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Dictamen : 228 - del 02/06/2006
C-228-2006
2 de junio de 2006
Señora
Roxana Chinchilla Fallas
Secretaria Consejo Municipal
Municipalidad del Cantón de Poás
S. O.
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Procuradora General, me
refiero a su atento Oficio N°105-SCM-2006 mediante el cual transcribe el acuerdo
número 2652-02-2006 del Consejo Municipal del Cantón de Poás, adoptado en
sesión ordinaria número 199 del 7 de marzo del 2006, en el cual se solicita el
criterio de este Órgano Asesor sobre lo siguiente:
“Consultar a
la Procuraduría General de la República si es legalmente posible variar o
eliminar el artículo 86 inciso c) del Reglamento Autónomo de Organización y de
Servicio de la Municipalidad del Cantón de Poás, aprobado por este Consejo en
Sesión Extraordinaria No. 10, celebrada el 30 de julio de 2003, publicado en La
Gaceta 206 del lunes 27 de octubre del 2003.
O si por el contrario se ha creado un derecho favor (sic) del
trabajador, en la medida que se ha creado una práctica común que ha existido en
esta corporación de pagar el 40% más lo correspondiente al 60% por parte de la
CCSS de la incapacidad a los funcionarios municipales y que viene dándose desde
hace muchos años atrás de la aprobación de éste Reglamento.”
Junto con dicho oficio se adjunta el criterio legal del
Departamento de Asesoría Legal de la Municipalidad de Poás, en el cual se
explica que la norma se ha analizado desde dos perspectivas: el resguardo de
los ingresos del trabajador incapacitado y limitar el abuso del subsidio en
protección de las arcas Municipales.
“En el primer
caso, resguardo al trabajador
incapacitado, se ha venido aplicando para efectos de que se mantenga la
integridad de su salario en atención a su enfermedad e incapacidad que lo
imposibilitan a laborar, pero que no disminuye sus necesidades habituales, por
lo que la Corporación ha decidido regular internamente y cubrir hasta la fecha,
el monto faltante al 60% el porcentaje que no cubre la CCSS durante la
incapacidad.
En el segundo caso, limitando el abuso: El artículo
86 inciso c), prohíbe que se abuse del subsidio, señalando que en ningún caso
el monto del subsidio que pague la respectiva institución aseguradora sumado al
que pague la Municipalidad, podrá exceder el monto del salario del funcionario, lo cual explica
por que no señala porcentajes como aporte patronal, sino que se limita a
prohibir, que el aporte exceda el salario ordinario del trabajador.” (Oficio
N°ALM-026-2006, el resaltado es del original)
Continúa indicando la Asesoría Legal de la
Municipalidad de Poás que el artículo 236 del Código de Trabajo otorga un 60%
de aporte no Patronal por incapacidades temporales, por lo que con base en
dicha norma, la Municipalidad cancela el porcentaje restante del salario del
trabajador incapacitado, sin exceder la totalidad del salario de ese
trabajador.
Añade que el monto del subsidio diario para los
trabajadores que laboren la jornada ordinaria, de conformidad con lo
preceptuado por el artículo 236 indicado, no podrá ser inferior al salario que
establece el Decreto de Salarios Mínimos, norma ésta última que le resulta
aplicable a la Municipalidad de Poás.
Por último, recuerda lo indicado por el artículo 34 de
la Constitución Política, para concluir que “A
la luz de lo acotado es que vale la pena analizar dicho aporte patronal, para
los empleados que ya gozan del beneficio y en caso de los de nuevo ingreso, se
deberá justificar cualquier variación dentro de los procedimientos legales
establecidos para ello.”
I. Sobre
el Derecho a la Seguridad Social
El artículo 73 de la Constitución Política consagra el
Derecho a la Seguridad Social, como un derecho de los trabajadores. Establece el artículo 73 lo siguiente:
“Se
establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e
intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado,
patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de
enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la
ley determine.
La
administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una
institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.
No
podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que
motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.
Los
seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos
y se regirán por disposiciones especiales.”
El Derecho a la Seguridad Social es un derecho humano
de los denominados de “tercera generación”, que ha sido reconocido tanto en el Sistema
Universal de Derechos Humanos como en el Sistema Americano de Derechos
Humanos. En virtud de tener un ligamen directo con la situación económica de
cada país, éste tipo de derechos contienen obligaciones para los Estados
suscriptores referidas a lograr, progresivamente, el mejoramiento de las
condiciones por ellos establecidas, convirtiéndose de esta manera en estándares
a lograr más que en obligaciones cuyo cumplimiento pueda ser exigido
coactivamente[1].
