Opinión Jurídica : 081 - del 12/06/2006

OJ-O81-2006

12 de junio de 2006

Licenciada

Rocío Barrientos Solano

Jefa de Área de la Comisión Permanente

Ordinaria de Gobierno y Administración

Asamblea Legislativa

Estimada señora:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República me es grato referirme a su carta del 01 de junio del 2006, a través de la cual solicita el criterio del Órgano Superior consultivo técnico-jurídico sobre el proyecto de ley denominado “Ley para dinamizar el transporte colectivo de personas”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo n.° 15.913.

Es necesario aclarar que el criterio que a continuación se expone, es una mera opinión jurídica de la Procuraduría General de la República y, por ende, no tiene ningún efecto vinculante para la Asamblea Legislativa por no ser Administración Pública. Se hace como una colaboración en la importante labor que desempeña el diputado.

I.- RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY.

Según se indica en la exposición de motivos y así se desprende de su articulado, se busca con la presente iniciativa el excluir de los requisitos que regula el numeral 97, inciso a), de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Ley n.° 7331 de 13 de abril de 1993 y sus reformas, a los contratos colectivos de transporte privado de personas suscritos al amparo de otras leyes.

II.- SOBRE EL FONDO.

En vista de que se está modificando el inciso a) del artículo 97 de la Ley n.° 7331, adicionándole un párrafo final, para una mejor comprensión de la reforma, se hace necesario su trascripción:

“ARTÍCULO 97.- Los vehículos de transporte público de personas se rigen por las siguientes indicaciones:

a) Los de las modalidades de microbús, buseta y autobús: 1.- Deben poseer la autorización extendida por la Comisión Técnica de Transportes y cumplir estrictamente con las paradas, horarios.

(TEXTO MODIFICADO por Resolución de la Sala Constitucional Nº 102-98, de las 10:03 horas del 9 de enero de 1998).

2.- La Comisión Técnica de Transportes, mediante acuerdo, determinará la capacidad de pasajeros sentados y de pie de las unidades de transporte público. La capacidad debe ser fijada en función del tipo de la ruta, de la distancia del recorrido y de la relación peso/potencia del motor de la unidad; la densidad de pasajeros de pie, en caso de ser procedente, no puede exceder de tres personas por metro cuadrado. En las áreas de entrada y salida de la unidad no debe viajar ningún pasajero. La capacidad máxima de pasajeros debe mostrarse en cada unidad, en un lugar visible, mediante un rótulo autorizado por la Dirección de Transporte Público y en las áreas de entrada y salida debe marcarse, con una franja amarilla, de por lo menos diez centrímetros de ancho, el límite de la zona en que no pueden viajar los pasajeros.

3.- Se les prohíbe circular en las carreteras o en las calles en demanda de pasajeros; asimismo, recoger o bajar pasajeros en las carreteras de acceso restringido. Estos vehículos deben circular únicamente en las rutas, estaciones o lugares de parada que la Comisión Técnica de Transportes autorice, de acuerdo con los estudios técnicos correspondientes.

4.- Deben llevar, en un sitio visible al público, un rótulo exterior que indique el nombre y el número de la ruta.

5.- Las puertas del vehículo deben mantenerse cerradas durante el recorrido; se abrirán únicamente en las paradas autorizadas.

La marcha del vehículo no podrá iniciarse sin haberse cerrado las puertas.

6.- A los conductores se les prohíbe conversar o realizar cualquier acto que los distraiga de la conducción segura del vehículo. Asimismo, se prohíbe fumar dentro del vehículo a los conductores, cobradores y pasajeros.

7.- Se prohíbe cobrar una tarifa más alta de la autorizada”.

Establecido lo anterior, es importante aclarar que los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República que se citan en la exposición de motivos del proyecto que estamos comentando, fueron dictados con ocasión de la actividad de porteo de personas, principalmente por medio de vehículos livianos.

En efecto, tanto la Procuraduría General de la República como la Sala Constitucional, han sostenido la tesis, vinculante la primera para la Administración consultante y la segunda para todos, “erga omnes”, que Ley n.° 3503 de 10 de mayo de 1965, Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas de Vehículos Automotores, no derogó tácitamente el numeral 323 del Código de Comercio. (Véanse al respecto los dictámenes C-226-2002 de 5 de setiembre del 2002, C-376-2003 de 01 de diciembre del 2003 y C-159-2005 de 02 de mayo del 2005, y la opinión jurídica O.J.-127 de 20 de noviembre del 2000). Incluso, la Sala Constitucional, en el voto n.° 3580-2004, expresó sobre el tema que nos ocupa lo siguiente:

“En lo que atañe a la vigencia –desde el punto de vista normativo- del contrato de porte, la propia Sala Constitucional concluye, en un recurso de amparo interpuesto por un concesionario del servicio público de taxi que alegaba la derogatoria tácita del artículo 323 del Código de Comercio ante la emisión de la Ley N° 3503, lo siguiente:

“II.- Al respecto, debe retomarse lo dispuesto por la Sala en sentencia número 2004-03580 de las catorce horas cuarenta y tres minutos del catorce de abril del dos mil cuatro, mediante la cual se resolvió la acción de inconstitucionalidad número 03-006179-0007-CO. En esa sentencia, la Sala consideró no sólo que el Decreto Ejecutivo número 31180-MOPT no es contrario al Derecho de la Constitución, sino que también reconoció la existencia del contrato comercial de porte –amparado en la legislación comercial- y lo calificó como una actividad limitada y residual, e importante para la economía de un país. (…)

III.- De esa forma, este Tribunal admitió claramente la legitimidad del contrato de porte contemplado en el Código de Comercio, así como la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nº31180-MOPT del 24 de abril del 2003 –que se impugna en este amparo. En virtud de lo anterior y como no existe motivo para variar el criterio vertido en las sentencias supra citadas, resulta aplicable al supuesto que nos ocupa y, con fundamento en el mismo, se estiman improcedentes las manifestaciones del recurrente. En consecuencia, este recurso debe ser rechazado, como en efecto se hace.” (Resolución N° 7172-2004 de las quince horas cincuenta y tres minutos del treinta de junio del dos mil cuatro)”.

