Dictamen : 361 - del 05/10/2007

C-361-2007

5 de octubre de 2007

 

Licenciada

Olga Corrales Sánchez

Directora Nacional

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad

 

Estimada licenciada:

 

            Con la aprobación de la Sra. Procuradora General de la República, me refiero a su oficio DND-215-07, del pasado 14 de febrero del 2007.  Previo a pronunciarnos sobre el tema consultado, sírvase aceptar nuestras disculpas por la tardanza que ha tenido la respuesta a su consulta, motivada en el volumen de trabajo que atiende esta Procuraduría General.

 

I.                   Objeto de la consulta.

 

Interesa determinar a esa Dirección General sobre: “…la procedencia o improcedencia de que las Municipalidades exoneren del pago de sus servicios a las organizaciones comunales creadas al amparo de la Ley Sobre el Desarrollo de la Comunidad No 3859.”

 

II.                Normativa aplicable y antecedentes de la Procuraduría General de la República.

 

En punto a los servicios municipales y la naturaleza jurídica del tributo que se paga a las Corporaciones por dichos servicios, es oportuno recordar las siguientes disposiciones del Código Municipal (Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998):

 

“Artículo 68. — La municipalidad acordará sus respectivos presupuestos, propondrá sus tributos a la Asamblea Legislativa y fijará las tasas y precios de los servicios municipales. Solo la municipalidad previa ley que la autorice, podrá dictar las exoneraciones de los tributos señalados. “  (Lo subrayado no está contenido en el original)

“Artículo 74. — Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta.

 

Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección de basuras, mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal y cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el tanto se presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios.

 

Se cobrarán tasas por los servicios *(de policía municipal), y mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios. Los montos se fijarán tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido por la municipalidad para mantener cada uno de los servicios urbanos. Dicho monto se incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según la medida lineal de frente de propiedad. La municipalidad calculará cada tasa en forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento correspondiente, que norme en qué forma se procederá para organizar y cobrar de cada tasa.”

*(Por Resolución de la Sala Constitucional N° 10134-99, de las 11:00 horas, del 23 de diciembre de 1999, se anula de este párrafo la frase entre paréntesis)

 

            Sobre la específica naturaleza de la “tasa” que se cancela por la prestación de los servicios municipales, ha indicado esta Procuraduría General, acudiendo a los criterios desarrollados por la Sala Constitucional, lo siguiente:

 

“… debe interpretarse que la intención del legislador es que los impuestos municipales sean aprobados por la Asamblea Legislativa a propuesta de la Municipalidad, mientras que las tasas y precios públicos sean fijados por la Municipalidad.

 

La Sala Constitucional ha sostenido tales criterios en sus resoluciones. Así, se ha señalado lo siguiente:

 

"Desde la perspectiva de nuestro Derecho positivo, la tasa se enmarca como un tributo (art. 4 Código Tributario), sin embargo, es de relevancia el trato que la jurisprudencia nacional le ha dado a este tributo y que como síntesis, fue desarrollado en el considerando XXXV de la sentencia 05445-99 de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, al expresar:

 

"XXXV. - DE LA APROBACIÓN DE LAS TASAS MUNICIPALES. Debe hacerse la distinción de lo que son las licencias o patentes municipales, definidas por la jurisprudencia constitucional como el impuesto municipal en concepto de autorización para ejercer una actividad lucrativa, que se paga por la

"[...] imperiosa necesidad de sufragar el costo de los servicios públicos que el particular recibe de la Municipalidad; es decir, que los negocios comerciales o las actividades lucrativas, según la nomenclatura que utiliza nuestro Código Municipal, se ven altamente beneficiados con la seguridad, el orden, el aseo y la actividad municipal en general, por lo que deben contribuir con el Gobierno local" (sentencia número 2197-92, supra citada);

tributos que pueden tener distinto hecho generador, dependiendo de la corporación local de que se trate, cuya aprobación corresponde a la Asamblea Legislativa, según se anotó en el Considerando XXIX de esta sentencia, de las tasas municipales, que son la contribuciones que se pagan a los gobiernos locales por los servicios urbanos que éstos prestan a la comunidad (agua, recolección de basura, limpieza de cunetas, mantenimiento de parques), cuya tarifa está en relación directa con el costo efectivo invertido por estas autoridades y cuyo pago no puede ser excepcional aunque el usuario no esté interesado en la prestación efectiva y particular de estos servicios, en los términos establecidos en el artículo 74 del vigente Código Municipal: (…)