En nuestro país, el Tribunal Constitucional ha
reconocido en su reiterada jurisprudencia la trascendencia del derecho a la
seguridad social y sus principios rectores.
Al respecto, ha señalado:
“ a-
Sobre el régimen de la seguridad social. El artículo 73 de la Constitución Política,
interpretado armónicamente con el artículo 50 ídem, consagra el Derecho de la
Seguridad Social. La Sala ha señalado reiteradamente que este derecho
supone que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad
social para todos los ciudadanos en el más alto rango, de manera que garantice
la asistencia y brinde las prestaciones sociales suficientes ante situaciones
de necesidad para preservar la salud y la vida. El ámbito subjetivo de
aplicación del derecho de la seguridad social incorpora el principio de
universalidad, pues se extiende a todos los ciudadanos, con carácter de
obligatoriedad. El ámbito objetivo asume el principio de generalidad, en
tanto protege situaciones de necesidad, no en la medida en que éstas hayan sido
previstas y aseguradas con anterioridad, sino en tanto se produzcan
efectivamente. Además, incorpora los principios de suficiencia de la
protección, según módulos cuantitativos y cualitativos y de automaticidad
protectora, lo que se traduce en la adecuada e inmediata protección en materia
de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Por expresa disposición
constitucional, esta gestión ha de ser pública, a cargo del Estado,
representado por la Caja Costarricense de Seguro Social, y la financiación
responderá al principio cardinal de solidaridad social, pues se funda en la
contribución forzosa y tripartita que realizan trabajadores, patronos y el
Estado. En consecuencia, los principios del Derecho a la Seguridad
Social, son, los de universalidad, generalidad, suficiencia de la protección y
solidaridad social.” (Sala Constitucional,
resolución número 2003-03483 de las catorce horas con cinco minutos del dos de
mayo del dos mil tres.)
Como se señala en
la cita anterior, por mandato constitucional, la Caja Costarricense de Seguro
Social es la institución rectora en materia de seguridad social, tomando bajo
su competencia lo referido a los seguros de enfermedad, invalidez, vejez y
muerte y maternidad. El seguro de
riesgos profesionales fue encargado al Instituto Nacional de Seguros, en virtud
de que por mandato expreso del artículo 73 supracitado, éstos seguros se
separaron del sistema general.
Precisamente en la
consulta que fuera remitida a esta Procuraduría por parte de la Municipalidad
del Cantón de Poás, pareciera confundirse tanto los seguros administrados por
la Caja Costarricense de Seguridad Social como por el Instituto Nacional de
Seguros, razón por la que resulta indispensable analizar cada uno de estos
seguros por separado para determinar las especiales características de cada sistema
y las obligaciones patronales surgidas en cada uno de ellos.
A.- La
enfermedad como causa de suspensión de las relaciones de trabajo.
El artículo 79 del
Código de Trabajo, establece como una causa de suspensión del contrato de
trabajo, la enfermedad del trabajador, estableciendo que la única obligación
del patrono es permitir el descanso del trabajador, sin que se encuentre
obligado al pago del salario en virtud de la suspensión operada. Dicho artículo expresa:
“ARTICULO 79.- Igualmente es
causa de suspensión del contrato, sin responsabilidad para el trabajador, la
enfermedad comprobada que lo incapacite para el normal desempeño de sus labores
durante un período no mayor de tres meses.
Salvo lo dicho en disposiciones especiales o que se
tratare de un caso protegido por la Ley de Seguro Social, la única obligación
del patrono es la de dar licencia al trabajador, hasta su total restablecimiento,
siempre que éste se produzca dentro del lapso indicado, y de acuerdo con las
reglas siguientes:
a.
Después de un trabajo continuo no menor de tres
meses, ni mayor de seis, le pagará medio salario durante un mes.
b.
Después de un trabajo continuo mayor de seis meses
pero no menor de nueve, le pagará medio salario durante dos meses, y
c.
Después de un trabajo continuo mayor de nueve
meses, le pagará medio salario durante tres meses.
Es entendido que a estos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo
30 y que el patrono durante la suspensión del contrato podrá colocar
interinamente a otro trabajador. “
Esta Procuraduría
se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre los efectos derivados de esta
norma jurídica. Así, mediante dictamen
C-322-2003 del 09 de octubre del 2003, éste Órgano Asesor indicó:
“En
nuestro Pronunciamiento C-040-98, se expresó que tratándose de las
incapacidades con motivo de enfermedad, la Doctrina coincide en que se trata de
una causal de suspensión de la relación laboral, por la cual se suspende
precisamente la prestación del servicio, subsistiendo el nexo jurídico laboral
entre las partes.
