Opinión Jurídica : 108 - del 01/08/2005

OJ-108-2005

01 de agosto del 2005

Licenciada

Hannia Milena Durán, Jefa de Área

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios

Asamblea Legislativa

Presente

Estimada señora:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República me es grato referirme a su carta del 6 de julio del año en curso, a través de la cual solicita el criterio del Órgano Superior Consultivo Técnico-Jurídico sobre el proyecto de ley denominado “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1°, INCISOS C), D), E); DEL ARTÍCULO 2, INCISO D); DEL ARTÍCULO 4, INCISO C); DEL ARTÍCULO 5, INCISO A); DEL ARTÍCULO 6, INCISO C); DEL ARTÍCULO 7; DEL ARTÍCULO 8; DEL ARTÍCULO 10, INCISOS B), D),E), F), L), M), Ñ); DEL ARTÍCULO 10 BIS; DEL ARTÍCULO 16; DEL ARTÍCULO 18; DEL ARTÍCULO 20 BIS, Y ADICIÓN DE LOS INCISOS C) Y D) AL ARTÍCULO 5; DEL INCISO E) AL ARTÍCULO 6; DE LOS INCISOS O), P), Q) Y R) AL ARTÍCULO 10; DEL TRANSITORIO I, A LA LEY DE CREACIÓN DEL FIDEICOMISO PARA LA PROTECCIÓN Y EL FOMENTO AGROPECUARIOS PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES, N° 8147 Y SUS REFORMAS, LEY PARA POSIBILITAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE FIDAGRO”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo n.° 15.728.

Es necesario aclarar que el criterio que a continuación se expone, es una mera opinión jurídica de la Procuraduría General de la República y, por ende, no tiene ningún efecto vinculante para la Asamblea Legislativa por no ser Administración Pública. Se hace como una colaboración en la importante labor que desempeña el diputado.

I.- RESUMEN DEL PROYECTO.

Según se indica en la exposición de motivos y así se desprende del articulado, con la presente iniciativa se pretenden varias cosas, entre ellas, las siguientes:

1.- Autorizar al Fideicomiso Agropecuario para que financie con sus recursos los proyectos de inversión que permitan la reactivación económica de los productores que han calificado como beneficiarios del Fideicomiso y enfrentan problemas de pago con el Fideicomiso Agropecuario, lo cual les ha impedido reintegrarse a la actividad productiva del país con índices de alta productividad y competitividad y enfrentar así sólidamente la apertura de mercados y los retos de la globalización.

2.- Fijar un período de gracia en el principal e intereses sobre las operaciones de compra de deuda que formalice y/o haya formalizado el Fidagro.

3.- Autorizar al Fidagro a crear un fondo de avales y garantías, con sus recursos, a fin de garantizar y avalar operaciones de reactivación de deudas de los actuales y posibles beneficiarios de la ley que lo necesiten.

4.- Dotar al Fidagro por parte del Instituto Nacional de Seguros de aportes adicionales al patrimonio fideicometido, que vengan a compensar en parte los efectos financieros de la concesión de un período de gracia en el principal e intereses sobre las operaciones de compra de deuda que formalice y/o haya formalizado el Fidagro.

5.- Facultar al Comité de Fideicomiso Agropecuario para que proceda periódicamente y bajo previa certificación del fiduciario de contar con disponibilidad de recursos, a aperturar nuevos períodos anuales de constitución de las deudas y nuevos períodos de afectación de las mismas, por problemas tanto de fenómenos naturales, de precios como de mercado. Asimismo y en concordancia con lo anterior, y por períodos máximos de seis meses, a comprar bienes muebles e inmuebles adjudicados y ser refinanciados a sus antiguos dueños que hayan también calificado en Fidagro, y a realizar la apertura por ese mismo período, de presentación de nuevas solicitudes de compra y readecuación de deudas.