 

Con fundamento en lo anterior la Sala concluye, de conformidad con su propia jurisprudencia, que el régimen jurídico de las tasas, exige de una norma legal habilitante para autorizar la prestación del servicio y para crear la tasa como categoría tributaria, de tal forma que la determinación del monto de la obligación (la tarifa), sea elaborada por la propia Administración, que la debe someter a la respectiva aprobación del ente regulador, en este caso, ante la Contraloría General de la República, en tanto no exista una autoridad reguladora específica, según lo dispone el artículo Transitorio VIII del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. (Resolución Nº 10134-99 de 23 de diciembre de 1999)

 

De otra parte, también ha manifestado la Sala Constitucional lo siguiente:

 

"IV.- LA FIJACIÓN DE LAS TASAS MUNICIPALES. La legislación, doctrina y jurisprudencia coinciden en que las tasas municipales son "las contribuciones que se pagan a los gobiernos locales por los servicios urbanos que éstos prestan a la comunidad (agua, recolección de basura, limpieza de cunetas, mantenimiento de parques), cuya tarifa está en relación directa con el costo efectivo invertido por estas autoridades y cuyo pago no puede ser excepcionado aunque el usuario no esté interesado en la prestación efectiva y particular de estos servicios" (sentencia número 5445-99), concepto que está recogido en el artículo 74 del Código Municipal. La fijación de estas tarifas corresponde a los propios gobiernos locales –en atención a su reconocida autonomía tributaria–, en coordinación con las respectivas instituciones del Estado. Sin embargo, ello no quiere decir que están exentas de control, precisamente por estar librada a la discrecionalidad de las autoridades municipales, el riesgo por abuso en perjuicio de los usuarios aumenta, por lo que se requiere de un órgano contralor para hacer efectivo el principio constitucional de protección de las grandes mayorías. Este órgano es la Contraloría General de la República toda vez que la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos modificó parcialmente el Transitorio VIII del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de manera tal que respecto de los servicios municipales, a esa entidad le corresponde la fijación de los precios y tarifas de la recolección y tratamiento de desechos sólidos e industriales, únicamente, tal y como lo establece el artículo 5 de la Ley 7593. Consecuentemente, el control de los precios y tarifas de los otros servicios que presten directamente las municipales le corresponde en este momento en exclusiva a la Contraloría General de la República, salvo disposición expresa de ley especial al efecto."  (Resolución 2000-07728 de 30 de agosto del 2000)”  (Dictamen C-315-2001 del 16 de noviembre del 2001)

 

            Igualmente, hemos hecho hincapié sobre la importancia que tiene la efectiva prestación del servicio para que se configure el hecho generador, así como el supuesto para que opere una exención subjetiva sobre el pago de la tasa correspondiente:

 

“II.-  NATURALEZA JURÍDICA DE LA TASA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO MUNICIPAL

El Artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios define la tasa como aquel tributo “cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación (…).”  

