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Dictamen : 382 - del 22/10/2008
C-382-2008
22 de octubre,
2008
Señor
Mario González Salazar
Auditor Municipal
Municipalidad de Santa Bárbara
Estimado señor:
Con la aprobación de
“Si con la vigencia hoy 20 de
mayo de 2008 de
Existiendo una antinomia legal
pues a las administraciones del sector público les es prohibido conciliar con
los administrados (Reglamento versus Ley) ¿Cuál es el criterio que debe
prevalecer ante los nuevos cambios legales?”
“¿Cuántas notificaciones debe
realizar la administración de la Municipalidad en la vía administrativa previo
a iniciar el traslado del cobro a sede judicial?”
Adjunto se nos
remite el Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo y Judicial
de la Municipalidad de Santa Bárbara (Aprobado por el Consejo Municipal en el artículo 5°, inciso a) de la sesión ordinaria No 144,
celebrada el 14 de noviembre del 2000) y el criterio del Asesor Legal de
la municipalidad, emitido mediante oficio DALMSB 0067-2008, en el cual se
indica que:
“De conformidad con el oficio APG-032-2008 de fecha 22
de mayo de 2008 en donde solicitan al señor auditor municipal remitir el
criterio legal de la manera mas atenta me permito
enviarles el dictamen legal en relación con la antinomia legal existente en las
disposiciones del artículo 4.2,1) de la Nueva Ley de Cobro Judicial y el Artículo
17 del Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo y judicial de
la Municipalidad de Santa Bárbara, por cuanto la primera disposición permite a
los abogados de en (sic) las comparecencias o audiencias las facultades de
conciliar, mientras que la disposición reglamentaria 17 es tajantemente
prohibitiva en cuanto a que los abogados no pueden hacer ningun
tipo de arreglo indirecto o extrajudicial.
Lo anterior es simple, si
existe una ley especial que regula la materia del cobro judicial y que por ley
permite a los abogados conciliar, entonces las disposiciones reglamentarias de
las municipalidades que regulen lo contrario deberán ajustarse a las reformas
necesarias para que sus abogados puedan en representación de los entes municipales
conciliar y tener facultades suficientes de arreglar directamente o
indirectamente en nombre de la Municipalidad sin que ello perjudique los
intereses de la Administración ni favorezca los del administrado, siempre
dentro del bloque de la legalidad. Anteriormente se concebía una idea de que a
la administración le es absolutamente prohibido transar, conciliar, arreglar.
Es decir se cobra lo que es y punto. En este sentido una disposición de orden
reglamentario es por la misma Jerarquía de las normas inferiores a la Ley y
debe ajustarse a la dinámica jurídica por lo que no puede el Reglamento ser
"contra legem", y por consiguiente deberá
la Municipalidad prever las reformas necesarias en su reglamento de cobro para
ajustarse a la normativa actual.”
Por
último, el precitado artículo 17 del Reglamento municipal prescribe:
“Es prohibido para los abogados hacer cualquier tipo
de arreglo indirecto o extrajudicial o recibir pagos o abonos al principal de
I.
Antecedentes.
Según se nos
indica, la Municipalidad de Santa Bárbara enfrenta un porcentaje de pendiente
de cobro por los ingresos que está llamada a percibir. Señala Ud. que, según el sistema de facturación, ese
porcentaje alcanza un 12.38% más en el año 2007 que en el año 2006.
Además, en criterio
de esa unidad de Auditoría, las principales causas de mora son:
“… la actitud del
contribuyente al pago, la organización administrativa, la falta de recurso
humano, la calidad de los servicios que brinda la institución, la aplicación de
leyes y reglamentos, carencia de promulgación de campañas agresivas de cobro,
al ser un cantón netamente agrícola, la falta de capacidad de pago de los
contribuyentes, falta de conciencia tributana,
ausencia de identidad con el municipio, servicio al cliente, ausencias de
políticas y programas, deficiente en la calidad de la información, inexistencia
de programas de promoción de la cultura tributaria. Ausencia de legislación
específica municipal, falta de un censo cantonal donde se identifique todas las
propiedades que existen en el cantón. (…)”
Por ende, y en aras
de colaborar con el Gobierno Municipal, nos plantea:
“El propósito de la
consulta planteada en el oficio AUMSB-66-2008, es tener un criterio sobre los
términos para conciliar o hacer arreglos de pago vía judicial, y brindar a la
administración una recomendación en la materia, pues el jefe de Rentas y
Cobranzas me traslado copia del oficio DRCMSB-083-2008 dirigido al Licenciado
Guillermo Goyenaga Calvo.”
