Opinión Jurídica : 002 - del 09/01/2006

OJ-002-2006

9 de enero de 2006

Licenciada

Rocío Barrantes Solano

Jefa de Área de la Comisión Permanente

Ordinaria de Gobierno y Administración

Asamblea Legislativa

Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me es grato referirme a su carta del 29 de noviembre del 2005, a través de la cual solicita el criterio del Órgano Superior consultivo técnico-jurídico sobre el  proyecto de ley denominado “Modificación a la Ley No. 3284, Código de Comercio”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo n.° 15.945.

Es necesario aclarar que el criterio que a continuación se expone, es una mera opinión jurídica de la Procuraduría General de la República y, por ende, no tiene ningún efecto vinculante para la Asamblea Legislativa por no ser Administración Pública. Se hace como una colaboración en la importante labor que desempeña el diputado.

I.-        RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY.

Según se indica en la exposición de motivos y así se desprende de su articulado, la iniciativa busca eliminar la figura del porteo de personas, estableciendo como único medio de transporte de personas permitido, aquel que ha sido autorizado por los órganos competentes y que se encuentre en estricto apego a lo estipulado en la legislación de la materia de transporte.

Además, se modifica la Ley n.° 7969 de 22 de diciembre de 1999, Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi, en sus numerales 29, fijándose una serie de requisitos para otorgar la concesión, dándole la primera opción a los actuales prestatarios del servicio de transporte público modalidad taxi (concesionarios o permisionarios) ya sean estos personas físicas o jurídicas.

Por último, se modifica el numeral 129 inciso d) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Ley n.° 7331 de 13 de abril de 1993, elevándose la multa a tres salarios bases de un trabajador oficinista 1, pues en la actualidad es de un salario y medio de un trabajador misceláneo 1.

II.-       SOBRE EL FONDO.

El proyecto de ley presenta algunas inconsistencias que se deben corregir para lograr una adecuada interpretación y aplicación de la ley, en el eventual caso de que la Asamblea Legislativa acuerde su aprobación.

En primer lugar, el título del proyecto no coincide con su contenido. En efecto, en él se indica que es una modificación a la Ley No. 3284, Código de Comercio, cuando la realidad es que se están reformando tres leyes, tal y como se apuntó en el apartado anterior.

En segundo término, en la exposición de motivos se señala que el numeral 323 del Código de Comercio fue modificado tácitamente con la entrada en vigencia de la Ley n.° 3503 de 10 de mayo de 1965, Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas de Vehículos Automotores. Esta expresión hay que entenderla en sus justas dimensiones, ya que, tanto la Procuraduría General de la República como la Sala Constitucional, han sostenido la tesis, vinculante la primera para la Administración consultante y la segunda para todos, “erga omnes”, que tal derogatoria tácita no aconteció (Véanse al respecto los dictámenes C-226-2002 de 5 de setiembre del 2002,  C-376-2003 de 01 de diciembre del 2003 y C-159-2005 de 02 de mayo del 2005, y la opinión jurídica O.J.-127 de 20 de noviembre del 2000). Incluso, la Sala Constitucional, en el voto n.° 3580-2004,  expresó sobre el tema que nos ocupa lo siguiente:

“En lo que atañe a la vigencia –desde el punto de vista normativo- del contrato de porte, la propia Sala Constitucional concluye, en un recurso de amparo interpuesto por un concesionario del servicio público de taxi que alegaba la derogatoria tácita del artículo 323 del Código de Comercio ante la emisión de la Ley N° 3503, lo siguiente:

“II.- Al respecto, debe retomarse lo dispuesto por la Sala en sentencia número 2004-03580 de las catorce horas cuarenta y tres minutos del catorce de abril del dos mil cuatro, mediante la cual se resolvió la acción de inconstitucionalidad número 03-006179-0007-CO. En esa sentencia, la Sala consideró no sólo que el Decreto Ejecutivo número 31180-MOPT no es contrario al Derecho de la Constitución, sino que también reconoció la existencia del contrato comercial de porte –amparado en la legislación comercial- y lo calificó como una actividad limitada y residual, e importante para la economía de un país.  (…)

III.- De esa forma, este Tribunal admitió claramente la legitimidad del contrato de porte contemplado en el Código de Comercio, así como la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nº31180-MOPT del 24 de abril del 2003 –que se impugna en este amparo.  En virtud de lo anterior y como no existe motivo para variar el criterio vertido en las sentencias supra citadas, resulta aplicable al supuesto que nos ocupa y, con fundamento en el mismo, se estiman improcedentes las manifestaciones del recurrente. En consecuencia, este recurso debe ser rechazado, como en efecto se hace.”  (Resolución N° 7172-2004 de las quince horas cincuenta y tres minutos del treinta de junio del dos mil cuatro)”.