 

       De conformidad con lo indicado en la norma citada y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 del Código Tributario -en el cual se establece el Principio de Reserva de Ley en materia tributaria-, se colige que la tasa, en tanto categoría tributaria, es una obligación pecuniaria impuesta legalmente por el Estado, de carácter compulsivo, y que se caracteriza por tener una naturaleza eminentemente contraprestacional, en el entendido de que la obligación tributaria prevista en la ley se genera siempre y cuando esté de por medio la prestación efectiva o potencial de un servicio público vinculado con los intereses de una determinada comunidad; es decir en el tanto se produzca el hecho generador previsto en la norma como requisito sine qua non para que pueda exigirse la tasa. Sobre el particular, Juan Martín Queralt y Carmelo Lozano Serrano en su obra “Curso de Derecho Financiero y Tributario”, Editorial Tecnos S.A, 1990, manifiestan:

 

“…, el hecho imponible de las tasas se configura con la prestación de un servicio o la realización de una actividad administrativa que afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo. Pero exigiéndose en todo caso, que su solicitud o recepción sea obligatoria para éste y que no sean susceptibles de desarrollarse por el sector privado, bien por implicar el ejercicio de autoridad, bien porque se encuentren reservadas a favor de las Entidades Locales por el ordena miento vigente”.  (…)

 

       Siguiendo esa línea de razonamiento, interesa señalar que, considerando la potestad tributaria que ostentan las municipalidades,  -según   lo dispuesto en los artículos 121 inciso 13), 169 y 170 constitucionales-  en los artículos 68 y 74 del Código Municipal (Ley N° 7794, del 30 de abril de 1998), el legislador autoriza a las entidades municipales a fijar y cobrar tasas y precios por los servicios municipales que brinden. En lo que interesa disponen esos artículos:

 

“ARTÍCULO 68.- (…)

 

"ARTÍCULO 74.- (…)

 

       De la lectura de las normas citadas no queda duda que el hecho impositivo que  genera la obligación de pagar la tasa prevista en el párrafo segundo del referido artículo 74, surge en la medida en que se de la prestación efectiva del servicio municipal en una determinada localidad, independientemente de si el usuario quiere o no que se le de ese servicio. A contrario sensu, si ese servicio no se presta, debemos entender que no se da el presupuesto fáctico que está previsto en la norma como hecho generador de la obligación tributaria, y consecuentemente la Municipalidad no estaría facultada para realizar el cobro de la tasa correspondiente.  

 

       Aunado a lo apuntado, nótese que el cálculo del tributo debe realizarse determinando el costo efectivo del servicio más un 10% de utilidad, de suerte tal que sino se prestó el servicio, por una razón de índole práctico,  la Municipalidad estaría imposibilitada para cobrarlo, ya que el costo del mismo sería cero.

 

       En ese orden de ideas, tal y como lo manifestó esta Procuraduría General mediante Dictamen C-315-2001 “entratándose del pago de tasas y precios por servicios municipales, pareciera que el legislador establece como condición, que los mismos sean efectivamente prestados, tal y como reza del párrafo segundo del artículo 74 del Código Municipal, lo cual obviamente implica que si en un determinado lugar la municipalidad no presta los servicios municipales requeridos - tal es el caso de la recolección de basura industrial - no puede exigir a los contribuyentes el pago del mismo. Distinta es la situación de aquellos usuarios que aun dándose la prestación del servicio, renieguen su uso, en cuyo caso sí subsiste la obligación de pago.”

 

       Ahora bien, en aquellas situaciones en las cuales la entidad municipal no preste el servicio municipal por circunstancias imputables única y exclusivamente a ella, o no esté en posibilidades de prestarlo, podemos afirmar que no se produce el hecho generador de la obligación tributaria y por ende no existe obligación de pago a cargo de los administrados por tal concepto.

 

       Debe quedar claro que en tales situaciones no se estaría en presencia de un hecho exento, el cual presupone la ocurrencia del hecho generador y la existencia de una norma que sustraiga a los administrados del cumplimiento de la obligación pecuniaria por los servicios municipales recibidos.  (Opinión Jurídica OJ-057-2005 del 4 de mayo del 2005.  Lo subrayado no está contenido en el original)

 

            En directa relación con el caso de su consulta, nos parece importante destacar el siguiente pronunciamiento, en cuanto analiza la exigencia de una autorización de rango legal que habilite expresamente a las Municipalidades para exonerar el cobro de las tasas por los servicios prestados:

 

“De conformidad con lo establecido en los artículos 169 y 170 de nuestra Constitución Política, las Municipalidades son corporaciones de carácter autónomo, a las cuales - en tanto gobiernos de naturaleza local - se les otorga la competencia para administrar los intereses y servicios de un determinado cantón en beneficio de la colectividad. En virtud de esa autonomía otorgada por la Constitución, se deriva la potestad impositiva atribuida a las municipalidades, la cual supone la  iniciativa para la creación, modificación o extinción de los impuestos de naturaleza local, potestad que sin embargo es de carácter derivada, en el tanto se encuentra sometida  a la aprobación respectiva por parte de la Asamblea Legislativa, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso 13 del artículo 121 de nuestra Constitución.

 

La Sala Constitucional en diferentes oportunidades se ha manifestado sobre el tema señalando, que:

 

"constitucionalmente no es posible que la Asamblea Legislativa tenga un papel creador de los impuestos municipales, en cuanto que son las corporaciones las que crean esas obligaciones impositivas locales, en ejercicio de la autonomía consagrada en el artículo 170 de la Constitución y por su naturaleza de entidades territoriales corporativas, es decir de base asociativa, capaz de generar un interés autónomo distinto del Estado, y las someten a la aprobación legislativa que condiciona su eficacia". (el resaltado no es del original) (SCV. N° 1613-91 de las 15:15 horas del 21 de agosto de 1991).  

 

Con fundamento en esa potestad tributaria, a los gobiernos locales les corresponde en forma exclusiva, no sólo el otorgamiento de las licencias para el ejercicio de las distintas actividades comerciales realizadas en cada cantón, y consecuentemente la recaudación del impuesto de patente municipal sobre tales actividades, sino también fijar las tasas y los precios de los servicios municipales que preste. Paralelamente a esa potestad tributaria, surge la competencia de las municipalidades  para verificar  si se cumplen los presupuestos que configuran el hecho generador de la obligación tributaria, así como para fiscalizar y verificar la recaudación de los tributos que le corresponda. Es decir, las municipalidades se constituyen en verdaderas administraciones tributarias.

 

Por otra parte, los tributos creados por las municipalidades deben ajustarse a los principios de justicia tributaria material que informan la tributación, entre ellos, el de generalidad, que implica que no deben resultar afectadas con el tributo, personas o bienes determinados singularmente, pues en tal supuesto, los tributos adquieren carácter persecutorio o de discriminación odiosa o ilegítima. En otras palabras, el tributo debe estar concebido de tal forma, que cualquier persona, cuya situación coincida con la señalada por el hecho generador, será sujeto del impuesto, salvo que el legislador en forma expresa establezca alguna norma exonerativa.

 

El ejercicio de la potestad tributaria de las entidades municipales, se manifiesta no sólo mediante la creación de los tributos, sino también mediante la creación de normas que extingan los efectos económicos del tributo, tal es el caso de las exenciones.

 

Desde la perspectiva económica, la exención ha sido percibida frecuentemente como la antítesis de la imposición, dándose la circunstancia de que, si en un principio era el propio tributo el que necesitaba ser legitimado, una vez que éste se admite ya como propia consecuencia del ejercicio del poder tributario, va a ser el fenómeno contrario, la exención, la que tiene que justificarse frente a la imposición de la carga tributaria. Entendida la exención como la negación del tributo, se destaca entonces el carácter excepcional de ésta, al sustraer de la imposición ciertos hechos o ciertos sujetos, lo que la hace aparecer como una excepción al deber de contribuir con las cargas públicas, en contra del principio de generalidad tributaria y de igualdad ante las cargas públicas, conviertiéndose así en una especie de privilegio.

