Opinión Jurídica : 001 - del 09/01/2006

OJ-001-2006

9 de enero de 2006

Señora

Hannia Milena Durán

Jefa de Área

Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales

Asamblea Legislativa

S. O.

Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me refiero a su oficio del 17 de junio del 2005 en el que solicita el criterio de este órgano técnico jurídico sobre el proyecto denominado “Adición de un párrafo final al artículo 52 y reforma del artículo 59 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos N.° 7221, de 6 de abril de 1991”, expediente N.° 15.759, publicado en La Gaceta N.° 229 del 23 de noviembre del 2004.

De previo a entrar en el fondo del asunto, debe indicársele que por disposición expresa del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, únicamente la administración activa -entiéndase la administración central y descentralizada- se encuentra facultada para plantear consultas ante este órgano técnico-jurídico. No obstante lo anterior, y con la intención de colaborar con la Asamblea Legislativa en el ejercicio de sus funciones, esta Procuraduría normalmente ha atendido las consultas sobre proyectos de ley en trámite bajo la emisión de opiniones jurídicas sin efectos vinculantes.

Igualmente, debe señalarse que este órgano técnico jurídico no se encuentra sujeto al plazo de 8 días hábiles establecido en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, por no encontrarse en ninguno de los supuestos allí enumerados. De allí que no pueda entenderse -tal y como se expresa en su oficio- que “…si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al proyecto.”

Visto lo anterior, se analiza el proyecto sometido a nuestro conocimiento desde dos vertientes: los recursos administrativos procedentes contra las sanciones establecidas por el fiscal contra los regentes y los dispuestos contra las sanciones impuestas a los colegiados por la Junta Directiva del Colegio.

· Sobre los recursos administrativos contra las sanciones establecidas por la Fiscalía

La adición de un párrafo final al artículo 52 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos tiene por objeto establecer los recursos de revocatoria y apelación contra las sanciones que el fiscal del Colegio imponga a los regentes, al amparo del inciso h) del referido artículo. Esta norma dispone:

“ARTICULO 52.- Son deberes de la Fiscalía:

(…) h) Suspender de sus funciones a los regentes, en caso de incumplimiento de las disposiciones legales que rigen la materia.(…)”

Al respecto, el proyecto de ley dispone que el recurso de revocatoria será resuelto por el Fiscal, mientras que el de apelación será resuelto por la Junta Directiva. Igualmente se establece que la Junta Directiva agota la vía administrativa.

Esta iniciativa tuvo su origen en el Voto N.° 5746-00 de las 15:24 horas del 11 de julio del 2000 en el que se indicó que, ante la omisión de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, contra las sanciones impuestas por la Fiscalía a los regentes forestales procedía la interposición del recurso de apelación ante la Asamblea General, órgano superior del Colegio. Lo anterior, en virtud de la aplicación supletoria de la Ley General de la Administración Pública (artículos 345, 349 y 350).

Ahora bien, tal y como se indica en la exposición de motivos, la bondad de esta reforma radica en el hecho de que se consagra a la Junta Directiva como el órgano subordinado de la Asamblea General que agota la vía administrativa, en tratándose de las sanciones establecidas por el Fiscal contra los regentes (artículo 52 inciso h). Lo anterior resulta conveniente en tanto la Junta Directiva es un órgano que se reúne con mayor frecuencia que la Asamblea General, lo que permite una mayor celeridad en la resolución de los procedimientos sancionatorios y, por ende, la adecuación de dichos procedimientos a los principios constitucionales de justicia pronta y cumplida.

En relación con esta reforma esta Procuraduría únicamente tiene dos puntualizaciones que realizar:

1.- El proyecto indica que los recursos de revocatoria y apelación se deben interponer ante la Fiscalía en un plazo de quince días naturales a partir de la notificación de la resolución sancionadora. Igualmente, si la revocatoria es denegada, el fiscal remitirá el expediente ante la Junta Directiva y emplazará al interesado para que concurra ante dicha Junta en un plazo de quince días naturales en defensa de sus derechos.

Como se observa, se otorgan plazos de quince días naturales tanto para la interposición de los recursos como para comparecer ante el superior en caso del recurso de apelación. Ahora bien, estos plazos parecieran ser excesivos. Obsérvese que en tratándose del procedimiento administrativo regulado por la Ley General de la Administración Pública se establece un plazo de tres días (hábiles) para la interposición de los recursos de revocatoria y apelación si lo impugnado es el acto final del procedimiento (artículo 345). Por su parte, en la vía judicial la regla general es un plazo de tres días para la interposición del recurso de revocatoria y de cinco días para la interposición del recurso de apelación (artículo 559 del Código Procesal Civil). Igualmente, para la expresión de agravios ante el superior se otorga un plazo de entre tres y cinco días (todos hábiles) (artículo 567).

Con fundamento en lo anterior, y a fin de garantizar la celeridad en los procedimientos administrativos, se considera conveniente disminuir los plazos de quince días naturales establecidos en el proyecto tanto para la interposición de los recursos, como para la expresión de agravios ante el superior jerárquico. El plazo que se establezca, en todo caso, deberá ajustarse a los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad.

2.- La frase final del último párrafo que se pretende añadir al artículo 52 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos indica que “Con la resolución de la apelación realizada por la Junta Directiva, se dará por agotada la vía administrativa en lo que al Colegio se refiere”.

De la frase anterior resulta innecesario el segmento que indica “…en lo que al Colegio se refiere”. Lo anterior, en tanto al señalarse que la Junta Directiva agota la vía administrativa lo es, necesariamente, en el ámbito competencial de la corporación en cuestión.

· Sobre los recursos administrativos establecidos contra las sanciones impuestas por la Junta Directiva contra los colegiados

La reforma al artículo 59 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos también tiene como objetivo establecer los recursos administrativos contra las sanciones establecidas por la Junta Directiva contra los miembros del colegio. Así, en el caso de expulsión se otorgan los recursos de revocatoria -ante la Junta- y de apelación ante la Asamblea General. El plazo otorgado para la interposición de los recursos, así como para el emplazamiento ante el superior jerárquico, es de quince días hábiles, por lo que al respecto se aplican las mismas sugerencias señaladas anteriormente.

Ahora bien, en relación con las demás sanciones establecidas por la Junta Directiva, el proyecto de ley dispone que no se otorgará más recurso que el de reposición o reconsideración en los términos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo cual es un asunto de política legislativa que no contraviene el ordenamiento jurídico.

CONCLUSIÓN

Con fundamento en lo anterior, es opinión no vinculante de esta Procuraduría que el proyecto de ley no presenta roces de constitucionalidad, por lo que su adopción o no es un asunto de política legislativa.

Sin otro particular, se suscribe muy atentamente,

Georgina Inés Chaves Olarte

Procuradora Adjunta

GChO/gas