6.- Revisar el tope porcentual establecido bajo la Ley N.° 8390, de 4 de noviembre de 2003, en relación con la transferencia que el Fideicomiso Agropecuario podrá realizar al Comité de Fideicomiso Agropecuario, a los efectos de que el último disponga de los recursos presupuestarios suficientes que le permita cubrir los gastos administrativos, operativos, de logística, entre otros, asociados a la nueva responsabilidad asignada de procurar la reactivación económica y reinserción a la actividad productiva del país de los productores que enfrentan problemas de pago con el Fideicomiso Agropecuario, permitiéndole al Comité con lo anterior responder eficaz y eficientemente en la consecución de los fines y objetivos del Fideicomiso Agropecuario, sea la protección y el fomento del pequeño y mediano productor agropecuario”.

II.- SOBRE EL FONDO.

El proyecto de ley no presenta problemas de constitucionalidad ni de técnica legislativa; en consecuencia, su aprobación o no es un asunto de política legislativa.

No obstante lo anterior, hemos de advertir que, sobre el tema de FIDAGRO, la Procuraduría General de la República, en lo que va del presente año, se ha pronunciado en cuatro ocasiones, a saber: en las opiniones jurídicas OJ-039-05 de 18 de marzo del 2005, la OJ-074-05 de 10 de junio del 2005, la OJ-085-05 de 23 de junio del 2005 y la OJ-092-05 de 4 de julio del 2005. En dichos pronunciamientos, los señores diputados pueden comprobar cuál ha sido la posición del Órgano Asesor sobre una variedad de asuntos relacionados con FIDAGRO. En vista de ello, y con el ánimo de no ser reiterativos, únicamente nos limitaremos a transcribir aquellos aspectos de las opiniones jurídicas que resultan relevantes en el caso de estudio, sin perjuicio, claro está, de que los señores diputados puedan consultar, en su totalidad, los documentos, los cuales se encuentran disponibles en nuestra página electrónica: www.pgr.go.cr <http://www.pgr.go.cr>

Además, el oficio que se menciona en la exposición de motivos del ministro de Agricultura y Ganadería (DM-104 de 07 de febrero del 2005), mediante el cual se solicitó un criterio a la Procuraduría General de la República, fue evacuado a través del dictamen C-223-2005 de 17 de junio del 2005, en el que se concluye lo siguiente:

“Con fundamento en lo expuesto, es criterio de esta Procuraduría que el otorgamiento de créditos adicionales a los beneficiarios de FIDAGRO no está comprendido dentro de los alcances de la ‘compra y readecuación de deudas’ autorizada por la ley n.° 8147. En virtud de ello, para realizar ese tipo de préstamos con recursos del Fideicomiso es necesaria una reforma legal previa”.

Al igual que lo hemos hecho en otras ocasiones, debemos indicar que las normas legales que se proponen no puede afectar los derechos que el ordenamiento jurídico le otorga al fiduciario, pues, de darse esta situación, se podría vulnerar el Derecho de la Constitución. Este es un aspecto que se debe tomar en cuenta, en todo momento, a la hora de reformar una ley que ha creado y autorizado la constitución de un fideicomiso, el cual se encuentra en funcionamiento.

Por último, tal y como lo señalamos en la opinión jurídica OJ-074-2005, y a pesar de que es un asunto de mera conveniencia (reforma al inciso e del numeral 10), de exclusivo resorte de los señores diputados, queremos decir que debe analizarse la razonablilidad que al monto del principal -el cual se va pagar en tres años-, no se le haga la respectiva indexación, pues a causa de los problemas inflacionarios que sufre el país año a año, evidentemente, el deudor estaría pagando una suma mucho menor a la que originalmente se había obligado. Sobre el particular, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución n.° 001016-F-2004 de las 9:30 horas del 26 de noviembre del 2004, manifestó lo siguiente:

“Para la definición del anterior agravio se hace necesario, antes que cualquier otra cosa, el análisis pertinente sobre la procedencia o no de la indexación en el Ordenamiento Jurídico. Ante ello es preciso recordar que en varios antecedentes jurisprudenciales de esta Sala, por unanimidad en unos, por mayoría en otros, se ha declarado la improcedente indexación extra-convencional en virtud de la inexistencia de una norma legal que así lo disponga. Se ha dicho que ‘la indexación es viable siempre que sea convencional, es decir, cuando medie acuerdo expreso, no así ante la ausencia de pacto entre las partes, porque no existe norma legal que lo autorice’.(Sentencias N° 57 de las 11 horas del 24 de julio de 1989, 75 de las 16 horas del 13 de mayo de 1992, 49 de las 15 horas del 19 de mayo de 1995, 947 de las 10 horas del 22 de diciembre del 2000, 518 de las 11 horas del veintiocho de agosto del 2003). Empero, luego de una profunda y concienzuda reflexión, se llega al convencimiento de que el referido instituto (indexación no convencional), sí cabe en determinados supuestos obligacionales en que la parte con derecho así lo requiera, todo ello por aplicación directa de la Constitución Política. En efecto, no se requiere de norma legal alguna para el reconocimiento de una pretensión indexatoria, cuando por principio general de Derecho y por Constitución, se establece la obligada y plena reparación de los daños y perjuicios irrogados a quien figura como acreedor o lesionado. Si los principios generales del Derecho permean e irradian la totalidad del Ordenamiento Jurídico, y si dentro de ellos destaca la íntegra reparación del daño; el equilibrio en las contraprestaciones establecidas; la prohibición al abuso del derecho y el enriquecimiento injusto, es claro que existe asidero suficiente para reconocer la actualización de lo debido a la fecha efectiva de su pago. Lo contrario, implica infracción al fin último de la juricidad, representado, ni más ni menos, que por la Justicia. En este sentido, es preciso retomar el ajustado análisis e interpretación de la norma fundamental cuando expresamente establece que ‘Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacerles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes’ (artículo 41). Habrá de observarse que se dispone la reparación debida de los daños, mandato que va más allá de la simple indemnización de aquéllos. Reparar implica restituir, reponer en lo posible el estado de cosas lesionado a su situación anterior dentro del contexto y valor presente. De esta manera, no se repara sino se repone la suma o el bien debido que corresponde conforme a su valor actual y real establecido a su fecha de pago. La negativa a ello implica cohonestar el pago en cantidad insuficiente, con enriquecimiento injusto y abuso del derecho de quien figura como deudor. Su reconocimiento deriva de la simple y adecuada proyección del derecho constitucional a una justicia cumplida y sin denegación, que el mismo precepto declara con absoluta energía y claridad. No hay justicia cumplida y efectiva sin restitución plena de lo debido. De modo que, si la Constitución obliga al acreedor o lesionado a recurrir a los mecanismos que el propio Ordenamiento Jurídico establece para obtener lo que corresponda (así ha interpretado la propia Sala Constitucional la expresión ‘ocurriendo a las leyes’. Sentencias 1979-96 y 5224-94), deberá procurarse que tales instrumentos (administrativos y jurisdiccionales) así lo dispongan. Es por ello, que la Constitución Política por virtud de los artículos 41 y 49, contempla como derecho fundamental, la tutela judicial efectiva, según lo ha pregonado la unívoca y diáfana jurisprudencia de la Sala Constitucional. Y si esto es así, como en efecto lo es, no cabe más que afirmar la infracción flagrante de tan elemental principio cuando no se protege o tutela de manera efectiva, eficaz y completa a quien con derecho reclama. El reconocimiento de la indexación extra-convencional viene además exigido por el derecho de igualdad, en tanto se reconoce este extremo, aún de manera oficiosa, para ciertos ámbitos de la Administración Pública. Su reconocimiento privilegiado para ciertas facetas del quehacer público, con exclusión de otras, infringiría, sin duda, el numeral 33 de la Constitución Política. Ante una misma situación, la misma solución”.

III.- CONCLUSIÓN.

El proyecto de ley no presenta problemas de constitucionalidad ni de técnica legislativa; en consecuencia, su aprobación o no es un asunto de política legislativa.

De usted, con toda consideración y estima,

Dr. Fernando Castillo Víquez

Procurador Constitucional

FCV/mvc