"La suspensión
entraña la cesación temporal de los efectos constitutivos o definidores de la
relación, es decir, la relación de la prestación del servicio acordado y del
salario o retribución correspondiente." (ALONSO GARCIA, Manuel, Curso
de Derecho de Trabajo, Madrid, Editorial Ariel, Séptima Edición, 1981,
p.518.)
Con motivo de la referida suspensión, además de la no
prestación de servicio, cesa temporalmente la obligación patronal del pago
remunerativo, ya que como se sabe, lo que percibe el servidor es un subsidio mientras
permanezca incapacitado (artículo 35 del Reglamento de Enfermedad y
Maternidad de la Caja Costarricense del Seguro Social). “[2]
En idéntico sentido,
la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia es reiterada
en el sentido de que la incapacidad suspende la relación laboral, y por ende el
derecho de los trabajadores de recibir el salario. Al respecto, ha indicado dicho Tribunal:
“V.- En cuanto a la
normativa aplicable al caso, debe indicarse que, la enfermedad del trabajador,
que lo incapacite para el normal desempeño de sus labores, por un período no
mayor a tres meses, constituye una de las causales de suspensión de la relación
laboral. De conformidad con el artículo 79 del Código de Trabajo, que
constituye la normativa básica, se desprende que, salvo disposiciones
especiales o que se trate de un caso
protegido por la Ley de Seguro Social - como es el caso aquí
analizado - , la única obligación del empleador es la de conceder
licencia al trabajador, para lograr su total restablecimiento, siempre que éste
se produzca en el período indicado - de tres meses - . Así, deberá pagar
lo correspondiente a medio salario, durante un mes, en tratándose de un
trabajador cuyas labores hayan sido continuas, por un período no menor de tres
meses, ni mayor de seis. Si las labores - siempre continuas- han sido por
un período mayor de seis meses, pero menor de nueve, deberá cancelar medio
salario, durante dos meses y, si las labores continuas del trabajador han superado
un período de nueve meses, deberá pagarle medio salario, durante tres
meses. …. De esa manera, con base en la normativa del Código de
Trabajo, la única obligación de la demandada era la de conceder el período
máximo de tres meses, para lograr el restablecimiento del trabajador; por
cuanto, al tratarse de un trabajador asegurado, el pago de los subsidios
correspondía a la Caja Costarricense de Seguro Social. “ (Sala
Segunda, resolución número 2000-00945 de las diez horas veinte minutos del
trece de noviembre del dos mil.[3])
De conformidad con lo expuesto, el patrono únicamente
se encuentra obligado a cumplir lo establecido por el artículo 79 indicado,
salvo que exista normativa especial que regule de diferente manera dicho
aspecto.
B.- Sobre los seguros administrados por la
Caja Costarricense de Seguro Social.
La Ley Constitutiva
de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley número 17 del 22 de octubre de
1947, establece el ámbito de acción de ésa institución en el campo de los
seguros sociales. En este sentido, los
artículos 1 y 2 de ese cuerpo normativo señalan, en lo que interesa, lo
siguiente:
“Artículo 1.- La institución creada para
aplicar los seguros sociales obligatorios se llamará Caja Costarricense de
Seguro Social y, para los efectos de esta ley y sus reglamentos, CAJA. La Caja
es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y la
administración de los seguros sociales. ...."
Artículo 2º.- El seguro social
obligatorio comprende los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y
desempleo involuntario; además, comporta una participación en las cargas de
maternidad, familia, viudedad y orfandad y el suministro de una cuota para
entierro, de acuerdo con la escala que fije la Caja, siempre que la muerte no
se deba al acaecimiento de un riesgo profesional.
La Caja, como
entidad rectora de los seguros sociales, ha desarrollado estos preceptos en el
Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social,
reglamento adoptado por su Junta Directiva, en sesión 7082 del 3 de diciembre
de 1996, y que difiere entre dos situaciones diferentes: las licencias y las incapacidades.
Las incapacidades
se definen como el “Período de reposo
ordenado por médicos de la Caja o autorizados por ésta, al asegurado directo
activo asalariado que no esté en posibilidad de trabajar por pérdida temporal
de las facultades o aptitudes para el desempeño de las labores habituales u
otras compatibles con ésta. El documento respectivo justifica la inasistencia
de ese asegurado a su trabajo, a la vez lo habilita para el cobro de subsidios;
su contenido se presume verdadero "iuris
tantum" (artículo 10
del Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social)
Dentro de este
supuesto, se incluyen aquellos estados de incapacidad temporal no producidos
por accidentes laborales y que imposibilitan al trabajador a desempeñar sus
labores habituales.
