Opinión Jurídica : 074 - del 10/06/2005

OJ-074-2005

10 de junio del 2005

Licenciada

Hannia Milena Durán, Jefa de Área

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios

Asamblea Legislativa

Presente

Estimada señora:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República me es grato referirme a su carta del 23 de mayo del año en curso, a través del cual solicita el criterio del Órgano Superior Consultivo Técnico-Jurídico sobre el proyecto de ley “Modificación del Inciso e) del Artículo 10 y Adición de un Artículo 22 a la Ley de Creación del Fideicomiso para la Protección y el Fomento Agropecuarios para Pequeños y Medianos Productores, No. 8147 y sus Reformas, Ley Para Posibilitar la Reactivación Económica de los Pequeños y Medianos Productores Incorporados a FIDAGRO”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo n.° 15.728.

Es necesario aclarar que el criterio que a continuación se expone, es una mera opinión jurídica de la Procuraduría General de la República y, por ende, no tiene ningún efecto vinculante para la Asamblea Legislativa por no ser Administración Pública. Se hace como una colaboración en la importante labor que desempeña el Diputado.

I.- RESUMEN DEL PROYECTO.

Según se indica en la exposición de motivos y así se desprende del articulado, con la presente iniciativa se pretende otorgar un plazo de gracia, sobre el principal, por un período de diez años a las operaciones de crédito que han sido adquiridas por el Fideicomiso Agropecuario. Durante ese período las operaciones no devengarán intereses, ni estos se acumularán al principal, de manera que los agricultores solo empezarán a pagar al final del citado plazo.

Asimismo, se crea una línea de crédito preferencial con garantías fiduciarias o hipotecarias en segundo grado que establecerán los bancos del Estado, con el fin iniciar -según se dice- una reactivación económica exitosa.

II.- SOBRE EL FONDO.

El proyecto de ley no presenta problemas de constitucionalidad ni de técnica legislativa; en consecuencia, su aprobación o no es un asunto de política legislativa.

Al igual que lo hemos hecho en otras ocasiones, las normas legales no puede afectar los derechos que el ordenamiento jurídico le otorga al fiduciario, pues de darse esta situación se podría vulnerar el Derecho de la Constitución. Este comentario resulta oportuno y necesario por la presencia del transitorio único que se introduce en el proyecto de ley.

Por último, y a pesar de que es un asunto de mera conveniencia, de exclusivo resorte de los señores diputados, queremos decir que llama la atención que al monto del principal -el cual se va pagar diez años después-, no se le haga la respectiva indexación, pues a causa de los problemas inflacionarios que sufre el país año a año, evidentemente, el deudor estaría pagando una suma mucho menor a la que originalmente se había obligado. Sobre el particular, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución n.° 001016-F-2004 de las 9:30 horas del 26 de noviembre del 2004, manifestó lo siguiente:

“Para la definición del anterior agravio se hace necesario, antes que cualquier otra cosa, el análisis pertinente sobre la procedencia o no de la indexación en el Ordenamiento Jurídico. Ante ello es preciso recordar que en varios antecedentes jurisprudenciales de esta Sala, por unanimidad en unos, por mayoría en otros, se ha declarado la improcedente indexación extra-convencional en virtud de la inexistencia de una norma legal que así lo disponga. Se ha dicho que ‘la indexación es viable siempre que sea convencional, es decir, cuando medie acuerdo expreso, no así ante la ausencia de pacto entre las partes, porque no existe norma legal que lo autorice’.(Sentencias N° 57 de las 11 horas del 24 de julio de 1989, 75 de las 16 horas del 13 de mayo de 1992, 49 de las 15 horas del 19 de mayo de 1995, 947 de las 10 horas del 22 de diciembre del 2000, 518 de las 11 horas del veintiocho de agosto del 2003). Empero, luego de una profunda y concienzuda reflexión, se llega al convencimiento de que el referido instituto (indexación no convencional), sí cabe en determinados supuestos obligacionales en que la parte con derecho así lo requiera, todo ello por aplicación directa de la Constitución Política. En efecto, no se requiere de norma legal alguna para el reconocimiento de una pretensión indexatoria, cuando por principio general de Derecho y por Constitución, se establece la obligada y plena reparación de los daños y perjuicios irrogados a quien figura como acreedor o lesionado. Si los principios generales del Derecho permean e irradian la totalidad del Ordenamiento Jurídico, y si dentro de ellos destaca la íntegra reparación del daño; el equilibrio en las contraprestaciones establecidas; la prohibición al abuso del derecho y el enriquecimiento injusto, es claro que existe asidero suficiente para reconocer la actualización de lo debido a la fecha efectiva de su pago. Lo contrario, implica infracción al fin último de la juricidad, representado, ni más ni menos, que por la Justicia. En este sentido, es preciso retomar el ajustado análisis e interpretación de la norma fundamental cuando expresamente establece que ‘Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacerles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes’ (artículo 41). Habrá de observarse que se dispone la reparación debida de los daños, mandato que va más allá de la simple indemnización de aquéllos. Reparar implica restituir, reponer en lo posible el estado de cosas lesionado a su situación anterior dentro del contexto y valor presente. De esta manera, no se repara sino se repone la suma o el bien debido que corresponde conforme a su valor actual y real establecido a su fecha de pago. La negativa a ello implica cohonestar el pago en cantidad insuficiente, con enriquecimiento injusto y abuso del derecho de quien figura como deudor. Su reconocimiento deriva de la simple y adecuada proyección del derecho constitucional a una justicia cumplida y sin denegación, que el mismo precepto declara con absoluta energía y claridad. No hay justicia cumplida y efectiva sin restitución plena de lo debido. De modo que, si la Constitución obliga al acreedor o lesionado a recurrir a los mecanismos que el propio Ordenamiento Jurídico establece para obtener lo que corresponda (así ha interpretado la propia Sala Constitucional la expresión ‘ocurriendo a las leyes’. Sentencias 1979-96 y 5224-94), deberá procurarse que tales instrumentos (administrativos y jurisdiccionales) así lo dispongan. Es por ello, que la Constitución Política por virtud de los artículos 41 y 49, contempla como derecho fundamental, la tutela judicial efectiva, según lo ha pregonado la unívoca y diáfana jurisprudencia de la Sala Constitucional. Y si esto es así, como en efecto lo es, no cabe más que afirmar la infracción flagrante de tan elemental principio cuando no se protege o tutela de manera efectiva, eficaz y completa a quien con derecho reclama. El reconocimiento de la indexación extra-convencional viene además exigido por el derecho de igualdad, en tanto se reconoce este extremo, aún de manera oficiosa, para ciertos ámbitos de la Administración Pública. Su reconocimiento privilegiado para ciertas facetas del quehacer público, con exclusión de otras, infringiría, sin duda, el numeral 33 de la Constitución Política. Ante una misma situación, la misma solución”.

III.- CONCLUSIÓN.

El proyecto de ley no presenta problemas de constitucionalidad ni de técnica legislativa; en consecuencia, su aprobación o no es un asunto de política legislativa.

De usted, con toda consideración y estima,

Dr. Fernando Castillo Víquez

Procurador Constitucional

FCV/mvc