La línea jurisprudencial de la Sala Constitucional que se reseñó, se confirma en los votos N° 4601-2004 de las once horas treinta y nueve minutos del treinta de abril del dos mil cuatro; N° 5850-2004 de las diez horas dieciséis minutos del veintiocho de mayo del dos mil cuatro; N°. 7485-2004 de las dieciséis horas dieciséis minutos del trece de julio del dos mil cuatro; y N° 8923-2004 de las dieciséis horas treinta y dos minutos del dieciocho de agosto del dos mil cuatro.

Por las razones anteriores, en el dictamen C-376-2003, concluimos que el artículo 323 del Código de Comercio, en lo referente a las empresas públicas que transportan personas, había sido tácitamente derogado con la entrada en vigencia de la Ley n.° 3503, no así, cuando dichas empresas, transportan efectos o noticias, ni tampoco en lo referente a las empresas privadas que transportan personas. Eso sí, la actividad de porte de personas se limita a los términos descritos en ese estudio.

Así las cosas, la Procuraduría General de la República, en los dictámenes a que se hace referencia en la exposición de motivos del proyecto de ley, no analizó el tema del transporte privado en microbús, busetas y autobús. Más bien, en el dictamen C-274-02 de 15 de octubre del 2002, se indicó lo siguiente sobre los servicios especiales en el transporte público, con base en los numerales 3 y 25 de la Ley n.° 3503:

“La figura del permiso, por su parte, es necesaria para explotar el servicio de transporte remunerado de personas con vehículos automotores colectivos que no tengan itinerario fijo y cuyos servicios se contraten por viaje, por tiempo o en ambas formas. Tales permisos, al igual que las concesiones, son otorgados por el MOPT hasta por un máximo de dos años, pudiendo ser prorrogados, y pueden amparar uno o varios vehículos. Se caracterizan, además, por ser revocables si se incumplen las condiciones incluidas en ellos y por no conferir derechos subjetivos a sus titulares (artículo 25, Ley 3503).

A diferencia del servicio general de transporte remunerado de personas –que opera en las líneas concesionadas, con horarios y paradas o terminales definidas--, los servicios especiales están destinados a satisfacer las necesidades de transporte de grupos determinados de personas como, por ejemplo, estudiantes y trabajadores.

A fin de regular esta modalidad de servicios de transporte, el Poder Ejecutivo, en ejercicio de sus potestades, emitió el Decreto Ejecutivo n.° 15.203-MOPT, del 31 de enero de 1984, denominado "Reglamento para la Explotación de Servicios Especiales de Transporte Automotor Remunerado de Personas". El artículo 3 de dicho Reglamento, realiza una clasificación de los servicios especiales, distinguiendo entre ocasionales y estables:

‘Para los efectos de este Reglamento, los servicios especiales se clasifican en ocasionales y estables:

a) Ocasionales: son servicios especiales ocasionales, los que se prestan para solo un servicio dentro del territorio nacional.

b) Estables: son servicios especiales estables, aquellos que se prestan para varios servicios, como las excursiones de cualquier índole, dentro del territorio nacional. Igualmente lo será el transporte de estudiantes (en cualquier nivel de enseñanza), hacia y/o desde los centros educativos; así como el de obreros, peones agrícolas y trabajadores en general. Para la prestación de tales servicios, el transportista deberá suscribir un contrato con las instituciones educativas o las empresas en su caso, cuyas estipulaciones no podrán pactarse en contravención a este Reglamento.’ (Lo resaltado en negrita y sublineado no es del original).

Conforme se podrá apreciar, la norma transcrita expresamente establece que el servicio de transporte de estudiantes constituye un servicio especial estable. Lo mismo cabría concluir respecto al transporte de discapacitados. Así, los particulares que quieran dedicarse a brindar tal servicio deben solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes el permiso correspondiente –debiendo reunir para ello las condiciones y cumplir los requisitos que al efecto exige la normativa que rige la materia--, y suscribir el contrato respectivo con la institución educativa interesada, en el cual se definirán las condiciones bajo las cuales se brindará el servicio (horario, plazo, costo, etc.)”.

En dicho dictamen concluimos que la figura del permiso era necesario para explotar el servicio de transporte remunerado de personas con vehículos automotores colectivos que no tengan itinerario fijo y cuyos servicios se contraten por viaje, por tiempo o en ambas formas.

Vistas así las cosas, los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República que se indican, no pueden constituirse en la razón o la causa para propiciar la reforma que se propone, por la elemental razón de que están referidos a otra realidad y otro supuesto normativo.

III.- CONCLUSIÓN.

El proyecto de ley no presenta problemas de constitucionalidad ni de técnica legislativa; su aprobación o no es un asunto de política legislativa.

De usted, con toda consideración y estima,

Dr. Fernando Castillo Víquez

Procurador Constitucional

FCV/mvc