Las licencias, por su parte, se definen como el: “Período obligatorio de reposo establecido por ley, para las
trabajadoras embarazadas, con motivo del parto. Se divide en licencia pre-parto
y licencia post-parto, dependiendo de si se refiere al período anterior o
posterior al alumbramiento.”
(artículo 10 del Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense
de Seguro Social)
Como se indica en
las definiciones apuntadas, a partir de la declaratoria de incapacidad o del
otorgamiento de la licencia por parte de los órganos reconocidos por la Caja
para ello, surge en el trabajador el derecho al cobro del subsidio por
incapacidad o licencia, cuyas fórmulas de cálculo también han sido definidas
por el Reglamento de cita.
El subsidio[4]
constituye un beneficio económico que otorga la entidad aseguradora al
trabajador, con la finalidad de que el mismo pueda contar con ingresos que le
permitan sufragar las necesidades básicas durante el periodo en que se
encuentra enfermo.
Al respecto, el
artículo 28 del Reglamento del Seguro de Salud, establece:
Artículo 28.—Del
propósito de los subsidios por incapacidad o licencia
El subsidio
por incapacidad o por licencia de maternidad, tiene el propósito de sustituir
parcialmente la pérdida de ingreso que sufra el asegurado directo activo por
causa de incapacidad por enfermedad o de licencia por maternidad.
Por su parte, la
jurisprudencia de la Sala Constitucional ha indicado que:
“El propósito del
subsidio por incapacidad o licencia, según el Reglamento de Seguro de Salud es
sustituir parcialmente la pérdida de ingreso que sufre el asegurado por causa
de incapacidad o de licencia por maternidad. Tanto el asegurado que se incapacite por enfermedad, como
la trabajadora que lo haga por estar en estado de gravidez, y por haber dado a
luz, deben dejar de laborar por un período determinado y sufrirán un menoscabo
en su ingreso económico por dejar de hacerlo, aunque ello se deba a razones
diversas.” (Sala Constitucional, resolución
número2000-02570 de las catorce horas con treinta y siete minutos del veintidós
de marzo del dos mil)
Este
Órgano Asesor ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este punto mediante dictamen
C-088-2000, indicando en esa oportunidad, lo siguiente:
“Queda claro con la reglamentación de la
Caja que, el subsidio económico surge de una necesidad forzosa e imprevista de
la parte trabajadora al enfermarse sin culpa alguna; constituyéndose, mientras
tanto esa porción auxiliar, en un sustituto temporal del salario perdido, y de
esa manera, se evita una situación más gravosa en contra de sus intereses
alimentarios al percibir un sueldo menor al asignado al cargo o puesto que
ocupa”
El
Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social,
establece normas y procedimientos para el pago de los subsidios por incapacidad
o licencia. Para el reconocimiento del
subsidio, es necesario que el trabajador haya cotizado un mínimo de
cuotas. De esta manera, los artículos
34 y 42 del citado reglamento indican:
Artículo 34.—De los
plazos de calificación para el pago de subsidios
Tendrá
derecho al pago de subsidios por incapacidad el asegurado que haya cotizado con
6 cuotas mensuales dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de inicio de la
incapacidad, siempre que los últimos 3 meses sean continuos e inmediatamente
anteriores a la fecha de inicio de la incapacidad. Los subsidios por
incapacidad se pagarán hasta por un máximo de 52 semanas.
No obstante,
si el asegurado ha cotizado con 9 cuotas mensuales dentro de los 12 meses
anteriores a la fecha de la incapacidad, se podrá prorrogar el pago de
subsidios de acuerdo con el procedimiento que establecerá la Gerencia de
División Médica para cubrir hasta 26 semanas adicionales.
Artículo 42. Para tener derecho a los subsidios en
dinero por licencia de maternidad, es necesario que la asegurada activa haya
aportado por lo menos tres cuotas consecutivas inmediatamente anteriores a la
licencia o parto, o seis en los doce meses anteriores al inicio de la licencia
o parto. En caso de incapacidad previa, este requisito debe entenderse en
relación con el período anterior al inicio de dicha incapacidad…”
Por otra parte, la forma de cálculo del
subsidio también difiere en ambos casos.
Para el caso del subsidio por incapacidad, el artículo 36 del reglamento establece la forma de pago del beneficio
como un promedio del aporte al régimen.
Dicho artículo establece lo siguiente:
Artículo 36.—De
la cuantía del subsidio por enfermedad
El subsidio
por incapacidad es de hasta cuatro veces el aporte contributivo total
(trabajador, patrono y Estado) al seguro de Salud, derivado del promedio de los
salarios o ingresos procesados por la caja, en los tres meses inmediatamente
anteriores a la incapacidad.