II.
¿En que
términos pueden las municipalidades conciliar o hacer arreglos de pago vía
judicial, si el reglamento de
A.
Sobre la posibilidad para que
El objetivo primordial de la
resolución alterna de conflictos es plantear la utilización de mecanismos
distintos a los métodos judiciales de solución de controversias, procurando
“devolver” la solución del conflicto a las partes interesadas. De esta manera, se propicia la utilización de
mecanismos autocompuestos sobre los heterocompuestos, como el proceso judicial, o por lo menos,
con fases autocompuestas – como en el caso del
proceso arbitral[1]-.
Alberto Brenes Córdoba, en su
obra "Tratados de las Obligaciones y Contratos", establece la figura
de la transacción, entendida como el convenio que efectúan las partes
haciéndose recíprocas concesiones con el objetivo de poner fin a sus
diferencias, y es una de las formas más sencillas que la ley permite para
dirimir las controversias "...
puesto que así se evitan gastos, pérdida de tiempo y enojozas
querellas...".
Por su parte Francesco Messineo en su Obra "Manual de Derecho Civil y
Comercial", comenta:
"... el conflicto de intereses cuya composición es cometido normal
del proceso, puede ser materia de actividad de los propios interesados, en
forma que dé lugar a la composición extrajudicial (o pre-judicial)”
“
Tal y como lo
señala el Tribunal, una de las características apuntadas a la resolución
alternativa de conflictos, es la búsqueda de soluciones no adversariales
a los problemas suscitados, a través de la utilización de métodos autocompuestos para lograr acuerdos. Estos mecanismos constituyen una forma de
acceso a la justicia, que busca agilizar la solución de las controversias
suscitadas y mejorar la calidad de aquella. Desde esta perspectiva, la solución
de conflictos por métodos alternativos al judicial forma parte del derecho
constitucional a tener acceso a una justicia pronta y cumplida, garantía
fundamental que se deriva del artículo 41 constitucional.
En anteriores ocasiones, esta
Procuraduría ha tenido la oportunidad de analizar el tema de la capacidad de
Posteriormente, con la entrada
en vigencia de la ley 7727 del 14 de enero de 1998, Ley de Resolución Alterna
de Conflictos y Promoción de
“Todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá
someter sus controversias a arbitraje, de conformidad con las reglas de la
presente ley y el inciso 3), del artículo 27 de
Si bien es cierto, el referido
artículo señala el arbitraje, se ha entendido que la facultad se extiende para
la utilización de los medios conciliatorios.
En esta línea de razonamiento, esta Procuraduría ha señalado lo
siguiente:
“En lo que interesa a la
consulta formulada, debemos indicar que el artículo 27.3 de
El artículo
219 del Código Procesal Civil establece la transacción como una forma de
terminación anormal del proceso judicial.
Por su parte,
el artículo 2º de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de
Si bien es
cierto, esta última norma no hace mención expresa de la conciliación y/o
transacción, a la luz de estas disposiciones, se puede afirmar que existe una
autorización general para que la Administración pueda someter sus diferencias a
transacción, lo anterior por mención expresa del artículo 27 antes aludido y la
conciliación por interpretación ampliativa del citado numeral 18.
Y cabe
advertir, como ya lo hicimos, que mediante interpretación, tanto de esta
Procuraduría como de
De
manera general, la decisión de transar o conciliar, así como la de acudir a un
arbitraje, debe ser tomada por el jerarca respectivo, aunque la implementación
del acuerdo puede ser llevado a la práctica por un funcionario distinto del
jerarca, como una delegación de funciones o bien utilizando la figura de la
representación institucional. Pero en todo caso, la decisión de transar debe
estar debidamente motivada. (...)
