Dictamen : 003 - del 11/01/2008

C-003-2008

11 de enero de 2008

Señor

Eduardo Hidalgo Valverde

Secretario del Concejo Municipal

Municipalidad de Moravia

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, doy respuesta al oficio SCMM-442-09-06 de fecha 26 de setiembre de 2006 –complementado mediante oficio SCMM-579-11-06 del 13 de noviembre de 2006– en el que se transcribe el acuerdo número 238 adoptado por el concejo municipal en la sesión ordinaria número 21 celebrada el 25 de setiembre de 2006, que dispuso consultarnos “…sobre la legalidad o ilegalidad del acuerdo del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria # 31 del 2-12-02 y en consecuencia la legalidad o ilegalidad de las acciones del señor Alcalde sin revocarse el acuerdo en mención”. De previo a referirme a su atento oficio, le ofrezco disculpas por la tardanza en la emisión de este pronunciamiento, motivada en el alto volumen de trabajo de esta Procuraduría.

Pues bien, del oficio recibido, entendemos que lo que interesa es que determinemos si, tanto el acuerdo del concejo municipal número 31 del 2 de diciembre de 2002 (que dispuso delegar la emisión de los certificados de uso de suelo al departamento de ingeniería, a pesar de que los artículos 43 y 49 del plan regulador confiere dicha facultad al “Departamento de Planificación”), como la orden girada por el alcalde (que asigna nuevamente esa competencia al encargado de la “Oficina de Planificación”) son o no legales.

Al respecto, hay que tener presente que nuestra ley orgánica (número 6815 del 27 de setiembre de 1982 y sus reformas) en los numerales 3 inciso b), 4 y 5, ha supeditado el ejercicio de la función consultiva de la Procuraduría, al cumplimiento de ciertos requisitos de admisibilidad que deben ser revisados previo a entrar a conocer el asunto planteado. De este modo, se requiere que la consulta verse sobre cuestiones jurídicas en genérico, de tal suerte que en el supuesto de que se identifique la presencia de un asunto concreto, debe declinarse la función consultiva, ya que de otra forma se incurriría en una sustitución indebida de la administración activa[1].

En ese sentido, y en lo que respecta a la gestión que se nos plantea, resulta improcedente que este órgano consultivo, emita un criterio vinculante en el que dictamine y califique los actos concretos precitados, pues ello implica asumir una función que corresponde ejercer a la propia administración. Es de hacer ver que nuestra competencia en asuntos de control previo de legalidad, se circunscribe a los actos administrativos declaratorios de derechos viciados de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta (artículo 173 LGAP), noción que no incluye el caso que aquí nos ocupa.

No obstante lo dicho, ante el supuesto genérico que se extrae de su consulta, conviene que la administración consultante tenga presente lo siguiente: por un lado, que es una atribución del concejo municipal, organizar los departamentos municipales a través de reglamentos de organización y servicio, o como ocurre en este caso, por medio del plan regulador (artículos 4 inciso a y 13 incisos c y d del código municipal). Y por otro, que en principio –y sin perjuicio de los cambios en orden a las competencias administrativas que el ordenamiento autoriza (artículo 84 LGAP)– una vez que se otorga la titularidad para ejercer una competencia a favor de un órgano determinado, para poder modificar tal asignación, lo que procede es recurrir a la reforma reglamentaria pertinente.

De Usted, con toda consideración,

Gloria Solano Martínez

Procuradora

GSM/DAM/EL/meml

1 Al respecto, pueden consultarse los dictámenes C-151-2002, C-141-2003, C-203-2005 y C-294-2005, entre otros.