Dictamen : 004 - del 11/01/2007

C-004-2007

11 de enero de 2007

Señora

Marlene Zamora Quirós

Secretaria

Concejo Municipal

Municipalidad de San Carlos

S. O.

Estimada señora:

Con la aprobación de la Sra. Procuradora General de la República, nos referimos a su oficio SM-1855-2006 de fecha 20 de diciembre del 2006, dirigido al Lic. José Barahona Vargas, Procurador Agrario.

Por medio del oficio referido se pone en nuestro el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, mediante acuerdo No. 15, Acta No. 72, celebrada el lunes 18 de diciembre del 2006, de conformidad con el cual se acordó solicitar al señor Procurador Agrario criterio en cuanto a la decisión tomada por ese Concejo Municipal mediante artículo No. 23, inciso 1.2, Acta No. 69, celebrada el viernes 8 de diciembre del 2006, el cual transcriben.

Específicamente versa la consulta sobre la decisión de revocar un acuerdo municipal sobre la reapertura del camino Senderos Los Tucanes, en el Parque Nacional Volcán Arenal.

Teniendo en consideración lo expuesto, así como de la revisión del documento remitido, pasamos a exponer los motivos por los cuales nos encontramos imposibilitados para emitir el criterio solicitado.

I. Imposibilidad de emitir criterio por incumplimiento de requisitos de admisibilidad.

El ejercicio de la función consultiva de este Órgano Asesor se encuentra sujeto a la verificación de una serie de requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, (Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas).

De interés para el caso bajo estudio, estimamos conveniente tener en consideración los numerales 3 inciso b), y 4, cuyo texto nos permitimos transcribir de seguido:

“ARTÍCULO 3. ATRIBUCIONES

Son atribuciones de la Procuraduría General de la República:

b) Dar informe, dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, acerca de cuestiones jurídicas, le soliciten el Estado, los entes descentralizados, los demás organismos públicos y las empresas estatales. (...)”.

ARTÍCULO 4º.-

CONSULTAS: Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos, quienes podrán realizar la consulta directamente.”

Concretamente, en punto a la obligatoriedad de que las consultas versen sobre cuestiones jurídicas en sentido genérico, como requisito de admisibilidad que debe ser verificado previo a entrar a conocer el fondo, este Órgano Asesor ha manifestado lo siguiente:

"Como una tarea de un carácter muy distinto, no obstante que la despliega el mismo órgano, también la Procuraduría tiene encargada la elevada función de ser el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública mediante la emisión de los dictámenes que le soliciten facultativamente los jerarcas y órganos del sector público, en orden a aclarar dudas de orden jurídico que les acongojen, con la peculiaridad de que dichos pronunciamientos son, por regla general, de acatamiento obligatorio y constituyen jurisprudencia administrativa. Atendiendo a que la Procuraduría tradicionalmente se ha negado a tramitar peticiones de esa índole cuando se trate de ‘casos concretos’, para no sustituir a la administración activa en el cumplimiento de sus deberes, la función consultiva que despliega tiende a la resolución de problemas jurídicos en abstractos considerados y, muy en particular, a partir del discernimiento del recto entendimiento de las normas jurídicas. Es decir, la Procuraduría se convierte por tal vía en un interprete jurídico calificado, que impone al sector público su peculiar lectura del ordenamiento" ( SOBRADO GONZÁLEZ, Antonio. "La Procuraduría General Órgano Constitucional o Legal". En Revista del Seminario Hacia una Nueva Justicia Administrativa, Memoria del Papel de la Procuraduría en el Nuevo Milenio, San José- Costa Rica, 1999, páginas 97 y 98. Las negritas no corresponden al original). Citado en el dictamen OJ-136-2003 del 11 de agosto del 2003. (Dictamen C-257-2006 de fecha 19 de junio del 2006)

Ahora bien, volviendo al caso que nos ocupa, encontramos que la consulta planteada consiste en emitir criterio en cuanto a la decisión de revocar un acuerdo municipal específico.

Sobre el particular, debe indicarse que, en atención a las disposiciones legales transcritas anteriormente, así como lo manifestado en dictamen C-257-2006 de fecha 19 de junio del 2006, queda claro que, necesariamente, las formulación de consultas ante esta Procuraduría General debe hacerse sobre cuestiones jurídicas en sentido genérico, lo cual se hecha de menos en este caso. En virtud de lo cual, estimamos que lo procedente es declinar nuestra función consultiva en este supuesto, toda vez que un actuar distinto supone contravenir lo dispuesto en punto a requisitos de admisibilidad en nuestra Ley Orgánica (concretamente inciso b) artículo 3), y de paso, infringir el principio de legalidad, consagrado tanto en el artículo 11 de la Constitución Política como en el numeral 11 de la Ley General de la Administración Pública.

II. Conclusión

La Procuraduría General se abstiene de referirse al fondo de la cuestión, toda vez que acceder a la petición planteada supone exceder el ámbito de competencia que en materia consultiva nos ha sido conferido legalmente, en tanto lo consultado es un caso concreto.

Sin otro particular,

Iván Vincenti Rojas Gabriela Arguedas Vargas

Procurador Administrativo Asistente Profesional Jurídico

IVR/GAV/mvc