Dentro
de este marco de referencia general, es posible concluir que sería legalmente
procedente utilizar o aplicar, por parte de las municipalidades, el mecanismo
de la conciliación y/o transacción dentro de un proceso judicial en trámite, no
teniendo más límite que propio principio de legalidad al que inexorablemente
está sometida
Otro cuerpo
normativo de vital importancia, para determinar la facultad de la Administración
para utilizar los medios alternativos de resolución de conflictos, es el Código
Procesal Contencioso Administrativo, en el cual se agrega un articulado
dedicado a la conciliación y que, en el artículo 72, establece:
“
Señala la
doctrina costarricense que una de las más importantes innovaciones del Código,
se refiere precisamente a los pasos
agigantados que se dan en materia de resolución autocompositiva
de los conflictos con las Administraciones Públicas. Dicho avance se refiere, más que todo, a que
se ha llegado a entender que los medios de resolución alterna de conflictos
consiguen completar o perfeccionar la justicia administrativa. Se señala,
además, que las alternativas negociales de solución
de conflictos, acuden a una distinta racionalidad jurídica en el actuar de las
Administraciones Públicas. En su lugar, se le da más importancia, ahora, a la
búsqueda de soluciones negociadas, capaces de asegurar un duradero y estable
equilibrio entre las partes, claro está, dentro del marco de lo licito.[2]
Viene de todo lo
expuesto que, como primera conclusión, sea dable afirmar que la Municipalidad
de Santa Bárbara, representada por los abogados contratados según los artículos
14 y 15 del Reglamento para el Procedimiento de Cobro
Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Santa Bárbara sí están facultados para
conciliar. No obstante, de acuerdo a lo que se ha dicho ya, deben estar
debidamente autorizados por el órgano jerárquico superior, que en el caso de
los Entes Territoriales viene a estar conformado por el Concejo Municipal. Y, en esa misma línea, cabe advertir que
deberá el Concejo adoptar una decisión debidamente motivada para que se proceda
en tal sentido.
Esta facultad de
conciliación por parte de la Administración no es ilimitada, ya que existen
áreas vedadas por expresos limitantes de orden jurídico. Estos limitantes integran
el sistema normativo, y delimitan y circunscriben las facultades a cargo del
Concejo Municipal para acordar la conciliación para casos concretos. Por su importancia, les dedicamos un aparte
propio.
B.
Materia conciliable.
Aunque se haya
establecido, de manera general, que
Ya ha dicho
este órgano consultivo:
“En todo caso, debemos
advertir que la limitación va a estar definida por la imposibilidad de negociar
en contra de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. De esta forma, no es
posible que se concilie aspectos sobre los que hay norma expresa en contrario,
incluidas las reglamentarias, por el principio de inderogabilidad singular de
los reglamentos. De lo cual deviene la imposibilidad de transar o
conciliar sobre la exigibilidad misma del canon en cuestión.” (Dictamen C-111-2001 del 16 de
abril del 2001. Resaltado no es del
original)
Es por esto que
se puede llegar a establecer que, de acuerdo al Ordenamiento Jurídico, la
Administración está facultada a conciliar en los casos que tratan de asuntos
patrimoniales, de acuerdo al artículo 46 de
En
cuanto a este último, y en relación a la consulta, es necesario establecer que,
en cuanto a tributos municipales, y los intereses corrientes y por mora que se
generen por el incumplimiento de pago, ya se ha establecido que no se encuentra
dentro de la materia conciliable por parte de la Administración (ver Dictamen C-111-2001). Afirmación que debe entenderse referida
a la imposibilidad
para que la municipalidad pueda conciliar sobre el ejercicio de las
potestades relacionadas con los impuestos, su fiscalización y determinación,
así como el establecimiento de los montos por tributos y servicios debidamente
prestados y exigibles. Por lo
que, en el caso de llegar a un arreglo con el administrado en cuanto a estas
aristas, estaría actuando ilegalmente. No obstante lo anterior, sí se encuentra
facultada para negociar con el administrado la forma de pago del total
adeudado al municipio y llegar a un arreglo de pago, sea en sede
administrativa, o bien, dentro del procedimiento de cobro judicial.
En
abono a lo indicado en el párrafo precedente, es importante traer a
consideración lo establecido por
“IV.- No ignora
esta Sala, la disposición de la Administración de someter algunas de sus tantas
controversias de carácter patrimonial con los administrados, a la solución
alterna del arbitraje, al amparo del artículo 18 de la Ley de Resolución
Alterna de Conflictos y Promoción de
Viene de lo expuesto que el
ejercicio de la potestad tributaria que se encomienda a las
Municipalidades (artículo 121 inciso 13 de
C.