 

Si bien las entidades municipales ostentan un poder tributario que deriva de la relación de los artículos 121 inciso 13)   y 170 de la Constitución Política, que les permite no sólo crear y exonerar tributos, ello no implica que el Concejo Municipal pueda arrogarse la facultad para establecer por sí, hechos gravados y hechos exentos, cuanto éstos solo pueden ser establecidos mediante ley; de suerte tal, que a lo sumo una vez establecido el tributo o la exención, las autoridades municipales únicamente asumen la responsabilidad de verificar la ocurrencia del hecho generador del tributo, o en su defecto del hecho exento.   Y en ese sentido debe ser entendido el artículo 68 del Código Municipal al disponer que "Solo la municipalidad previa ley que la autorice, podrá dictar las exoneraciones de los tributos señalados".

 

CONCLUSION:

 

Con fundamento en lo expuesto, se tiene entonces que salvo que exista alguna ley que lo disponga, las entidades municipales no pueden otorgar a través del Concejo Municipal exención de pago de los impuestos que administra, de suerte tal que si hubieren actividades que se deseen incentivar con el no pago de tributos, debe necesariamente elaborarse el proyecto correspondiente para su posterior aprobación legislativa, conforme lo demanda el artículo 121 inciso 13) de la Constitución Política.”  (Dictamen C-333-2003 del 22 de octubre del 2003.  Lo subrayado no está contenido en el original)

 

            Habiendo establecido la naturaleza jurídica del pago de servicios municipales bajo la figura de la “tasa”, y que dicho tributo es el que se cancela por la prestación de los servicios que interesan a la consultante, debe concluirse que existe una limitación genérica para que las Corporaciones acuerden la exención del pago del mismo a los contribuyentes que se ubican en la circunscripción territorial bajo su competencia.   Limitación que sólo por vía de una norma de rango legal podría eliminarse (artículo 68 del Código Municipal) y que no es otra cosa que la reiteración del principio contenido en el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios de conferir al legislador la potestad exclusiva para la concesión de exenciones tributarias.

 

            Lo indicado en el párrafo precedente evacua su consulta, en tanto es dable inferir que las municipalidades podrían exonerar de dicho tributo a las asociaciones de desarrollo comunal creadas al amparo de la Ley N° 3859 en la medida en que una ley así se los faculte.   De sobra esta decir que en este último cuerpo normativo no existe disposición alguna que haga dudar de la anterior afirmación, puesto que lo regulado en los artículos 19 y 38 no se refieren al supuesto concreto de la tasa por servicios municipales:

 

“Artículo 19.- El Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas, las municipalidades y demás entidades públicas, quedan autorizadas para otorgar subvenciones, donar bienes, o suministrar servicios de cualquier clase, a estas Asociaciones, como una forma de contribuir al desarrollo de las comunidades y al progreso económico y social del país. (…)”

 

“Artículo 38.- En la misma forma quedan exentos del pago de impuestos nacionales y municipales, los bienes que las asociaciones adquieran para el normal desarrollo de sus actividades.”

 

            Como se puede advertir, el artículo 19 recién transcrito no contempla expresamente el tema de los “tributos” municipales dentro de las facilidades que podría conceder a las asociaciones de desarrollo comunal.  Y, por su parte, el numeral 38 está referido al tema específico (elemento objetivo del tributo) de los bienes inmuebles, cuya titularidad sea considerado como parte de un hecho generador de otro impuesto (v.g., Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley N° 7509 del 9 de mayo de 1995).

 

            Una última consideración termina por confirmar nuestro criterio.  El mismo hace referencia a la trascendencia que tuvo la promulgación del Código Municipal, y el hecho de que, a partir de su vigencia, deban entenderse como derogadas aquellas exenciones sobre tasas municipales conferidas con anterioridad a esa eficacia normativa.   Ello en atención a lo que, sobre la vigencia temporal de las exenciones, preceptúa, como principio general, el artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.   Sobre este punto, ha indicado la Procuraduría:

 