El promedio
indicado excluye cualquier otro ingreso que no corresponda al período de
referencia señalado para el cálculo.
Tratándose de
trabajadores asalariados, se tomará el salario o el monto que sirvió de base a
la cotización, correspondiente al patrono (s) con el que labora el asegurado.
En el caso de
los trabajadores independientes el monto de los subsidios se otorgará de
conformidad con la siguiente tabla. …
Todos
subsidio se paga por períodos vencidos o al concluir el período total de la
incapacidad a juicio de la persona interesada."
Por su parte, el artículo 43 regula la forma de
cálculo del subsidio en casos de licencia.
Artículo 43º. De la cuantía del subsidio por licencia.
El subsidio por la licencia, es igual a tres y un
tercio veces el aporte contributivo total (trabajador, patrono y Estado), al
seguro de salud, derivado del promedio de los salarios o ingreso mensual
procesados por la caja, correspondiente a los tres meses anteriores a la licencia
o al parto.
Para efectos del cálculo de los subsidios a las
trabajadoras independientes aplican los porcentajes indicados en la tabla que
incluye el artículo 36 de este Reglamento.
El subsidio podrá pagarse por mes adelantado. El
derecho queda condicionado a que la asegurada no se dedique a ninguna
labor o actividad generadora de ingresos durante la licencia. Lo establecido en
el artículo 37, también, es aplicable a este tipo de subsidio
Esta norma reglamentaria debe sujetarse a lo establecido en el artículo
95 del Código de Trabajo, el cual contempla la obligación de cancelar el
equivalente al cien por ciento del salario percibido por la trabajadora, distribuyendo
tal obligación en partes iguales entre la Caja Costarricense de Seguro Social y
el patrono. Dicha norma establece, en lo
que interesa, lo siguiente:
ARTICULO 95.- La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de
una licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior al parto y los
tres posteriores a él. Estos tres meses también se considerarán como período
mínimo de lactancia, el cual, por prescripción médica, podrá ser prorrogado
para los efectos del artículo anterior.
Durante la licencia, el
sistema de remuneración se regirá según lo dispuesto por la Caja Costarricense
de Seguro Social para el "Riesgo de Maternidad". Esta remuneración
deberá computarse para los derechos laborales que se deriven del contrato de
trabajo. El monto que corresponda al pago de esta licencia deberá ser
equivalente al salario de la trabajadora y lo cubrirán, por partes iguales, la
Caja Costarricense de Seguro Social y el patrono. Asimismo, para no interrumpir
la cotización durante ese período, el patrono y la trabajadora deberán aportar
a esta Caja sus contribuciones sociales sobre la totalidad del salario
devengado durante la licencia.
Los derechos laborales
derivados del salario y establecidos en esta ley a cargo del patrono, deberán
ser cancelados por él en su totalidad…
Por
último, debe indicarse que este tipo de subsidios, por indicación expresa del
Reglamento de Salud tantas veces citado, resulta incompatible con cualquier
otro tipo de prestación que se otorgue al trabajador. Al respecto, señala el
artículo 31 lo siguiente:
Artículo 31º. De la incompatibilidad
del subsidio con otras prestaciones.
El derecho al pago de subsidios aquí
previsto es incompatible con otras prestaciones económicas contempladas en
leyes especiales, con motivo de la misma enfermedad común. En el momento en que se dé la doble cobertura, el monto del subsidio se
reducirá, de modo que el beneficio total que perciba el trabajador asalariado
no sobrepase el 100% de su salario.
Las normas dictadas por la Caja Costarricense de Seguro Social, resultan
de aplicación a la Municipalidad del Cantón de Poás, en virtud del carácter
rector en materia de seguridad social que le ha encargado la Carta
Constitucional a dicha Institución Autónoma, razón por la cual, al determinar
la metodología de pago de los subsidios para los empleados de la corporación
municipal, deberá considerarse lo establecido en las normas analizadas en este
apartado.
C.- Sobre
los riesgos de trabajo
El
otro tipo de incapacidad temporal contemplada por el ordenamiento jurídico es
la derivada de los riesgos de trabajo. Los
artículos 218 y 236 del Código de Trabajo establecen el derecho de los
trabajadores de percibir un subsidio económico durante el tiempo que se
encuentre incapacitado para realizar la actividad laboral. Dichos artículos indican lo siguiente:
ARTICULO 218.- El trabajador
al que le ocurra un riesgo del trabajo tiene derecho a las siguientes
prestaciones: …
c) Prestaciones en
dinero que, como indemnización por incapacidad temporal, permanente o por la
muerte, se fijan en este Código. “
ARTICULO 236.- Durante la incapacidad temporal, el trabajador tendrá
derecho a un subsidio igual al 60% de su salario diario durante los primeros
cuarenta y cinco días de incapacidad. Transcurrido ese plazo, el subsidio que
se reconocerá al trabajador será equivalente al 100% del salario diario, si
percibiere una remuneración diaria igual o inferior a cien colones. Si el
sueldo fuere superior a cien colones por día, sobre el exceso se pagará un
subsidio igual al 67%. La suma máxima sobre la cual se aplicará el 100% podrá
ser modificada reglamentariamente. ….