La línea jurisprudencial de la Sala Constitucional que se reseñó , se confirma en los votos N° 4601-2004 de las once horas treinta y nueve minutos del treinta de abril del dos mil cuatro;  N° 5850-2004 de las diez horas dieciséis minutos del veintiocho de mayo del dos mil cuatro;  N°. 7485-2004 de las dieciséis horas dieciséis minutos del trece de julio del dos mil cuatro; y N° 8923-2004 de las dieciséis horas treinta y dos minutos del dieciocho de agosto del dos mil cuatro.

Por las razones anteriores, en el dictamen C-376-2003, concluimos que el artículo 323 del Código de Comercio, en lo referente a las empresas públicas que transportan personas, había sido tácitamente derogado con la entrada en vigencia de la Ley n.° 3503, no así, cuando dichas empresas, transportan efectos o noticias, ni tampoco en lo referente a las empresas privadas que transportan personas. Eso sí, la actividad de porte de personas se limita a los términos descritos en ese estudio.

Aclarado lo anterior, si la idea central del proyecto de ley es ampliar la nacionalización de la actividad de transporte a los casos de las empresas privadas que transportan personas, no es suficiente con modificar el numeral 323 del Código de Comercio, sino que así se debe establecer en la Ley n.° 3503. La razón es sencilla y elemental; para desarrollar una actividad privada las personas no requieren que esta esté regulada por el legislador, pues los privados, con base en el principio de libertad y sus dos componentes esenciales los principios de autonomía de la voluntad y de la igualdad de las partes contratantes, están autorizados por el ordenamiento jurídico aunque no exista regulación; prueba de lo que venimos afirmando son los contratos atípicos. En esta dirección, en el dictamen C-226-2002, manifestamos lo siguiente:

“Con base en este principio, que señala que “todo lo que no está prohibido está permitido”, el particular puede ajustar su conducta a los cauces que el ordenamiento jurídico ha establecido, recurriendo a los contratos en él regulados (nominados), o bien puede introducirle variables e, incluso, crear nuevos contratos  (innominados), como ha ocurrido en el pasado o en el presente,  verbigracia: leasing, renting, know-how, join venture, estimatorio, etc. En pocas palabras, la licitud o no de su conducta no está sujeta a que se desarrolle por medio de una figura contractual prevista en el ordenamiento jurídico. Más bien, la dinámica de la economía de mercado, impulsada recientemente por la revolución tecno-científica, donde el desarrollo de las telecomunicaciones  y la inteligencia artificial ha creado nuevas relaciones sociales y, por ende, se han tenido que crear nuevas modalidades contractuales, impone una adecuada interpretación del ordenamiento jurídico, del régimen de libertades públicas consagrado en la Carta Fundamental y en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, para no entorpecer actividades que son lícitas  y altamente convenientes para la sociedad contemporánea.

Con base en lo anterior, los particulares pueden ajustar su conducta a los contratos que están regulados en el ordenamiento jurídico o, en uso de la autonomía de la voluntad; también están jurídicamente habilitados para introducirle variables o, incluso, crear nuevas modalidades contractuales”.

En este mismo sentido, la Corte Plena, cuando ejerció funciones de juez constitucional, indicó lo siguiente:

“En nuestra Constitución Política no encontramos una norma expresa  que establezca, en todos los casos,  que la organización de las libertades públicas corresponde al legislador ordinario. A lo sumo, en el artículo 28 de la Carta Fundamental, que estatuye el principio de libertad –todo lo que no está prohibido está permitido-, se señala que las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público  o que no perjudiquen a tercero, están fuera del alcance de la ley.  De conformidad con esta norma, el legislador tiene una competencia limitada  a la hora de regular las libertades públicas. En primer término, no puede prohibir aquellas acciones de los sujetos privados que no dañen la moral o el orden público o que perjudiquen a terceros. Su competencia está orientada a regular las relaciones entre los individuos que surgen del ejercicio de las libertades públicas, como sucede con los Códigos y las leyes, pues los derechos privados también tienen que ser objeto de reglamentación, debido a que es necesario establecer soluciones para los conflictos que se suscitan a causa de su ejercicio, aun en la esfera de la autonomía de la voluntad”. (Véase Corte Plena, sesión extraordinaria del 30 de setiembre de 1982.

III.-     CONCLUSIÓN.

El proyecto de ley presenta algunos problemas de técnica legislativa, los cuales se recomienda corregir para evitar problemas a la hora de interpretar y aplicar la ley.

De usted, con toda consideración y estima,

Dr. Fernando Castillo Víquez

Procurador Constitucional

FCV/mvc