“El meollo del asunto está en determinar si la Universidad Nacional está obligada a pagar a la Municipalidad de Heredia los servicios municipales que recibe de dicha entidad, y para lo cual resulta importante referirse al artículo 81 del Código Municipal anterior (Ley N° 4574 de 4 de mayo de 1970) derogado por la Ley N° 7794 de 30 abril de 1998, por cuanto en el citado artículo se establecía una exención expresa a favor de las instituciones educativas oficiales o semioficiales. Establecía el artículo 81:

 

"Las municipalidades no podrán exonerar, total o parcialmente, el pago de cualquier impuesto contribución o tasa que deban recaudar, excepto con autorización legislativa. Los servicios de recolección de basura, aseo de vías y alumbrado público, que presten a instituciones educativas oficiales o semioficiales,…estarán exentos de ese pago, pero su costo será distribuido proporcionalmente entre todos los usuarios del servicio.

(…)"

De conformidad con el artículo dispuesto, en relación al artículo 19 de la Ley N° 5182, no ha lugar a dudas que la Universidad Nacional disfrutaba de la exención del pago de tasas por servicios municipales hasta la promulgación del nuevo Código Municipal, por cuanto en el artículo 74 del Código Municipal vigente, que sirve de fundamento a las entidades municipales para la fijación de tasas y contribuciones por concepto de servicios municipales, el legislador no incluye ninguna exención de carácter subjetiva a favor de las universidades estatales..

 

Dice en lo que interesa el artículo: (…)

 

Derogado el Código Municipal anterior y no conteniendo el actual una disposición similar, habría que analizar entonces los alcances de la exención genérica contenida en el artículo 19 de la Ley, que en su párrafo 3° dispone expresamente que "La exención relativa a los tributos municipales y contribuciones nacionales comprende los presentes y los que en el futuro llegaren a crearse".

 

Si nos atenemos a la letra del artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios – reformado por el artículo 50 de la Ley N° 7293 – habría que afirmar entonces que la exención genérica a que refiere el artículo 19 de la Ley N° 5182, no alcanza a las tasas por concepto de servicios municipales que se fijen con fundamento en el artículo 74 del Código Municipal vigente, toda vez que el artículo 63 de cita impone un límite a los regímenes exonerativos, al circunscribirlos a los tributos vigentes al momento de su creación, sin que los beneficiarios puedan alegar derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, salvo que tales regímenes se hubieran otorgado sujetos a un período de tiempo determinado. No obstante, la reforma introducida por el artículo 50 de la Ley N° 7293 habría que dimensionarla temporalmente, a fin de no incurrir en su aplicación retroactiva, en el sentido de que la limitación establecida rige a partir de la publicación de dicha ley, con lo cual el régimen exonerativo a favor de la Universidad Nacional, tanto el derivado del artículo 19 de su Ley como del 81 del anterior Código Municipal, se mantuvo vigente hasta la promulgación del Código Municipal vigente, que como bien se indicó, no prevé exención alguna a favor de los centros de educación superior estatales.

D.       CONCLUSION:

       Con fundamento en lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República que al no contener el artículo 74 del Código Municipal vigente ninguna exención a favor de los centros de educación superior estatales, respecto al pago de tasas y contribuciones por la prestación de servicios municipales, y al haberse impuesto un límite al régimen exonerativo previsto en el artículo 19 de la Ley de Creación de la Universidad Nacional según la reforma introducida por el artículo 50 de la Ley N° 7293 al artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la Universidad Nacional está obligada a pagar la prestación de tales servicios a la Municipalidad de Heredia.” (Dictamen C-332-2002 del 5 de diciembre del 2002).

 

III.             Conclusión.

 

Las municipalidades del país podrán exonerar el pago de la tasa correspondiente por servicios municipales a las asociaciones de desarrollo en la medida en que cuenten con una ley que así lo disponga.   De lo contrario, debe atenerse al principio contenido en el artículo 68 del Código Municipal (y 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios), que reserva a normas de rango legal el establecimiento de exenciones subjetivas en materia de pago de tributos.

 

Sin otro particular, me suscribo,

 

 

Iván Vincenti Rojas

Procurador Administrativo

 

 

IVR/mvc