El monto del subsidio
diario, en los casos de trabajadores que laboren jornada ordinaria de trabajo
completa, no podrá ser inferior al salario que establece el Decreto de Salarios
Mínimos para todos los trabajos no contemplados en las disposiciones generales
en las cuales se establece el salario por actividades, o en otras leyes de la
República…”
El
subsidio otorgado por el Instituto Nacional de Seguros, al igual que el
otorgado por la Caja Costarricense de Seguro Social, es un beneficio que
pretende solventar la situación apremiante que se presenta al trabajador que
deja de percibir su salario durante el periodo de enfermedad. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha
indicado:
“En el caso en cuestión, el derecho del
pago del subsidio porcentual por incapacidad temporal a causa de un Riesgo del
Trabajo, por el hecho de pertenecer al Sistema de Seguridad Social, forma parte
del derecho a la salud como bienestar físico, mental y social. El Estado debe
promover y aportar respecto a este tipo de derechos, todos los medios
necesarios para su desarrollo. En el presente caso, el subsidio que el Estado
otorga en estas situaciones, va dirigido a proteger al individuo que se
encuentra incapacitado temporalmente temporal (sic) por riesgo del Trabajo, el cual es sólo uno
de los beneficios que le otorga éste. De esta manera, el artículo 218 del
Código de Trabajo, contempla el supuesto del trabajador afectado, estableciendo
que este reciba, toda la atención médica adecuada y requerida, así como un
subsidio temporal mientras se restablece, con lo que se está protegiendo el
derecho a la salud y consecuentemente el derecho a la vida, por lo que las
normas impugnadas no violentan en forma alguna el artículo 21 constitucional,
sino que mas bien, procuran el bienestar de las personas y por consiguiente
protegen la salud de éstas...
Al efecto, ha de tenerse
en cuenta que conforme el artículo 218 inciso c) del Código citado, el
trabajador afectado recibe un subsidio, que es una prestación por
indemnización, una "ayuda o auxilio" durante el período de
incapacidad, en contrapartida del pago de la prima del seguro, siendo esta
prestación una percepción sustitutiva de rentas salariales y por ello
incompatibles con los propios salarios.”
(Sala Constitucional, resolución número 06450-98 de las once horas
veinticuatro minutos del cuatro de setiembre de mil novecientos noventa y ocho,
el subrayado no es del original)
II.
Sobre el artículo 86 del
Reglamento Autónomo de Organización y de Servicio de la Municipalidad del
Cantón de Poás.
Consulta la
Municipalidad del Cantón de Poás, sobre la posibilidad de derogar el inciso c)
del artículo 86 del reglamento autónomo de dicha municipalidad, al considerar
que el inciso otorga derechos adquiridos a los funcionarios municipales.
Para una mayor
claridad, consideramos conveniente el transcribir la totalidad del artículo
consultado, el cual indica:
De las incapacidades para trabajar
Artículo 86.—La Municipalidad
reconocerá las ausencias al trabajo del servidor o servidora motivadas por
incapacidad para trabajar, ya sea por enfermedad, maternidad o riesgo
profesional, bajo las siguientes disposiciones:
a) La incapacidad para trabajar por
motivos de maternidad, se pagará durante los cuatro meses que señala el
artículo 95 del Código de Trabajo, reconociendo la diferencia que exista entre
el total de su salario y lo que pague la CCSS.
b) Tratándose de incapacidad para
trabajar por riesgo profesional, se estará a lo dispuesto en el artículo 236 de
la Ley sobre Riesgos de Trabajo, y sus reformas, garantizándose en todo caso el
pago del cien por ciento de su salario.
c) En ningún caso de incapacidad
para trabajar por enfermedad, maternidad o riesgo de trabajo, el monto del
subsidio que pague la respectiva institución aseguradora sumado al que pague la
Municipalidad podrá exceder el monto del salario del servidor. (el subrayado no es del original)
Como se desprende de la lectura del artículo en
comentario, el mismo contempla las situaciones que se presentan ante la
incapacidad o licencia de los trabajadores municipales.