¿Cuántas notificaciones debe
realizar la administración de la Municipalidad en la vía administrativa previo
a iniciar el traslado del cobro a sede judicial?
El Código Municipal da un
tratamiento diverso para la cancelación de obligaciones que adeuden los
munícipes: en tratándose de los impuestos municipales, se pagan por período
vencido; mientras que las patentes, se cancelan por adelantado. En cualquiera de estos supuestos, el atraso
de pago genera multas e intereses
moratorios que se calculan con base en el Código de Normas y Procedimientos
Tributarios (artículo 69 del Código Municipal).
En virtud de la naturaleza tributaria de las tasas (artículo 4 del
Código de Normas y Procedimientos Tributarios), debe predicarse que la misma
regla rige (en cuanto al pago por período vencido y régimen de multas e
intereses) a lo preceptuado por el artículo 74 del Código Municipal, sean los
pagos que se realicen por servicios de alumbrado, limpieza de vías públicas,
recolección de basuras, mantenimiento de parques y zonas verdes. Sobre estos adeudos no hay regla específica
en cuanto a las oportunidades que se le puedan conceder al contribuyente para
que las cancele.
Por otra parte, los artículos 75 y 76 del mismo Código
que se viene comentando, establecen la posibilidad de imponer “multas” por
ciertas actividades que deba realizar la municipalidad en casos de omisión por
parte del munícipe (v.g., limpieza de vegetación en los predios, cercar los
lotes, construcción de aceras, remoción de objetos de las aceras, instalación
de bajantes y canoas, entre otros). En
estos supuestos, se imponen “multas” según el tipo de omisión en que ha
incurrido el administrado (artículo 76).
Una vez determinado el “quantum” de la multa, y emitida la certificación
del contador municipal sobre tal adeudo, deberán esperarse tres meses para
que la misma adquiera la naturaleza de título ejecutivo.
Considera esta Procuraduría General que en el segundo supuesto indicado,
la previsión del plazo de tres meses para el debido cumplimiento viene a ser un
supuesto suficientemente amplio como para que el administrado no sólo esté enterado
de la existencia de la deuda –lo cual supone, obviamente, que se le haya
notificado sobre tal adeudo-, sino para que, además, pueda satisfacer el pago
correspondiente. Por ello, transcurrido
el trimestre de comentario, no habría necesidad de notificar sobre el inicio de
la gestión de cobro judicial.
La duda que se puede generar viene dada por la
obligatoriedad de poner en conocimiento el adeudo por concepto de impuestos
municipales (incluyendo las patentes y las tasas), puesto que la ejecución a
nivel judicial de las mismas tiene una importante consecuencia sobre el
patrimonio del administrado.
Específicamente nos referimos a la prescripción de una “hipoteca legal
preferente” que pesa sobre los inmuebles de los deudores (artículo 70 del
Código Municipal). Sobre esta figura
jurídica hemos indicado:
“En primer término, nos parece
oportuno retomar el concepto mismo de “hipoteca legal preferente”. De
conformidad con el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de
Cabanellas, el término hace referencia a: “La
establecida imperativamente por la ley para defender los intereses del Fisco.” Tomado de Cabanellas, Guillermo. Diccionario
Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, 28ª Edición. Revisada, actualizada y
ampliada por Luis Alcalá-Zamora y Castillo, Editorial Heliasta
S. R. L, 2003.
Siendo una figura del derecho civil, la hipoteca, como
negocio jurídico, tiene un amplio desarrollo en el Código Civil. De
hecho, encontramos una referencia al término que aquí nos ocupa en el artículo
452 de dicho cuerpo normativo, en tanto dispone:
“ARTÍCULO 425.-
Las hipotecas legales
reconocidas por la legislación anterior sólo subsistirán con perjuicio de
tercero durante dos años. Los interesados pueden desde luego exigir que dichas
hipotecas legales se reemplacen con una hipoteca especial.”
Sin embargo, dada la poca claridad en cuanto al objeto de
regulación de la norma, nos parece oportuno retomar lo que, sobre la temática
general de la hipoteca, manifestó en su oportunidad el tratadista nacional
Alberto Brenes Córdoba:
“En las operaciones de
crédito, es para el acreedor cosa de la mayor importancia, obtener seguridades
respecto al pago de las obligaciones contraídas en su provecho, puesto que no
obstante la confianza que las calidades de honradez y solvencia del deudor
lleguen a inspirarle, siempre son de temer las contingencias que en lo futuro
puedan impedir a éste dar el debido cumplimiento a la obligación que asume.
