
5.
La Ley no define ni limita cuáles personas jurídicas
de Derecho Privado pueden ser beneficiarias del financiamiento de JUDESUR. Por
lo que cualquier organización privada, independientemente de su forma de
organización, puede ser beneficiaria del financiamiento. Es, empero,
indispensable que se trate de una organización constituida, con personeros
legales y que su personería se encuentre vigente. El Reglamento General de
Financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas, Decreto Ejecutivo N°
33763-MP de 30 de abril de 2007, si bien presenta una redacción defectuosa es
conforme con lo dispuesto en la Ley.
6.
Por consiguiente, los artículos 1 y 3 del Reglamento
permiten que diversas organizaciones puedan ser sujetos de crédito, sin que la
apertura a otras formas de organización distintas de las enumeradas pueda ser
considerada como una laguna jurídica.
7.
Al disponer que el financiamiento será destinado a
proyectos productivos y de servicio y citar algunas de las actividades que
pueden ser financiadas, la Ley permite que diversos programas, proyectos y
actividades encuentren financiamiento en los recursos de JUDESUR. Lo importante
es que el proyecto sea susceptible de generar el desarrollo socioeconómico
integral de la localidad o de la región. Ergo, que no esté destinado únicamente
a favorecer los intereses de una persona o de un grupo de personas.
8.
El artículo 11 de la Ley 7012 obliga a las entidades
interesadas en obtener financiamiento de parte de JUDESUR a obtener la
calificación de idoneidad emitida por la Contraloría General de la República.
Lo que implica que JUDESUR no es libre de
otorgar un financiamiento a una entidad privada que no cuenta con la
calificación de idoneidad de parte de la Contraloría General. Y ello aún cuando
aprecie que la entidad cumple con los requisitos legales, reglamentarios o
directrices que regulan la gestión de los fondos públicos.
9.
Por consiguiente, la entidad
privada interesada en recibir el financiamiento de parte de JUDESUR debe
cumplir tanto con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 7012 como con lo
establecido en el Reglamento sobre
la Calificación de Sujetos Privados Idóneos para Administrar Fondos Públicos,
emitido por la Contraloría General de la República.
10.
Dicho Reglamento no establece condiciones
especiales en orden a la organización o naturaleza del sujeto privado que puede
recibir la calificación y mucho menos califica los proyectos que pueden recibir
el financiamiento con fondos públicos.
11.
Lo anterior significa que corresponde a la
Administración, en estricta sujeción a las normas legales y reglamentarias
aplicables, el decidir los proyectos que puede financiar. Es entendido, sin
embargo, que esa decisión en tanto involucra fondos públicos está sujeta al
Régimen de Hacienda Pública y, por ende, al control de la Contraloría General
de la República. En igual forma le corresponde valorar a las entidades privadas
que somete a calificación por parte del Órgano de Control.
12.
JUDESUR no podrá otorgar financiamiento a la entidad
privada, independientemente de su forma de organización, que no haya obtenido
la calificación de idoneidad por la Contraloría General y, en su caso, que
pretenda un financiamiento para proyectos no susceptibles de generar un
desarrollo socioeconómico integral, regional o local. Es decir, debe valorar el
impacto social y económico del proyecto.
Atentamente,
Dra. Magda Inés Rojas Chaves
Procuradora
Asesora
MIRCH/mvc
C: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora
General
C-434-2008
JUDESUR. FINANCIAMIENTO. ORGANIZACIONES
IDONEAS PARA ADMINISTRAR FONDOS PUBLICOS.
El Presidente de
En dictamen N°
C-434-2008 de 11 de diciembre de 2008,
- Para este efecto se crea
- Estos fines deben ser cumplidos con el producto
de un impuesto que grava la venta
de las mercaderías almacenadas en el depósito libre comercial de Golfito.
JUDESUR es el sujeto activo de dicho tributo.
- Estos recursos deben
destinarse al financiamiento de
proyectos de desarrollo regional y local. Estos proyectos pueden estar a
cargo de entidades públicas o privadas.
- Por consiguiente, los artículos 1 y 3 del
Reglamento permiten que diversas organizaciones puedan ser sujetos de
crédito, sin que la apertura a otras formas de organización distintas de
las enumeradas pueda ser considerada como una laguna jurídica.
- Al disponer que el financiamiento será destinado
a proyectos productivos y de servicio y citar algunas de las actividades
que pueden ser financiadas,
- El artículo 11 de
- Por consiguiente, la entidad
privada interesada en recibir el financiamiento de parte de JUDESUR debe
cumplir tanto con lo dispuesto en el artículo 11 de
- Dicho Reglamento no establece condiciones
especiales en orden a la organización o naturaleza del sujeto privado que
puede recibir la calificación y mucho menos califica los proyectos que
pueden recibir el financiamiento con fondos públicos.
- Lo anterior significa que corresponde a
- JUDESUR no podrá otorgar financiamiento a la
entidad privada, independientemente de su forma de organización, que no
haya obtenido la calificación de idoneidad por