En el caso del inciso a), la norma reitera la
obligación legal establecida en el Código de Trabajo y en el Reglamento del
Seguro de Salud para otorgar las licencias de maternidad, estableciéndose la
obligación de cancelar el 100% del salario de la trabajadora en licencia.
De igual manera, el inciso b), referido a los riesgos
de trabajo hace referencia a la norma legal que regula la materia.
El inciso c), por su parte, establece un principio
general de que el trabajador no debe percibir un subsidio, en cada uno de los
tipos de licencia o incapacidad, superior al salario que devenga. Este principio, como se analizó al examinar
el Reglamento del Seguro de Salud, constituye una reiteración de lo establecido
en el artículo 31 de ese cuerpo normativo, de aplicación a las relaciones de la
Municipalidad de Poás por las razones ya apuntadas.
Este principio surge de la imposibilidad de extender
un beneficio más allá de las razones que le dieron origen. Como se explicó líneas atrás, el subsidio
constituye un beneficio en procura de solventar la situación del trabajador que
deja de percibir su salario durante el periodo de incapacidad, por lo que
constituiría un enriquecimiento sin causa del trabajador si el beneficio
recibido supera el salario. En efecto, si
el subsidio tiene un fin de subsistencia, no tendría sentido considerar que es
posible que el trabajador pueda aprovecharse de su situación de enfermedad y
recibir una remuneración aún mayor de la percibe cuando la relación laboral no
se encuentra suspendida.
Debe apuntarse, además, que la norma no hace ninguna
referencia a la forma en que deberá calcularse lo relativo a las incapacidades
otorgadas por la Caja Costarricense de Seguro Social, como parece que
interpreta la Municipalidad consultante.
En efecto, al formularse la consulta, se indica: “si se
ha creado un derecho a favor del trabajador, en la medida que se ha creado una
práctica común que ha existido en esta corporación de pagar el 40% más lo
correspondiente al 60% por parte de la CCSS…” No
obstante, esta posición jurídica no se extrae del inciso c) en comentario y,
como lo indica la cita, se refiere a una “costumbre” que ha tenido la
Municipalidad.
Sobre este aspecto debe llamarse la atención a la
corporación municipal, pues como se advirtió, la Municipalidad se encuentra
sujeta, en materia de incapacidades, a lo establecido en el artículo 79 del
Código de Trabajo en relación con el Reglamento del Seguro de Salud de la Caja
Costarricense de Seguro Social, por lo que será con base en esta normativa que
deberá procederse a establecer los montos a pagar por parte de la
Administración Municipal a sus trabajadores, cuando se encuentren incapacitados
o en licencia otorgada por aquella institución autónoma.
En esta misma inteligencia, el artículo 56 de la Ley
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública,
sanciona penalmente el otorgamiento de beneficios laborales con infracción al
ordenamiento jurídico aplicable.
Por lo expuesto, tampoco es posible considerar que
hayan surgido derechos adquiridos de parte de los funcionarios municipales,
toda vez que la norma de la cual se pretenden extraer, no contempla
disposiciones normativas que regulen esas situaciones, y por lo tanto, no es
susceptible de producir aquellos.
"Los conceptos de
"derecho adquirido" y "situación jurídica consolidada"
aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable
afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella circunstancia
consumada en la que una cosa -material o inmaterial, trátese de un bien
previamente ajeno o de un derecho antes inexistente -ha ingresado en (o
incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta
experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la
"situación jurídica consolidada" representa no tanto un plus
patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus
características jurídicas y a sus efectos, aun cuanto éstos no se hayan
extinguido todavía" ( Sala Constitucional, resolución número 02765-97 de
las quince horas con tres minutos del veinte de mayo de mil novecientos noventa
y siete).-
En el caso bajo examen, los supuestos indicados por
el Tribunal Constitucional en la cita anterior para que surjan derechos
adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, no se presentan en la norma en
comentario, en virtud de que la misma no regula la posibilidad de que la
Municipalidad del Cantón de Poás reconozca otros subsidios adicionales a los
reconocidos por la Caja Costarricense de Seguro Social para los supuestos de
enfermedad o licencia, como parece interpretarlo la corporación municipal.
Por esta razón, en el caso de que la norma sea
derogada, no se estarían suprimiendo derechos adquiridos a los trabajadores
municipales, ya que estos se encuentran sujetos a la normativa legal y
reglamentaria emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, en lo
atinente a subsidios por enfermedad.
Tampoco se estaría dejando de lado la prohibición de que el subsidio
recibido por el trabajador no pueda ser superior a su salario, por cuanto este
supuesto ya se encuentra regulado en el Reglamento del Seguro de Salud, tal y
como se analizó supra.