Para atender a ese
objeto, se han creado dos clases de seguridad, una llamada “real” porque
consiste en una cosa (res), mueble o inmueble, representativa de un valor que
esté en superior relación la deuda; y otra calificada de “personal”, por descanzar (sic) en las condiciones personales de quien
garantiza o fía al obligado.
La seguridad real tiene
dos formas: prenda e hipoteca. La primera se establece sobre cosa
mueble, y la segunda sobre inmueble. La seguridad personal está
constituida por la “fianza”, en sus dos aspectos de simple y solidaria.
La solidaridad puede resultar del convenio o de la ley, como ocurre con la
fianza mercantil, que se reputa siempre solidaria por expresa disposición del
Código de Comercio, aunque se admite la estipulación en contrario. (…)
Tres son las causas
productoras de la fianza: el convenio, la ley y la autoridad judicial.
Por este se distinguen tres clases de ella, a saber :
convencional, legal y judicial.
Fianza
“convencional” es la que nace del contrato celebrado entre el fiador que se
obliga a responder del pago de la deuda subsidiariamente, y el acreedor que
acepta el compromiso, siendo éstas las únicas partes en el convenio, porque no
obstante el interés que el deudor tiene en el otorgamiento de la garantía
puesto que en provecho suyo se rinde, no se requiere su intervención en el
contrato a que ella se refiere, pudiendo otorgase sin su noticia y aun contra
su voluntad, en consideración a que nunca es susceptible de causarle perjuicio.
Fianza “legal” es la que en casos determinados
ordena la ley, como la que se requiere para entrar al desempeño de las
funciones de notario público, alcalde, juez de primera instancia y magistrado.
Y llámese fianza
“judicial” la que debe prestarse por orden del juez para la seguridad de
ciertos derechos privados, siendo atribución de tal funcionario fijar
prudencialmente el monto de la garantía.” (Brenes Córdoba, Alberto,
Tratado de los Contratos, Editorial Juricentro, San
José, 1985, pp. 229, 232-233)
“En virtud del
principio de que quien se obliga, obliga lo suyo, los bienes de todo deudor
responden a la satisfacción de sus compromisos; pero tal seguridad, vaga e
inconsistente como es, no inspira suficiente confianza para llevar a cabo
operaciones contractuales de alguna significación. El acreedor necesita
seguridades determinadas, permanentes, que a la vez que le pongan a cubierto
del peligro que entraña la posible insolvencia del deudor, le permitan, en un
momento dado, negociar su crédito a fin de procurarse los fondos de que carece.
Por eso, desde muy antiguo, se estableció la garantía real, en sus dos formas,
prenda e hipoteca, como auxiliares importantes del crédito personal. (…)
Con el tiempo,
queriendo el legislador amparar algunos derechos que por su naturaleza juzgaba
dignos de ser protegidos de manera especial, creó las hipotecas llamadas
legales, por derivar su fuerza no del convenio sino de la disposición
imperativa de la ley. (...)
Podría definirse, como
aproximación inicial al concepto de “hipoteca legal”, como aquel gravamen que
pesa, por expresa voluntad del legislador y sin la intervención de la voluntad
del propietario, sobre un bien inmueble, con la finalidad de garantizar
eventuales deudas en que incurra ese propietario.” (Dictamen C-096-2005 de 4 de
marzo del 2005. Resaltado no es del
original)
Partiendo de la especial afectación que podría suponer,
para el patrimonio de un particular, que una deuda por concepto de tributos
municipales llegue a fase de ejecución judicial, y que, por otra parte, no
exista disposición alguna en cuanto a un período específico para que el
administrado regularice su situación jurídica, por vía de integración del
Ordenamiento Jurídico (artículo 9 de
“Artículo 150.-
1. La ejecución administrativa
no podrá ser anterior a la debida comunicación del acto principal, so pena de
responsabilidad.
2. Deberá hacerse preceder de
dos intimaciones consecutivas, salvo caso de urgencia.
3.
Las intimaciones contendrán un requerimiento de cumplir, una clara definición y
conminación del medio coercitivo aplicable que no podrá ser más de uno, y un
plazo prudencial para cumplir.
4.
Las intimaciones podrán disponerse con el acto principal o separadamente. (…)”
Por ende, y para los efectos de la
última de sus interrogantes, es posible afirmar que deberán las municipalidades
hacer dos intimaciones, con las características y requisitos que se recogen en
el artículo 150 de
III.
CONCLUSIONES.
Con
base en lo expuesto, esta Procuraduría General
concluye:
1.
Las Municipalidades tienen competencia para hacer uso de
los instrumentos de resolución alterna de conflictos, amparadas tanto en la Ley de Resolución Alterna de
Conflictos y Promoción de
2.
Al efecto indicado, deberá el Concejo Municipal
adoptar los lineamientos generales, o para cada caso concreto, a que se
sujetarán sus abogados, a fin de que cuenten con la autorización para acudir a
ese mecanismo.
3.
En el caso de los adeudos por impuestos, y previo a la
ejecución vía judicial, deberá la municipalidad acudir al proceso de
intimaciones que regula
4.
Atendiendo a la expuesto, deberá el Concejo Municipal
adoptar las derogaciones y/o modificaciones pertinentes del Reglamento para el
Procedimiento de Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Santa
Bárbara de modo que reflejen y faculten lo aquí expuesto.
Atentamente,
Iván Vincenti Rojas
Procurador
IVR/MFS/mvc
[1] Osvaldo Gozaini desarrolla estos conceptos, de la siguiente manera:
“Alvaro Velloso explica correctamente estas
alternativas, indicando que ante el conflicto entre dos hombres, ellos
pueden: “a) autodefenderse,
mediante el uso de la fuerza que, generalmente, es ilegítima y prohibida por la
ley y que excepcionalmente aceptada y legitimada por ella (en este caso la
parte afectada no consiente el sacrificio de su propio interés, tal como lo
hace en la autocomposición); b) autocomponerse dirctamente (sin la ayuda de nadie obteniendo un resultado
consistente en uno de tres supuestos:
allanamiento, desistimiento o transacción; c) autocomponerse
indirectamente (con la ayuda de otro pero con variante respecto del caso
anterior), mediante la aceptación mutua de la presencia de un heterocomponedor
(simple conciliador, mediador) para que, actuando como medio de
acercamiento, los interesados lleguen a desatar el conflicto mediante la
autocomposición que opera como resultado de una de sus tres fórmulas conocidas
(allanamiento, desistimiento, transacción); d) heterocomponer
directamente el conflicto, mediante la presentación espontánea de uno de los
contendientes ante el órgano de justicia pública (juez) requiriendo de una
decisión que lo resuelva. De tal modo,
dicha decisión opera como resultado (sentencia luego de un proceso judicial).” (Gozaini,
Alfredo. Formas Alternativas para
[2] Jimenez Meza,
Manrique y otros. El nuevo Proceso Contencioso Administrativo. San José.
Poder Judicial. 2006. pág 268.
C-382-2008
CONCILIACION POR ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS. TRAMITE DE COBRO DE ADEUDOS
TRIBUTARIOS EN MUNICIPALIDADES.
El Sr.
Mario González Salazar, Auditor de
“Si con la vigencia hoy 20 de
mayo de 2008 de
Existiendo una antinomia legal
pues a las administraciones del sector público les es prohibido conciliar con
los administrados (Reglamento versus Ley) ¿Cuál es el criterio que debe
prevalecer ante los nuevos cambios legales?”
“¿Cuántas notificaciones debe
realizar la administración de
Iván
Vincenti, en dictamen C-382-2008 del 22 de octubre del 2008, concluye:
- Las Municipalidades tienen competencia
para hacer uso de los instrumentos de resolución alterna de conflictos,
amparadas tanto en
- Al efecto indicado, deberá el Concejo
Municipal adoptar los lineamientos generales, o para cada caso concreto, a
que se sujetarán sus abogados, a fin de que cuenten con la autorización
para acudir a ese mecanismo.
- En el caso de los adeudos por impuestos, y
previo a la ejecución vía judicial, deberá la municipalidad acudir al
proceso de intimaciones que regula
- Atendiendo a la expuesto, deberá el
Concejo Municipal adoptar las derogaciones y/o modificaciones pertinentes
del Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo y Judicial de