III. Conclusión:
A partir de las
consideraciones anteriores, este Órgano Asesor concluye lo siguiente:
1.
La Municipalidad del Cantón
de Poás se encuentra sujeta, en materia de subsidios por licencia y enfermedad,
a lo establecido por los artículos 79 y 95 del Código de Trabajo y las
regulaciones establecidas por la Caja Costarricense de Seguro Social en el Reglamento
del Seguro de Salud.
2.
El artículo 86 inciso c) del
Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Municipalidad del Cantón
de Poás establece un principio general en relación a la imposibilidad de
otorgar subsidios superiores al salario devengado por el trabajador, durante
los periodos de incapacidad o licencia.
3.
Que dicho artículo no
contempla la posibilidad de establecer subsidios adicionales a los establecidos
en la normativa mencionada en el punto primero de estas conclusiones, razón por
la cual ante una eventual derogatoria de dicho artículo, no se estarían
violentando derechos adquiridos a los funcionarios municipales.
Sin
otro particular, atentamente,
Grettel Rodríguez Fernández
Procuradora Adjunta
GRF/Kjm
[1] En ese sentido, ha indicado
el Tribunal Constitucional lo siguiente:
“Esta Sala estima, que el seguro social, obliga a señalar una serie de objetivos, para los cuales crea instituciones y elabora normas, de manera que pueda configurar prestaciones adecuadas, que permitan atender a los grupos destinatarios de sus beneficios y adecuarlo razonablemente a su desarrollo económico; por lo que los derechos de seguridad social son normas de orden programático, de realización progresiva, metas que se le fijan al Estado para que éste las cumpla según las necesidades y posibilidades de los recursos del mismo, desarrollándolo hasta un máximo posible.”Sala Constitucional, resolución número 5554-1997 de las ocho horas veinticuatro minutos del 4 de setiembre de 1997
2 Se pueden ver, además, los criterios C-054-98 y C-88-2000 relacionados
con este tema.
3 En igual sentido, se pueden ver las resoluciones número 96-017 de las nueve horas diez minutos del doce de enero de 1996, 2000-0505 de las catorce horas veinte minutos del 19 de mayo del 2000, 2003-516 de las nueve horas treinta minutos del 1 de octubre del dos mil tres, 2004-0920 de las diez horas cinco minutos del veintinueve de setiembre del dos mil cuatro y 2004-0476 de las nueve horas cincuenta minutos del once de junio del dos mil cuatro, todas de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.
4 El Reglamento del
Seguro Social de la Caja Costarricense de Seguro Social, en su artículo 10
define al subsidio como: “Suma de dinero que se paga al asegurado
directo activo asalariado, por motivo de incapacidad o de licencia.”
- C-228-2006
- SEGURIDAD
SOCIAL. REGIMEN DE
INCAPACIDADES Y LICENCIAS. SUBSIDIOS.
DERECHOS ADQUIRIDOS.
- Mediante
oficio N°105-SCM-2006 el Consejo Municipal del Cantón de Poás,
solicita el criterio de este Órgano Asesor sobre la posibilidad de
derogar el inciso c) del artículo 86 del Reglamento Autónomo de
Organización y de Servicio de la Municipalidad del Cantón de Poás.
La interrogante se plantea por cuanto se considera que podría
existir un problema de derechos adquiridos de los trabajadores de esa
corporación municipal, “en la
medida que se ha creado una práctica común que ha existido en esta
corporación de pagar el 40% más lo correspondiente al 60% por parte de
la CCSS de la incapacidad a los funcionarios municipales y que viene dándose
desde hace muchos años atrás de la aprobación de éste Reglamento.”
-
La Msc.
- 1.
La
Municipalidad del Cantón de Poás se encuentra sujeta, en materia de
subsidios por licencia y enfermedad, a lo establecido por los artículos
79 y 95 del Código de Trabajo y las regulaciones establecidas por la Caja
Costarricense de Seguro Social en el Reglamento del Seguro de Salud.
- 2.
El
artículo 86 inciso c) del Reglamento Autónomo de Organización y
Servicio de la Municipalidad del Cantón de Poás establece un principio
general en relación a la imposibilidad de otorgar subsidios superiores al
salario devengado por el trabajador, durante los periodos de incapacidad o
licencia.
- 3.
Que
dicho artículo no contempla la posibilidad de establecer subsidios
adicionales a los establecidos en la normativa mencionada en el punto
primero de estas conclusiones, razón por la cual ante una eventual
derogatoria de dicho artículo, no se estarían violentando derechos
adquiridos a los funcionarios municipales.